Colombia se juega su democracia

No es el miedo como recurso al uso para restarle votos. Es que la inclinación de Rodolfo Hernández a la violencia, su aversión a la ley, su confesa pasión por el paladín del fascismo, revelan una vocación toreada en larga vida de político y negociante con pocos escrúpulos, que se decanta ahora como amenaza al Estado de derecho. Casado con los mandamases de la derecha, convertiría en ejecutorias de gobierno sus arrebatos de ningunear al Congreso, descalificar a los jueces, abofetear a sus críticos, agredir a la prensa y a los funcionarios públicos y “limpiarse el c… con la ley”. Tiene ya redactado un decreto de conmoción interior para mandar a sus anchas –como Maduro o Bolsonaro– mientras obran (ha dicho con picardía) los controles de la Corte Constitucional. Serían medidas de lego en asuntos de Estado y de país, emitidas en el deslumbramiento del voto de opinión. Al amparo de la soberanía de un pueblo hastiado de la podredumbre de sus dirigentes que, sin el filtro de las instituciones de la democracia liberal, sin el control de los poderes públicos al poder del gobernante, podrá terminar como materia maleable en manos de un líder en carrera sin freno hacia la autocracia. Casos abundan.

No se ha curado todavía Colombia del Estado de opinión de Álvaro Uribe, escuela que Hernández recoge para que en él recupere su resuello el uribismo. Manipulación de masas en favor de Fujimoris y Chávez y Bukeles y Uribes, forjada en la suplantación de la realidad por la propaganda; en trampas de alto vuelo, como la del referendo que negó la paz porque sus defensores dizque querían convertir en gais a los niños del país. Es que no le basta a la democracia con la soberanía popular que el voto expresa. Este principio de igualdad en la voluntad general ha de complementarse con el de libertad, en las instituciones y dispositivos de la democracia liberal: con la separación de poderes; el imperio de la ley; los derechos individuales; el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, el pluralismo (social y de partidos) y la rotación pacífica del poder. Hernández parece justificarse en el solo apoyo electoral y desestimar el componente institucional de la democracia liberal.

Expediente capaz de trocar la crispación del país en explosión social. Con buen tino invita Petro a pactar entre el gobierno y la oposición venideros –sean cuales fueren– reformas en modelo productivo, en consolidación de la paz y en respeto pleno de los derechos humanos; sin las cuales mostraría la revuelta sus orejas a la vuelta de la esquina. Se suma Humberto de la Calle a la iniciativa para aceptar el resultado electoral; respetar la Constitución y los fundamentos de la democracia, desechando todo camino extraconstitucional; preservar el modelo de economía abierta con intervención del Estado hasta donde la Carta lo autorice. Y conformar una bancada parlamentaria que permita aplicación íntegra del proceso de paz, disminución de la crisis social, reforma tributaria progresiva y una política de eliminación de combustibles fósiles. 

Acuerdo trascendental si de evitar la violencia se trata. Pero sin eliminar la libre expresión de los partidos y de la sociedad sobre estas u otras iniciativas. Tan deseable será propender a un acuerdo sobre lo fundamental como legitimar el conflicto ideológico y político dándole curso por los canales de la democracia. Tan legítimo deberá ser el consenso en los principios medulares de la democracia, libertad e igualdad, como el disenso en los formatos que se les puedan dar. En la esperanza de que Hernández termine por suscribir en un todo los principios e instituciones de la democracia, sugiero votar por el candidato que propone desde ya este pacto histórico, el verdadero cambio: Gustavo Petro. El 19 de junio nos jugamos la democracia.

En Hernández reencarna el uribismo

Ni desaparecieron los partidos tradicionales y sus maquinarias; ni se desplomó la hegemonía de las élites que gobernaron siempre para sí; ni culminó la era de Uribe, líder indiscutido de la derecha más recalcitrante y violenta que hoy se suma con toda naturalidad al arrebatado personaje en quien reencarna: Rodolfo Hernández. Claro, no pasaron los partidos y las élites por esta prueba sin sacudirse, y es primera vez que se hunde el candidato del establecimiento. Pero fue un naufragio con salvavidas. Con suplente. Concebido de antemano por Uribe que, mañoso y desleal como suele serlo, puso a la vez un ojo en Gutiérrez y el otro en Hernández. Pero, sobre todo, porque las zonas que habían votado contra la paz y luego por Zuluaga y por Duque se volcaron ahora sobre el santandereano. 

