Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y $438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 billones, 3% del PIB. Enhorabuena.
Por su parte un selecto grupo de especialistas encabezado por Vivian Newman, directora de Dejusticia, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario y sus reformas, por violar los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. El criterio, más justicia en la redistribución del ingreso nacional y en el esfuerzo fiscal extraordinario de la pandemia. Si el Estatuto Tributario irrespeta ese principio, más lo hiere la reforma tributaria de Duque, que termina regalándoles $9,5 billones adicionales a los ricos. Espitia y Garay, entre otros, prueban que los superricos de este país tienen tasa nominal de impuesto de renta del 27%, pero pagan efectivamente sólo el 2,5%. Conforme sube el ingreso de la persona, baja su tasa tributaria efectiva. Lo mismo sucede con las empresas: las más piponchas pagan apenas el 4,5%. Y la tasa de evasión de personas jurídicas alcanza el 39%: en 2012 se birlaron $15 billones.
Consentidas del sistema tributario son las grandes empresas, pese a su pírrico o nulo impacto en inversión, productividad y creación de empleo. La elevada concentración de capital, utilidades y control de mercado ha creado un sistema oligopólico que reduce la competencia y les da a los gremios económicos una enorme capacidad de negociación frente al poder público. Sorprenden las loas del periodista José Manuel Acevedo al empresariado (El Tiempo 21,7), por asegurar sus negocios mediante aportes a campañas electorales, “reuniones a puerta cerrada y vocerías delegadas a líderes gremiales” con ascendiente en gobiernos y congresos amigos de sus intereses. Prácticas que comportan, a menudo, corrupción de alto vuelo. Según el procurador, cada peso invertido en una campaña electoral le retribuye al empresario $900 en contratos.
Mientras nuestro Gobierno acaricia una reforma tributaria que preserve las gabelas a los poderosos y grave a más ciudadanos del montón, Europa vigoriza la tributación progresiva: ésta y la política social del Estado armonizaron durante casi un siglo con crecimiento sin precedentes y bienestar generalizado de la población. En Estados Unidos, el promedio de impuesto de renta y patrimonio para los más ricos fue 80% entre 1.930 y 1980. Desde Reagan, se redujo al 35% y, el crecimiento, a la mitad.
Renta básica e impuesto progresivo, rutas hacia el Estado social de derecho que la constitución consagra, mejorarían sustancialmente la distribución del ingreso, de la riqueza, del poder y las oportunidades. Darían marco al acuerdo programático del centro-izquierda que Humberto de la Calle propone, con gobierno colectivo de los coligados, para disputarle la presidencia a la derecha y contraponer a su hegemonía las reformas que las mayorías reclaman. Y no se las descalifique poniéndoles como inri diabólico la “lucha de clases”. Si ella existe y pide pista será porque el propio Gobierno reaccionario ha escogido privilegiar a los menos y castigar a los más.