por Cristina de la Torre | Feb 4, 2020 | Acuerdos de paz, Febrero 2020, La paz, Posconflicto, Proceso de paz, Uribismo
Últimos efectos de demostración: sabotaje a las curules de las víctimas y descalificación del proceso de paz por “semifallido”. Se ha reinstalado en Colombia la cepa del autoritarismo, a instancias de una fuerza conservadora y violenta que evoca a cada paso los tiempos de Laureano Gómez: la fuerza del uribismo. Para no mencionar su correlato natural, la predilección por el corporativismo, que arroja al presidente Duque en brazos de intereses particulares adueñados del poder para mandar en provecho propio. En política, la cosa se ha resuelto sobre todo como cruzada contra la paz; falazmente barnizada en rosadito-legalidad para la galería de afuera, riñe todos los días con los actos de gobierno. Hipocresía pura.
A los dispositivos de un Estado policivo y chuzador; a la fallida asonada del primer mandatario contra la JEP; al sistemático boicot del Acuerdo que nos redime de la guerra; a la masacre de líderes y reinsertados que se expande porque la Seguridad no apunta a sus determinadores, se suman ahora dos finas perlas: una, pretende impedir la representación directa de las víctimas en el Congreso, afincada en la Constitución y la ley. Como si le faltaran viandas, ofrece el presidente a la glotonería de los partidos tradicionales las 16 curules asignadas a la Colombia olvidada, mártir del conflicto.
Otra perla, la trampa de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que, en ilusa profilaxis de su gestión antes de rendir cuentas, adjudica a la contraparte sus propios desaciertos: declara que el de la paz es un proceso “semifallido”, por incumplimiento de las Farc. La secundan, al punto, intrépidos alfiles del presidente eterno: el general Ruiz Barrera, de Acore, el locuaz Alfredo Rangel. Pero el país sabe de la perversa modorra, cuando no del sabotaje que preside la implementación de la paz en este Gobierno. Luce, sí, como una flor en el desierto, algún avance en reincorporación de desmovilizados a cargo del comisionado Archila. En boca de la titular de Gobierno, la observación desnaturaliza la paz. Y no faltará quien se sienta autorizado a redoblar la cacería de desmovilizados de la guerrilla más antigua del continente que, sin embargo, entregó las armas y se incorporó a la vida civil. Hecho de resonancia en el mundo, contra el cual parecen conspirar este Gobierno y los viudos de la guerra que lo rodean.
A la voz de revivir el acto legislativo que por mayoría de votos aprobó el Congreso en 2017 para entregar 16 curules en la Cámara a víctimas certificadas del conflicto en los territorios materia de reparación, antepone el presidente Duque un proyecto que se las arrebata. Por enésima vez en la historia de nuestra democracia de castas, seguirían aquellas comunidades excluidas, sin voz, sin voto, sin opción, a la buena de Dios y del destino trazado por los chupasangre de siempre. ¿Será ésta otra dádiva por gobernabilidad que el Presidente concede a la politiquería? ¿Acaso no recela la rabia que semejante atropello pueda sumarle a la protesta callejera? Tendría que vérselas también con El Consejo de Estado, a punto de resucitar las curules, no para pícaros de los partidos que pasarían por víctimas, sino para sus destinatarios originarios: las organizaciones sociales, étnicas y raizales.
La propuesta de Duque es inconstitucional y escamotea la paz. La diatriba de Gutiérrez, la desconceptúa. Brincarse las normas constitucionales que crean las curules de víctimas y ordenan implementar la paz es resucitar la arbitrariedad que signó el régimen de la Seguridad Democrática. Presidente y ministra parecen marchar hacia la meca soñada: hacer invivible la paz, para volver a hacer invivible la república.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2020 | Derecha, Enero 2020, Iglesias, Mujer, Salud
A cada avance en derechos de la mujer replica el fanatismo con una violencia que respira odio hacia el género femenino. Y el aborto es blanco suculento. Curas, jueces, pastores, galenos, tinterillos, politicastros y mujeres que castigan en otras sus propias desgracias cierran filas contra la que escoge no ser madre, para hundirla en disyuntivas fatales: muerte por aborto clandestino e inseguro, estigmatización social, cárcel. La caverna se hace sentir. Ya porque la Corte Constitucional legalice el aborto cuando peligre la vida de la madre, haya malformación del feto o resulte de violación el embarazo. Ya porque reconozca la libre decisión y autonomía reproductiva como derecho fundamental de la mujer. Ya porque el exministro Juan Pablo Uribe acate orden constitucional de reglamentar el aborto en aquellos casos para salvar las vallas que se le interponen. Ya porque la derecha lo tergiverse todo.