En pos de la flauta que más sonó, la identidad ideológica al mando, marchan triunfales Uribe, Pastrana, César Gaviria, los Char y los Géneco y los 45 clanes políticos anclados en alianzas non-sanctas y en la robadera, cierran filas, digo, con el héroe de la gesta anticorrupción, que enfrenta sin embargo juicio por corrupción. Acaso por tácito acuerdo entre las partes, en aras de la discreción y la decencia, les pusieron sordina a las trompetas en esta marcha de la victoria: el triunfo definitivo de Hernández se cifra en mantener la ficción de que “yo les recibo los votos pero no les cambio el discurso”. Diferencias de programa no habrá porque programa de este candidato no hay. Como no sea el de ocasión, para llenar formalidades, que le redactaron a la hora de nona usurpando el muy elaborado de Petro. Un programa abiertamente contrario la los dichos y a los hechos del susodicho. Tampoco se verán diferencias en el lenguaje, que todo lo dice de la política: no media mucho entre “le rompo la cara, marica” y “le pego su tiro, malparido”.

Por interés indebido en la celebración de contratos, delito de corrupción en la administración pública, fue llamado a juicio el ex alcalde de Bucaramanga. La misma proclividad al enriquecimiento sin escrúpulos se infiere de sus propias confesiones: “yo mismo financio los edificitos que hago y cojo las hipotecas, que esa es la vaca de leche. Imagínese, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia”. Se lee en The Economist que en su campaña por la alcaldía prometió 20.000 casas para pobres y no entregó ni una. De sus ataques a los derechos de la mujer, ni hablar: a ellas les reserva la casa, a ellos, la vida pública.

Si la violencia del lenguaje y de la conducta dicen de su natural autoritario, más elocuente resulta la declaración de que para gobernar no necesitará del Congreso. Voy a declarar conmoción interior –anuncia– y reto a la Corte a contrariarla. Ya tiene preparada la medida, que le permitiría gobernar por decreto, a la manera de las dictaduras: podrá restringir libertades y derechos ciudadanos, intervenir la prensa, detener a personas por sospecha de que alterarían el orden público, suspender alcaldes y gobernadores, modificar el presupuesto nacional, cambiar procedimientos de justicia y de Policía. Se comprenderá su apasionada admiración por Hitler. ¡Qué miedo!

Por lo visto, con Hernández el cambio consistiría en abrazar, sotto voce, a los supuestos náufragos del poder. A la abominable franja de políticos fogueada en mil aventuras de corrupción, de abuso de poder y sabotaje a la paz, que medraría bajo el ala de su presidencia, si llegara a conquistarla. Azarosa apuesta para un “outsider” que funge como candidato del abanico entero de la derecha: del Centro democrático, de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical. Y de los despojos del Centro Esperanza que, perdido todo decoro, se arriman al aquelarre. Pero si Hernández pierde, sí será un desastre para la política tradicional.

Es hora de un nuevo pacto social

En estas elecciones resuena un movimiento de placas tectónicas en la política, un enfrentamiento de fuerzas contrarias que, siempre encubierto por la rivalidad entre los partidos tradicionales, cobra por vez primera vida propia como real opción de poder. Pese a las altisonancias de lado y lado en la campaña, el mentor del cambio no busca la revolución sino la reforma. Tan atornillados han quedado el capitalismo salvaje y sus favorecidos, que la más leve enmienda les resulta anatema. Escándalo. Amenaza demoníaca contra la democracia y la propiedad. Pero lo mismo agonizan los partidos del establecimiento que los de la izquierda ortodoxa. La nueva izquierda rompió con el comunismo y viró hacia la socialdemocracia; la paz con las Farc la liberó del dogma estalinista y podría ahora ocupar la silla de Bolívar. Gracias también a la solidez de las instituciones que a pesar de sus vacíos sustentan la democracia en este país, una involución al comunismo es sólo fantasía de propaganda que las élites más retardatarias menean, por ver de conservar sus privilegios.

No es homogénea la clase dirigente. Teme el gran empresariado al cambio de modelo económico que Petro traería, sí, pero sus posturas van de la coacción delictiva a la discusión democrática de una estrategia de desarrollo. Mientras un canallesco Sergio Araújo impone el voto a sus empleados so pena de cortarles el trabajo, Bruce MacMaster y María Claudia Lacouture –presidentes de Andi y de Aliadas– sorprenden al abrir diálogo con quien resulte electo presidente. El primero propone una estrategia de doble carril: superar la pobreza y robustecer al empresariado, mediante refocalización de los subsidios del Estado y una política integral de desarrollo industrial. Petro comparte esta perspectiva. Con matices. Sostiene que el modelo económico ha de afirmarse sobre la producción nacional en el agro y la manufactura y no en la explotación de hidrocarburos, que deberá declinar con el tiempo. Propende (con Carlos Lleras) a la sustitución de importaciones, mediante protección temporal de la producción propia. Reindustrializar, empezando por renegociar el TLC.

