Espíritu tornadizo, ambivalente, el presidente Santos borra con el codo lo que firma con la mano. A dos meses de sellar el fin de un conflicto de sesenta años –hazaña que nadie podrá disputarle– reactiva la bomba de la rebelión social. Primero, les expropia a los colombianos Isagén, joya irrecuperable que mañana entrega, sin vergüenza, al extranjero. Segundo, con la ley Zidres ahonda las inequidades en el campo, causa suprema de la guerra. En su concepto de gobernabilidad –un talante de gobierno sacrificado al prurito de quedar bien con todos– corre Santos con su paradoja en las grandes ligas: lo mismo conjura la guerra interna más prolongada del mundo, que perpetúa, acentuándolo, el modelo de mayor concentración de la tierra en el mundo. Y regala, como sacado de su bolsillo, un bien estratégico que es envidia del subcontinente. El riesgo es que esta tozudez retardataria en economía dé al traste con la paz.
Ya todo se ha dicho de Isagén. Con su venta se aliena la soberanía energética del país que, en otras latitudes, se tiene por factor de seguridad nacional. Se entrega un patrimonio ambiental de 23 mil hectáreas de bosques, aguas y biodiversidad. El cacareado trueque de un activo por otro, de energía por vías, es falso. La permuta va de un activo altamente rentable por subsidios y créditos a huevo para empresarios que probablemente no devolverán la plata. Será una pérdida gigantesca para la Nación. Como si fuera poco, Isagén se feria por debajo de su valor y el retorno para el comprador duplicará el de su valor estimado. Con las solas utilidades de esta empresa se hubieran financiado en pocos años las dichosas 4G.
Por otro lado, con desprecio de la reforma liberal pactada en La Habana, abrebocas de la paz, la prometedora ola de modernización rural amenaza con favorecer a manos llenas la gran explotación agroindustrial, mientras mantiene en el ostracismo la economía campesina. Tampoco parece acoger la divisa de Misión Rural, que apoya por igual la pequeña y la gran empresa; e invita a reducir la concentración de la propiedad y la atomización del minifundio. La ley Zidres promueve la agroindustria, sí, pero con grave afectación de la economía campesina y mayor concentración de la tierra. Arrebata baldíos al campesino. Y propone alianzas productivas entre éste, que lo arriesga todo, y el gran empresario que se lucra con las rentas del trabajo y de la tierra. Así concebidas, serán enlace de la zorra y la gallina.
Ha demostrado el colombianista Albert Berry (Ver “El Posconflicto”, Academia Colombiana de Economía) que la productividad de la tierra es mayor en predios pequeños; si cuenta, claro, con asistencia técnica, crédito y comercialización de sus productos. Invita él a reformar la estructura agraria proporcionando tierra al campesino. Reducir la concentración de la tierra se traducirá en mayor producción, menor desigualdad y pobreza. Y gravarla con impuesto progresivo favorece su productividad y castiga la desigualdad.
Se negoció en La Habana el fin del conflicto sin tocar el mercado y la propiedad privada. Cosa distinta es creer que la paz se construye agudizando el estado de cosas que rige desde la Colonia; o concentrando todas las ventajas de la modernización en los poderosos de siempre. Tampoco será dable si, a fuer de Tercera Vía, se promueve estatus de colonizados entregando al foráneo la riqueza nacional. Renovada acometida privatizadora ésta de Santos, que comienza con el infausto Cárdenas en Isagén y seguirá en Bogotá con sendos zarpazos de Peñalosa a la ETB y a la Empresa de Acueducto. Tal vía no es sino la primigenia, cerril del capitalismo rapaz, que podrá derivar en mentís a la paz.