Como sucedió con la Clínica de la Mujer en Medellín. Pensada para prestar atención integral a las mujeres de menores recursos, aborto legal incluido, derivó en cruzada político-religiosa que, a instancias del entonces procurador Ordóñez, malogró el proyecto. En la ciudad católica y violenta, doce obispos encabezaron un alzamiento de Savonarolas que saltó de los púlpitos a las calles e hizo derribar los muros incipientes del “centro abortista (que pretendía) separar a la mujer de la maternidad”. Y ahora, no bien se conoce el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico, se confabula la derecha, no para debatirlo, sino para desandar todo el camino y recaer en la prohibición total del aborto. Porque, vuelve Ordóñez, aquí “no existe el derecho a matar […] y menos a los que están por nacer”.
Consecuencia inesperada, bálsamo para el país que puja por romper las cadenas del oscurantismo, el magistrado Alejandro Linares propone la legalización total del aborto en los tres primeros meses de gestación. Para Profamilia, ésta sería pilar de una verdadera equidad de género que erradique la discriminación; y paso de gigante en salud pública, pues el aborto inseguro pesa allí como una pandemia. Por otra parte, negarle a la mujer el aborto terapéutico puede ser condenarla a muerte o esclavizarla de por vida a una criatura nacida para sufrir. Pese a los tres casos de aborto permitido, se le interponen barreras sin fin: estigma, desinformación, criminalización, sabotaje e inducción al aborto con riesgo de muerte. Los obstáculos al aborto legal y seguro comportan violencia contra la mujer. En buena hora se propone reglamentación del aborto, taxativa en obligaciones y sanciones para quien lo boicotee.
Ella especifica las obligaciones de EPS y hospitales con la mujer que aborta: valoración completa de su estado de salud; información precisa sobre riesgo posible, procedimiento, tratamiento, medicamentos y cuidados derivados. Certificación inmediata para proceder al aborto, urgente y gratuita si el embarazo procede de violación. La mujer tendrá derecho a decidir libremente, sin presión, coacción o manipulación de nadie. Si personal administrativo o médico de la IPS usa esos recursos, intervendrán la Procuraduría, la Fiscalía o la Policía. Ninguna IPS podrá negar el servicio.
El aborto libre terminará por salvar la vida y la libertad de miles de mujeres. Según la Corte, “no es posible someter a la mujer a sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en favor de terceros”. Derechos en el Estado moderno, que no incursiona en la moral privada. Meterse en la cama de la gente es abuso de dictadores; y de purpurados que se brincan el Estado laico. El aborto libre, sobreviviente del odio que florece en los pantanos, no da espera. ¡Adelante, magistrados!
por Cristina de la Torre | Ene 22, 2020 | Narcotráfico, Paramilitarismo
Entre narcotraficantes, paramilitares, usurpadores de tierras, mineros del oro, elenos, disidentes de las Farc y políticos que monopolizan el poder local medran los determinadores del genocidio que decapita a las comunidades en los territorios tenidos por objeto primordial de la paz. Indeseables les resultan los programas de posconflicto porque estorban sus negocios, su disputa del territorio y el control de la población. Sustitución de cultivos, restitución de tierras, curules para las víctimas del conflicto, participación comunitaria en la planeación del desarrollo regional e inversión social en grande para remontar la miseria, amenazan el estado de violencia y de abandono que empodera a aquellos sectores. Pero el Gobierno sólo ve a los gatilleros que se pavonean a menudo en la solapada indiferencia del Ejército. No busca a sus contratistas, a los autores intelectuales de la masacre.
La mitad de los 22 líderes asesinados en los 17 primeros días del año eran campesinos comprometidos con la erradicación de cultivos. Los otros, reclamantes de tierras usurpadas, miembros de Acción Comunal, defensores de Derechos Humanos y del ambiente, aspirantes raizales al gobierno de su municipio. Tras mucho ruego al Gobierno, va el Presidente a Tumaco. Pero, presa de su propia impostura publicitaria, humilla a la gente; y acaba de cerrarle el horizonte. Reparte dulcecitos de mermelada entre los niños, de a uno, ante las cámaras, mientras sus padres arman como pueden el joto de la huida, para sumarse a la marcha de los 4.000 desplazados del municipio. Muchos de ellos pertenecen a las 17.000 familias que erradicaron a mano sus siembras de coca, se quedaron esperando las inversiones del Gobierno en los productos sustituto… y tuvieron que volver a la coca. El Presidente anunció que fumigará esos cultivos en Tumaco. Su proyecto de aspersión con glifosato marcha raudo.
