por Cristina de la Torre | Ago 30, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Agosto 2022, Conflicto armado, Conflicto interno, Desarrollo agrícola, Desplazados, Economía productiva, Gustavo Petro, Justicia, La paz, Narcotráfico, Política agraria, Reforma Agraria, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras
Todo indica, por ahora, que no se repetirá esta vez el sino de casi un siglo: a cada intento de reforma agraria, respuesta sangrienta de los señores de la tierra, con su avanzada armada. Pretexto invariable, la lucha contra el comunismo, que pretende colectivizar la tierra. Pero la reforma de Gustavo Petro se ciñe a leyes ya escritas en esta democracia y responde a imperativos de justicia y desarrollo que se manifestaron, entre otras, en la explosión social del año pasado. En el tercer país de mayor concentración de la propiedad rural, con territorios enteros abandonados al atraso y donde el grueso de las mejores tierras son latifundios de ganadería extensiva, responde el Gobierno en dos direcciones: desconcentrar la tenencia de la tierra y ponerla a producir. Será la equidad como presupuesto de modernización y de creación de riqueza.
Además, han comprendido los colombianos que es hora de jubilar el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra; motor de un conflicto que se tradujo en horror para los más en el campo, en poder desafiante para los menos y, para casi todos, en desazón. El último envión de ocho millones de hectáreas despojadas, otro tanto de campesinos desplazados y medio millón de muertos se ha presentado como fruto de la guerra contrainsurgente. Pero, desmovilizadas las Farc, desapareció la excusa y se reveló sin máscaras la verdad: no se perseguía tanto a la insurgencia como la tierra ajena. Pese a los crímenes de las guerrillas, que justificaron por un tiempo la impostura.
Ni ayer ni hoy se soñó con destruir la propiedad privada: en los planes de la ministra Cecilia López, en vez de expropiación figuran estrategias de reforma rural integral, sostenible, desde los territorios, con cadenas productivas de agroindustria diversificada que combatan el hambre. Se acude a leyes vigentes y a la Constitución. A la Ley 160 de 1994 que permite al Estado comprar tierras para redistribuirlas entre aquellos que quieren trabajarlas. Y a la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, con restitución de predios, entrega de tierras de un Fondo constituido por las incautadas a la mafia y baldíos, titulación, y sustitución de cultivos. Que ésta procederá por las buenas, lo vimos esta semana cuando anunció en el Tarra el presidente la transición hacia la explotación de cultivos alternativos a la coca, mientras abandonaba la Fuerza Pública su erradicación forzada.
A todo ello se suma ahora la histórica sentencia de la Corte Constitucional que ordena reasignar baldíos al campesinado, su destinatario legítimo, hoy ocupados a menudo de mala fe por terceros. Ubérrimos de acá y de allá, agrandados con baldíos que además exceden el tamaño de ley, tendrán que demostrar su propiedad en derecho. La decisión de la Corte no ofrece precedentes y anuncia un vuelco a la propiedad, pues detiene la acumulación abusiva o dolosa de tierras. Y porque contempla también el catastro multipropósito, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, creación de la jurisdicción agraria, activación del Fondo de Tierras y formalización masiva de la propiedad rural.
Precisó Petro ante la Andi su enfoque del desarrollo: se trata más de crear riqueza -dijo- que de redistribuir lo que tenemos. Si el motor de la riqueza es la producción, hay que convertir la tierra en primera actividad productiva, industrializar el campo. Para lograrlo, debemos empezar por disminuir la desigualdad económica, y ello supone una reforma agraria. Bueno, a pasar de los anuncios a los hechos, a emprender el cambio tantas veces negado por la fuerza. Tiene Petro todo el instrumental legal, capital político, una oposición en rebusque de argumentos contra una reforma de talante liberal y la mejor ministra de Agricultura, carácter fogueado en mil batallas, para hacerlo. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Ago 23, 2022 | Agosto 2022, Gustavo Petro, Iglesias, Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva
En este país de privilegios, exonerar de impuestos a iglesias opulentas es una inmoralidad, una bofetada a la mar de fieles que las engordan menguando aun más la magra mesa que les da sustento. Si escandaliza la desigualdad económica remachada por el sistema tributario, alarma la ventaja concedida a quienes esquilman a la pobrecía -concurrencia dominante en los templos- que compra con óbolos y limosnas y diezmos arrancados a su flaca bolsa una compensación espiritual a la desesperanza. Arte milenaria de convertir el sentimiento religioso en oro para las arcas de pastores y prelados. Tan lucrativo el negocio en Colombia, que el número de iglesias y asociaciones religiosas trepa como la hiedra: según la Dian, el año pasado llegaron a 8.525 con personería, su patrimonio líquido a $16 billones y los ingresos brutos a $5.8 billones al año.
