por Cristina de la Torre | Sep 9, 2020 | Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Septiembre 2020
¿Hubo la semana pasada insubordinación de un sector de la Policía contra las autoridades civiles, contra taxativas órdenes de conducta emitidas por la Alcaldesa de Bogotá?, se pregunta el editorialista de El Espectador. En tal caso, agrega, estaríamos hablando de un pequeño golpe de Estado contra las instituciones democráticas. Sí. Golpe hubo contra el gobierno civil de la ciudad y contra la función constitucional de la Policía de velar por la seguridad y la convivencia ciudadanas, a manos de la terrorífica función añadida que la transformó en cuerpo militar de combate contra el crimen organizado y en actor del conflicto armado. A los indignados con el crudelísimo asesinato de Javier Ordóñez les dio la Fuerza Pública trato de criminales y de subversivos en combate. Con alevosía distintiva de dictadura militar, disparó contra la multitud. Resultado: 14 muertos, 75 heridos a bala, y patética exaltación de la “gallardía” y el “honor” de la Policía por el mismísimo Presidente de la República que, en simbólica supeditación del poder civil al militar y dando una patada en plena cara a las víctimas, rodó de CAI en CAI disfrazado de policía.
Esta masacre, legitimada desde arriba, es jactancioso exhibicionismo de la fuerza bruta que escala en violencia contra la vida y la paz pública. Avanza desde el código de policía, que agrede al que compra en la calle una empanada o muele a palos al que orina contra un muro, mientras estrecha lazos con bandas criminales. 1.708 denuncias de abuso policial aterrizan hoy en Medicina Legal de Bogotá y 696 en el Ministerio de Justicia: entre las víctimas por lesiones a civiles en procedimientos policiales se cuentan 53 muertos, 24 por muerte de civil con arma de dotación oficial.
Escribe la columnista Tatiana Acevedo que la Policía no está infiltrada por bandas y ejércitos criminales sino que “se encuentra entrelazada con ellos de manera estructural”. Cita al paramilitar Henry López, alias Misangre, según el cual “la Policía Nacional armó el Frente Capital”. Y refiere alianzas conocidas de este cuerpo con Urabeños, Águilas Negras, Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas.
Que sólo 25% de los colombianos confíen en la Policía denota la degradación en que sus miembros han caído. No todos, pero sectores enteros de policías y soldados se han empleado a fondo en las crueldades del conflicto armado y en la violencia renacida en estos dos años de Gobierno Duque. En balance abrumador, 500 organizaciones sociales lo catalogan como un “ejercicio devastador de autoritarismo, guerra y exacerbación de las desigualdades”. Para ellas, 2019 fue el año más violento de la década contra defensores de derechos humanos y ferocidad contra la población inerme. Si en 2017 hubo 11 masacres, éstas saltaron a 29 en 2018, a 36 en 2019 y en lo corrido de este año suman 58. A tres años de firmado el Acuerdo de Paz, apenas se ha completado el 4% de lo pactado: se ha suplantado la paz por una nueva ola de violencia, y en ella tienen arte y parte uniformados de la Policía.
La CIDH condenó la brutalidad de la Policía en Bogotá el 9 de septiembre, sublevación contra la vida y el derecho a la protesta. Simultáneamente, condenaba la ONU a la dictadura de Maduro por crímenes de lesa humanidad que bien podría endilgarle al Estado colombiano: por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y vinculación de los cuerpos de seguridad al narcotráfico. La diferencia con el régimen de Maduro será de grado, no de sustancia. Dígalo, si no, el desembozado llamado de Uribe, jefe del partido de gobierno, a enfrentar manifestantes en las calles con el Ejército. Monstruosidad propia de satrapías como las de Pinochet y Daniel Ortega.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2020 | Corrupción, Cuarentena, Septiembre 2020
Hace 31 años desapareció la Guerra Fría bajo los adoquines del muro de Berlín. Pero la caverna no abandona en Colombia el señuelo de la lucha de clases, rojo Lucifer dirigido contra la democracia, la propiedad, el mercado, la armonía laboral y la religión. Cuando aquella derecha irredenta es mandacallar en la lucha contra los oprimidos, en el proyecto que les hurta el pan, los humilla, los acorrala a coces o los mata. Y al primer amago de protesta pone el grito en el cielo, cierra filas tras el patriota de turno y vocifera “¡azuzan la lucha de clases!”.