Al parecer, la “paz con legalidad” del Gobierno significa también inacción, complaciente impotencia frente a los gestores de la violencia que azuela a las comunidades y sus voceros, panacea de todos los advenedizos armados que trabajan para los poderosos de ayer y de hoy. O para su propio peculio, como es el caso de neofarcos y elenos. Leyder Palacios, víctima de las Farc que en Bojayá perdió a toda su familia, líder de su comunidad, denuncia la presencia en su territorio de 600 hombres de las Autodefensas Gaitanistas, 100 del ELN y connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares. No le da crédito el Gobierno y Palacios replica: los únicos que no se dan cuenta de la incursión de los paras son las Fuerzas Militares.
Ausente el Estado en los territorios, ausentes las extremas de izquierda y derecha (ELN y uribismo duro) en el Acuerdo de Paz, más por pragmatismo que por ideología, azuzan estas fuerzas la nueva violencia. Una andanada mortal contra las comunidades que trabajan por la paz. He allí el patrón común de la masacre de sus líderes: resistencia a la implementación de la paz. Votos por volver a la guerra, para seguir cosechando en la refriega. Y ésta renacerá si los autores intelectuales de la matanza de líderes siguen en la impunidad.
Camilo González, director de Indepaz, propone un pequeño Plan Marshall para los territorios más afectados por el conflicto. Cerrar un gran pacto democrático por la vida entre el Gobierno y todas las fuerzas políticas, parte del cual será el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Invita a reconocer la disposición de paz de las comunidades. A abandonar el tratamiento de los territorios como zonas de guerra. Y la creencia de que la matazón de líderes se resuelve militarmente: la solución será social y política, o no será.
por Cristina de la Torre | Ene 12, 2020 | Enero 2020, Modelo Económico en Colombia, Política económica
Llega, providencialmente, el último libro de Piketty a esta Colombia que se rebela en las calles, como nunca antes, contra la inequidad y el abuso. Ofrece el autor propuestas de esperanza que alarman a la avara dirigencia prendada de su ombligo y su faltriquera. Y no porque traigan impronta chavista sino porque resultan viables en democracia, que respondieron con creces a la prueba de la historia. Porque son experiencia vivida, a la mano, en el Occidente capitalista durante casi todo el siglo XX, en cuya virtud se alcanzaron cotas inéditas de crecimiento económico y prosperidad. Es el modelo de la socialdemocracia.
Se afirma ésta, sobre todo, en el yunque del impuesto progresivo, con tarifas hasta del 90% a los más ricos, para financiar la política social del bienestar general: pensiones; salud y educación universales y gratuitas. Hasta los años 80-90, cuando Thatcher y Reagan soltaron las amarras a especuladores y banqueros, desplomaron la fiscalidad progresiva –Trump acabó de hundirla reduciendo hasta el 21% el impuesto de renta a los multimillonarios– y convirtieron salud, educación y pensiones en negocio privado. Pero la tempestad de la protesta arrecia en todas partes y el neoliberalismo hace agua. Piketty le contrapone el paradigma de una socialdemocracia remozada. Apunta a un nuevo contrato social basado en otra idea de igualdad, de propiedad, de educación y distribución del poder.
Por su parte, contra la historia y el clamor de los colombianos, el Presidente Duque abruma de regalos tributarios a los más ricos. Con la reforma tributaria que el Congreso le aprobó mientras la gente acusaba la bofetada en pleno rostro, feriaba concesiones hasta por $26 billones. Y les perdonaba a los más pudientes otros $8 billones en impuestos, para un total de $34 billones. Sin contar con que ahora los patrimonios hasta de $5.000 millones no pagarán impuesto a la riqueza. Para moderar el faltante en las finanzas públicas, sigilosamente, en las tinieblas de la última noche del año, firma el Presidente un decreto que recorta en $9 billones la inversión pública y social, salud y educación comprendidas. Seguirán los fondos privados de pensiones perorando sobre bomba pensional, las EPS apoderándose de los fondos públicos de Salud y los empresarios suprimiendo puestos de trabajo mientras se embolsillan los impuestos perdonados para que crearan empleo. Los superricos del país ni siquiera pagan la pizca que les cargan a los suyos en Estados Unidos: por rentas de capital, gracias a todas las porosidades y gabelas, aquí sólo pagan el 1.8% efectivo, señalan Espitia y Garay.
