por Cristina de la Torre | Abr 5, 2022 | Abril 2022, Capitalismo Social, Estado Social, Impuesto progresivo, Reforma tributaria
Mientras la derecha en pleno se abraza a Federico Gutiérrez para prolongar –impúdica– las desgracias de este Gobierno y su partido, las fuerzas alternativas ofrecen ya programas para el cambio que urge. Su punto nodal, una reforma tributaria cifrada en el impuesto progresivo, ariete del Estado social que a lo largo del pasado siglo aseguró en el Occidente desarrollado salud, educación, pensión, renta básica y subsidio al desempleo para todos. Una tributación que aprieta más a quienes más tienen porque ataca la extrema concentración del ingreso y la riqueza, en función del bienestar general. Pero en este país el bienestar no es bien público, es particular y de pocos.
Como si no bastara para demostrarlo con el estallido social que desnudó el hambre de 21 millones de colombianos y la indigencia de otros 8 mientras una cofradía de prestantes agalludos acapara los recursos del Estado, o se los roba, la elección del 13 de marzo confirmó la revelación: Colombia no es ya la misma. Petro lo sabe e interpreta el inconformismo general, proponiendo reformas de fondo que ataquen las intolerables carencias de los más, y lanzar el país del capitalismo salvaje al capitalismo social.
En un sistema favorable a los muy ricos que pagan menos del 4% sobre rentas de fábula, donde proliferan favoritismos y evasión, el impuesto a la renta no redistribuye. Propone el candidato impuesto progresivo y equitativo, para limar desigualdades y financiar el desarrollo. Impuesto progresivo a ganancias ocasionales y dividendos a las personas (no a las empresas) tasado de 10 a 39%. Así, baja la tasa impositiva de la empresa y sube cada vez más la de sus beneficiarios individuales. En vez de expropiar, forzar la producción en tierras inexplotadas, o bien su venta, mediante el impuesto predial. A la Echavarría Olózaga.
También el proyecto de Fajardo grava más a los ricos y elimina exenciones. Se propone recaudar $33 billones adicionales suprimiendo beneficios, con aumento progresivo de impuestos sobre renta, patrimonio, dividendos a personas, y combatiendo la evasión. Impuesto sobre la tierra con catastro multipropósito y de valorización por grandes proyectos de infraestructura, al sector hotelero y a la economía naranja. Elimina beneficios a las empresas que presentan como gasto corporativo el de sus socios, y exenciones sin efecto social como por falsa creación de empleo.
De llegar a la presidencia, dice Petro, sería su primera ejecutoria un plan de choque contra el hambre. Paso primero de estrategia inscrita en la soberanía alimentaria y en la revitalización de la economía campesina. El otro plan de choque, la creación de empleo de emergencia desde el Estado con un salario que cubra el mínimo vital, en lugar de renta básica para cesantes. Inclinado a la retórica, más con sabor de plataforma ideológica que de programa pormenorizado en alcance y en financiación (que deberá precisar) resultan no obstante plausibles estas iniciativas para paliar sufrimientos redoblados en estos años de Duque: la pobreza y el desempleo. Su propuesta de largo plazo, transitar de una economía primaria a una productiva centrada en la industrialización. También aquí, ¿cómo es la estrategia, con qué sectores de punta, será factible la concertación del plan con el empresariado?
Respiran estas propuestas aire de socialdemocracia. De Estado social activo en redistribución del ingreso acrecido por el impuesto progresivo. De un modelo que cuajó también en países como Corea del Sur con protección a la industria naciente, reforma agraria, educación universal, ciencia aplicada al desarrollo concertado con el sector privado y la batuta de la iniciativa en el Estado. No venga ahora la derecha inmóvil a calificarlo de comunista, mientras se mueve, ella sí, en el pantano del privilegio y el abuso de poder.
por Cristina de la Torre | Mar 30, 2022 | Elecciones 2022, Francia Márquez, Gustavo Petro, Marzo 2022, Violencia
No se sabe si por cálculo político o por inadvertencia. Pero el silencio del Presidente, de su jefe y su partido sobre los abusos, errores, disparates y provocaciones que en un año acumuló el registrador, tributó a la barbaridad final: a la oposición triunfante el 13 de marzo le embolataron, como al desgaire, medio millón de votos; y cuando jueces y notarios se los devolvieron en el escrutinio, fue Troya. Tal vez aconsejado por sus fantasmas y demonios, transformó el expresidente Uribe la enmienda del error en inminencia de fraude, e incitó a desconocer el resultado de las urnas. Un defecto de forma en el tarjetón –ya salvado– mutó en fraude, y éste, en potencial legitimación del caos. Como sucedería en cualquier democracia dinamitada, que en ello derivaría esta sublevación contra el sistema electoral y contra los jueces de la República que protegen sus procedimientos y certifican sus resultados.
