Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.
En la concentración de 30 mil personas en Necoclí, epicentro de todas las violencias, el miedo y el dolor dibujados en cada rostro, se adivinaba empero la esperanza de que el Presidente pudiera cambiar la historia del país, de gancho con las víctimas. Como lo hiciera en su hora la Anuc, organización campesina creada por Carlos Lleras para apuntalar su estrategia agraria. A Lleras lo derrotó el mentís de los partidos de gobierno a su política para el campo. Al punto que fue el muy liberal Indalecio Liévano quien firmó en nombre de su partido el sepelio de la reforma agraria. Desenlace de la avanzada reaccionaria del latifundismo costeño que retuvo así sus heredades intocadas, inexplotadas, engordadas en el sojuzgamiento del campesinado: el más sufrido, el más masacrado, expulsado del terruño sin piedad.
En las nuevas circunstancias, ¿bastará la alianza del Presidente con el pueblo? ¿La envergadura de esta ley de tierras llegará a provocar deslinde de ideas, de programas, de pautas de acción política entre los partidos que conforman la patria boba de la Unidad Nacional? ¿Qué futuro se le augura a la restitución de tierras si el partido de la U, puntal de la coalición oficialista fue casa predilecta de los parapolíticos sindicados de andar en malos pasos con mafiosos y paramilitares que sólo en Urabá protagonizaron decenas de masacres y expulsaron a 1.036.456 campesinos? Ambigüedad de un partido que, gozando del poder, conspiró sin embargo en la sombra contra esta Ley de Víctimas y la suscribió a regañadientes.
Pero no todo es malo. A Álvaro Uribe se le abona la franqueza con que descalificó el recurso al pueblo del Presidente Santos. Y la restitución de tierras, por estimar que ella podía “generar nuevos odios contra los empresarios del campo (y los grandes agricultores) que ya se venían superando y que, como en los años 60, hicieron tanto daño”. Si injusta por venir de quien había erigido su estado de opinión sobre el fervor de las masas, su postura constituye un aporte inesperado a la democracia. Porque defiende sin inhibiciones a los poderosos del campo mientras otros hablan por los derechos de los más débiles. Expresión de intereses distintos, no tejidos ya en la golosina de puestos y contratos sino en función de una estrategia de calado histórico. Bueno sería que esta discrepancia de fondo contribuyera a diferenciar opciones políticas, a singularizar fisonomías propias de partido. Y sin irse a las manos, como lo propone la democracia, no fuera que del encono personal resultaran otros disparando fuego. Pesimista se muestra Mauricio García al temer que “las intenciones de la extrema derecha y del clientelismo regional, si bien más solapadas, siguen siendo las mismas”. Pregúntese el presidente Santos hasta cuándo puede seguir durmiendo con el enemigo.