A este arquetipo contrapone Piketty una socialdemocracia remozada, con criterio igualitario anclado en la propiedad social, en la educación, en la redistribución del poder. Una democracia participativa que reoriente la economía hacia la justicia social y fiscal. Pero sociedad justa no significaría uniformidad ni igualdad absoluta. Absoluta tendría que ser, eso sí, la igualdad de acceso a los bienes básicos: a participación política, salud, educación y renta. En ello, insiste, juega papel crucial la progresividad fiscal. Allí donde se aplicó hubo pleno empleo y, pese a impuestos elevadísimos a los ricos, la productividad y el crecimiento económico se dispararon. Y Galbraith pudo registrar su asombro ante la insospechable opulencia.
El modelo que Piketty rescata (del cual sólo tomamos aquí la progresividad fiscal) no implica la destrucción del capitalismo, pero sí podrá limar las dramáticas desigualdades que en Colombia pesan sobre una ciudadanía humillada y sin miedo. Urge un nuevo pacto social para el tercer país más desigual del mundo. ¿Un pacto socialdemocrático? Por qué no.
por Cristina de la Torre | Ene 5, 2020 | Enero 2020, Paramilitarismo
En este Gobierno de derechas concebido para una sociedad de castas, la política de seguridad apunta más a preservar la propiedad de los ricos que la vida de los otros. Aconductado repetidor de los ingredientes más temibles de la Seguridad Democrática, el presidente Duque acoge propuestas que podrían desembocar en Convivir urbanas y reorganiza ejércitos civiles de informantes. Medios que sirvieron en su hora a hacendados y narcoparamilitares como defensa de sus haberes y negocios. Y al Estado, para perseguir a la oposición. Duque reabre puertas a los falsos positivos y bombardea niños. Desdeña, por sistema, alertas de la Defensoría del Pueblo para evitar el asesinato de líderes sociales y el sitio paramilitar de Poque, Bojayá.
Al caserío llegaron soldados y un ministro con gorrita de boy scout, a la hora de nona, tras 13 alertas emitidas en año y medio y súplicas sin cuento de las comunidades raizales del Atrato que ven aterrorizadas acercarse otra masacre. El Presidente no mueve un dedo contra la cepa de la amenaza. No activa los mecanismos capaces de conjurar el exterminio de líderes sociales: el Plan Integral de Seguridad y Protección en los Territorios y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Parece allanarse, en cambio, a oferta de la Confederación de Empresas de Vigilancia Privada (algunas de las cuales habrían sido integradas por paramilitares en el pasado, según denunciaba Amnistía Internacional) que se dicen dispuestas a batirse, codo a codo con la Policía, contra vándalos, por la familia y la propiedad. Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio, auxiliaría la estrategia de seguridad del Gobierno con patrullas, alarmas, cámaras y un pie de fuerza de 280.000 hombres. Según él, la propuesta habría merecido “total acogida” del Gobierno. Y el beneplácito de los gremios.
En efecto, la anunciada política de seguridad nacional contempla presencia mixta de Policía y seguridad privada en eventos públicos (El Tiempo, dic. 18). Las empresas autorizadas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada se articularían “con la Policía Nacional (…) y la red de participación cívica” (¿Red de informantes?). Y Rafael Guarín, Consejero de Seguridad, se refiere a mecanismos “de complementariedad de la vigilancia y la seguridad privada bajo la dirección de la Policía” para el control de las calles. Lo propio valdría para la red cívica, si de prevenir el delito se trata. Expresa renuncia del Estado al monopolio de la seguridad y de la fuerza, en favor de firmas de vigilancia privada que evocan las tenebrosas Convivir.
En sentencia de 2003 contra el jefe paramilitar H.H, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá estableció que las Convivir obraron como fachada del paramilitarismo. El Estado habría autorizado “la formación de estructuras armadas que usaban informantes” para restablecer el orden público en algunas zonas y “muchas fueron organizadas y representadas legalmente” por paramilitares. Fueron creadas por particulares, con el auspicio de gobiernos departamentales, de la Fuerza pública y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pese a la prohibición constitucional de prestar vigilancia por civiles armados. Se convirtieron, dice la sentencia, en “pieza clave para la expansión” del paramilitarismo.
La Seguridad Democrática fue una estrategia de guerra contra las Farc, pero enderezada sobre todo a proteger la propiedad agraria expandida por el despojo, y la inversión extranjera. Sus Convivir sellaron con terror la lid que cobró 400.000 muertos, la mayoría civiles inermes y desaparecidos. ¿Se preguntará el Gobierno en qué se diferenciarán después estas agencias de vigilancia de las viejas Convivir?