Sabrá Dios si no columbraba Uribe el riesgo de violencia que su llamado entrañaba, la repetición de traumas que signaron con sangre nuestra historia política. De los fraudes electorales que contribuyeron a la Violencia entre partidos, por ejemplo forzando entre liberales la suplantación de la cédula por un salvoconducto con la imagen de Laureano, so pena de perder libertad y parcela; y completados después con la acción intrépida y el atentado personal. Su reedición de hoy, el verbo intrépido que desde la cumbre del poder azuza el exterminio de líderes sociales. Del nunca rebatido fraude en 1970 que engendró la rebelión armada del M-19. Una nueva guerrilla que se alzara contra el Estado fraudulento ¿no llenaría el vacío de las extintas Farc que dieron su identidad al uribismo? Con todo, al riesgo desestabilizador ayudó Petro, la propia víctima, cuyo inicial grito de fraude sin pruebas también ambientó la descalificación de las instituciones, si bien rectificó después.
En esta comedia de equivocaciones, dos exmandatarios y un jefe de Estado le disputan el protagonismo al estulto registrador. Exigen todos a una, a grandes voces, reconteo general; a sabiendas de que es ilegal y acaso porque bloquearía indefinidamente la elección de presidente. Declara Asonal Judicial: repetir el escrutinio contraría la ley, pues los jueces incurrirían en delitos de abuso de función pública o prevaricato. El pronunciamiento de los jueces rubricó la derrota política de los falsarios (el Centro Democrático, Salvación Nacional y Oxígeno) en asamblea de la Comisión de Garantías Electorales: 18 de los 21 partidos allí reunidos negaron el reconteo general y reconocieron las conclusiones del escrutinio. Estimaron que el reconteo propuesto sería un ataque a la institucionalidad. Y ninguno de ellos ni las misiones de observación electoral denunciaron fraude.
Pero Uribe insiste en desconfiar de la elección, además por “la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico”. ¿En cuáles, en Bogotá, donde Petro barrió? En cambio sufrió este candidato una derrota colosal en los baluartes del narcoparamilitarismo en Antioquia. Acaso supura la herida del expresidente que nunca rechazó los votos del paramilitarismo, dueño en su Gobierno del 35% de curules en el Congreso. No les perdona a Petro y a los jueces que dieran con sus parapolíticos en la cárcel. ¿Respira también Pastrana por la herida del padre que al parecer accedió por fraude a la Presidencia en 1970?
Nada han dicho estos prohombres sobre 6 de los 17 elegidos a curules de víctimas mediante compra de votos y apoyo de paramilitares que declararon a candidatos objetivo militar. Ya a Francia Márquez, mentora suprema de Los Nadie y de las víctimas, se la hostiliza desde los meandros más oscuros de la política colombiana. Su rechazo anticipado a un posible triunfo de Petro y Francia huele a conspiración con aroma de falso fraude.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2022 | Desarrollo sostenible, Estado Social, Francia Márquez, Gustavo Petro, Pacto Histórico, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Seguridad Alimentaria
Expropiador López Pumarejo, cuya Revolución en Marcha se ancló en una reforma agraria que redistribuía el latifundio inexplotado para darle a la tierra su potencial productivo. Desde el principio de función social de la propiedad, la Ley 200 condicionaba el derecho de dominio al cultivo del predio, so pena de revertirlo al Estado. Petro invoca, entre otras, esta divisa reformista de la revolución liberal que no fue, la adapta a los tiempos, pero, lejos de proponer la alienación de la propiedad, extiende a otros su disfrute. Es su modelo agrario el de producción intensiva de alimentos, con cuidado del ambiente; el desarrollo sostenible, no el comunismo. Ajeno al mamertismo, el M19 fue guerrilla nacionalista –paso inaugural de Petro en la política– integrada por una disidencia ideológica de las Farc insubordinada contra su catecismo, y una corriente de la Anapo. Tampoco pudo el M19 ser de izquierda ortodoxa al promulgar la Constitución del 91.
Si quiso López transformar el latifundio en hacienda capitalista, Petro persigue la seguridad alimentaria del país modernizando la producción y multiplicando el contingente de propietarios en el campo. Lejos de expropiar, ha dicho, lo que persigue es apropiar. Democratizar la propiedad. Ni siquiera repetiría la expropiación de tierras que fueron parte del Fondo Nacional Agrario de Lleras Restrepo. Cosa distinta sería, en desarrollo del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras a millones de campesinos, esas sí expropiadas –según él– por el paramilitarismo y su brazo político y empresarial.
