Mientras Colombia respira por fin en la antesala de la paz, Álvaro Uribe hace maromas para no morder el polvo de la derrota. Que perder las armas es abocarse a perder la partida. El sometimiento de las Farc a la justicia burguesa le hurta al uribismo su recurso al apocalipsis del castro-chavismo. Y el ingreso de esa guerrilla en la legalidad desvanecerá el pretexto que a la derecha le ha permitido aplastar a los inconformes y prevalecer sin competencia posible en el poder. Se acabaría aquello de que todo contradictor es enemigo mortal, candidato a desaparecer a bala o motosierra. Caducaría la pretensión de defender la democracia aguzando la vista, marica, para desentrañar el terrorismo que anida en toda idea de cambio; en toda reivindicación de derechos.
Pero el acuerdo de justicia transicional, con investigación, juicio, condena, pena, verdad y reparación forzosas; con procedimiento simétrico para todos los responsables de atrocidades en esta guerra –políticos y empresarios incluidos– provoca efectos inesperados: desconcierta a quienes llevan tres años saboteando las conversaciones de paz con exigencias de rendición imposible de una guerrilla no derrotada siquiera por el adalid de la guerra en sus largos años de gobierno. Y, sin embargo, por encima del júbilo resonante ante la inminencia del acuerdo final; del 62% de ciudadanos que respaldaron al punto el modelo judicial adoptado; pese al aval de la comunidad internacional y del Papa, el Centro Democrático aspira, impúdico, a cosechar votos sobre los cadáveres de otros 220.000 colombianos. Víctimas inermes de una guerra sin fin, en la que no se batirá ningún Jerónimo, ningún Tomas.
Si ponderadas para hacer justicia sin comprometer la paz, las penas comportan a la vez privación de la libertad vigilada; restauración de lazos entre dolientes, agresores y sociedad; reparación a las víctimas y garantía de no reincidencia. Pero quien se acoja a este modelo judicial tendrá que haber dejado antes las armas. A más tardar en mayo del año entrante. Y si no dice toda la verdad, irá 20 años a la cárcel. No habrá indulto para crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque amnistía podrá concederse para delitos políticos y conexos. Muy a pesar de las Farc, el Gobierno impuso justicia con condena penal. Y aquellas debieron arrojarse desde el pedestal de sus autocomplacencias heroicas hasta reconocerse como victimarios, autores de delitos atroces.
Las víctimas, espina dorsal del acuerdo, han mostrado satisfacción. El general (r) Mendieta, 12 años secuestrado por las Farc, aceptó que a estas se les aplique pena distinta de prisión. Pero si reconocen a sus víctimas, ayudan a buscar desaparecidos, entregan a todos los secuestrados y dan garantía de no repetición. Así los gremios de la producción, con la significativa declaración de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, para quien “el acuerdo satisface los derechos de las víctimas”. Y el general Ruiz Barrera, líder de los oficiales retirados, sentenció que la paz ganó la partida.
A contrapelo de su vanidad, tendrá Uribe que allanarse al peso de los hechos: este acuerdo judicial y el apretón de manos entre el Presidente Santos y el jefe de las Farc abren desde ya las puertas del posconflicto. Reconocer que el sometimiento de esa guerrilla al Estado de derecho y el modesto alcance de los cambios pactados –reforma rural, apertura política, revisión de la política antinarcóticos– son triunfo del reformismo liberal no del chavismo. Pero el proceso comporta un ingrediente trascendental: terminar el conflicto armado es empezar a romper el vínculo entre política y armas. En la izquierda y en la derecha. ¿Será esto lo que saca de quicio a Uribe?