Es que este nsancha la desindustrialización del país, ahonda su déficit comercial y compromete su seguridad alimentaria. En 10 años del Tratado con Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese país se redujeron a la mitad.  Sus inversiones aquí son en el sector energético, ni crean empleo ni arrojan beneficio financiero significativo. Por eso propone Petro renegociarlo: para relanzar la industrialización y el desarrollo agrícola, escoltados por una banca pública y de fomento en los sectores productivos de la economía, por una reforma tributaria progresiva y sin impuestos (o muy pocos) a las empresas. 

Recaba Lacouture en la necesidad de un propósito común de Gobierno y empresarios labrado en diálogo democrático entre las partes. Si se convidara también a los trabajadores, ¿no se configuraría el modelo de planificación concertada que en un tiempo se ensayó y que rigió en el Estado social de Europa y Norteamérica? Impacta la comparación de Marcela Meléndez, del PNUD, entre Colombia y Finlandia, países que 1975 ofrecían el mismo nivel de desarrollo. Hoy el hambre hermana a nuestro país con Haití, mientras el escandinavo presenta uno de los mayores PIB del mundo. “La gran diferencia, escribe, está en una élite que entendió el desarrollo y la igualdad como una ventaja para sí misma y que, en cambio (de proteger) espacios privados para su propio bienestar (impulsó) la construcción de un país igual para todos”. He aquí el principio socialdemócrata que inspira a Petro, pilar de un nuevo pacto social que arranque a Colombia del sufrimiento y la miseria. Construido en hermandad de compatriotas y sin la sangre que toda revolución acarrea.

El legado que Gutiérrez defendería

Un desastre. El candidato de Uribe, de los clanes políticos, de los combos y la derecha en gavilla, prolongaría de buen grado este régimen de Duque, que no sólo ignoró las urgencias de siempre, sino que las agravó, y terminó por desbarrancarlo todo. Degradó el Estado a fiesta de compinches en el Gobierno para robustecer la sociedad del privilegio y atropellar los derechos humanos, la Constitución, la Ley, las instituciones de la democracia. A golpes de fuerza, de estulticia y vanidad, no gobernó para los colombianos sino para figuración de los amigos, que ocuparon todas las posiciones de mando y no vieron (¿no vieron?) el saqueo del erario. En el deslumbramiento del poder inesperado y su complacencia en la arbitrariedad, mutó el aprendiz en autócrata. 

Burló las disposiciones de los jueces; neutralizó por cooptación los órganos de control; supeditó la Fuerza Pública al capricho de sus mentores; permitió avanzar en el aniquilamiento del liderazgo comunitario; su Esmad cobró la vida de 80 manifestantes en protesta social; recibió un país a punto para la paz y lo devolvió en guerra; reanudó los falsos positivos, una infamia que aturdió al mundo; elevó la pobreza consuetudinaria a azotaina del hambre. Y dio alas de águila a la corrupción: última hazaña, derribó el muro de contención al alud de contratos públicos en campaña, acaso para malversar casi cinco billones de pesos, 70 veces los 70 mil millones que la ex ministra Abudinen permitió robarle al Mintic.

No todo es mérito de Duque, claro. En la crisis de hoy pesan la tradicional confluencia de política, abuso y violencia, y décadas del modelo de mercado que extremó las inequidades. Pero sobre este telón de fondo la acción del Gobierno (y sus omisiones) terminaron por jugar papel estelar. Sacando del sombrero Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, destruyó Duque los controles sobre su Gobierno e hipertrofió, aún más, el poder presidencial; así hirió de muerte el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho, y soltó riendas a la corrupción y la impunidad. Dígalo, si no, la abusiva suspensión de alcaldes por la procuradora que saltó del gabinete del presidente al órgano que debe vigilarlo. O el burdo favorecimiento a un expresidente sub judice, mentor del primer mandatario, por la Fiscalía que su condiscípulo y amigo preside.

Se insubordina el presidente contra la política de paz del Estado, pensada en función del cambio, y la reduce a famélico proyecto de gobierno. Como lo proclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Contrae la construcción de la paz a un militarismo sin reformas. E incurren sus hombres en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo mismo bombardean “máquinas de guerra” de 14 años de edad que obran apenas contra el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, 97 sólo en los cuatro primeros meses del año. Entre 2020, 2021 y estos meses, se acumulan 223 masacres (Indepaz).