Haya o no acuerdo con César Gaviria, Petro apela al imaginario popular del liberalismo hecho emoción e ideas-fuerza que en su hora convocaron el cambio. Apela a las organizaciones sociales. A los inconformes de ayer y de hoy. A las multitudes que se hacen matar en las calles por educación y trabajo. A los dolientes de la guerra. A la Colombia olvidada que Francia Márquez representa: “me preocupa, declara ella, que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas sigan muriendo de hambre, que a los jóvenes les arranquen los ojos por reclamar dignidad y educación, que a las mujeres y a los líderes sociales nos sigan silenciando”.
El 13 de marzo no desapareció el centro, flaqueó la organización coligada que éste se dio en la coyuntura. Pero la mar de los que quieren el cambio empezó a migrar hacia el Pacto Histórico; otros, los menos, tocarán a las puertas del candidato de Uribe-Duque, meca de la misma derecha que frustró la revolución liberal y –manes del país más conservador de América– asimila la opción socialdemócrata de la nueva izquierda a comunismo.
Al tenor del Estado social que despuntaba en las democracias de Occidente, la Revolución en Marcha se la jugó también por la protección de la industria naciente, que redundaría en sustitución de importaciones. Modelo malogrado por la apertura neoliberal de 1990 y sus TLC que quebraron miles de empresas y sustituyeron gran parte de nuestra producción agrícola por la foránea. Petro propone reindustrializar, reanimar el aparato productivo de la nación.
Pese a los buenos augurios de su candidatura (que rompería en Colombia la atávica hegemonía de la derecha) la incontinencia de Petro en el hablar, su impulsividad, su gusto por el conflicto, su inveterada inclinación a descalificar a contendores y conmilitones, le harían más daño que el calificativo de expropiador que sus contradictores le endosan sin fundamento. Notas de personalidad bendecidas en plaza púbica, pero que podrían marcar su ideario y su programa de gobierno con la impronta revolucionaria que no tienen. Ni podrán tener si gana la presidencia, desafiado como estaría por un Congreso de probable mayoría opositora. Y no le faltarían enemigos con apetito de venganza.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2022 | Acuerdos de paz, Clan del Golfo, ELN, Líderes Sociales, Marzo 2022, Paramilitarismo, Reforma Rural
Genuflexo con los poderosos, desalmado con los débiles; he allí el carácter autoritario del Gobierno que Iván Duque preside: rinde la testa ante la estrella polar mientras desprotege y persigue a su pueblo. Hábil maquinador contra el Acuerdo de Paz, contempla sin pestañear el fruto perverso, una violencia desbordada que es panacea de su partido. No deja intactas las causas de la guerra, las agrava: ni reforma rural, ni sustitución de cultivos, ni curules garantizadas a las víctimas, ni negociación de paz con el ELN o de sometimiento con el Clan del Golfo; y sí, en cambio, 228 masacres, 904 líderes sociales asesinados en escasos 4 años y una Ley de Seguridad Ciudadana que evoca la mano de hierro de los regímenes de fuerza. No en vano venimos de una matanza de manifestantes a manos de la Policía y adláteres paramilitares. Gente de bien, armada en legítima defensa contra hambreados que pululan como no se viera en este país.
El exterminio de líderes responde a pujas por el control de economías ilegales, sí, pero también al celo de notablatos locales por preservar su poder de siempre. Despóticos, a menudo violentos, perciben como amenaza letal la expresión organizada de las comunidades que los líderes personifican. Subversivos les parecen sus libertades y derechos democráticos, y más de uno los querría muertos. En bochornoso boicot a la representación política de las víctimas, han suplantado sus candidaturas por las de asociados a victimarios, como la del hijo de Jorge 40. Por falta de garantías renunciaron esta semana 17 aspirantes a esas curules en la Costa, y en el Chocó otros tantos se sumaron a la denuncia. El viernes pasado atentaron a bala contra los candidatos a curules de paz Diana Hurtado, cuyo padre murió en la masacre de La Chinita, y Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia. El asesinato de una candidata corroboró el creciente divorcio de este Gobierno con la democracia.
A los habitantes del Bajo Atrato chocoano dominado por el Clan del Golfo, verbigracia, el diálogo con los armados y la verdad les resultan decisivos: necesitamos sus verdades para que la guerra termine, le dijeron a la periodista Natalia Herrera; necesitamos saber qué sectores militares, políticos y empresariales de alto nivel están detrás de sus balas. Piden privilegiar las verdades que Otoniel atesora, considerar la desmovilización que insinúa, sobre su extradición. Pero la Dijín lo amordaza, pues él podrá develar el entramado de esta guerra de 400.000 muertos y desaparecidos: la contrarreforma agraria. Un plan premeditado por los que no dispararon pero ordenaron disparar.
Si la implementación de la paz sigue en pañales, la represión de libertades y derechos marcha triunfal: la Ley de Seguridad Ciudadana emula el modelo draconiano de las dictaduras, da licencia para matar. Convierte el uso de capuchas y la obstrucción de vías en terrorismo y lo castiga como tal. Exime de responsabilidad a quien pueda disparar contra otro, dizque en legítima defensa si pisa su casa, su negocio, su finca. Y facilita hasta el absurdo el porte de armas por civiles.