Grito de guerra que parte del notablato antioqueño pone en boca de su estafeta, Federico Gutiérrez, para desconceptuar al alcalde Quintero, acusado de petrista de la odiada Bogotá, usurpador del gobierno corporativo de EPM. Empresa gloria de la comarca encarnada en prohombres que se cuidan celosamente de responder si por incuria o de mala fe avalaron obras en Hidroituango que a la ciudadanía le representarán pérdidas faraónicas. Hueco el señalamiento del exalcalde Gutiérrez, pues no logra tapar la pepa de la crisis en EPM: el ruidoso silencio de la junta renunciada, de los alcaldes y gerentes que la acompañaron en la dirección de la empresa cuando incurrió en pérdidas astronómicas, así en la construcción de la presa como en proyectos anteriores. Sólo en dos de ellos, Porce lll y Bonyic, hubo sobrecostos cercanos a los $4 billones, con los mismos constructores convocados hoy a conciliación por el desastre de Hidroituango. Los pasivos de EPM habrían pasado de $2,6 billones a $33,6 billones.
Grito de guerra, “¡es la lucha de clases!”, que bodegueros del uribismo enrostran a quienes critican la jerarquía de prioridades del Gobierno que entrega a una empresa extranjera y corrupta, Avianca, abultados recursos negados a las mipymes desfallecientes o a los 13.800.000 colombianos que según el DANE llevan meses sin recibir ingresos.
Contrasta violentamente la largueza de este gobierno para proteger (sin garantías cantadas) el monopolio de Avianca con su mezquindad para auxiliar a los millones de desempleados adicionales y de vulnerables que tornaron a la pobreza y llevan meses viviendo del aire. Ni renta básica, ni crédito a quienes más lo necesitan, ni plan de choque para crear empleo, ni préstamo directo del Banco de la República que la oposición ha propuesto desde el comienzo de la pandemia y ahora también la Andi para paliar el hambre y reanimar la economía. Es que el Gobierno cree reactivarla desde la oferta, no desde la demanda: no solventa a los consumidores. ¿Con qué podrán ellos comprar los productos ofrecidos? Acaso sospeche Duque que la pregunta encubra la lucha de clases.
Torva intención del mismo jaez tendrían también los inconformes con “la más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años”, según la CUT, tramposamente publicitada como piso de protección social. El proyecto abre puertas a la precarización del trabajo y cercena derechos irrenunciables del trabajador. Y la consigna coloniza territorios insospechados: Santiago Pérez, abogado de la universidad Sergio Arboleda, acusa a Salomón Kalmanovitz de promover la lucha de clases porque el historiador recuerda la desapacible condición de hacendado esclavista que defendió a bala la institución de la cual derivó su fortuna, y dio nombre a ese centro académico.
Sí, hay lucha de clases en Colombia, opresión organizada desde arriba sobre mayorías atropelladas, maniatadas, embozaladas. De momento, es la élite de derecha en el poder la que despliega múltiples formas de lucha contra las clases populares: desde violencia económica hasta tolerancia con masacres. La inversión del discurso es conocida picardía de propaganda política.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2020 | Agosto 2020, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Paramilitarismo, Tierras
No es un incapaz; el presidente Duque es eficiente ejemplar de un proyecto de extrema derecha. Con su paciente inacción contra el paramilitarismo y todos sus émulos, logró el regreso de la más espeluznante seguidilla de masacres: 47 en los 8 primeros meses del año. Masacres de antaño reverdecidas hoy, en cuya historia ofreció abundar Mancuso; pero acaso pueda más el laborioso sabotaje de su extradición a Colombia por el propio Gobierno. Se llevaría el homicida para Italia verdades sobre la matanza de El Aro, en la cual habría tenido velas Álvaro Uribe. Por providencia de la Corte Suprema, deberá rendir el exsenador versión libre sobre “conductas que fueron declaradas crímenes de lesa humanidad” en las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, y en el homicidio de Jesús María Valle en 1998. Tras la sindicación de soborno a testigos, un delito común, yacería la pulpa de un delito de lesa humanidad: la creación del Bloque Metro, protagonista de los hechos de El Aro, denuncia el exfiscal Montealegre.
Si bien han renacido, no son idénticas las masacres de ayer a las de hoy. Su función era entonces aterrorizar para arrebatarle al campesino su tierra; para imponer una hegemonía de vencedor armado mediante el control del territorio, de la población, de los corredores del narcotráfico. Dos fuerzas nítidamente demarcadas se enfrentaban: la guerrilla, por un lado; y por el otro, el paramilitarismo con ayuda de la Fuerza Pública, de autoridades locales y de particulares con poder. Hoy, la masacre busca aterrorizar para retener las tierras usurpadas; para prevalecer entre una polvareda de grupos armados asociados a negocios ilegales, narcotráfico comprendido; para bloquear los programas de implementación de la paz, sabotear la verdad de la guerra, liquidar el liderazgo social y frustrar todo amago de democracia en la Colombia profunda.