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2019 | Diciembre 2019, Iglesias
Eficientes herederos de la daga purpurada que tantas veces obró como argumento sin apelación en sus luchas de poder, algunos jerarcas de la Iglesia la blanden en Colombia con un doble fin: encubrir el crimen de pederastia, o perseguir a sacerdotes que escogieron la opción por los pobres y terminaron asesinados, desaparecidos o expatriados. Fieros propagandistas de la moral cristiana, su doblez exalta por contraste la honradez de tantos religiosos fieles a su apostolado. Y la abnegación de prelados que median por la paz.
Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, habría protegido a curas pederastas, según denuncia Juan Pablo Barrientos en su obra Dejad que los niños vengan a mí, premio Simón Bolívar. Demandado por maquiavélica alianza de dos jueces y un cura exsindicado de abuso sexual, el intento de censura por vía judicial fracasó y disparó la circulación de la obra. El cardenal López Trujillo, por su parte, mudo ante los óbolos que tonsurados de su cuerda recibían de Pablo Escobar, blandiendo contra sus críticos el báculo de la excomunión, raudo hacia la silla de San Pedro bajo el ala de Juan Pablo II, se coronó como cazador imbatible de curas “rojos”.
La Mesa Ecuménica por la Paz documenta ante la JEP el asesinato de 42 sacerdotes, la desaparición o exilio de muchos otros, mientras alargaba López su dedo inquisitorial contra aquellos que se volcaban a las comunidades de base en la convicción de que sin justicia social no hay Evangelio posible. Según Frèderic Martel, López los acusaba en presencia de paramilitares que terminaban por disparar contra ellos. Sacudieron a Colombia, entre otros, el homicidio del obispo de Buenaventura, monseñor Gerardo Valencia Cano y los de sacerdotes como Sergio Restrepo, Bernardo Betancur, Tiberio Fernández y la religiosa Yolanda Cerón.
Menos ruidoso pero igualmente criminal, el asesinato de almas de niños y adolescentes, víctimas silenciadas de abuso sexual y violación. La máxima autoridad religiosa de Medellín habría protegido a pederastas como los curas Roberto Cadavid, Mario Castrillón, Carlos Yepes y Luis Eduardo Cadavid, mediante un recurso institucional a toda prueba: el código de Derecho Canónico, reforzado por el Concordato con la Santa Sede, que le reconoce a la Iglesia independencia judicial frente a la justicia civil. Si tienen los soldados su justicia penal militar, los curas gozan de la suya propia: justicia para prelados, hecha por prelados. Tan acomodaticia, permisiva y arbitraria la una como la otra.
Barrientos cataloga como caso emblemático el del padre Roberto Cadavid, autor de múltiples abusos y “muestra del procedimiento de ocultamiento sistemático” de la jerarquía católica para proteger a sus miembros. Expulsado de la Iglesia por sus crímenes, siguió, empero, ejerciendo el sacerdocio en la diócesis de Brooklyn, Nueva York, gracias a autorización y recomendación del arzobispo Tobón. Reproduce el autor las cartas con las cuales engañó nuestro prelado al colega estadounidense para que acogiera a Cadavid, el impostor.
En política, emulan los López a la Mano Negra, mientras cientos de sacerdotes se suman a la protesta general contra el régimen que hunde a la sociedad en la injusticia. En moral, encubren aquellos pastores un delito horrendo contra niños, a la par que pulpitean energúmenos a la mujer que, ciñéndose a la ley aborta el fruto de violación, en veces perpetrada por un cura. Sentencia honorable, la del Cardenal Rubén Salazar: “el que calla un caso de abuso también es un abusador”. Desnuda así la hipocresía ensotanada que podrá arrastrar a la Iglesia por el despeñadero.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2019 | Diciembre 2019, Movimiento social, Paro Nacional, Reforma Fiscal
En el espectáculo de un país que sale del hueco, respira y pide el cambio, como no se viera en 60 años, dos fuerzas formidables parecen correr a la caza de candados: la vanidad del presidente y la insubordinación de los energúmenos que lo rodean. En su conmovedora insustancialidad, incapaz de dimensionar el significado y la potencia de este pronunciamiento ciudadano, pretende él responder a sus demandas con propaganda sobre lo cuestionado. Diluir en el tiempo, en el espacio, en mil inquietudes sueltas la negociación con los personeros del paro. Para atomizar, dilatar y evadir núcleos duros de la protesta como los de cumplimiento integral del Acuerdo de paz y política de seguridad.
