Ver para creer. El partido de los 6.402 falsos positivos, el de las Convivir, el de la bancada que debía votar los proyectos del Gobierno antes de ir a la cárcel, el que hizo la vista gorda frente a una contrarreforma agraria sangrienta que significó 9 millones de desplazados y despojados de su tierra, el cruel enemigo de la paz funge, de pronto, como edén de concordia y liberalidad pluralista. Realpolitik descarnada. Codicia de votos.
El desacuerdo entre Paloma y Oviedo frente al Acuerdo de Paz (cuyo blanco vital es la reforma rural) se ha presentado como alianza providencial entre contrarios que en un futuro indeterminado construirían la patria de todos. Una quimera. Porque entre antagonistas ha debido mediar siquiera una carta de intención que recogiera líneas maestras de lo que pudiera devenir programa común de campaña y, a la postre, de gobierno. Antes bien, lo que el país vio atónito fue que Oviedo escamoteó las líneas rojas de la Paz que condicionaban su ingreso a aquella coalición con la extrema derecha; y Paloma, en cambio, se ratificó en lo suyo. Mientras Oviedo se allanaba al caramelo uribista de la reconciliación, dizque con miras al desarrollo, la declaración de Valencia caía como una bomba: “no voy a renunciar a mis convicciones (…) Qué tal que yo ahora me volviera partidaria de los acuerdos de La Habana”. No les reconoce legitimidad “porque nosotros ganamos con el NO”. (Aunque suscribieron cambios en el 97% del Acuerdo).
Lo que se juega es, ni más ni menos, el puntal del Acuerdo de 2016: la reforma rural integral. Entre otros instrumentos, la jurisdicción agraria, que deposita en jueces especializados la solución de conflictos de tierra que la derecha ha resuelto siempre a bala. Pese al acaparamiento violento de la tierra legitimado por el latifundismo, que gradúa de comunista todo intento de democratización de la propiedad en el campo, ha descollado la mismísima Valencia como enemiga implacable de la jurisdicción al calificarla de expropiación exprés; y acaso también de los procesos de redistribución, formalización y restitución de tierras. El Acuerdo de La Habana no pertenece al pasado: es la más consistente propuesta de paz y desarrollo. Si se la niega negando el Acuerdo, ¿con qué desarrollo económico sueña esta alianza?
Colombia figura entre los cuatro países más inequitativos en propiedad rural. En pocas manos se concentran las tierras productivas y éstas se destinan a engorde o se explotan mal: 46,9% de la tierra feraz pertenece al 1,6% de los propietarios. Como si no bastara con el modelo tierra sin hombres y hombres sin tierra, en el último medio siglo millones de campesinos fueron arrojados de la frontera agrícola, despojados de predio, historia y comunidad de vida. Perogrullo repite sin cesar que se impone una reforma que devuelva lo robado, redistribuya la tierra y la explote en regla. Pero el bloqueo a la jurisdicción agraria, pieza maestra de la reforma en el campo, se levanta como muro de castillo medieval. Y eterniza el problema agrario como origen y alimento del conflicto armado.
Con todo, ha logrado este Gobierno avances sustantivos en el campo: el sector agropecuario es el que más aporta hoy al PIB. Mediante compra de tierras, recuperación de predios públicos e incautaciones al narcotráfico, se han recuperado 758.000 hectáreas y entregado 300.000 a campesinos; se han formalizado 1.900.000 Has, y las exportaciones agropecuarias crecieron el año pasado 36%.
Botón de muestra del proceso democratizador que se desataría si el uribismo dejara de boicotear la reforma que viene incorporada al Acuerdo de Paz. Pero lo mantendrá, mientras hace carambola en negocio de votos que le salieron gratis, y con ñapa de hálito civilizatorio para esta derecha montarás. Nunca hubo “hijitos”, ni padre Marianito, ni Caperucita; siempre fue el Lobo Feroz.