Katherine Miranda, la valiente, propone gravarlas con impuestos: “es un descaro -escribe- que algunos jueguen con la fe, se enriquezcan, participen en política y se nieguen a pagar impuestos (…) Colombia es un Estado laico, si una iglesia no cumple función social y (se limita a) amasar fortuna, que pague impuestos”. Casi todas, agrega, hacen política y usufructúan el poder; se llenan de plata mediante el asalto moral al incauto. Usan el Estado laico a conveniencia: sí, para volverse partido; no, para pagar impuestos.
Ya hace un tiempo se aludía en este espacio a la explosión de iglesias que se autodenominan cristianas y se consagran al despojo de inocentes. La anhelada libertad de cultos que la Carta del 91 entronizó ha degenerado en osadías mercantiles de muchas iglesias, no de todas, que nacen en garaje y, a poco, son manzana. O coliseo. Deforman su apostolado en exacción de la grey. Gracias, también -escribía aquí- al poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido, bajo la divisa de “un fiel, un voto” (¡y un diezmo!): explosiva aleación de religión y política, a imitación de la jerarquía católica, poder de poderes cuya participación en la conflagración partidista le dio a la Violencia del siglo pasado connotaciones de guerra santa.
Ambigua, contradictoria, esta jerarquía se suma al veto de la paz en el referendo de 2016 y, sin embargo, defiende a los perseguidos de la violencia y hoy contribuye generosamente a diálogos de paz. De la misma manera, iglesias evangélicas hay dedicadas en un todo a la obra social. Pero al parecer son las menos: el grueso monta la escuelita de mostrar, migaja del obeso pastel del que no rinde cuenta al fisco, ni a nadie. La misma coartada del latifundista improductivo que, para simular explotación de su tierra y eludir así el impuesto, pone a pastar media vaca por hectárea.
El estatus fiscal de la Iglesia Católica se remonta al Concordato firmado por la Regeneración en 1886. El tratado con la Santa Sede principia por devolverle parte sustantiva de los bienes incautados dos décadas atrás por el radicalismo liberal, única avanzada contra el patrimonio inconmensurable de la institución religiosa. Y le ratifica la exoneración de todo impuesto. En 1974 lo renovó Misael Pastrana y la Constitución del 91 extendió la gabela a todas las iglesias: democratizó el estropicio.
Rico en audacias y sorpresas de cambio -entre ellas la auspiciosa energía del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, para defender la reforma tributaria- pecaría, no obstante, Petro en materia grave si desestimara la iniciativa de la representante Miranda, que interpreta un viejo anhelo popular. Y éste no puede despacharse con la tautología de que, como las iglesias nunca han pagado impuestos, tampoco ahora deben pagarlos. ¿Sacrificará el Gobierno su bienandanza y compromiso histórico al equívoco aporte en campaña de un pastor? ¿Se doblegará al obsceno emporio de los mercaderes de la fe?
por Cristina de la Torre | Ago 16, 2022 | Agosto 2022, Corrupción, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Su propio ascenso al poder por las urnas y no por las armas es a un tiempo mentís a la religión guerrillera de la lucha armada y principio de acción para su Gobierno y las Fuerzas Armadas. Es salto de la estrategia de seguridad a bala contra la gente, a la de Seguridad Humana por la vida de la gente. Mas, ante el conato de sublevación de un Duque resoplante en su irrelevancia contra el nuevo mandatario elegido por la Colombia plural representada en la Plaza de Bolívar, Petro se hizo acompañar de la espada del prócer. Resultó equívoco el símbolo, bélico, antípoda del camino pacífico que lo llevó a la presidencia. Arma de una libertad que fue más generosa con la elite criolla, imitadora vergonzante del chapetón, que con la “guacherna”. Arma del Bolívar que predicó la Ilustración y emancipó, pero se permitió veleidades como la de su Constitución Boliviana, una propuesta de dictadura con presidente vitalicio. Con todo, prevalecieron la intención de evocar en Bolívar el mito fundacional de la nación y el sueño de que pueda ella un día sustentarse en el pueblo. Y en la paz.
