Lapsus dolorido de Jaime Arias, no bien supo que a sus representadas, las EPS, se les derretía el negocio fabuloso de la intermediación financiera en salud. El Gobierno anunciaba la supresión de tal privilegio, para crear en su lugar un fondo único del Estado que centralizará la afiliación, el recaudo y la colocación directa de los recursos en clínicas y hospitales. El patetismo de Arias denuncia la envergadura del robo y el dolo que al amparo de la Ley 100 enriquecieron a un puñado de mercaderes y precipitaron la más aguda crisis del sector. Crisis por desatención a las mayorías, y por olímpica apropiación de los fondos de salud por EPS cuya deuda asfixia a los hospitales: hoy alcanza ésta los 6.3 billones de pesos. A la creación de Misalud se sumaría la de un plan universal de beneficios, la eliminación del Fosyga y la descentralización del sistema en redes territoriales de salud a cargo de alcaldes y gobernadores. Tras largas consultas con los gremios del sector, el gobierno de Santos coopta reformas que apuntan hacia un modelo de salud como derecho inalienable de todos y no como la guarida de carteristas que es hoy. Entre otros gremios, la Federación Colombiana de Medicina que lidera el facultativo Sergio Isaza habría coronado parte sustancial de su brega de 17 años contra la privatización de la salud y la corrupción que la rodea.
Si aquellos contactos inspiraron algunas de las propuestas iniciales del Gobierno, bien haría él en explorar también el proyecto de Ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud y lo protege. En cabeza del senador Luís Carlos Avellaneda, éste acumula las iniciativas del sector y goza del apoyo de todos los partidos en el Congreso. Al tenor de la Corte Constitucional, concibe la salud como derecho fundamental de carácter público, universal y regido por criterios de rentabilidad social, no de lucro particular. El servicio abarca a todos, tengan o no cómo pagarlo. Prohíbe “cualquier tipo de intermediación financiera”; y señala al Estado como “exclusivo responsable y operador de su recaudo, administración y distribución”, mediante un fondo público de salud que nutre a las regiones. Como política social del Estado, la atención primaria se erige en eje de la salud pública, con criterio más preventivo que curativo. El proyecto contempla la elaboración de planes decenales de salud, con participación, veeduría y control de la ciudadanía. Como en Canadá, Inglaterra y Costa Rica, instituciones privadas sin ánimo de lucro podrán complementar el servicio de la red pública.
Ya se alza el coro de los que vaticinan el naufragio de Misalud en un mar de clientelismo y corrupción. Como si Saludcoop y sus compinches no fueran doctores en la materia. Isaza propone, no obstante, vigilancia rigurosa sobre el Fondo desde los organismos de control del Estado y desde la propia sociedad: que organizaciones de pacientes, hospitales, médicos y veedurías ciudadanas tengan asiento en su junta directiva. Pero estima que, en otros sentidos, la iniciativa del Gobierno perpetúa la estructura actual del sistema: primero, permite la innecesaria mediación administrativa de las EPS en las redes de salud; segundo, mantiene la posibilidad de la integración vertical de las EPS, vale decir, que éstas puedan contratar con sus propias clínicas. Yo con yo, para que todo siga en familia.
La reforma de salud que se avecina ha de ser real alternativa al modelo que la concibió como negocio, rubricado no hace mucho con el paseo de la muerte y el cierre masivo de hospitales públicos. Ojalá que por coquetearles a las EPS no borre el Gobierno con el codo la página memorable que acaba de escribir: la salud no se compra ni se vende. Ni se castra.