A cada avance en derechos de la mujer replica el fanatismo con una violencia que respira odio hacia el género femenino. Y el aborto es blanco suculento. Curas, jueces, pastores, galenos, tinterillos, politicastros y mujeres que castigan en otras sus propias desgracias cierran filas contra la que escoge no ser madre, para hundirla en disyuntivas fatales: muerte por aborto clandestino e inseguro, estigmatización social, cárcel. La caverna se hace sentir. Ya porque la Corte Constitucional legalice el aborto cuando peligre la vida de la madre, haya malformación del feto o resulte de violación el embarazo. Ya porque reconozca la libre decisión y autonomía reproductiva como derecho fundamental de la mujer. Ya porque el exministro Juan Pablo Uribe acate orden constitucional de reglamentar el aborto en aquellos casos para salvar las vallas que se le interponen. Ya porque la derecha lo tergiverse todo.
Como sucedió con la Clínica de la Mujer en Medellín. Pensada para prestar atención integral a las mujeres de menores recursos, aborto legal incluido, derivó en cruzada político-religiosa que, a instancias del entonces procurador Ordóñez, malogró el proyecto. En la ciudad católica y violenta, doce obispos encabezaron un alzamiento de Savonarolas que saltó de los púlpitos a las calles e hizo derribar los muros incipientes del “centro abortista (que pretendía) separar a la mujer de la maternidad”. Y ahora, no bien se conoce el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico, se confabula la derecha, no para debatirlo, sino para desandar todo el camino y recaer en la prohibición total del aborto. Porque, vuelve Ordóñez, aquí “no existe el derecho a matar […] y menos a los que están por nacer”.
Consecuencia inesperada, bálsamo para el país que puja por romper las cadenas del oscurantismo, el magistrado Alejandro Linares propone la legalización total del aborto en los tres primeros meses de gestación. Para Profamilia, ésta sería pilar de una verdadera equidad de género que erradique la discriminación; y paso de gigante en salud pública, pues el aborto inseguro pesa allí como una pandemia. Por otra parte, negarle a la mujer el aborto terapéutico puede ser condenarla a muerte o esclavizarla de por vida a una criatura nacida para sufrir. Pese a los tres casos de aborto permitido, se le interponen barreras sin fin: estigma, desinformación, criminalización, sabotaje e inducción al aborto con riesgo de muerte. Los obstáculos al aborto legal y seguro comportan violencia contra la mujer. En buena hora se propone reglamentación del aborto, taxativa en obligaciones y sanciones para quien lo boicotee.
Ella especifica las obligaciones de EPS y hospitales con la mujer que aborta: valoración completa de su estado de salud; información precisa sobre riesgo posible, procedimiento, tratamiento, medicamentos y cuidados derivados. Certificación inmediata para proceder al aborto, urgente y gratuita si el embarazo procede de violación. La mujer tendrá derecho a decidir libremente, sin presión, coacción o manipulación de nadie. Si personal administrativo o médico de la IPS usa esos recursos, intervendrán la Procuraduría, la Fiscalía o la Policía. Ninguna IPS podrá negar el servicio.
El aborto libre terminará por salvar la vida y la libertad de miles de mujeres. Según la Corte, “no es posible someter a la mujer a sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en favor de terceros”. Derechos en el Estado moderno, que no incursiona en la moral privada. Meterse en la cama de la gente es abuso de dictadores; y de purpurados que se brincan el Estado laico. El aborto libre, sobreviviente del odio que florece en los pantanos, no da espera. ¡Adelante, magistrados!