Pero la ferocidad, la sevicia del matar y rematar inocentes perdura y no se sacia. 150 paramilitares se toman el Aro, saquean, violan mujeres, torturan, asesinan a 17 personas en jornada de horror que culmina con el robo del ganado, de las tierras, el desplazamiento de los pobladores y el incendio del poblado. A Elvia Barrera la violan los paras en cuadrilla; la arrastran por las calles, cara al suelo, y la amarran a un árbol para que muera lentamente. También a un palo termina amarrado Jorge Areiza, después de sacarle los ojos y el corazón, cortarle la lengua y los genitales y levantarle la piel.
En Samaniego, el verdugo obliga a la víctima que yace boca abajo en el piso a volverse para mirarlo a los ojos, y descarga el tiro a diez centímetros de su rostro. Once largos días después veremos al presidente desfilar altivo, corazón de piedra, por sus calles, respondiendo con equívoco saludo de reina Isabel al abucheo de sus gentes. El Gobierno atribuye ésta –y todas las masacres– a vendettas entre mafias, llamadas a desaparecer por obra del glifosato. Grosera simplificación que pretende ocultar su criminal omisión, pues sabía de antemano lo que vendría.
Negligencia que raya en lo penal, fallaría el Tribunal de Medellín sobre la omisión del entonces gobernador Uribe, quien también sabía por el alcalde del pueblo lo que corría pierna arriba de El Aro y, sin embargo, lo abandonó a la tragedia que debió evitar. ¿Será que ya desde entonces obraba en Uribe –como parece obrar ahora en sus validos– la fría escuela que justifica “masacres con sentido social”? (“Si la autoridad serena, firme y con autoridad implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”, escribió Él). ¿Será cada víctima de las masacres que vuelven al país “un buen muerto”, que deba pagar por veleidades de terrorista? ¿Lo son también para Duque?
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2020 | Agosto 2020, Corrupción
Si no naufragó EPM con el desastre de Hidroituango, menos sufrirá ahora por un reajuste a la vista del modelo corporativo que la gobierna. Incierta la independencia de miembros de la junta renunciada frente a las firmas responsables de una afectación de $9,9 billones, se menoscabó la confianza entre las partes. Y sufrió el control recíproco entre el propietario público –Medellín– y el administrador privado –notables del empresariado antioqueño– Se desbalanceó el juego de pesos y contrapesos entre actores que en el Estado de bienestar se alían en vista del bien común. El caso no es fortuito, es frecuente vicisitud del modelo.
Mas al reiterado anuncio del alcalde Quintero de devolverle a la ciudadanía por vía judicial lo perdido, respondió la junta con espectáculo de pánico moral. Asistimos a la altisonante indignación de parte del empresariado que vive del recuerdo de la industrialización que fue, pero flaquea cuando el bolsillo de los amigos peligra. Así, el intento de recuperar el equilibrio corporativo en EPM y de reacomodar las cargas se resuelve en crisis. Y los que andan en campaña, Federico Gutiérrez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, se declaran preocupados por los sucesos e, indiferentes a la tronera que se abriría en las finanzas de EPM y del municipio si no se recupera la plata, arrojan fósiles de la caverna: que el alcalde es lobo con piel de oveja, amigo de ideologías (¡), castrochavista y azuzador de la lucha de clases. Ni piden explicaciones ni quieren saber (¿no saben?) si en Hidroituango se traspasaron las líneas del decoro por favorecer a contratistas amigos.
Según el alcalde, “algunos miembros [de la junta], lo sabe Medellín entera, tuvieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados”. En efecto, para mencionar sólo un caso, Andrés Bernal fue directivo de Sura, aseguradora en litigio potencial con EPM, mientras oficiaba como miembro de su junta directiva. Fue también directivo de Argos, gran proveedor de cemento y concreto de Hidroituango. En 2014, la junta de EPM declinó acción judicial contra Integral y Conconcreto por enormes sobrecostos en la presa Bonyic en Panamá, dizque por ser estas firmas “aliadas” de EPM. La Contraloría de Medellín reconvino a EPM por su “compadrazgo con los contratistas”. Paulina Aguinaga, concejal del CD, denunció que cuatro miembros de la junta directiva que acaba de renunciar participaron de aquella decisión.
