por Cristina de la Torre | Jun 20, 2023 | Acuerdos de paz, Conflicto interno, Congreso de la República, Conversaciones de Paz, Corrupción, Desplazamientos, ELN, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Junio 2023, La paz, Partidos
Aunque prematuro porque la Fuerza Pública tendría que bajar la guardia sin que el Eln se hubiera comprometido a propiciar activamente el fin del conflicto, el cese el fuego de 6 meses con esa guerrilla abre una ventana de esperanza. Más aun con las palabras de Gabino. El excomandante máximo dijo estar dispuesto a “aportar lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”. Instó a todos sus frentes, mandos medios y combatientes a respetar el cese el fuego en forma “sagrada, responsable y decidida”.
Voz confiable la suya, contrasta con el descarnado deleite de Antonio García en desmentir al Presidente de la República sobre la terminación del conflicto. Que no, que no se acaba la guerra en 2025. Ni en fecha alguna que aventure él. Pretextando rigor en los términos acordados, mata García dos pájaros de un tiro: mancilla la dignidad del Primer Mandatario y exhibe su puño de hierro cuando de paz se habla. Y Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, ironiza ante las cámaras: habrá cese el fuego bilateral, sí, pero no cese de hostilidades; secuestro y extorsión seguirán su marcha contra la población. Como si faltaran “claridades”, Bernardo Téllez pone la cereza al pastel. El cese será apenas con las Fuerzas Militares, no con los otros armados ilegales. Con éstos seguirán ellos en disputa por el control del territorio y el sometimiento violento de las comunidades, condiciones de éxito para prevalecer en economías ilegales.
También la participación de la sociedad civil, gran innovación en negociaciones de paz, acusa doble racero. ¿Cómo no acudir a la base social si ella es fuente primera del cambio que la mesa se propone protagonizar, acogiendo de manera “automática y vinculante” sus propuestas? El recurso al pueblo es democrático por definición. Pero si en el Comité de Participación predominan organizaciones no representativas o reconocidas por amplios sectores, ni plurales, ni regidas por reglas del juego formales, podrán imponerse intereses sin jerarquía o sólo de entusiastas movidos por la guerrilla. Sus propuestas serán insumos para la mesa, que los depurará en un Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el Eln.
¿El vocablo “vinculante” significa aquí de forzoso cumplimiento? ¿Sean cuales fueren las iniciativas que se reputen como solución a las causas del conflicto social, político, económico y armado? ¿Por encima de los cuerpos de representación y ejecución política (Congreso, Asambleas, Concejos, Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías)? ¿Por encima de los planes locales y del Plan Nacional de Desarrollo, alimentado en consultas populares y aprobado por el Parlamento?
El hecho es que la comunidad expresa necesidades, no intereses mediados por partidos políticos, y sus voceros carecen de la representatividad que asiste a los elegidos en las urnas. Ni el movimiento social, ni los consejos comunales de Uribe, ni las asambleas populares que ahora convoca Petro suplantan a la representación política. Por más que la Carta del 91 hubiera empotrado su idea de democracia directa sobre la destrucción de los partidos.
Una común aspiración a deliberar y decidir emparenta a organizaciones de base con las asambleas de marras, concebidas para debatir reformas e impulsar los acuerdos de paz. Grave riesgo ve en ello Pedro Medellín, pues en medio territorio mandan grupos armados que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia y controlan el tránsito humano. Peligroso le parece este “parlamentarismo popular” que adoptará decisiones de gobierno brincándose las reglas del juego del Estado de derecho. Máxime si quienes lo controlan van armados.
Cese el fuego y participación de la sociedad son ejes de una negociación signada hasta ahora por la incertidumbre. Pueda ser que con la voz de Gabino tan azaroso proceso ceda el paso a la esperanza.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación, Gustavo Petro, Junio 2023, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma Fiscal, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2023 | Adres, Corrupción, Derecha, EPS, Impunidad, Junio 2023, Ley 100, Partidos, Reforma a la salud, Salud, Uribismo
Es la plata. La plata ajena, la plata de los colombianos. A la voz de querer recuperarla para extender a todos el servicio de salud, gritan las alarmas. La sociedad del privilegio, que favoreció siempre a los grupos de poder con la tajada más jugosa del patrimonio de la comunidad, se transforma por milagro en víctima de un atentado contra la equidad, contra el decoro, contra la democracia y… la libertad de empresa. Contra el mejor sistema de salud del mundo. Mas choca tal apología con la realidad. En entrevista de Yamid Amat al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (El Tiempo) cayó una confesión no pedida como roca de granito sobre la rosada demagogia que encubre la rapacidad de las EPS, ruidosamente apadrinadas por la Andi, por los jefes de los partidos de derecha y sus exministros de salud.