Norma de bárbaros repotenciada ahora por el acuerdo Biden-Duque que, a título de lucha compartida contra el terrorismo, convierte a Colombia en despensa de armamento gringo. Graciosa concesión del imperio, podremos acceder a créditos de su banca para comprarles equipos de defensa y recibir, antes que otros, sobrantes bélicos. ¡Y nos autoriza –tan divino– a almacenar elementos militares que son parte de la reserva de guerra de EE.UU! ¿Seremos cabeza de turco en una eventual conflagración en la región, coletazo del conflicto en Europa? ¡Qué costosa la foto con Biden, vanidad de nuestro presidente! Indigno a los ojos del mundo, el de Duque es también, para su pueblo, un Gobierno puñetero. Por decir lo menos.
por Cristina de la Torre | Mar 8, 2022 | Imperialismo, Internacional, Marzo 2022, Occidente, Oriente, Tercer mundo
Mancillado el altar de su moral, se escandaliza el civilizado Occidente con la barbarie del déspota de Oriente. Envanecido –con razón– por haber cifrado el derecho internacional en la paz, en la seguridad de las naciones y su integridad territorial tras los 65 millones de muertos habidos en las dos guerras mundiales, ruge ahora selectivamente contra la carnicería de Putin en Ucrania; una puñalada al orden mundial que, si imperfecto, ha evitado otra conflagración mundial, esta vez atómica. Pero tiende un manto de silencio sobre sus propias degollinas. Sobre el aplastamiento de pueblos y su dignidad, el despojo de sus territorios y riquezas en colonias que abarcaron continentes enteros, en pleno siglo XX. Calla sobre las contiendas “de baja intensidad” que la URSS y Estados Unidos libraron por interpuestos combatientes en el Tercer Mundo: la una para expandir el comunismo, el otro para conjurarlo e imponer el modelo que en casa era democracia y afuera sojuzgamiento imperialista. Mas este estadio de Guerra Fría no se ahorró la más caliente y mortífera dirigida contra un país campesino, donde la tronante potencia mordió la derrota. Fue la guerra del Viet-Nam.
Disuelta la URSS, a fuer de lucha contra el terrorismo y la dictadura, los paladines de la democracia disfrazaron de “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva” a guerras despiadadas como no conociera el mundo contemporáneo: en Iraq, Afganistán, Siria, Serbia o Kosovo. Y, violando acuerdos, no sólo participó en ellas la OTAN con el liderazgo militar de Estados Unidos, sino que cooptó más y más países –viejos satélites soviéticos incluidos– y ya se acerca peligrosamente a la frontera vedada con Rusia. Ahora va por Ucrania, cuya invasión provoca la más reciente lid entre lobos que devoran territorios, pueblos y economías. La común vocación imperial en Oriente y Occidente tendrá que responder por la décima parte de la humanidad que durante el siglo XX pereció en sus guerras.
Vieja es la historia. Los primeros grandes imperios de ultramar surgieron bajo el ala de la conquista y la colonización de América. El continente amerindio, explica Roch Little, derivó en americano, dominado por Europa. Con el tiempo mutó el imperio, no ya para poblar territorios y extraer sus recursos, sino para “civilizar” pueblos bárbaros en África, o culturas “decadentes” en Asia. Al tentacular imperio inglés que sembró colonias en los seis continentes, le siguieron los de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos. Entre ellos se repartieron África. El gobernante de Bélgica recibió el Congo a título de patrimonio personal. Hasta cuando Gandhi liberó a la India en 1947, para inaugurar así la cascada independentista en Asia y África. También Japón, China y Rusia vieron medrarse sus dominios.
Del último siglo en América Latina, ni hablar. Docenas de intervenciones armadas de Estados Unidos en el subcontinente, a menudo con desembarco como en Nicaragua y Haití, culminaron en golpe militar propinado por el sátrapa de turno al que la potencia del Norte impuso cuando quiso. Pero en la segunda mitad del siglo prevaleció la modalidad de la intervención encubierta, cocinada en la trastienda de los servicios secretos del imperio y en concierto con las elites nacionales. Tal el derrocamiento de Allende en Chile y la negra dictadura que le siguió.