De otra parte, la derecha frenética de su partido le blande garrote para que asuma por fin, de frente, sin miramientos “mujeriles”, como un varón, contra el terrorista que habita en cada estudiante, indígena, artista, trabajador, gay, ambientalista o feminista que grita y canta sus reclamos en la calle. Contra la gente toda y su concierto de cacerolas. Se reivindica lo elemental: seguridad, educación, trabajo, salud, salarios y pensiones decentes, paz. Y la alegría de vivir. Anatema. Ruge la caverna, y caen todas las hojas de parra. Desnudando la pulsión golpista que heredó de sus mayores, Fernando Londoño le pide al Presidente de la República apartarse del cargo “mientras negocia” y que en su lugar gobierne Marta Lucía Ramírez. Juan Carlos Pastrana insta a militarizar cada esquina, pues “terroristas y malandrines no deben tener movilidad alguna”. Rafael Nieto acusa a Dilan de ser responsable de su propia muerte, por participar en protestas. Y Álvaro Uribe considera legítima la patada que un miembro del Esmad le propina en la cara a una muchacha.
Codiciosa, provinciana, acostumbrada a prevalecer a golpes, sin el recorrido civilizador que da la democracia, a la primera voz de descontento se cala su antifaz la clase dirigente, para no ver sino el billón de pesos que el paro ha costado a sus negocios, poner el grito en el cielo y cuidarse de mencionar los $50 billones que sus malandrines, esos sí, se roban cada año. Ahora cogobierna en pleno, manu militare, evocando el tenebroso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y reduce a modesta proporción la agenda rural del tratado de Paz, que contempla Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras.
Respuesta primera de Duque al 21N: el Gobierno impulsará su paz con legalidad, giro que supone ilegal la paz acordada e incorporada en la Constitución. Contrae la implementación del Acuerdo a la reincorporación de desmovilizados y a algunos programas PDET. Ilegal le parecerá la Ley de restitución de tierras, hoy en capilla por iniciativa de María Fernanda Cabal. Ricardo Sabogal, exdirector de Restitución de Tierras, revela que él y funcionarios suyos sufrieron persecución y amenazas: varios fueron asesinados. Muchas de esas tierras, dice, terminaron en gente prestante, pese a saber que habían sido despojadas o compradas a la brava. Tampoco brinda Duque garantías en seguridad rural: no desmonta el paramilitarismo, exterminador principal de líderes sociales, y reduce el control territorial a militarización. De remate, sabotea la sustitución de cultivos.
Parsimonia en tan graves materias o para mantener el paquetazo sabrá hoy a provocación. Harta de violencia y de mordaza, la gente exige solución civilizada a sus problemas y espera poder ventilarlos en democracia, sin riesgo de muerte. ¿Sabrá el Poder cuán difícil le resultará en adelante presumirse demócrata y sin embargo disparar? El Presidente decidirá si escoger el diálogo constructivo, o bien, verse atrapado sin salida.
por Cristina de la Torre | Nov 26, 2019 | Acuerdos de paz, Corrupción, La paz, Movimiento social, Noviembre 2019, Paro Nacional
Y se plantó el movimiento social. En protesta multitudinaria que hará historia, marcó éste un punto de inflexión difícil de revertir: mostró su potencia para disputarles el protagonismo de la política a politicastros y napoleoncitos de cartón, que la monopolizan desde tiempos inmemoriales. Sí, político es su airado reclamo por la corrupción, la violencia, el etnocidio, las desigualdades y la negligencia que sella esta arrogancia del poder edificado para usufructo de mandarines, bribones y magnates. Cientos de miles de colombianos gritaron su indignación al sol y al agua y la prolongaron en inédito cacerolazo que no termina. Triunfaron del miedo cocinado con esmero por el Gobierno mediante acuartelamiento de primer grado; autorización a alcaldes para decretar toques de queda; teatralización de la guerra militarizando las ciudades, arma de tiranos para atemorizar al pueblo; y vandalismo inducido para generar pánico y deslegitimar la protesta.
Pero los marchantes dieron ejemplo de valor y civilidad, a leguas de grupúsculos violentos infiltrados también por la Policía para justificar la brutal embestida del Esmad contra aquellos. Y para que pudiera el Poder magnificar los desafueros como caos, en la vana pretensión de opacar las razones de la inconformidad. Mas terminaron por rendirse a la evidencia de una sociedad movilizada por la urgencia del cambio. El Presidente ofreció “conversación general […] para fortalecer la agenda vigente de política social”. ¿Para porfiar en lo mismo? ¿No ve, no oye, no registra la contundencia del mensaje que emite una ciudadanía madurada a golpes de violencia, exclusión, inequidad y privaciones?