Duque convierte su Gobierno en vaca lechera de los amigos y sus familias. Revelan Noticias UNO y Cambio que la Universidad Sergio Arboleda, claustro del presidente y del fiscal, ha recibido contratos públicos por $90.000 millones. Su exdecano y exfiscal adhoc, Leonardo Espinosa, denuncia manejos irregulares del rector, Rodrigo Noguera. A quien se señaló también de tráfico de influencias. Si, todo queda en familia, nada pasa.

El agudo periodista Santiago Rivas denuesta la codicia de quienes hoy controlan el país. Vampiros los llama, porque “drenan al país de su sustento vital”. Quien llegue a presidente, agrega, tendrá que recoger los escombros de este Gobierno desastroso. Si Gutiérrez, digo yo, sería para rearmar este legado de oprobio. Tal como lo sugiere la afinidad de su historia y su persona con lo más estentóreo del duque-uribismo aquí esbozado.

Hambre y violencia

He aquí los brazos de la tenaza que este Gobierno apretó hasta desencadenar una crisis social sin precedentes en décadas. Mientras el crimen organizado controla a sangre y fuego territorio y población en la tercera parte del país –como lo probó el paro armado del Clan del Golfo–, en Medellín, segunda ciudad de Colombia, parece cogobernar con las autoridades, y el gran capital hace la vista gorda. En grosera concentración de la riqueza que se traduce en una o dos comidas diarias para el 30% de los paisas, la cúpula del empresariado antioqueño alardea del “milagro” de Medellín. No oye la balacera de combos y organizaciones armadas que así someten a las comunidades desde su propio seno. Ni registra el viraje en boga de grandes corporaciones que en el mundo amansan el orgiástico principio de la ganancia a toda costa y se proyectan hacia un capitalismo social. Es en la desigualdad y en la penuria donde fructifica la violencia. Se sabe. Los investigadores Alcides Gómez, Hylton y Tauss describen el paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a escala industrial y, por otro, capitalismo desenfrenado. Gestión institucional moderna y dominio del crimen organizado. Coexistencia de dos formas del capital: una lícita, otra ilícita.

Mas no se contrae el caso a Medellín. El paro del Clan del Golfo, escribe Gustavo Duncan, fue demostración de fuerza de quienes gobiernan de facto en más de una región, y de la incapacidad del Gobierno para apersonarse de la seguridad. Abundan los armados que controlan territorios enteros y a su gente mediante milicias que vigilan e imponen su ley con puño de hierro. Para revertir la situación, no sirve ya el modelo de derrota militar de un ejército insurgente. Ahora se trata de desmantelar estructuras armadas vinculadas al crimen que viven en el seno mismo de la comunidad y guardan el orden interno. Se impone, dice Duncan, un trabajo de inteligencia para judicializar a los facciosos y un despliegue de fuerza pública por el territorio entero que ofrezca protección y garantías a la población.

Para Gómez et al, el cambio en Colombia tendría que empezar por Medellín, asiento de una élite económica poderosa y de mafias que a menudo cogobiernan con la administración municipal. Aquí el capital ofrece niveles extremos de concentración. Han perpetuado sus agentes el poder mediante el control de la política, de autoridades públicas, de regímenes jurídicos, de derechos de propiedad, de la política económica. El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), gobierno de facto no elegido e inamovible, representa hoy el 7,1% del PIB nacional y paga impuestos irrisorios, mientras la precariedad impera en todas las comunas que rubrican con su hambre el “milagro de Medellín”. Contraste violento que es fuente de desigualdad y caldo de cultivo para el reino de la ilegalidad. Por su parte, las mafias organizadas en torno a la Oficina de Envigado –agregan nuestros autores– supervisan la vida cotidiana de la gente en media ciudad; cierran vínculos con la autoridad, con la política y con el mundo de los negocios, financiando alguna campaña y lavando dinero de la droga.

De candidatos para el cambio se espera la solución: depositar en el Estado el monopolio de la fuerza y de la ley. Pero, además, combatir el abandono y la miseria en los que la violencia y el crimen germinan, transformando el modelo de desarrollo. Saltar del rentismo y la especulación –religión del privilegio– a la producción intensiva en el campo y a la industrialización, catapultadas por la aplicación en ellas de ciencia y tecnología. Su efecto probado en 70 años de Estado social: redistribución decorosa del ingreso y tasas crecientes de empleo formal. Empezando por conjurar el hambre y el recrudecimiento de la violencia, vergüenzas sólo dables en regímenes despiadados como éste que Duque impuso.