A la política de muertos y muertos inocentes antepone Petro su Seguridad Humana en defensa de la vida, mediante acción integral del Estado contra la violencia en los territorios. Y confía su liderazgo a la nueva cúpula militar. Tareas suyas serán defender los derechos humanos y la paz. Por oposición a la instrucción que en los cuarteles permitió la ejecución de 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008, agrega Petro que el éxito no estriba en el número de bajas sino en las vidas salvadas. El ascenso se concederá ahora por impedir la masacre o el asesinato del líder social o por resultados en pacificación del territorio. Vuelta a la consigna de “la victoria es la paz” y contrapartida radical a la divisa uribista de tierra arrasada a la que Duque sumó una corrupción desbordada.
Conlleva el nuevo enfoque cambios en la normativa militar, acaso inspirados en la doctrina Damasco que el Ejército adoptó en 2011: misión de la tropa será, además de brindar seguridad y respetar los derechos humanos, ponerse al servicio de la comunidad. Para el coronel Pedro Javier Rojas, entonces director del Centro de Doctrina del Ejército, éste debe adaptar sus principios a la cambiante realidad. Lejos de guerra civil o de amenaza terrorista, Colombia enfrenta un conflicto armado sujeto al derecho internacional humanitario. Tras medio siglo de guerra contrainsurgente apoyada en la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría contra el enemigo interno que dio lugar a los peores excesos, era hora de cambiar el enfoque para terminar el conflicto y cifrar la política militar en la paz. Pues bien, en ello se avanzó entre 2011 y 2018, hasta cuando Duque y su partido volvieron a las andadas, sobre un mar de sangre.
Cuando por ventura reconoció excesos, habló de manzanas podridas. Pero el experto Armando Borrero sostiene que la responsabilidad es institucional: ante prácticas tan monstruosas como los falsos positivos, el Ejército debe preguntarse si ellas obedecen a lineamientos de la institución o a fallas de procedimiento. El primer obstáculo a la autocrítica, argumenta, es la politización de las Fuerzas Armadas, tras décadas de lucha contrainsurgente. Fenómeno comprensible en Fuerzas que son políticas por definición, pues encarnan el poder del Estado. Otra, inadmisible, es su politización partidista. Podrá un general batirse en divisa política por la patria; pero nunca participar en debate contra un candidato a la presidencia.
El presidente Petro ha marcado ya su tónica de cambio. En la inflexión de “Seguridad Democrática” a “Seguridad Humana” jugarán los uniformados papel estelar. Como protagonistas en esta revolución de la no violencia, podrán empujar al país hacia la paz y, en tal misión, restablecer el honor mancillado.
por Cristina de la Torre | Ago 2, 2022 | Agosto 2022, Álvaro Leyva Durán, AUC, Conflicto armado, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Gustavo Petro, La paz, Paramilitarismo, Paz Total, Violencia
A la vista de la paz -fin del suplicio que durante 60 años sumergió a Colombia en un conflicto cocinado en la sevicia de todos sus actores- no faltará quien, pretextando rigor, quiera seguir la guerra. Que una cosa es hilar delgado en negociación con armados para prevenir atropellos a la Constitución y, otra, negarle de plano posibilidades a una paz total. Soñar con que pueda todavía hostilizársela con la peregrina, malévola ficción de que por ella cundiría la homosexualidad en los colegios. Acaso sirva asomarse a la devastación que el raudal de asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, despojos, violaciones y secuestros ha causado en millones de colombianos objeto del horror, de crueldades sin nombre.
En libro que estremece por su veracidad y hondura (Sufrir la Guerra, Rehacer la Vida), demuestra el comisionado de la verdad, Saúl Franco, que el conflicto se ensañó en los más débiles. Fueron sus mayores impactos la muerte violenta y la desaparición forzada: ejecuciones extrajudiciales, masacres, asesinatos selectivos. En 813.707 se calculan los asesinados entre 1985 y 2018 (la mitad del período contemplado). Muertes físicas y simbólicas que extienden hacia todos su halo de miedo, desconfianza y zozobra, mientras la barbarie y la deshumanización talan más hondo las heridas. Se prohibió expresar el sufrimiento, enterrar a los muertos, procesar el dolor: tantas veces faltó en la huida tiempo para el último adiós al padre, cuerpo yaciente, muerto sin duelo.