Acaso resultara tan responsable de una potencial guerra nuclear la obsesión de Putin por reconstruir la URSS sobre el imaginario del zarismo, como el avance de la OTAN hacia la frontera rusa (vedada por acuerdo) y la cooptación de Ucrania. Pero no se diga, a rajatabla, que el conflicto opone democracia y autocracia, civilización y barbarie. Más parece la grosera avidez de poder incrustada en la entraña de imperios reales o ilusorios que se niegan a desaparecer.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2022 | Educación, Marzo 2022, Mujer, Salud, Violencia Intrafamiliar
Tres hitos luminosos rubrican la larga lucha de las colombianas por su libertad: el sufragio femenino, el divorcio y la legalización del aborto. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su destino; su derecho a exigir educación sexual-emocional, garantías y protección del Estado y de la sociedad, en un país donde el aborto clandestino, desesperado, es problema de salud pública que compromete la integridad y la vida de miles de mujeres. Más de 400.000 abortan cada año en las peores condiciones, 97% de ellas entre las más pobres y en su mayoría adolescentes. Cuasiniñas y niñas víctimas de abandono afectivo y funcional, de violencia en la familia y en el entorno social que se resuelve casi siempre en violación o en estupro endulzado por el mito del amor romántico. Que es también violación. Se escandalizan muchos en el país del Sagrado Corazón –donde se mata por costumbre y se come del muerto– porque se extiendan los derechos liberales a la mujer, pero ignoran el escándalo de bulto: en 2020, 4.268 niñas se volvieron madres; y el año pasado la cota de niñas embarazadas subió 19,4%.
En su fallo ordena la Corte, entre otros, crear instrumentos de prevención del embarazo adolescente y desarrollar programas de planificación y educación sexual. Sí, la prevención del embarazo adolescente desborda la instrucción sobre métodos anticonceptivos. Una educación en responsabilidad afectiva y emocional debería empezar por cuestionar el mito del amor romántico, la general inclinación a confundir el llamado de las hormonas con el amor que todo lo puede, y crea el mito de la mujer dignificada en la maternidad. Condición que le daría estatus social y esposo proveedor, a ella, chiquilla sin horizonte embarcada en la primera fantasía que la arranque de la pobreza y el desamor. Se educa a la niña en la fábula del amor romántico, y al niño para usar a la mujer como objeto sexual.
Pero ni esposo, ni proveedor, ni novio que aparezca a la voz de embarazo. Denso es el legado de la historia que exime de responsabilidad a los varones. Sostiene el siquiatra Francisco Cobos que los conglomerados dominantes en la conquista fueron los invasores –hombres– y los conquistados (mujeres en su mayoría). Exterminados o esclavizados los indígenas varones, esposo o padre indígena casi no hubo. En su hipótesis, pesa en los colombianos esta marca de origen: la relación entre mujer indígena y soldado anónimo, remoto. Los niños fueron siempre hijos de sus madres, pues muchas veces padre no hubo o estuvo ausente (física y emocionalmente). En este modelo de familia, niños y niñas replicarían sin saberlo la cultura ancestral de la violación, y el abandono se transmite de generación en generación.
Pero Cobos pone el acento en las secuelas del abandono afectivo del niño y del adolescente, forma de violencia que sería caldo de cultivo para la delincuencia juvenil y el embarazo adolescente. Para neutralizar los factores de riesgo propone reenfocar la educación sexual desde una verdadera educación emocional en la familia, en la escuela, en la comunidad. Una educación que apunte al desarrollo integral de la persona y de su proyecto vital.
Por su parte, el sicólogo César Raúl Ruiz fustiga a la sociedad que se aterroriza con la despenalización del aborto, pero no orienta en el sano ejercicio de la sexualidad. Sociedad hipócrita, dice, no se pregunta por qué en nombre del amor resultan tantos embarazos indeseados. No educa en responsabilidad afectiva, pero sí lapida a la mujer que aborta y no al hombre que la preña y la abandona.
Es hora de que el patriarcado ensotanado y el tocado de banda presidencial rindan sus armas ante la marea de mujeres que, en su justa por la libertad, se apuntó esta victoria colosal.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2022 | Corrupción, Corrupción Electoral, Febrero 2022, Mintic, Sanción Política, Sanción Social
Hasta no hace mucho, en tiempos del disimulo, se guardaba la mugre bajo la alfombra. Pero en este Gobierno la corrupción es orgía de cara al sol, con pública bendición del presidente de la república. Lo mismo ordeña Duque el avión presidencial para pasear por el mundo con su hermano que defiende a ministros incursos en negocios o en actos de gobierno que al erario le cuestan un Potosí. O transforma en conspiración chavista el más sofisticado entramado de corrupción electoral, ahora financiado en directo con dineros públicos y cargado de pruebas contra Alejandro Char, precandidato a la presidencia aliado de su Gobierno. Linda esta liviandad con complicidad en el mismo orden del ”ñeñegate”, de presunta financiación mafiosa a la campaña de Duque en la Costa Atlántica, cuya investigación saboteó la Fiscalía de Barbosa con la detención de los propios agentes del CTI que acopiaban las pruebas. Antiquísimo recurso éste de matar al mensajero.