Civiles y militares: la historia toma nota

La peligrosa incursión del general Zapateiro en esta campaña electoral no es un exabrupto. Resulta de un proceso intermitente de politización en las Fuerzas Armadas, que transforma su función constitucional de asegurar la integridad del Estado y del conjunto de asociados en instrumento de un gobierno o de un partido. Para apretar con puño de hierro no sólo al insurrecto armado sino a todo el que reclame, aun por las buenas, o discrepe de la camarilla en el poder.  Debuta el engendro con la dictadura de Ospina, que desencadena la Violencia en grande a mediados del siglo pasado; renace con impronta de dictadura del Cono Sur en el Estatuto de Seguridad de Turbay; se viste de epopeya patriótica escrita a dos manos con el paramilitarismo en la Seguridad Democrática de Uribe, y desemboca en la Ley de Seguridad Ciudadana de Duque: protocolo jurídico del régimen que ahoga en sangre la protesta popular, se apaña al exterminio de líderes sociales y sabotea la paz.

Bien ha cumplido su cometido la doctrina del enemigo interno en esta democracia tan ajena al golpe militar como inclinada a excluir y perseguir –aun por las armas– a quien profese ideas distintas de las consagradas en aquellos gobiernos. Hasta señalar al contradictor político como guerrillero vestido de civil, ominosa generalización que matricula a todo librepensador en las filas de la subversión. Y procesa por terrorismo a líderes de la protesta callejera.

No siempre disparan los militares motu proprio sino por orden del poder civil que, en virtud del estado de derecho, prevalece sobre ellos. Pero en Colombia ha usado y abusado el poder político de quienes portan las armas de la república, en defensa de intereses particulares o de secta pintados de cruzada por la democracia. Más allá del general que tolera el espectáculo de sus aliados paramilitares que juegan fútbol con la cabeza de sus víctimas; más allá de quienes ejecutaron la más pavorosa matanza de inocentes, los falsos positivos, medra la crítica de oficiales inconformes con la manipulación de los uniformados por el gobierno de turno.

En agudo libro sobre identidades en la oficialidad, el capitán (r) Samuel Ignacio Rivera resiente el estigma que pesa sobre el Ejército. Por su histórica propensión a fungir como centinela del gamonalato y sus haciendas. Por su pérdida de neutralidad como fuerza del Estado, para transformarse en fuerza de choque de los gobiernos conservadores durante la Violencia. Por su sesgo contra el pueblo, tenido por enemigo interno. Por su condescendencia con políticas de seguridad que se resolvieron en ejecuciones extrajudiciales. Y, digamos, por el pésame del comandante del Ejército, a la muerte de Popeye.

Sí, a Ospina se remonta la historia, pues éste trocó a Ejército y Policía, las fuerzas de seguridad del Estado, en fuerzas de choque al servicio del Gobierno y contra la oposición política. Lleras Restrepo lo acusó de destruir la imparcialidad del Ejército y su condición de árbitro. Fue grave causa de la Violencia. Y en 1.962 señaló el general Ruiz Novoa en debate parlamentario que no fueron las Fuerzas Armadas las que incitaron a los campesinos a matarse para ganar elecciones, sino los políticos. Treinta años después, la seguridad draconiana de Turbay se justificó en el demencial robo de armas al Cantón Norte por el M19. Reaccionó en defensa del Estado, pero proyectó la feroz represión a la oposición legal a su Administración. El uribismo emularía después estos modelos de fuerza.

Dijo Alberto Lleras que tan grave es la indisciplina de un militar contra un gobierno como la indisciplina a favor del mismo, pues siempre redunda en violencia. Dudará Zapateiro entre prestar oídos a los cantos de sirena de la Mano Negra, o bien, restablecer su honor de soldado como guardián de la democracia. La historia toma nota.

Entierro de tercera al Partido Liberal

Tahúr de todos los casinos, César Gaviria entrega los despojos del Partido Liberal a la ultraderecha que respira en Federico Gutiérrez. Ofrece una baraja engalanada con la vieja doctrina liberal, pero oculta en ella sus cartas de gula burocrática. Dizque para salvar la democracia, elige a Duque y ahora repite  adhesión al candidato de Uribe, héroe del régimen que produjo 6.402 falsos positivos y destruyó la neutralidad política en una fracción sustantiva del Ejército. Dobla Gaviria la rodilla ante el candidato que aprueba los golpes del general Zapateiro a la Constitución, mientras exoficiales de la Fuerza piden perdón por responder a una estructura criminal que el poder supremo habría instalado en su seno entre 2006 y 2008 para asesinar a miles de inocentes. En audiencia sin precedentes en procesos de paz en el mundo, diez exmandos militares reconocieron horrores que, en palabras del coronel Gabriel Rincón, fueron “el desenlace de la política de seguridad democrática”.