Mas, culpable no fue sólo el Estado por abandonar la población a su suerte y, aún, por violentarla él mismo. Responsables en su cobardía lo fueron todos los que dispararon, torturaron, apuñalearon, descuartizaron, encubrieron. Como en Chámeza, Casanare. En 1992, 500 paramilitares ingresan en el pueblo; amarrado a un palo, torturan hasta matarlo al dirigente campesino Hostilio Salamanca. Al año siguiente, el ELN asesina a una joven por ser novia de soldado; y, en 1994, a Delia Roldán, alcaldesa del municipio y madre de 4 niños. Tres años después, las Farc destruyen la alcaldía y el puesto de policía. En diciembre de 2000 el Ejército detiene y quema vivo a un joven, por ser primo de otros dos a los que también había torturado hasta la muerte. Llega el clímax entre noviembre 2002 y marzo 2003 con la desaparición de 83 personas. Más de la mitad de la población huye en estampida.
Entre paramilitares el entrenamiento enseñaba con frecuencia a desmembrar personas vivas. Machuca y Bojayá, con sus cientos de incinerados, prueban la insensibilidad de las guerrillas para con la población civil. Paloma Valencia escribe hoy: “los paras y la guerrilla fueron y son monstruosos. El Estado cometió errores y atrocidades pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”. “Atrocidades legítimas”, comentó Félix de Bedout.
Por su parte, la desaparición forzada impone a las familias un paréntesis macabro, una tortura que trastorna la vida; la ausencia del ser querido se trueca en presencia añorada que lo invade todo, y paraliza. Del secuestro ni hablar, infamia de infamias cometida contra decenas de miles de colombianos. Con el ganadero Roberto Lacouture completaron las Farc 16 secuestrados en una misma familia.
En esta mar de lágrimas ¿acechará aún el sanguinario que un día indujo con falacias una votación contra natura, contra la paz? Quiera el destino traer ahora una paz total, cifrada en la ley: que la justicia pueda ceder beneficios a quienes informen sobre su quehacer criminal, desmonten sus estructuras armadas y negocios nefandos, reparen a las víctimas, garanticen no repetir el holocausto y se allanen a la pena. Empresa colosal que el Gobierno de Gustavo Petro confía al hombre que ha entregado su vida a buscar la paz y merece el respeto de todos los colombianos: Álvaro Leyva Durán.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2022 | Acuerdos de paz, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Gustavo Petro, Impunidad, Inseguridad Alimentaria, Iván Duque, Julio 2022, Justicia restaurativa, Líderes Sociales, Política agraria, Proceso de paz, Racismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Tierras, TLC, Uribismo, Violencia
Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.
Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara 44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.
Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.
Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.
Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.
por Cristina de la Torre | Jul 19, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Desplazados, Desplazamientos, ELN, JEP, Julio 2022, Narcotráfico, Paramilitarismo, Tierras
Tanto alarde de dignidad ofendida entre empresarios de discutible honradez en el conflicto mueve a sospecha: ¿para salvar la cara y la faltriquera, seguirán endilgando a otros sus culpas? Nuestro paramilitarismo no se contrae a la acción de derechas armadas en la guerra. Muchos empresarios, políticos, militares, funcionarios y narcotraficantes semejan electrones del átomo que gravitan en torno a un núcleo de pistoleros: integran una y misma cosa. Objetivo medular de esta franja de las elites, el poder económico centrado en el acaparamiento de tierras que operó entre ríos de sangre contra el pequeño campesinado. Su presentación política, la lucha contrainsurgente, en un país donde se tuvo por subversivo lo mismo al guerrillero que al minifundista de parcela apetitosa para prolongar un corredor de la droga, para sembrar palma de aceite, para ampliar un latifundio de ganadería extensiva. “Guerrilleros vestidos de civil” fue el mote que lo permitió todo. Surgieron autodefensas, sí, para contener el acoso de la sedición, cuando la seguridad del Estado falló. Pero pronto derivaron en el terrorífico proyecto de despojo y muerte que, al lado de las infamias de las Farc, del ELN y parte de la Fuerza Pública, produjo en Colombia un holocausto.