Más perceptivo y avisado, da en el clavo el procurador Carrillo: invita a “diseñar una nueva agenda social, (a) reinventar la democracia con un modelo de justicia social”. Diríase un modelo distinto del neoliberal, pilar de la agenda social y económica que se ríe del impuesto progresivo, degrada salarios y reduce las pensiones al ridículo en favor de fondos privados. ¿Será esta agenda social y económica, hija del modelo de marras que es biblia del Presidente Duque, la que él quiera fortalecer?
Aunque la fe neoliberal periclita en el balance de su propia obra, insisten sus pontífices en adjudicar la pérdida de competitividad y de empleo a las políticas de seguridad social, salarios decentes, regulación financiera e impuesto progresivo. Contra todos sus pronósticos, aquella propuesta no consiguió armonizar crecimiento con redistribución. Lejos de derramarse hacia abajo, la riqueza se disparó a la cima de la pirámide social. Su ética andaba por otro lado.
Díganlo, si no, las desigualdades que en Colombia escandalizan y son, como en otros países de la región, la bofetada que arroja muchedumbres a las calles. Segundo país más desigual del continente, la concentración de la tierra, del patrimonio y del ingreso en Colombia crece sin cesar. Y el Gobierno la impulsa. Revelan Espitia y Garay que el 95% de la riqueza de personas jurídicas se concentra en las empresas más ricas. La tarifa efectiva de impuestos que las empresas pagan es un vergonzoso 1,9%, habiendo ellas recibido gabelas y exenciones tributarias por más de $27 billones.
Una disyuntiva dramática debe de acosar al Presidente: o se paraliza bajo la tenaza del uribismo y pasa a la historia como un sátrapa, o se allana a una negociación civilizada con el movimiento social del país que dice amar. Tal el desafío, que hasta Caballero Argáez invita a “dar un timonazo, cambiar de rumbo y reinventar el modelo de desarrollo. Explorar las formas para armar un Estado de bienestar en beneficio de las clases menos favorecidas…” Los colombianos piden a gritos otro pacto social.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2019 | Movimiento social, Noviembre 2019
Firmada la paz, vino el destape. Rompió la sociedad cadenas que la ataban al silencio y a la inmovilidad ante el espectáculo de una guerra que sólo servía a insurgentes arrastrados en gran parte al delito; a terratenientes codiciosos de más tierra, a políticos enredados con mafiosos y paramilitares. Una guerra que se ensañó en la población inerme. Primer campanazo de alerta, el mentís de media Colombia en las urnas a la politiquería tradicional hace año y medio. Y ahora, la derrota colosal de la extrema derecha en las elecciones de octubre y la consolidación del centro-izquierda, para redibujar el mapa político de este país tras décadas de lo mismo con los mismos. Democracia en ciernes, que la ultraderecha descalifica como terrorismo.
Presa de histeria, disfraza la caverna sus miedos con el fantasma del anarquismo internacional. Anacronismo de Guerra Fría que cae en el vacío de una sociedad desafecta lo mismo a la ultraderecha que a la extrema izquierda. Pero los grupos organizados de la derecha se complacen en el mensaje y anuncian su patriótica presencia como fuerza de choque en las calles, dizque para ayudar a la defensa del orden público. Reservistas (¿armados?) que evocan a los criminales colectivos del chavismo y contra los cuales no ha tomado el Gobierno ninguna medida preventiva. Aunque pida Álvaro Uribe judicializar a los incitadores de la violencia.
Acaso en la ilusión de desactivar la protesta, se apresura el presidente Duque a declarar que reformas laboral y pensional son “mentiras” de la oposición. Pero en toda la prensa del país abunda desde hace año y medio información puntual sobre estas reformas, paquetazo promovido a su turno por el gran empresariado desde sus foros de gremio y desde el gabinete mismo de gobierno. Para no mencionar la insistente precisión del ministro Carrasquilla en estos tópicos, que degradarán aún más la calidad de vida de los colombianos. Y el senador Uribe, virtual presidente de la república y estelar animador de la guerra, acusa al Foro de Sao Paulo de promover este paro contra la democracia y para derrocar al Gobierno. El Gobierno se derroca solo, cae solo bajo el peso de la caverna uribista que desespera y da palos de ciego.
Aconductado discípulo de la doctrina neoliberal, se complace el Presidente en lograr que el crecimiento esperado de 3.3 en la economía colombiana, sea el mejor en la región. Pero es crecimiento para los Sarmiento Angulo, no para los colombianos que pagan los platos rotos de una tributación generosa con los ricos, despiadada con los pobres. No para los colombianos que protestarán contra el desempleo que muerde el 12% y en Antioquia, mata del gran empresariado, alcanza el 18%.
Repite también, exultante, que su Gobierno lucha de frente contra la corrupción. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No fue el mismo presidente quien embolató al acuerdo de todas las fuerzas políticas contra la corrupción después que Claudia López lograra el pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos contra ella?
