Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.
Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.
Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.
No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.