Sobrecostos de billones hubo, dijo Quintero, en muchos proyectos: en Orbitel, en Antofagasta, en Bonyic, en Pore III, en Hidroituango; y “difícilmente alguien respondía”. Ejemplos de intereses cruzados pululan: tres exgerentes de EPM venían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, respectivamente. “Cómo esperar, se pregunta Vargas Lleras, que una junta directiva con unos vínculos de amistad o de negocio tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa, Integral o Sura. Imposible”.
El gobernador Suárez llama al diálogo. Si en el pasado, dice, pudimos superar la violencia más dura provocada por el narcotráfico y el conflicto, hoy se impone el trabajo armónico de todos: academia, sector público y social, empresariado y ciudadanía. También en el pasado conjuraron ellos, todos a una, la fiebre privatizadora que amenazó a EPM. Ha vuelto el imperativo de sellar el boquete privatizador del más preciado bien público de Antioquia, esta vez mediante vasos comunicantes entre algún directivo de la empresa y sus contratistas. La salida, revitalizar el pacto público-privado que en EPM había alcanzado su más refinado grado de depuración y eficacia. Empezando por nombrar una junta directiva de probada independencia.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2020 | Agosto 2020, Cuarentena, Derecha, Izquierda
Pocos momentos como éste, tan exigente en definiciones políticas, ha enfrentado Colombia. La catástrofe social y económica que estrangula a millones de familias sin ingresos, sin empleo, sin compasión del gobierno que convirtió la pandemia en negocio de banqueros, acelera la recomposición del cuadro político que surgió con la firma de la paz. El caleidoscopio ideológico que ha florecido en estos años tiende a converger en dos tendencias gruesas. Una, de derecha impenitente, viuda del enemigo armado que por antinomia marcó su identidad; viuda ahora también de jefe, amenaza con despeñarse cuesta abajo. Otra, de centro-izquierda, toma la iniciativa en la tragedia y dibuja un horizonte de cambio.
Mientras descuella la derecha en el poder por su ineptitud para sortear la crisis y perseverar en el modelo que redobló el daño de la pandemia, abunda su contraparte en propuestas para la emergencia, los ojos puestos en un cambio estructural. Menos punzante sería el sufrimiento –y la rabia en ciernes– si hubiera sido Duque menos avaro y tardo con las masas de víctimas acosadas por el hambre. A anatema le saben las iniciativas de la oposición ampliada: renta básica por seis meses para los más necesitados; plan de choque para crear empleo; impuesto por una vez a los grandes patrimonios, en reciprocidad por las gabelas tributarias recibidas. Y, a mediano plazo, reforma tributaria progresiva para financiar aquella renta y el derecho real a salud y educación para todos, garantizado por el Estado; reforma rural; protección del ambiente; pasos decididos hacia la industrialización perdida y el pleno empleo. Y, claro, un pacto nacional actuante contra la corrupción, por la verdad, la democracia y la paz. Incapaz de soluciones, encogido en su espíritu de secta, prisionero del notablato que lo rodea, ¿cómo responderá Duque a la protesta callejera que se avecina?
A la par de aquel movimiento de fuerzas, ellas cambian. Derecha e izquierda no son las mismas del pasado. La primera es cada vez menos el tronante buldózer de la Seguridad Democrática en manos del bravucón de la comarca, si bien cientos de sus prosélitos amenazan hoy de muerte al senador Iván Cepeda y, por este camino esperan amedrentar a los magistrados de la Corte. Peligrosa patada de ahogado que el senador Uribe no desautorizará, y que aspira a perpetuar el modo de prevalecer por la violencia. La tara persiste, pero ya desdibujada sin remedio por saturación en la opinión y por el prontuario del caudillo.
Tampoco la izquierda es la misma. Con la desmovilización de las Farc, desapareció la paradoja de Charles Bergquist según la cual Colombia exhibía la izquierda más débil y, a la vez, la guerrilla marxista más fuerte del hemisferio. Para que la izquierda legal y democrática pudiera respirar, digo yo, fue preciso sacudirse el yugo de aquellos déspotas vociferantes que desconceptuaban, fusil en mano, a todo inconforme que no empuñara las armas. Y al lado de la jerarquía Católica, los partidos tradicionales: cohesionadores que fueron de la sociedad, oscilaron entre la ley y la violencia para prevalecer durante siglo y medio, pero entraron en barrena. Disidentes de toda laya –del centro, de la izquierda– disputan sus espacios electorales y llevan la iniciativa programática. Hace un año le propinaron a la derecha una colosal derrota electoral.