De tanto padecerlo, ya medio país lo sabía y el resto lo barruntaba. Pero nunca adquirieron los hechos la entidad histórica que el informe oficial de la Comisión de la Verdad les da. Ni la categoría política que el presidente electo les imprime al cooptar diagnóstico y propuestas como divisas de su Gobierno. Contra viento y marea acometen su tarea los órganos de verdad y justicia del Acuerdo de Paz. El mundo registró asombrado dos audiencias históricas de la JEP: en la primera, oficiales de alto rango del Ejército reconocieron responsabilidad en la comisión de los falsos positivos. En la segunda, la cúpula de las Farc reconoció la suya en el secuestro de 21.788 civiles. Ahora se impone la comparecencia de un tercer actor del conflicto: los llamados “terceros” civiles, casi todos empresarios que financiaron al paramilitarismo y, sin integrarse a su cuerpo armado, coadyuvaron a sus crímenes. Y no es que los paramilitares buscaran a empresarios y políticos, que fue de éstos la iniciativa de armar manguala.
Según la Comisión de la Verdad, este empresariado cosechó en el acceso privilegiado a recursos, en la amenaza o eliminación de la competencia económica, en la violencia que el conflicto aparejaba, para multiplicar utilidades. Entre 2011 y 2015 se relacionó en Justicia y Paz a 439 actores empresariales con paramilitares: ganaderos, palmeros, bananeros. Para el comisionado Alejandro Valencia, es en despojo de tierras donde se dibuja nítidamente el acoplamiento de paramilitares, empresarios, políticos y funcionarios: armados masacraban y desplazaban, empresarios compraban a huevo la tierra arrebatada y notarios “legalizaban” la operación.
Díganlo, si no, las confesiones del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP. Probó él la relación del Fondo Ganadero de Córdoba con la casa Castaño en la usurpación de tierras. Reveló nombres de empresarios y autoridades públicas involucrados en el despojo de Tulapas. Se reconoció como testaferro de paras y dio fe de pactos entre estos y la Fuerza Pública. Las tierras despojadas (8 millones de hectáreas) no están en manos de la mafia sino de empresarios y políticos. Si bien Argos y Unibán descuellan como grandes compradores de predios así habidos, el Fondo de marras y Chiquita Brands se llevan las palmas.
Más que aliados de ocasión, numerosos empresarios fueron eslabones de la cadena paramilitar. Para que no se repita la impunidad de los responsables de la Violencia con un pacto de silencio, Colombia pide a gritos también la verdad de aquellos empresarios. Ya es hora.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2022 | Clientelismo, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Julio 2022, Manipulación Electoral, Mintic, Sanción Política, Sanción Social
Planta carnívora del trópico, no se sacia este Gobierno: tritura el estómago de su gente y exprime hasta la última gota del erario para llenar los bolsillos del compadraje al mando. Sin dolor. Sin pudor. A carcajada batiente se robarían $500.000 millones de regalías para la paz con destino a los 170 municipios más atormentados por la pobreza y la guerra. Según El Tiempo, se indagan contratos por $750.000 millones en todo el país, con el mismo origen y patrón. Y el presidente ahí.
Ya su Mintic había hecho la vista gorda mientras traficantes de contratos desaparecían $70.000 millones, y hasta el sol de hoy: la ministra saltó a puesto más lucrativo y la plata se esfumó. Con la supresión de garantías electorales, políticos y contratistas devoraron carnosa tajada de los $4.5 billones en los que se calcula el valor de los convenios interadministrativos suscritos. Y, cómo no, la Fiscalía se estrenó engavetando sonoros indicios de aportes del impresentable Ñeñe Hernández a la campaña de Duque. Por mostrarlos, puso tras las rejas a dos agentes del CTI y evaporó el escándalo que, caso análogo, le habría costado la presidencia a Ernesto Samper. Pero en su boato prestado, va el presidente de turismo por el mundo para desdeñar, desde más lejos aún, las penurias del inepto vulgo, agravadas por el asalto de los suyos a los recursos públicos. Pasará a la historia esta tropilla de salteadores acaso como el gobierno más corrupto que se recuerde.
De la más reciente incursión dan cuenta los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, cuyas revelaciones han conmocionado a la opinión. Apoyada en hechos no rebatidos, sostiene Santos que altos funcionarios de Planeación Nacional, de la Contraloría y parlamentarios conservadores se habrían apropiado dineros del Acuerdo de Paz en coimas y sobornos. Sólo entre junio y diciembre de 2021 se habría perdido medio billón de pesos, mientras Luis Alberto Rodríguez era jefe del DNP y Emilio Archila alto consejero para el posconflicto. El Contralor general Felipe Córdoba, escribe ella, inventó un control previo que habría obrado como presión para que los alcaldes pagaran las coimas.