No contentos con acaparar –como sea– la contratación pública, cobrar coimas desde puestos oficiales y dominar –como sea– la economía de la región, sorprendidos con las manos en la masa intentan los clanes de La Arenosa depositar toda la culpa en hombros de la víbora bíblica que todo lo pervirtió: la política y el tálamo nupcial de los inocentes. Siempre sutil, original, cree Enrique Peñalosa despachar el elefante del crimen organizado que se coló en la Coalición de la Experiencia enlazando atajos para escamotear el corazón de los hechos: todo deriva, dijo, de una mujer con la cual tuvo Char relación sentimental y está ahora “ardida y con deseos de venganza… Es una prófuga de la justicia colombiana, protegida por Maduro, quien probablemente estaría muy contento de debilitar a Char en la Costa para ayudarle así a Petro”. Y el presidente Duque advierte sobre “una actitud tendenciosa de la dictadura de Venezuela de tratar de utilizar la presencia (de Merlano) para chantajear”.
Pero más de 200 documentos reposan en manos de la justicia. El clan Char enfrenta además denuncias penales por secuestro, violación e intento de asesinato en la persona de Merlano. Informa El Tiempo que ella acusó a dirigentes políticos, a Santos y Uribe y al presidente Duque de haber recibido dinero de esos clanes por debajo de la mesa para financiar sus campañas. Dijo también conocer la relación de 167 cheques en poder de la Fiscalía por valor de $8.643 millones en este escándalo. Tal vez ningún atajo pueda ya esquivar la prueba ácida de la democracia: la renuncia de Alex Char a su candidatura, a pedido de los Ficos y las Dilian, cuyo mutismo termina por alinearlos con Peñalosa.
Debutó Duque en su Gobierno con una apasionada defensa del ministro que habría estrangulado con bonos de agua las finanzas de 117 municipios para embolsillarse $70.000 millones. Otro tanto perdió después Mintic en contrato que la ministra Abudinen, consentida de los Char, autorizó con empresarios venales para llevar internet a zonas apartadas, y se robaron la plata. El dedo en alto, Duque la amparó. Sin servicio domiciliario de agua quedaron esos municipios, y sin internet millones de niños en el campo. Las pruebas Saber y un estudio de la Universidad Javeriana registran un retroceso dramático en la calidad de la educación, agudizado por desigualdades geográficas y de clase: es más acusado entre los pobres y en lejanías donde el internet sigue siendo un lujo de niños bien.
Se enseñorea la desvergüenza del presidente al proteger a funcionarios y políticos venales sobre su deber de respetar la dignidad del cargo. Aunque 93% de los colombianos denueste la corrupción, el mismísimo presidente alcahuetea a la tropilla de uñones que lo rodean y marchan sobre seguro con una convicción: mientras la justicia no los apañe, valen huevo la sanción política y la sanción social.
por Cristina de la Torre | Feb 15, 2022 | AUC, Capitalismo, Desplazados, Desplazamientos, Febrero 2022, GEA, Inseguridad Alimentaria, Libre Mercado, Libre Opinión, Narcotráfico, Paramilitarismo, Tierras
Motivo “reestructuración”, El Colombiano prescindió del columnista Francisco Cortés Rodas en el día del periodista. Al parecer, no tolera ese periódico la opinión libre sobre verdades que violan su intimidad con los grupos de poder en Antioquia. Piedra de escándalo habría sido la columna que el catedrático tituló “El capitalismo paraco y los empresarios honorables”.
Nuestros grupos capitalistas –escribió él– no son moralmente virtuosos. Aquí se desarrolló también la fórmula extrema de un capitalismo sin ley ni orden que podrá llamarse “Capitalismo paraco”; con apoyo de los Gobiernos de turno y gracias a una alianza entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y “honorables empresarios”. Uno de ellos –dice– es José Félix Lafaurie, denunciado de tales vínculos por el dirigente ganadero Benito Osorio, cuya revelación reafirma Mancuso: para él, la de Fedegán y AUC fue una “alianza gremial, política y militar de alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”. Entre otros, un sangriento proceso de apropiación de tierras.
Hay capitalismos de capitalismos, argumenta Cortés. En Antioquia floreció uno “virtuoso” construido mediante estructura empresarial de propiedad cruzada llamado GEA. Virtuoso sería porque ha generado empleo y mejorado la calidad de vida. Un capitalismo benévolo, inscrito en la línea de la filantropía moderna, pese al pecadillo de Argos que compró con ventaja tierras de campesinos en situación de desplazamiento. Pero filantropía es caridad, no justicia social. Se pregunta el columnista si benévola será la fórmula corporativa que al GEA le permitió usar una empresa pública como EPM para sus propios intereses. Para mantenerse y expandirse, este capitalismo se habría valido de la razón y de la ley, pero también de la fuerza, la violencia y la apropiación de bienes ajenos. Excesos propios de su natural voracidad, que demandan una transformación del orden político y económico capaz de regular el capitalismo y redistribuir la riqueza.