El acercamiento al centro político ha disuelto prejuicios en ambas partes. Urge ahora convertir afinidades en programa común de una coalición de corte socialdemócrata para las elecciones de 2022 y el gobierno que les siga. Acaba de revelar Invamer que la intención de voto sumada por Petro, Fajardo y De la Calle alcanzaría el 65% de sufragios. Es la hora del centro-izquierda.
por Cristina de la Torre | Ago 6, 2020 | Agosto 2020, Paramilitarismo
Ni nueve de abril, ni incendio del país como lo quería Pacho Santos, ni venia de la reserva activa al convite de alzamiento (¿autogolpe?, ¿guerra civil?) de Paola Holguín, ni disolución de la JEP, ni acogida a corte única, ni constituyente a la vista. Y sí, en cambio, 78% de colombianos conformes con la decisión de la Corte Suprema y sólo 17% en contra (Centro Nacional de Consultoría para CM&); corte a la que el senador inculpado no bajó de “aliada del terrorismo agónico”. Paloma Valencia retoma el insulto en su exaltación del jefe, patriota eximio poco menos que Bolívar. Y se postra de hinojos ante el hombre que decide candidatura presidencial en su partido. Mas el Centro Democrático elude, con rigor, la nuez del problema: qué dice el voluminoso expediente de Uribe. Delinquió él o no.
No se lo pregunta porque la verdad es su coco, y cree conjurar el fantasma cubriéndolo de sahumerios y de flores. El avestruz. Su objetivo estratégico es culminar el viejo anhelo de sepultar la verdad judicial y la verdad histórica. En la Corte Suprema y en la JEP, la primera; en la Comisión de la Verdad y en el Centro de Memoria Histórica, la segunda. Cerrar las cortes, desgarrar la Comisión de la Verdad y, desde la impunidad y la ignorancia de lo acontecido en la guerra, refundar la patria a la medida del Eterno, dios de los ejércitos. Proyecto políticamente improbable en un país donde las fuerzas del cambio arañaron la presidencia hace dos años, si bien con capacidad movilizadora en la campaña electoral que así relanza el uribismo: montada, otra vez, sobre el símbolo del protomacho a quien, por serlo, se le perdona el abultado expediente que lo acosa.
Con material probatorio de 7.000 páginas, halló la corte “prueba indiciaria clara, inequívoca y concluyente” de su condición de determinador, inductor y beneficiario de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Testigos que lo implican en la presunta creación de grupos paramilitares. Pero, en indigno, desafiante desacato a la justicia, el mismísimo presidente de la república, su Gobierno y su partido descalifican la decisión de la Corte. Nos matriculan en la peor tradición de las dictaduras tropicales: las de Maduro, Somoza, Ortega, Pinochet, maestros en volver risas y trizas la separación de poderes, el Estado de derecho.
En renovada ofensiva contra la verdad, acusó Juan Carlos Pinzón a la Comisión de marras de tener nexos con la guerrilla. Mucho ha de dolerles cuanto ella registra: de 11.118 testimonios de víctimas, el 38% son de la guerrilla; 32%, de paramilitares, y 15% de la Fuerza Pública. Además, informes de organizaciones y comunidades. Como los acopiados en encuentro de diciembre pasado en Apartadó, cuya conclusión reza: Sin la verdad del modelo violento que despojó al Urabá y el Bajo Atrato, no habrá paz. Natalia Herrera recoge en El Espectador el sentir de comunidades víctimas del modelo empresarial de ganaderos, palmeros y bananeros que allí se montó. Su antesala, masacre, desplazamiento, desaparición forzada, asesinato; dinámica que se extendió por el país entero. Más de una investigación judicial le adjudica al senador Uribe velas en esos entierros.
Pero no es el uribismo el único en conspirar contra la verdad. La Farc aspira a decirla a medias en la JEP. Niega haber cometido reclutamiento de menores, no ha reparado a sus víctimas y sigue llamando “error” al horror del secuestro que practicó en masa. La verdad es de todos y todos los responsables deben cantarla. La enhiesta imagen de los magistrados que la revelan, aun afectando a un expresidente, devuelve la esperanza: demuestra que nadie puede torear la verdad indefinidamente, pues termina por estrellarse contra ella.
por Cristina de la Torre | Jul 30, 2020 | Julio 2020, Reforma tributaria
Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y $438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 billones, 3% del PIB. Enhorabuena.