Las denuncias emplazan al director de regalías, Álvaro Ávila, mano derecha de Rodríguez, entonces director de Planeación y candidato en remojo del duquismo a contralor general. Como en remojo para esa bagatela andan casi todos los implicados en el atraco. Vea pues. Dijo Archila haber reenviado a la Fiscalía correos que comprometían a Ávila; pero nunca elevó denuncia formal a la entidad, que permaneció tan indiferente al estropicio como desapercibido el presidente.
Se comporta este Gobierno como un ejército de ocupación sobre la población más martirizada y sobrelos recursos públicos. Peor aún, devora a tarascadas los de la paz y hostiliza a su destinatario: las comunidades que desesperan en el hambre, el abandono y la violencia. No ve (¿no quiere ver?) a los asesinos de sus líderes (900 en estos 4 años) ni las masacres (261) mientras da lora el presidente en el extranjero pintando fantasías. Revela Maria Bibiana Botero en El Colombiano que antes de la pandemia 70% de los hogares de Antioquia soportaban inseguridad alimentaria; que en el Bajo Cauca la cifra alcanzaba 87% y, en Urabá, 86%. En 17 municipios de este departamento, 8 de cada 10 personas padecían hambre. ¿También se robaron sus fondos de paz?
En su debut como primer mandatario, cooptó Duque la consulta popular de Claudia López, casi 12 millones de votos contra la corrupción, sólo para desaparecerla entre bolas de naftalina; hoy cierra este Gobierno con medalla en corrupción. Si Turbay Ayala propuso reducirla a sus justas proporciones, el aventajado discípulo batió la marca: elevó la corrupción hasta su máxima proporción y la coronó con una felonía: calló mientras se robaban hasta la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2022 | Derecha, Gustavo Petro, Julio 2022, La paz, Paramilitarismo
De la mano del presidente Petro, amagó vuelo el expresidente Uribe desde sus cenizas. Tal vez abrumado bajo el peso de la derrota en las urnas; de su impopularidad; del juicio penal que le respira en la nuca; acaso confrontado por el informe de la Comisión de la Verdad –historia-tragedia de la Colombia reciente en la cual jugó él papel protagónico– se allanó a dialogar con el rival de sus pesadillas. Pero ofreció una salida decorosa: oposición civilizada. Opción que la democracia agradece, refuerza la legitimidad del Gobierno entrante, le devuelve al expresidente espacio político y lo exime de la deshonra que enloda a los partidos que quisieron venderse en su ocaso por cualquier gabela. Derecha logrera, sepulta sus programas para suscribir los del hostilizado demonio, y su paz, proyectada sobre el mismo diagnóstico de la Comisión de la Verdad. Mas el Centro Democrático parece dividir hostilidades contra la Verdad desde dos flancos: desde Uribe (el policía bueno, por ahora) y desde Duque (el policía malo, rol que desempeña sin esfuerzo).
En desplante a las víctimas propio de villanos, faltó Duque a la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad. Remachó con su desdén la inveterada tesis de la derecha según la cual no hubo aquí conflicto armado sino cruzada de una democracia pulquérrima contra terroristas. Terrorista pudo serlo cualquiera que pensara a su manera, y en ello le iba la vida. El enemigo interno. “La verdad -dijo Duque- no puede tener sesgos ni ideologías, ni prejuicios… En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la Ley y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”. El propio Uribe había acusado a la Comisión de obrar con sesgo político.
Para el comisionado Saúl Franco, no obstante, “este conflicto es político porque se desarrolla en la lucha por el poder. La verdad no es sólo lo que acontece, hay que analizar sus porqués y eso es lo que a veces llaman carga ideológica. Los informes señalan responsabilidades colectivas de todos: de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública”. Los hechos abruman: 700.000 muertos desde 1958, la mayoría civiles; 121.000 desaparecidos; 50.777 secuestrados sólo en los últimos 30 años. Por el 45% de los muertos responden paramilitares, por el 21% guerrillas, y por el 12% agentes del Estado. La desaparición forzada debutó en el Gobierno de Turbay como práctica contra insurgente de las Fuerzas Armadas. En los 90 la cooptaron los paramilitares y en la primera década del 2000 fue ejercicio masivo. Los falsos positivos alcanzaron su apoteosis en el Gobierno de Uribe: 6.402 casos.