Pretende Gaviria devolverle a su partido “el protagonismo del cambio”, la ejecución de “las cirugías mayores que el país demanda”, formalizando adhesión –no alianza negociada– a la aplanadora infestada de garrote y  robadera que rodea a Gutiérrez. A la reacción en pleno, representada en los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y, de seguro, Colombia Justa Libres, que se la juega, esta vez también, por mantener a la brava el estado de cosas que se ensaña en las mayorías. En las bases mismas de estas colectividades. Caso al canto, una es la dirección del Partido Liberal, otro el sentir de la masa liberal.

Pero más de un astuto a la caza de símbolos de centro esperaría que este apoyo rompiera el estigma de exclusiva representación de las derechas en Gutiérrez. Estigma que ya reverbera en el natural retardatario del candidato mismo. ¿Vana ilusión? Acaso pese menos en el bloque de marras el imaginario progresista de la retórica de Gaviria, que su contrario: de pronto, por falsificado, fabricado para la ocasión, desaparezca aquel imaginario entre las tinieblas de la caverna. De la coalición que desoye el estallido social y transforma a la oposición en pretexto para remachar el paradigma de violencia, pobreza, corrupción y desigualdad que Duque extremó y Gutiérrez podría prolongar.

Ya aparecen los idus de mayo: el silencio atronador del presidente, de su Gobierno, de los cooptados órganos de control ante la más dolorosa audiencia de verdades sobre la comisión de falsos positivos, cuyos implicados políticos marchan por su vida de privilegios levitando en olor de impunidad, sin romperse ni mancharse. Ayer sentaron a Duque en el solio de Bolívar, hoy querrán sentar a Gutiérrez. Muñecos de cuerda con cara de yonofuí, elegidos con ayuda del que hoy se dice jefe en rango de López Pumarejo, de Gaitán, de Galán.

Diez exoficiales del Ejército reconocen por vez primera ante sus víctimas, ante la sociedad y la justicia, la comisión de delitos atroces denominados falsos positivos. Declaró el coronel (r) Santiago Herrera, excomandante de la Brigada XV, que usaron las armas de la república para asesinar inocentes mediante una estructura criminal que él implementó por presión de altos mandos de la institución. “Yo asesiné cobardemente, por tener contento a un gobierno”, se dolió Néstor Gutiérrez.

Crímenes horrendos que los partidos tradicionales han contemplado con más indiferencia que indignación. La élite liberal, en particular, acaso porque había fundido al partido con el conservadurismo, mientras su base se fundía con la masa de los nadie. Con el sabotaje de César Gaviria a la candidatura de Humberto de la Calle en 2018 perdió el liberalismo su oportunidad de elevar un estadista de talla mayor a la Presidencia. Y ahora le da Gaviria a su partido entierro de tercera.

Hipocresía

No terminaba Petro de ofrecer en bandeja el monumental disparate de congraciarse con maleantes cuando conspicuos adelantados de la derecha tronaron en la hipocresía que los distingue. Más de uno incurso en prácticas y  relaciones peligrosas, subjudice alguno, vociferaron y se rasgaron las vestiduras para condenar la iniciativa de perdón social del dirigente de izquierda; nombre con el que éste designaba la propuesta de amnistía general lanzada por Uribe un año atrás. Expresidentes, fiscal, candidato de la derecha y dignatarios de su campaña explotaron exultantes el golpe de opinión de la trampa que le habían tendido a Petro, mediante documento apócrifo que circulaba en La Picota. Y el de la inveterada compulsión del candidato a lanzar globos al aire. 

Celada y autocelada. Si hubo complot a dos manos por la derecha armada y la desarmada, quedaba asimismo en entredicho la consistencia ética y política de Petro. No sólo arriesgaba él su victoria electoral sino que podía afectar la primera opción de poder a la mano de la izquierda democrática en 200 años. Envanecido, ciego, responde Petro a los arrebatos de su natural narcisista, que encarna a veces en el lenguaje corporal de muelle abandono y desprecio por la audiencia.

Para Federico Gutiérrez, supuesto oficiante de pactos con la Oficina de Envigado y prosélito de este Gobierno –el más corrupto que se recuerde–, la oferta de Petro es un “descalabro moral”, y lo insta a renunciar. Ante los medios niega aquel legado vergonzoso, edulcora el abrazo de la política tradicional que es eje de su campaña, donde medran corruptos y violentos. Medra Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema acaba de ratificar condena por asociación delictiva con paramilitares. Luis Felipe Henao, su jefe de debate, señala que Petro se propone “ser benevolente y financiador de terroristas de la primera línea, aliado político de extraditables y copartidario de estructuras delictivas como el ELN”. Ni una prueba. Pero posa en fotografías con el Ñeñe Hernández, paramilitar señalado de aportar a la campaña presidencial de Iván Duque.