Por su parte un selecto grupo de especialistas encabezado por Vivian Newman, directora de Dejusticia, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario y sus reformas, por violar los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. El criterio, más justicia en la redistribución del ingreso nacional y en el esfuerzo fiscal extraordinario de la pandemia. Si el Estatuto Tributario irrespeta ese principio, más lo hiere la reforma tributaria de Duque, que termina regalándoles $9,5 billones adicionales a los ricos. Espitia y Garay, entre otros, prueban que los superricos de este país tienen tasa nominal de impuesto de renta del 27%, pero pagan efectivamente sólo el 2,5%. Conforme sube el ingreso de la persona, baja su tasa tributaria efectiva. Lo mismo sucede con las empresas: las más piponchas pagan apenas el 4,5%. Y la tasa de evasión de personas jurídicas alcanza el 39%: en 2012 se birlaron $15 billones.
Consentidas del sistema tributario son las grandes empresas, pese a su pírrico o nulo impacto en inversión, productividad y creación de empleo. La elevada concentración de capital, utilidades y control de mercado ha creado un sistema oligopólico que reduce la competencia y les da a los gremios económicos una enorme capacidad de negociación frente al poder público. Sorprenden las loas del periodista José Manuel Acevedo al empresariado (El Tiempo 21,7), por asegurar sus negocios mediante aportes a campañas electorales, “reuniones a puerta cerrada y vocerías delegadas a líderes gremiales” con ascendiente en gobiernos y congresos amigos de sus intereses. Prácticas que comportan, a menudo, corrupción de alto vuelo. Según el procurador, cada peso invertido en una campaña electoral le retribuye al empresario $900 en contratos.
Mientras nuestro Gobierno acaricia una reforma tributaria que preserve las gabelas a los poderosos y grave a más ciudadanos del montón, Europa vigoriza la tributación progresiva: ésta y la política social del Estado armonizaron durante casi un siglo con crecimiento sin precedentes y bienestar generalizado de la población. En Estados Unidos, el promedio de impuesto de renta y patrimonio para los más ricos fue 80% entre 1.930 y 1980. Desde Reagan, se redujo al 35% y, el crecimiento, a la mitad.
Renta básica e impuesto progresivo, rutas hacia el Estado social de derecho que la constitución consagra, mejorarían sustancialmente la distribución del ingreso, de la riqueza, del poder y las oportunidades. Darían marco al acuerdo programático del centro-izquierda que Humberto de la Calle propone, con gobierno colectivo de los coligados, para disputarle la presidencia a la derecha y contraponer a su hegemonía las reformas que las mayorías reclaman. Y no se las descalifique poniéndoles como inri diabólico la “lucha de clases”. Si ella existe y pide pista será porque el propio Gobierno reaccionario ha escogido privilegiar a los menos y castigar a los más.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2020 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Julio 2020
Plausible la propuesta de tregua temporal del ELN, porque aplacaría la violencia que embiste a la población inerme y podría reabrir puertas al diálogo con esa guerrilla. Pero su argumento decisivo por la paz tendría que impugnar la entraña misma de su quehacer histórico: atreverse a la crítica de las armas; de la guerra inútil, inmoral, con su reguero de muertos inocentes, magnificada en la superstición del fusil. Acaso emularan hoy los jefes de esa agrupación armada el pundonor que a sus disidentes les costó hace tiempo la vida o el ostracismo, por “claudicar” en pos de la política legal. A Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando del ELN, lo asesinó en 1985 un comando de viejos compañeros. Alonso Ojeda Awad, fundador del Replanteamiento que ambientó en varios grupos guerrilleros el cambio de las armas por la búsqueda de las masas, sufrió persecución de los elenos y hasta sentencia de muerte.
En el libro La Huella del Tigre, reconstruye Ojeda su paso por el ELN, su ruptura con la lucha armada y el tránsito hacia la causa de la paz y los derechos humanos. Interpretó Ojeda a la insurgencia que viraba hacia la democracia constitucional, a partir de la crítica del foco guerrillero: desligado de las masas, su proeza se contrajo a sobrevivir en la selva. Mas, teniéndose por vanguardia del pueblo, cimentó en las armas el militarismo despótico que se enseñoreó de la organización. Al primer amago de libre discusión se respondía con el fusilamiento. Moral y físico. Y horrores como el del secuestro acabaron de destruir todo referente ético: para luchar contra la injusticia, escribe, no se puede glorificar la injusticia; ni contra el crimen se lucha secuestrando, fusilando, asesinando. “Aquí estoy, desarmado, solo, con la idea de que las armas no conducen a ninguna parte […] de ellas hay que salir a como dé lugar”, le dijo al ELN que lo acosaba.
También Ricardo Lara criticó el foco guerrillero, un fracaso en Colombia y en toda la América Latina, discrepó del militarismo que aislaba a la guerrilla de las masas y abandonó las armas para reencontrarse en la política legal. Lo mataron en la puerta de su casa, a la vista de la hija de seis años, que hoy invita a luchar desde la no-violencia. “No hay victimario bueno, dice Mónica, ni victimario malo. Hay victimario”. Hay que responder por todos esos muertos y apostarle a la paz, agregó ella en entrevista en El Espectador (mayo 9-18).
