Aplauso de pie. A casi tres décadas de haberse coronado como potencia regional en producción de vacunas, se alista Colombia para recuperar el sector que recibió de Andrés Pastrana su puntillazo final. La construcción de una planta de biológicos es proyecto tangible de la estrategia de reindustrialización de este Gobierno. Se inscribe en la batería de innovaciones y reformas que batallan por rescatar los sueños de un país hipotecado a la glotonería de elites sin hígados, esta vez en vergonzosa subordinación a las multinacionales farmacéuticas. El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá suscriben acuerdo para construir, con socio privado estratégico, una fábrica de vacunas que reviva la producción nacional de fármacos, dinamice la investigación en biotecnología y asegure la independencia farmacéutica del país. Su meta, garantizar acceso masivo a vacunas, parte del derecho universal a la salud. En dos años largos empezaría BogotáBIO a suplir las necesidades del país.
El estropicio de Pastrana presidente fue desenlace natural del Consenso de Washington que César Gaviria había adoptado, e implicaba ceder el mercado nacional al onerosísimo producto extranjero. El héroe del Caguán cortó la inversión pública en laboratorios y centros de investigación, y puso macizo candado a la planta que en 1998 (su último año de vida) arrojó once millones de vacunas para tétanos, seis millones para tuberculosis, dos y medio para fiebre amarilla y cifras de ese orden para tuberculosis, rabia y cólera. Hacia finales de los 70 se había erradicado en Colombia la viruela. Respondía la fábrica del Estado a la demanda doméstica y exportaba a 20 países.
La Administración Pastrana echó por la borda décadas de desarrollo, señala el profesor Gabriel Cifuentes: en total dependencia tecnológica y farmacéutica, hoy importamos todo en medicamentos. Con las vacunas anti covid pagamos el precio de haber entregado la soberanía del sector, nos inclinamos ante las multinacionales y desechamos fórmulas de acción coordinada con países afines. Al cierre masivo de hospitales públicos por no ser “rentables”, sumó el Gobierno de Álvaro Uribe la circular 004 de 2006 que desregulaba en gran medida el mercado farmacéutico y daba a los medicamentos amplia libertad de precios: éstos se dispararon, como se dispararon en su segundo mandato los recobros al Fosyga. Colombia inmoló su economía y su potencial de innovación en el altar del mercado. En vez de reformular el modelo de industrialización que traía adaptándolo a los tiempos, 1991 ahogó su soberanía productiva y hoy protagoniza bufonadas: la Andi y Fenalco presentan con orgullo entre sus miembros a grandes importadoras.
La estrategia de reindustrialización apunta a articular empresas, políticas públicas en ciencia y tecnología y centros de investigación. A ella contribuirían una iniciativa del Gobierno Duque para revivir la producción de vacunas en Colombia y la disposición de Asinfar a suscribir una política industrial que impulse la producción nacional de fármacos. También la suscribe el exrector Moisés Wasserman, no sin advertir que un proyecto de tal envergadura demandaría grandes capitales público y privado. Propone una estrategia regional que produzca las vacunas en forma complementaria para los países asociados, e implicaría construir un gran potencial de investigación.
Entre franjas del empresariado atrincheradas a menudo en los privilegios del rentismo y la venalidad, brillan las que acogen la estrategia de industrialización en el sector salud. Es que -recuerda Cifuentes- vacunas y medicamentos deberían catalogarse como bienes públicos esenciales, y de allí el imperativo de reactivar el sector farmacéutico como política de Estado. Esta de rescatar la soberanía en producción de vacunas sería una reforma con sabor a revolución.