Para Juan Manuel Ospina (El Espectador enero 28), el discurso liberal del dejar-hacer mueve a grandes empresas que terminan por destruir las instituciones del capitalismo de libre mercado. En la base del fenómeno, el desplazamiento del poder de los accionistas –los dueños de la empresa– a sus administradores que, empoderados, cambian las prioridades: reparten una pizca de utilidades entre los accionistas e invierten el grueso, no en creación de nuevas empresas sino en la compra de otras ya existentes. “Es –señala Ospina– un capitalismo más de concentración que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central”. El GEA es una variante de este modelo, con una particularidad: un grupo de empresas de propiedad cruzada, florecientes, y con acciones en la bolsa (las de sus accionistas) subvaluadas.
Marcadas ya por el crimen, ya por el despotismo empresarial, armonizan estas dinámicas del capitalismo en Colombia con las políticas de los Gobiernos, y mucho desemboca en violencia, exclusión y hambre. Dígalo, si no, la más reciente revelación sobre inseguridad alimentaria que en el país alcanza al 54,2% de los hogares, 64,1% en el campo. Debido, en parte, a la franciscana asignación de recursos al agro que, cuando la hay, va a parar a la gran agricultura empresarial de materias primas, no al campesino que pone más de dos tercios de los alimentos en la mesa de los colombianos. Debido, también, a la importación masiva de alimentos que el país puede producir.
Boyantes en el dejar-hacer de los Gobiernos, al lado del patrón que asocia a gremios (de ganaderos, de palmeros) con paramilitares y políticos, el modelo GEA marcha vertiginoso hacia el monopolio, la privatización de lo público y el abuso de poder. He aquí las dos patas del capitalismo hirsuto que nos asiste.
por Cristina de la Torre | Feb 8, 2022 | Clientelismo, Corrupción, Democracia Directa, Democracia Participativa, Democracia Plebiscitaria, Democracia Representativa, Febrero 2022
El ataque de Íngrid a las maquinarias respira el aire de la antipolítica que rodeó a los constituyentes de 1991. A la crisis de los partidos que amalgamados por el Frente Nacional habían perdido relevancia, respondieron ellos con la receta que el ultraliberalismo en boga proponía para la política: golpear a los partidos, máquinas de clientelismo y corrupción, y erigir en su lugar al ciudadano ilustrado, sin ataduras, dueño por fin de su destino. Danzaba la idea de suplantar la democracia representativa por la “participativa”. De trocar la expresión organizada de la sociedad, aun con sus vicios y defectos, por un agregado mecánico de individuos dispersos que terminarían arrastrados por la democracia plebiscitaria, inorgánica, manipulativa, al servicio de un caudillo. Como sucedió con Álvaro Uribe, olímpico beneficiario de la democracia directa ideada para mejores fines.
Las democracias que sucedieron a las dictaduras del Cono Sur recogieron su discurso contra el Congreso, contra a clase política, contra la partidocracia, contra a política misma. Presentarse ahora como outsider antipolítico fue expediente de jugosos réditos electorales. No demoró Uribe en confesar que en un modelo de “fortaleza partidista” habría fracasado su carrera política (Del Escritorio de Uribe, 2002). Álvaro Gómez anhelaba que los partidos “sucumbieran a su propia atomización personalista”. Rudolf Hommes, animador del Consenso de Washington y flamante líder de la nueva élite de tecnopolíticos en el gobierno de Gaviria, se congratulaba de que la nueva Carta hubiera debilitado a los partidos “porque tenían demasiado poder”. A él se sumó la beligerante Íngrid, que debutaba en política dispuesta a “reventar las maquinarias” para salvar la patria.
Treinta años después, insistirá en asimilar maquinaria, aparato de partido, a corrupción. Embistió a la ya debilitada coalición de Centro. Y repitió el golpe que en 2018 le asestara César Gaviria a Humberto de la Calle, estadista que descuella solitario entre la descorazonadora medianía de la turbamulta que se siente ya presidente. Queda en vilo su curul, gracias al acomodaticio rigor de una dirigente capaz de encarar a sus secuestradores en nombre de las víctimas pero reducida al subsuelo de la politiquería al imponer a su sobrina como cabeza de lista.
Sabe ella que los partidos son maquinaria, aparato organizado para disputarse el poder del Estado como vehículo de intereses de la sociedad. Que sin ellos no hay democracia. Que no siempre son corruptos, o no en toda la línea. Como no lo son todas las bancadas del Congreso. La solución no está en extirpar los partidos sino en activar los dispositivos políticos necesarios para devolverles entidad histórica y preservar su estatuto ético. Ni en alarde de profilaxis clausurar el Congreso, como lo hicieron los constituyentes de 91. No se protegen la democracia y la moral pública destruyendo sus instituciones.