Punto de vista contrario al de Ramón Jimeno que, en contraste con el espíritu del libro de Ojeda, apunta en el prólogo: “el establecimiento es corresponsable del surgimiento de las guerrillas…” Argumento acomodaticio de la prehistoria guerrillera que cree liberar a la insurgencia de toda responsabilidad ética y política y ha quedado derrotado por los hechos. Desdeña el postulado del mismísimo Che Guevara, que negó la opción de la lucha armada allí donde hubiera un gobierno mínimamente democrático (si bien luego lo olvidó). Y el viraje inesperado de Fidel Castro, que hace ya 27 años desconceptuó la lucha armada e instó a dialogar por la paz.
¿Hasta cuándo burlará el ELN la responsabilidad que le cabe en esta guerra, no menor que la del Estado y sus ejércitos asociados de paramilitares? ¿Habrán muerto en vano, luchado en vano, los disidentes que trasladaron su compromiso con la historia a la arena de la legalidad?
Coda. Por su parte, el establecimiento seguirá usando (entre otros recursos) el levantamiento de la mesa de diálogo con el ELN para desestimar la masacre de líderes populares y desmovilizados. Para reducir la implementación de la paz a su más precaria expresión. Para azuzar violencia contra los comisionados de la verdad, por boca del sórdido exministro Pinzón.
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2020 | Cuarentena, Julio 2020, Modelo Económico en Colombia, Reforma Agraria
Claro que el mandato de Duque sí tiene norte. Bajo sus puerilidades como presentador del programa Aló Presidente, los Álvaro Uribe, los Sarmiento Angulo toman todos los días decisiones de gobierno: un batido de precariedades para apagar el incendio de la pandemia y preparativos para volver a la normalidad económica que es, precisamente, el combustible de la conflagración. Ni plan de choque para crear empleo de emergencia, ni previsiones para revisar el modelo que al primer papirotazo de un virus exhibe sus vergüenzas, el hambre y la pobreza sobre los cuales se edificó. Ni salarios y protección para los médicos en la crisis, ni en el horizonte cambio del régimen de salud-negocio. Ni apoyo valedero al campesino, que ha respondido a las exigencias de la hora, ni la reforma rural que asegura la paz.
Antes bien, como en diabólica celebración del cincuentenario de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), debuta un ministro del sector repitiendo el programa de subsidios que mandó a la cárcel a un antecesor suyo: créditos con destino a pequeños y medianos campesinos desviados a los aviones de siempre; a grandes negociantes en todo, menos en agricultura. Sinvergüenzas. Que corrijan sobre la marcha, no mata el síntoma. Ni oculta la venganza de la caverna contra el campesinado que en los años 70 y 80 se movilizó como nunca en nuestra historia. Tampoco reconoce el hecho comprobado de que la economía campesina es más productiva y crea más empleo que la gran explotación. Realidad que da fundamento a la Reforma Rural del Acuerdo de Paz, minuciosamente saboteado por este Gobierno.
Violencia, despojo, desplazamiento condensan la guerra librada contra los indefensos del campo en estos años —que son también los años de la Anuc— tras la derrota a sangre y fuego de ese movimiento y el entierro de la reforma agraria en Chicoral. Si durante la violencia liberal-conservadora se enfrentaron los labriegos en partidos, en los 70 lucharon por lo suyo: la tierra. Creada por Carlos Lleras para suministrarles servicios del Estado y titulación de tierras sin mediación del clientelismo, fue Anuc protagonista de esas luchas, acompañadas a menudo de invasión de baldíos y latifundios. Respondieron los terratenientes con expulsión masiva de arrendatarios y aparceros y, el gobierno de Misael Pastrana, con la división del movimiento y con la decapitación del ala más beligerante de la organización. A la división ayudó la impaciencia de la izquierda que lo penetró.
Dos razones explicarían, según León Zamosc, aquella derrota: Primero, sólo el 10% de los beneficiarios potenciales de reforma agraria tuvo acceso a la tierra. Segundo, una paradoja: las luchas campesinas catapultaron la gran explotación, que se extendió a expensas de la pequeña propiedad. El narcoparamilitarismo recrudecería la tragedia del campesinado, que sigue reclamando tierra, paz, vida y participación política.