En seguridad ciudadana, anuncia la épica medida de sacar a los marihuaneros de los parques, “para que nuestros niños puedan jugar en paz”. Mas, nada ha dicho sobre los 18 niños desintegrados bajo las bombas que él autorizó arrojar, en “operación impecable” de las Fuerzas Armadas, hoy devueltas a las infamias de la guerra. Ni dice nada sobre el saboteo de su gobierno a la sustitución de cultivos, que es esencial para la paz.
Serénese, Presidente. Llame al orden a los anarquistas que rodean su Gobierno. Revise a fondo sus políticas tributaria, laboral y de pensiones. Asuma, por fin, los deberes de la paz que la Constitución prescribe. Y respete genuinamente el derecho a la protesta por la vida y la equidad.
por Cristina de la Torre | Nov 19, 2019 | Modelo Económico, Neoliberalismo, Noviembre 2019, Política económica
Mientras se incendia la región por las mismas razones que provocan en Colombia paro nacional, no podían el Presidente y su mentor reafirmarse a destiempo, prenderle fuego a la pradera antes del 21 de noviembre. Expuestos como quedaron tras informe de Portafolio nunca desmentido formalmente, aplazan hasta enero sus ardores por reforma de salarios y pensiones, que tasarán a ras de tierra, so capa de ampliar la cobertura. Salarios diferenciales y a la baja, pensiones de hambre volcadas todas al negocio privado, como en Chile, se traducirán en pauperización de una amplia franja de clase media y en caída de sectores populares de la pobreza a la miseria. La democratización de la pobreza, revestida de cristiana caridad.
Enseña que acelera el retroceso laboral operado en los Gobiernos de Uribe, barnizado entonces, y ahora, con el hálito humanista de la doctrina social de la Iglesia. Clama el dirigente por una economía cristiana, “sin odio de clases”, por un país fraterno, sin confrontación entre empleadores y trabajadores. A la manera de Fabricato en Antioquia, que pitó la partida de la industrialización en los años 20 imponiendo en su fábrica la tutela de la Iglesia como mecanismo de control disciplinario sobre operarias que entregaban hasta la última gota de sudor por amor a Dios y el patrón convertía en oro para su petaca. La religión al servicio del capitalismo, diría Max Weber.
Por su parte, también la fórmula corporativista que los regímenes de Franco, Mussolini y Oliveira Salazar instauraron en los 30 integró en un mismo haz a empresarios y trabajadores, con el fin de “disolver” el conflicto entre capital y trabajo y suprimir, para bien de la patria, la lucha de clases. Fue su divisa la sociedad orgánica, una, indivisa, sin conflicto, alienada en la mística obediencia a un poder paternal que se impone inapelable desde arriba. La sociedad premoderna, comunitaria, hoy ensamblada en Colombia al capitalismo más ramplón y despiadado. Cosa distinta es la negociación entre capital y trabajo, a instancias del Estado social, que así tramita el conflicto, sin pretender suprimirlo, respetando la autonomía de las partes.
No es nueva esta doctrina entre nosotros. La derecha radical del Partido Conservador, proclive al corporativismo fascista en los años 30, se expresó, entre otros, por boca del padre Félix Restrepo. Propuso él conquistar aquella cima mediante una agresiva campaña de sindicalización católica, por encima de los partidos. Y Silvio Villegas elogió el modelo corporativo que perseguía tan “feliz concordia entre el capital y el trabajo”. Corporativismo, el otro sucedáneo del fascismo, que predicaba –y practicaba– la acción intrépida y el atentado personal. Se respira aquella impostura en el llamado de la ministra de Trabajo a la fraternidad entre obreros y empresarios mientras se allana a una reforma que acarrea más violencia que fraternidad.
Y es que la trama entre bastidores –aunque mandatario y jefe den en negarlo ahora– radicaliza la política laboral que Uribe aplicó: bajó el pago del trabajo nocturno, de dominicales y festivos; subió la edad de pensiones, eliminó la negociación colectiva en materia pensional, favoreció la nefasta tercerización. Ante la sociedad que, hastiada de un gobierno cifrado en la ineptitud y el abuso copará indignada las calles, menea Uribe el invariable coco de la Guerra Fría: “anarquistas internacionales” y “grupos violentos” intentan desestabilizar la democracia. Su democracia del privilegio. El hombre que debe explicaciones a los jueces, rodeado de violentos y corruptos, personero de la caverna también en materia laboral, funge de patriota y campeón de la moral. El diablo haciendo hostias.