Las ofensas de Duque son catedralicias. No va al acto oficial de la Verdad y sí, en cambio, a otro de sus convites de autobombo con los amigos, cámara, luces y acción: en intercambio de preseas con Barbosa, distinguió al fiscal Jaimes con la condecoración más preciada, la Enrique Low Murtra, magistrado asesinado por la mafia. Su nombre engalana ahora la solapa del hombrecillo que, humillando la testa ante Uribe (imputado por presunta manipulación de testigos en un caso asociado a paramilitares) levitó sobre mil pruebas y pidió archivar su caso. Y el presidente, copietas de los napoleoncitos que desfilan sobre alfombras rojas por las páginas de la novelística latinoamericana, lo cubrió de flores. De altisonancias que convierten la cicuta en agua de rosas.
Bienvenida la oposición “razonable” de Uribe, aunque le permita a su pupilo pervertirla. Millones de colombianos esperan con ansia el cambio, y éste empieza por la verdad que conduce a la paz. Por la verdad que duele en el sufrimiento inenarrable de las víctimas, y por el peso moral que ella siembre en los responsables de esta tragedia nacional.
por Cristina de la Torre | Jun 28, 2022 | Junio 2022, La paz, Proceso de paz
Rogó y sus ruegos cayeron en el vacío. Suplicó a los jefes y su súplica se extravió en un socavón de crueldad: no concedieron las Farc el permiso que Andrés Felipe Pérez añoraba para despedirse del padre plagiado por esa guerrilla. Dos dolores lo consumieron hasta el aliento final, el del cáncer que avanzaba a zancadas en su cuerpo de niño, y el del adiós prohibido. A poco, asesinaron los captores al papá, cuando quiso escapar de la mazmorra. Tal vez el cadáver de José Norberto Pérez se refundió entre despojos de los 1.860 secuestrados-desaparecidos de las Farc. Botón de muestra de la villanía que en su guerra ostentó ese grupo armado, ventilada en audiencia de reconocimiento de responsabilidad que, a instancias de la JEP, enfrentó a la cúpula de la extinta guerrilla con sus víctimas.
En sesiones públicas cargadas de sentimientos encontrados, estallaron la rabia y el dolor largamente embozados por hijos, padres, hermanos del soldado, del campesino, del ingeniero, del político arrastrados a un infierno que culminó en muerte o en desaparición. Pero afloró también la blandura hecha solidaridad entre deudos, lágrimas de guerrillero que se reconoció responsable, perdón pleno o condicionado a la verdad completa. Anyela, hija del militar desaparecido Víctor Sierra, pudo decir “suelto la maleta del dolor y brindo el perdón”.
No así Sigifredo López, único sobreviviente de la matanza de once diputados del Valle. No basta con pedir perdón –dijo–, las víctimas ya perdonamos; pero si ustedes quieren que la sociedad los perdone tienen que pensar en la dimensión política del perdón y en la dimensión económica de la reparación. En nombre de la libertad secuestraron ustedes, y en nombre de la vida asesinaron. Lo sucedido –acotaron varias víctimas– fue ensañamiento en la sevicia comparable al del nazismo.
Asesinato, tortura, trabajo forzado, violencia sexual, desaparición muchas veces por desmembramiento de la víctima concurren al cuadro de infamia que en nombre del pueblo tejió esta guerrilla alrededor del secuestro. Crimen abominable contra la humanidad de la persona, reavivado en la cadena que durante 13 años oprimió el cuello del sargento César Lasso y exhibió éste en el escenario mismo de la audiencia. Reveló que desde el momento de su captura le advirtió el Mono Jojoy “esta será su compañera”. Y así fue. En largo, interminable trecho de mi vida me oprimieron el cuello estas cadenas de ignominia. Al coronel del Ejército Raimundo Malagón, 10 años secuestrado, lo tuvieron 20 meses encadenado entre dos árboles, en castigo por intentar fugarse. El propio Julián Gallo, miembro de la cúpula guerrillera, refirió el plagio de cinco trabajadores de una cooperativa, a cuatro de los cuales mataron y al quinto lo instalaron en un vehículo cargado de explosivos que debía explotar en una base militar. A qué mentes, si no a mentes enfermas, se les ocurre eso, se preguntó escandalizado.