A este reclamo centenario responde el Acuerdo de Paz, con una reforma rural que neutralice el conflicto por la tierra, causa y motor de la guerra. Propone, por enésima vez, dar tierra a quien la necesita, subsidiarlo, modernizar el agro y promover el desarrollo rural mediante planificación concertada entre las comunidades y el Estado. ¿Mucho pedir? Sí, para la derecha sedienta de sangre que se congratula en el ostracismo del campesinado. No, para el movimiento que renace siempre de sus cenizas, siempre con fuerza insospechada.
Coda. A la indolencia de Duque frente a la masacre de líderes sociales, Monseñor Darío Monsalve la llamó, en castellano impecable, venganza genocida contra las comunidades y la paz. Blandiendo espada inquisitorial, se le vino encima el Nuncio Apostólico. ¿Qué dirá el Papa?
por Cristina de la Torre | Jul 6, 2020 | Conflicto armado, Iglesias, Izquierda, Julio 2020
No es la censura de siempre a quienes se alzaron en armas; es cuestionamiento a los intelectuales que movieron las ideas y el imaginario de la revolución violenta: unos, dando la cara y hasta portando el fusil; otros, solapando en el idealismo su bendición a una guerra infame. Avanzada de políticos, curas y académicos que nunca respondieron por su contribución a la violencia ni aventuran todavía una autocrítica. Y ante ellos, los “profetas”, que blandieron su discrepancia aún con sacrificio de la propia vida: Jaime Arenas, decenas de obispos y sacerdotes, a los que sumamos guerrilleros ajusticiados por la enfermiza vanidad de Fabio Vásquez, jefe del ELN; Replanteamiento, la CRS. Y, claro, Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando de esa guerrilla, asesinado por renunciar a ella. La crítica hecha carne y martirio.
Sin adjetivar ni especular, mediante rigurosa asociación de los hechos con la teoría política que los propulsó, sorprende Iván Garzón Vallejo con un libro que confronta a buena parte de la izquierda en este país: Rebeldes, románticos y profetas. Cuestiona en él la ideología justificatoria de la lucha armada como único camino posible del cambio. Y el toque mágico de la religión en la política, acusado en el ELN y, en otras guerrillas, menos ostentoso. En su apresurada asimilación de nuestra quebradiza democracia a las dictaduras del Cono Sur, se creyeron estos aventureros condenados al heroísmo. Otra vez la guerra santa de la violencia liberal-conservadora acicateada, se diría, por el dogma comunista de Stalin-dios para las Farc, de Mao-dios para el EPL, del Che y Fidel-dioses para el ELN, de sandinistas y tupamaros-dioses para el M-19. Al blasón de la espada y la cruz sumaron el de la hoz y el martillo.
Epopeya enana, diré aquí, fue la infancia de las guerrillas. Mas, con el advenimiento del narcotráfico se enriquecieron ellas, se expandieron y emularon al enemigo en vejámenes de guerra sucia. De héroes infantilizados pasaron a mafiosos disfrazados de insurgentes. La pasión revolucionaria que florecía en esta atmósfera de subversión político-religiosa bebió de la Teología de la Liberación, señala el autor. Terminaron por prevalecer la fe y la lealtad sobre sobre la duda y la crítica. Si les faltara un mártir, Fabio Vásquez se encargaría de crearlo, precipitando la muerte en combate de Camilo, el cura guerrillero.
El marxismo es una religión política, recava nuestro autor, y en su diálogo con el cristianismo convergieron no pocos sacerdotes. Fueron los rebeldes y los románticos. Mientras sacralizaron éstos la violencia y pregonaron la ruptura, los profetas criticaron y predicaron la reforma, viable en la democracia existente, por vacíos que tuviera. Parte de nuestra tragedia –apunta– se explica porque con marcada frecuencia sectores de derecha invocaron el “sagrado derecho a defenderse” y sectores de izquierda, el derecho de rebelión y la guerra justa de Santo Tomás. Ambos encontraron así justificación moral e intelectual para la violencia política. El Concilio Vaticano II y el Celam de Medellín en 1968, en su empeño por modernizar la Iglesia, indujeron la ruptura. Unos se refugiaron en su intransigencia doctrinal, otros abrazaron la utopía armada.
“Por poner (los rebeldes) en primer plano sus ideales, no tuvieron conciencia de las potencias diabólicas que estaban en juego. Honraron la ética de la convicción, pero no la ética de la responsabilidad”, concluye Garzón. Ya hace años clamara Jorge Orlando Melo porque las Farc reconocieran el error histórico de haberse lanzado a la guerra. De hacerlo guerrillas y Estado, crearían el hecho político indispensable para alcanzar la paz. Dígalo, si no, la potente obra de Iván Garzón.