Se opone el fiscal Barbosa a la propuesta de perdón social por inconstitucional, dice, y porque rompe la separación de poderes. Reivindica su lucha contra la corrupción, dizque pilar de la Fiscalía, en lo cual habría  ésta logrado “grandes resultados”. Él, que metió la Fiscalía en el bolsillo del presidente, mientras ésta escamoteaba toda responsabilidad de Abudinen en el robo de $70.000 millones al Mintic y pedía precluir la investigación contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en delitos penales, pese a la montaña de pruebas en contra.

Álvaro Uribe presentó el año pasado propuesta preliminar de amnistía general: procesados y condenados podrían aspirar a cargos públicos o de elección popular. Buscaba, según el exfiscal Montealegre, proteger a sus colaboradores y a parapolíticos. Para De la Calle y Jaramillo, la propuesta afectaría a las víctimas y a los uniformados que comparecen ante la JEP. Ya en 2007 había concedido Uribe jugosos beneficios a miles de miembros de las AUC involucrados en narcotráfico que se hicieron pasar por autodefensas. Su proyecto otorgaba estatus político a paramilitares, declarándolos  sediciosos. Pero sediciosos son armados que se alzan contra el Estado, no paramilitares que lo defienden o reciben su apoyo. Y en este sentido se pronunció la Corte.

Este perdón social, esta amnistía evocan el pacto de silencio que eximió a las elites de responsabilidad en la Violencia. Y se brincan la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones que cumplen ya la función de justicia restaurativa. Aquellas propuestas de reconciliación sólo serían viables si existiera antes sanción social, pero aquí reina la condescendencia con la corrupción. Basta de globos de humo, basta de hipocresía irredenta.

Duque: entre la parodia y la guerra

Perdida su hoja de parra en la ONU, quedó expuesta la doble moral del Presidente: no podrá ya –como lo ha hecho en estos 4 años– presentarse ante el mundo como la paloma de la paz mientras permite en Colombia incursiones homicidas de chulos y halcones y águilas de todos los colores. Sorprendido en flagrancia por omisión de la verdad completa, o por deformarla, cuestionó el Consejo de Seguridad de ese organismo su informe sobre la paz en este país: avances enanos, inacción o retroceso en sustitución de cultivos, reforma rural y restitución de tierras. Trueque de una política de Estado acordada para conjurar una guerra de 60 años y los lastres que la causaron por un modesto proyecto de Gobierno que, además, obstruyó la médula del Acuerdo. “Usted no habla del Acuerdo de Paz, habla de paz con legalidad. (Pero) este programa no fue el acordado por el Consejo de Seguridad (…) Su Gobierno ha socavado el proceso de paz y destruye lo que el pueblo colombiano ha forjado con mucho esfuerzo”, le espetó el delegado de Rusia. Y los demás objetaron su inoperancia contra el exterminio gota a gota de reinsertados y líderes sociales. Pidieron investigación judicial de los hechos, así como las Oficinas de Derechos Humanos y de Verificación de la ONU en Colombia. 

Entonces Duque tendió cortina de propaganda, a tono del momento, para ocultar crímenes horrendos disparados en su Administración (853 líderes comunitarios y 241 reinsertados asesinados, medio millón de desplazados, cosecha de una política de guerra adobada en alianzas de altos mandos militares con paramilitares). “No pretendan –dijo– quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo”. Misil que a la luz de su cuestionado informe se transformó en parodia, en bumerán: tampoco al delegado colombiano le asistiría autoridad moral para vetar a otros.

Menos aún en su propia patria cuando arrogante, irresponsable, en forma inconsulta, amaga ruptura de relaciones con Rusia y toma partido por la potencia que, de desplazarse esa guerra a América, pondría a Colombia como cabeza de playa en su potencial conflicto con Rusia; y ésta actuaría, a su vez, por interpuesta Venezuela. Otra guerra de imperios en patio ajeno, con la testa humillada de los vasallos de turno: Duque y Maduro.

Guerra de imperios, sí, como las recientes de Estados Unidos (amo dilecto de Duque) y Rusia en Iraq y Siria, que arrojaron decenas de miles de civiles muertos. Revela Le Monde Diplomatique que los bombardeos sin tregua  de las potencias en acción contra el Estado islámico y el yijadismo produjeron en dos años efectos devastadores: entre 20.000 y 55.000 civiles sirios e iraquíes perdieron la vida. La ONG Airwars y Amnistía Internacional estiman entre 19.000 y 29.000 el número de víctimas de misiles norteamericanos. En la batalla de Mosul, la mayor carnicería después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas iraquíes habrían causado al menos 9.000 muertos. Los agresores sólo reconocieron 326. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos le adjudicó a Rusia 20.825 víctimas mortales. Su Gobierno no reconoció una sola. 

