Eduardo Pizarro enciende las alarmas. Recoge el analista el registro de investigadores sobre prácticas de este Gobierno que comprometen la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y arriesgan convertir las armas de la república destinadas a proteger a la sociedad toda en instrumento del partido de gobierno. Se refiere Pizarro a coroneles premiados con ascenso a general, no por méritos del servicio sino por adhesión al Pacto Histórico. A oficiales en retiro que regresaron al Ejército para ser promovidos por haber trabajado en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Cuando una fuerza militar empieza a ascender a su oficialidad por lealtad al partido de gobierno y no por hoja de vida, señala Pizarro, abre fisuras en la institución que, además, viene ya desmoralizada y dramáticamente debilitada por el fracaso de la Paz Total. Y justo cuando se afianza la gobernanza criminal de los armados ilegales. Una catástrofe que arrancó con negociaciones asentadas en la ficción de paz a tres meses vista, y en cuya virtud se purgó a la oficialidad más experimentada y se castigó el presupuesto de la institución. La capacidad militar del sector Defensa no llega hoy ni a la mitad.
Ejercicio desolador este del presidente que en su despótica arrogancia evoca a Chávez, Ortegas o Bukeles, mentores de republiquetas unipersonales que empiezan por cooptar a la fuerza armada de una nación para aventurar opciones entre la variada gama del autoritarismo: desde la supresión de libertades y derechos “en pro del pueblo”, hasta la dictadura declarada. Obsérvese, para comenzar, el cada vez más rudo desafío del presidente Petro al pluralismo, a la división de poderes, a la ley y a la ética pública, hasta culminar en su propuesta de constituyente. Un proyecto dirigido a suprimir las reglas de la democracia liberal consagradas en la Carta del 91, para dar poder sin límites a la persona del primer mandatario y a sus prosélitos.
En la democracia liberal, un muro separa el carácter político de las Fuerzas Armadas como encarnación del poder del Estado, de su politización partidista. El uniformado podrá batirse con el estandarte político por la patria, pero nunca en nombre del partido de gobierno contra sus adversarios. Una es la política de Estado, otra la del partido en el poder. Pero no siempre resulta nítida la distinción, pues no siempre disparan los militares motu proprio sino por orden del poder civil que en virtud del Estado de derecho prevalece sobre ellos. Se ha abusado aquí de las armas de la república para defender intereses particulares o banderías políticas. Dígalo, si no, el pecado inaugural del Gobierno de Ospina Pérez que en 1948 rompió la neutralidad del Ejército y su condición de árbitro para trocarlo en fuerza de choque de su gobierno contra la oposición; destruida la imparcialidad del Ejército, se ensanchó el negro boquete de la Violencia. O el sesgo contra el pueblo, tenido por enemigo interno en la guerra contrainsurgente. O la Seguridad Democrática, que se resolvió en asesinato de 6.402 inocentes.
Hoy cobra vigencia renovada el discurso de Alberto Lleras en mayo de 1958: “Las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes en política porque han sido creadas por toda la nación que les ha dado las armas para defender sus intereses comunes; no pueden, pues, tener partido (…) Mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución sino una necesidad de su función (..) Tan grave es la indisciplina de un militar contra un gobierno como la indisciplina a favor del mismo”.
En la antesala de la politización del Ejército que hoy aflora, aparecen la teatral incursión del general Zapateiro en la campaña presidencial de 2022 y, broche de oro, su ominosa expresión de condolencia por la muerte de Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar.
Coda. ¡Cómo duele la muerte de Aura Lucía Mera!