Timochenko y sus compañeros reconocieron responsabilidad de la dirección de las Farc en el secuestro de las 21.396 personas que se le atribuye a esa guerrilla, en las torturas infligidas a sus víctimas, y pidieron perdón. No fueron errores, puntualizó Pastor Alape, sino horrores del grupo armado. La rigurosa magistrada que lleva el caso en la JEP, Julieta Lemaitre, se permitió no obstante un mohín del alma: “ver al secuestrador y al familiar darse la mano, me estremece”. Rescata así el otro fin de la justicia transicional, la reconciliación. Se suma este hito, providencialmente, a los vientos de cambio que soplan en la nación desde el 19 de junio, cuando mujeres, juventudes, organizaciones sociales, partidos y las comunidades discriminadas de medio país, los nadie, se disponen a suscribir un pacto histórico por la justicia social y por la paz. Cambia Colombia.
por Cristina de la Torre | Jun 21, 2022 | Capitalismo Social, Economía extractivista, Economía productiva, Estado de Derecho, Francia Márquez, Gustavo Petro, Industrialización, Junio 2022, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reformas liberales, Violencia
El arribo de Gustavo Petro a la presidencia del único país del subcontinente que jamás tuvo gobierno de izquierda marca el fin de una era en la historia de Colombia: declina la hegemonía de las fuerzas más conservadoras que edificaron su poder sobre el sojuzgamiento del pueblo, a menudo por la violencia. Somos sumatoria de resistencias y rebeldías contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad, exclamó el elegido ante miles de seguidores que entre vítores y lágrimas lo aclamaban. Pero el ciclo que comienza no amenaza, como muchos temían, el sistema democrático-capitalista. Al contrario, persigue una democracia más amplia, un capitalismo social y, eso sí, llama a cuentas al establecimiento: a las élites y grupos de interés que usurpan los poderes del Estado y de la sociedad en provecho propio, sean politicastros; uniformados dados a la corrupción; especuladores con la tierra; contratistas, negociantes y avivatos que pasan por empresarios o por ministros, tantas veces aliados de delincuentes y paramilitares. Mientras mentores de la derecha delinquen y burlan la ley, Petro, el subversivo de ayer, defiende el Estado de derecho contra los muy prestantes insubordinados de hoy. Y Francia Márquez brilla en la dignidad reconocida de los nadie, que lo son casi todos en este país.
El programa del nuevo presidente respira el élan de las reformas liberales que López Pumarejo formuló en su Revolución en Marcha y cuya punta de lanza, la reforma agraria, ahogó la reacción en sangre. Educación pública y laica, defensa de los trabajadores, Estado intervencionista, reforma tributaria progresiva, función social de la propiedad, industrialización, reforma agraria fueron pautas de cambio frustradas en un todo o mutiladas. Según Hernando Gómez Buendía, este programa bien pudo convertirnos en un país capitalista, pero no llegó lejos por no existir aquí el sujeto histórico que en otras latitudes lideró la revolución burguesa. No tuvimos empresarios –escribe– sino negociantes (los primeros innovan, los segundos se contentan con vender a sobreprecio). Será el reino del rentismo.
Petro ofrece, por enésima vez, desarrollar el capitalismo en Colombia. Lo cual supondría superar las mentalidades atávicas del mundo feudal y esclavista que perdura entre nosotros, construir la democracia asegurando también el pluralismo económico. Transitar de la economía extractivista a una economía productiva que cree empleo: en aras de una mayor igualdad, producir para redistribuir. En sintonía con el liberalismo avanzado, propone devolverle al Estado su función social. Contrapartida del modelo al uso de Estado mínimo regido con lógica de empresa privada que comprime costos para elevar utilidades… que los uñones de siempre se roban. Su propuesta de renegociar el TLC con Estados Unidos para mejor proteger la economía doméstica y lanzar estrategias de industrialización y seguridad alimentaria evoca la política de sustitución de importaciones que Carlos Lleras llevó a su apogeo.
El bloqueo sistemático de las reformas que el liberalismo de avanzada ventiló hace un siglo, y de las que medran hoy, ha fundido en hierro un modelo que se resuelve en hambre para la mitad de los colombianos. Tocarlo le resulta a cierta dirigencia subversivo. Pero el país mutó, augura el fin de una historia de oprobio. Entre todos, dirá Petro, debemos reunir en una las dos Colombias que el sectarismo y el odio crearon. No vamos a usar el poder para destruir al opositor –promete– éste será siempre bienvenido en la Casa de Nariño, para concertar soluciones a los grandes problemas del país. Diálogo con todos, hacia un Gran Acuerdo Nacional para vencer las desigualdades más groseras, garantizar los derechos y asegurar la paz: he aquí la marca del ciclo político que el presidente Petro inaugura. Un viraje histórico.
