Por lo visto, el acuerdo de punto final entre Gobierno y EPS para sanear las finanzas del sector Salud será la coronación del modelo atrabiliario que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Asume aquí el Estado parte sustantiva del pasivo de las EPS y lo convierte en deuda pública que los colombianos tendremos que pagar. Son acreencias que las aseguradoras de salud han contraído con los hospitales, y los asfixian. Una billonada. Como billonada será también el pago que aquellas reciban por procedimientos y medicamentos NoPOS, sobre una facturación a menudo tramposa, exorbitante, apenas depurada de inconsistencias que saltan a la vista. Como la de cobrar dos veces por un mismo servicio o por pacientes ficticios o por prescripciones no probadas, y cuyo “sinceramiento” confía el ministro mayormente a la buena fe de buitres que pasan por palomas.
El recobro de medicamentos NoPOS se duplicó en los últimos cinco años. Ante la explosión de costos con cargo a estos recobros, mina de oro de EPS y farmacéuticas, alarma el diagnóstico del Observatorio de la Federación Médica Colombiana: “avanzamos inexorablemente –dice- hacia el colapso financiero del sistema de salud; actores con poder se apropian los recursos y a pacientes se les niegan los servicios”.
De los $10,1 billones que se les adeuda a los hospitales, sólo la décima parte le corresponde al Gobierno. Por casi todo el resto deben responder las EPS, salvo alguna porción de gastos que el Adres deberá reembolsarles, si se prueba la autenticidad de los cobros. Mas, en lugar de obligar a las EPS a pagarles a clínicas y hospitales, el ministerio se precipita a ofrecer, como graciosa concesión, la redención de una porción enorme de esos pasivos. Se habla de pagos en salmuera de $5,2 billones a las EPS del régimen contributivo y de $1,2 billones al subsidiado. Según la Asociación de Clínicas y Hospitales, los mayores deudores de los hospitales son las EPS del contributivo, señaladamente la Nueva EPS, Coomeva y Medimás. Las EPS públicas les deben $2,9 billones.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronuncia contra el crecimiento incontenible de recobros de las EPS por medicamentos en el NoPOS. Carolina Gómez, investigadora de la UN, habla de “recobro imparable, invencible, insostenible”. Pfizer vendió a $112.167 la droga Xalatán, que valía $14.933. Por sobrefacturación en siete medicamentos, recibió multa de $83 millones; pero había hecho utilidades ilegales de $3.817 millones.
Dice el Gobierno que quiere pagar las deudas en Salud. Pero no propone una metodología sólida para habérselas con el maremágnum de datos, papeles, recibos y facturas, hechizos muchos, deformados otros, verdaderos los menos, un caos que se reproduce como alimañas en la sobra. En la oscuridad que a todos conviene, porque es en la incertidumbre y el misterio donde los mercaderes de la salud cosechan, atesoran y reclaman hasta alcanzar el premio mayor, en ciernes, bajo la figura de punto final. Si enredo hay en las cuentas del régimen contributivo, en las del subsidiado aquellas de seguro ni existen.
Todo indica que el acuerdo de punto final se contraerá a manejar desde el centro el cáncer terminal del NoPOS y a favorecer, por enésima vez, a los dueños de las EPS. Hábiles buhoneros de la salud convertida en mercancía, beneficiarios gratuitos de un Estado que traslada sus deudas a la ciudadanía inerme. Tal como ha querido hacerlo con la deuda que Odebrecht-Sarmiento contrajo con los bancos, en impúdica operación que el Consejo Gremial defiende. Es un modelo: el de trinca del Estado con corruptos de alto vuelo, sea en la Ruta del Sol, sea en la mercantilización de la salud.