Pero de la necesidad de preservar los partidos no se siguen alianzas sin condiciones ni principios ni programa compartido suscrito formalmente. Más cuando proliferan políticos en busca de otras toldas, desprendidos de partidos deshonrados por muchos de sus miembros entregados al pillaje del erario y al crimen. Tocan los Luis Pérez a las puertas de Petro y éste los recibe sin preguntar, sin objetar. Tocan los Varón a las puertas de Alejandro Gaviria y éste, que dice rechazar el continuismo, no pregunta, nada objeta. En ambos casos, ni puntadas para tejer una alianza sobre ideas y programas. Politiquería.
Ni la antipolítica que permeó el espíritu del 91 ni el fundamentalismo han podido sepultar a los partidos. Mas, parece llegada la hora de responder al llamado más dramático de la sociedad en muchos años. Si no por convicción, por instinto de supervivencia. Antes de que las propias urnas los descontinúen.
por Cristina de la Torre | Feb 1, 2022 | Acuerdos de paz, Derecha, Desplazados, Febrero 2022, JEP, Paramilitarismo, Reforma Rural, Restitución de Tierras
Este presidente recibe un país con el mejor acuerdo posible de paz e índices de violencia política reducidos, y lo devuelve en guerra. Las crueles imágenes de comunidades asediadas por grupos armados y de desplazados por decenas de miles han vuelto a copar pantallas y páginas de prensa. Para no mencionar los cientos de masacres, de líderes sociales y reinsertados asesinados que la costosísima Fuerza Pública no impide, pese a la patética locuacidad de sus comandantes. Ni seguridad para los reinsertados ni solución al conflicto por la tierra que alimenta la guerra. En fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional emplaza al Gobierno por “violación masiva del Acuerdo de Paz” y le ordena cumplirlo integralmente. Naciones Unidas y la CIDH se unen al clamor, mientras la FAO advierte que Colombia se halla en riesgo inminente de inseguridad alimentaria: poblaciones enteras no podrían acceder a alimentos, entre otras razones, por eludir la Reforma Rural pactada con el Estado en el Acuerdo de Paz: distribución, formalización y restitución de tierras andan en pañales. Denuncia el exministro Juan Camilo Restrepo “un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del posconflicto”.
Corolario de esta eficientísima abulia hacia la paz en el campo, el silencio del presidente Duque, de su Gobierno y su partido, ante el escándalo que toca a uno de sus dirigentes, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, por presunta complicidad con paramilitares que en los 90 despojaron 4.000 hectáreas en Urabá y Córdoba, y decapitaron con motosierra a quienes presentaron resistencia. En confesión de la verdad ante la JEP, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, comprometió a Lafaurie con paramilitares como Mancuso y con generales condenados por asesinato como Rito Alejo del Río. Osorio fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares.
Pero el caso pertenece apenas al último capítulo de una saga centenaria escrita con sangre: es el capítulo de la contrarreforma agraria agenciada por la troica de paramilitares, gamonales y políticos que, tras sus revelaciones en Justicia y Paz, debuta ahora en la JEP. Se comprenderá por qué ha querido el uribismo destruir el tribunal de justicia transicional. En la entraña de nuestra historia medra una minoría que acapara la tierra, paga impuestos irrisorios o ninguno, usufructúa la inversión pública que besa sus predios y engorda en el modelo predominante de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Bloqueada la modernización en estos lares, sin Estado, sin tierra, sin trabajo, desfallece la vida del campesino y hierve el conflicto social.
Salomón Kalmanovitz presenta ejemplo al canto: la hacienda El Ubérrimo es tierra potencialmente agrícola dedicada a ganadería extensiva. Son 1.500 hectáreas urbanizables, valorizadas con riego y drenaje a cargo del Estado, su dueño la declara por 17 veces menos de su valor comercial. No valdría, según nuestro analista, $8.600 millones sino $165.000 millones. En consecuencia, tampoco debería pagar $178 millones de impuestos.
La derecha dio siempre en la flor de calificar como sovietizante cualquier intento de expropiación con indemnización por su valor comercial de tierras inexplotadas. Política típicamente liberal que en toda Europa y en Japón se aplicó sin anestesia, coco de las élites que mandan en éste nuestro país, el más conservador del continente, el de mayor concentración de la propiedad agraria. Sovietizante les pareció la Ley 200 de López Pumarejo, y desataron la Violencia; la de Lleras Restrepo, y la sepultaron en Chicoral. Sovietizante les parece cualquier alusión al recurso legal ratificado aun por la Ley 60 de 1994. ¿Cómo prevalecen ellas, pues, por encima del sentido común y de la historia? Haciéndole pistola a la reforma rural.