En su capacidad de destrucción material y en sus enormes cotas de víctimas anónimas, las guerras de Iraq, Siria y Ucrania se parecen. Pero ninguna de ellas registra la crueldad de 6.402 falsos positivos, ahora elevados a 6.413 con los 11 del Putumayo. Claro, en todas partes se cuecen habas. El problema es negar las propias y, encima, por deseo de figuración aun a costa de vidas humanas, por inadvertencia o por desesperación, querer dar el salto a ligas mayores. Entre la parodia y la guerra, entre el ridículo y el desastre se cuece la tragicomedia. Su protagonista, algún tiranuelo en ascenso a gran déspota.

¿»Un buen muerto»?

La mano peluda parece estar de fiesta. Abundante, su cosecha de muertos y de obituarios prematuros, sólo en las dos últimas semanas. Se agolpan los hechos para sellar con su impronta sombría el epílogo de un orden reaccionario adicto a la violencia. Veamos. 

El presidente del Senado declara que el ELN apoya a Francia Márquez, candidata de oposición a la vicepresidencia; sindicación que ya a otros candidatos les costara la vida. Como quien aparta de un pastorejo la caspita posada en su solapa, le pone lápida a la mujer luminosa que, salida de la entraña del pueblo, sería segunda del jefe de Estado. “Yo no tengo prontuario criminal, responde ella. Lo que (a él) le incomoda es que una mujer que podría ser la que tenga en su casa como empleada doméstica vaya a ser su vicepresidenta”. Cuarta incursión contra Francia, después de tres amenazas de muerte en un mes.   

Un hombre ataviado con camiseta de Federico Gutiérrez invita a defender por las armas a Cali ante cualquier resultado de la elección presidencial; comparte tarima y mesa que preside el acto de campaña. “Ya son armas en pie”, exclama al micrófono el seguidor del candidato, para defender instalaciones del acueducto, dice, de la brigada, de la base aérea, todos los puntos estratégicos de la ciudad. Su discurso evoca el apoyo paramilitar a la Policía en días del paro, que costó decenas de muertos. Plan de rebelión civil armada, acota Cecilia Orozco. Pero a Gutiérrez, al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa les resbala, como resbalan canicas los niños que juegan con soldaditos de plomo.  

Advierte la Dijín que un grupo criminal amenaza a la fiscal Angélica Maldonado, en traslado relámpago al Putumayo al parecer por adelantar imputación de cargos contra figuras del alto mundo de los negocios. El Clan del Golfo niega la amenaza pues, se dice, ésta no podría venir sino de quien la hostiliza. Monsalve rechaza el esquema de seguridad que la Fiscalía le ofrece, dice preferir su independencia judicial. Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, recuerda que el caso se ve doblemente empañado por tráfico de influencias de un exfiscal general y un rector de universidad, partícipes del aquelarre del poder tradicional, inmoral y ventajoso. Ante las amenazas contra la fiscal, exclama: “¡que ni se atrevan!” Ensañada contra personeros del pueblo y de la justicia, la campaña se completa contra la libertad de prensa: a la galardonada Cecilia Orozco, orgullo del periodismo independiente, la persigue por cuatro kilómetros un carro fúnebre que, según el conductor, iba por un fallecido. ¡Tamaño símbolo rodante de la muerte!

Todo indica que el Ejército masacra a once campesinos en el Putumayo; presidente, ministro y generales  presentan el hecho como acción legítima en enfrentamiento armado con una disidencia de las Farc; pero a la fecha, no logran desvirtuar la riada de testimonios en contrario: denuncia generalizada de que se disparó contra una comunidad inerme, que once personas murieron, entre ellas un gobernador indígena, el presidente de la Acción Comunal y su esposa y un menor de 16 años; que fueron rematados con tiros de gracia y manipularon cadáveres para hacerles empuñar fusiles. Sería otro falso positivo, tras los 6.402 ya documentados.

Aquella adicción a la violencia apunta de preferencia a quienes representan valores medulares de la democracia: el poder popular, la majestad de la justicia, la comunidad, la libertad de prensa que, oh ironía, también Gustavo Petro ha desafiado. Y parece solazarse en el perseguir, en el amenazar, en la indiferencia frente al matar sin dolor, en la loca ilusión de ver convertido al adversario en “un buen muerto”. ¿No es hora de rescatar el debate político del agravio y de la sangre?