“Dicen las EPS que les quitaron 90 billones para entregárselos a Adres”, apunta el periodista, y Jaramillo responde: “no se los hemos quitado, ellas son intermediarias entre el paciente y el hospital; ahora vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales (…) No pierden los 90 billones porque ese dinero no es de ellas, es de los colombianos para pagar el servicio de salud”. “Pero dicen que entonces van a desaparecer”, insiste Amat. “Si lo dicen es porque hay gato encerrado. ¿Es que se está haciendo un uso diferente (con ese dinero)?” Lapsus fatal que pone blanco sobre negro la verdad.
Panegírico y escándalo culminan en la propuesta de archivar la reforma, y guardan proporción con la escala del abuso que la Ley 100 les ha permitido durante 30 años. Si el modelo que rige privilegia la medicina curativa (para sectores urbanos pudientes) sobre la atención primaria, preventiva, extendida a todos los sectores y regiones, es porque esta última no abulta el bolsillo de las EPS: su rentabilidad “sólo” es social. El negocio empieza por administrar -sin controles- el 8% del Producto Interno Bruto, presupuesto de salud que el año entrante podrá ascender a 100 billones, y se resuelve en mil prácticas que van desde el favoritismo en un Estado rentista hasta el delito. Como financiar clínicas propias con fondos de la salud, modelo que Saludcoop entronizó y se generalizó en las EPS; negar servicios y sobrefacturar; inducir la quiebra de hospitales públicos reteniéndoles pagos hasta por 23 billones a la fecha. Negocio redondo éste de la Salud Ley 100 para feriantes que ponen el grito en el cielo cuando un Gobierno osa seguir la línea de las democracias maduras: depositar en la esfera pública el control de los fondos públicos de un servicio público.
Si la cuarta parte de la Colombia profunda no accede a la salud y casi 700 de los 1.123 municipios carecen de hospital y hasta de puesto de salud porque en zonas pobres no prospera ésta como negocio; si las estadísticas reportan decenas de miles de muertes evitables, una reforma se impone. Y ésta podrá perfeccionar un sistema mixto de afiliación, de servicio y aún de aseguramiento, si los particulares interesados aportan capital propio. Para comenzar, prohibir a particulares la integración vertical. En todo caso, el deplorable recorrido financiero de las EPS exige alternativas para sanear el sistema y blindarlo contra la corrupción que lo subyugó. Líneas infranqueables serán no apenas el giro directo de Adres a los hospitales sino su progresiva consolidación como ordenador del gasto, con auditoría propia o del sector privado. O de ambos. Y la creación del sistema único y público de información para el sector.
Tras ocho años de gobiernos que sabotearon la expedición de una ley ordinaria enderezada a reglamentar la Estatutaria de Salud, llegó la hora de hacerlo. Moderen los adversarios de la reforma su libido de poder y de riqueza. Allánense a un acuerdo cifrado en parámetros de ética pública y justicia social.
por Cristina de la Torre | May 23, 2023 | Acuerdos de paz, Corrupción, Crímen organizado, Fiscalía General de la Nación, Guerrillas, Líderes Sociales, Lucha antinarcóticos, Mayo 2023, Narcotráfico, Paramilitarismo, Policía Nacional, Protesta social, Seguridad social, Violencia
Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.
Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.
Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multicrimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno.
Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.
por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Mayo 2023, Modelo Económico, Modelo Político, Narcotráfico
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2023 | Abril 2023, Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, ELN, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, La paz, Paz Total, Personajes, Proceso de paz
No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía.
El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.
Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.
Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja.
Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.
Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.
por Cristina de la Torre | Mar 28, 2023 | Estado laico, Estado liberal, Iglesias, Marzo 2023
Aun en la traumática depuración de Colombia como Estado laico, escandaliza esta cruzada del jefe de la Policía, general Henry Sanabria, por convertir la institución de seguridad y defensa en congregación mariana. El alud de misas y rosarios y procesiones y conjuras al Maligno impuesto a 160.000 hombres, evoca la recurrente fusión de la espada, la cruz y el bozal que ha signado la historia de la nación. Revive figuras que, encarnación de las llamadas fuerzas vivas de la patria, conspiraron contra el divorcio de Iglesia y Estado y militaron en la causa de la guerra santa: el obispo, el censor, el general. Monseñor Builes disparó homilías que catapultaron la violencia contra el reformismo liberal y la modernidad. Alejandro Ordóñez despachó con la Biblia desde una procuraduría sembrada de crucifijos, para negar la paz hace seis años, de brazo con las jerarquías católica y evangélica. En este intercambio de roles, el prelado vistió la retórica del fusil, el jefe del ministerio público, la sotana, y el general cubrió su pistola al cinto con los tules de la Virgen María.
En tal usurpación del Estado liberal aletea el fundamentalismo ultramontano de un monseñor Builes, convertido en poder político labrado en la violencia. La guerra contra el Estado “impío y ateo” que su aliado Laureano convocara se resolvió 75 años después en estocada contra la paz. La ofensa al sufrimiento de los colombianos pronto despertó el antídoto avasallado en la Iglesia: hoy respira en ella el compromiso de un monseñor Jaramillo con la reconciliación en Buenaventura y 38 obispos recibieron piadosos esta semana la palabra del Papa: ser pastores para su pueblo y no prelados para el poder. ¿Son suficientes síntomas de cambio?
Tras la ofensiva de Ordóñez medraba el partido político Voto Católico, reducto que abomina la “ideología de género” y el “laicismo militante”, y justifica la resistencia armada contra gobiernos “perversos” porque prescinden de Dios, contra la superstición diabólica de la democracia liberal. Invoca la Inquisición y el fascismo de Primo de Rivera, savia de la alianza conservadora-clerical que consagró la patria de Cristo-Rey elevada a poder del Estado. Y alimentó también a la secta lefebvrista del procurador.
Trocada aquella divisa en gesta moralizante desde la religión, el general Sanabria reconviene todos los días al cuerpo de Policía contra el divorcio y el adulterio que allí campean, no sin denigrar también de la mujer. Como si el divorcio no fuera legal o si el adulterio fuera delito en Colombia, apunta la investigadora Olga Lucía González. El problema, agrega, es que Sanabria es el jefe de un cuerpo civil encargado de proteger los derechos y libertades públicas. Ha suplantado la acción anticorrupción en la Policía por cacería de policías homosexuales, ateos, impíos u organizados en unión libre para forzarlos a casarse.
Por tres caminos porfía la avanzada hacia el Estado clerical en Colombia, puesta la mira en una teocracia (¿sangrienta?) Como la de Calvino en Ginebra, que despuntó con muerte en la hoguera para el librepensador Miguel Servet, culpable de negar, entre otros, el dogma de la Trinidad Inmóvil. Ya se recordaba en este espacio que el ginebrino escribió la primera guía teológica y política de la doctrina evangélica, pareja inspiración de la Inquisición católica: toda crítica a su creador será por fuerza ofensa al poder político que lo representa. Como la libertad de conciencia es doctrina del demonio, quien la ejerza debe morir. Este catecismo es a la vez pauta de fe y ley orgánica de Estado.
Va para nuestra trinidad de obispo, censor y general esta glosa de Stephan Zweig: cuando un credo se toma el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror; a quien cuestione su omnipotencia le corta la palabra y, casi siempre, la garganta.
por Cristina de la Torre | Mar 21, 2023 | Conversaciones de Paz, ELN, Estado de Derecho, Farc, Marzo 2023, Modelo Económico, Modelo Político, Pacto Social, Paz Total, Seguridad social
Por cuanto sugiere la agenda de México, el ELN realizaría su sueño dorado en 40 años de conversaciones de paz: puerta ancha para que le entreguen la “revolución” en la mesa, y sin deponer las armas. Desde una alianza programática y “visión conjunta” de la paz entre el Gobierno elegido en democracia y el grupo insurgente que se alzó contra ella, el proceso apuntaría esta vez a meta más ambiciosa: un pacto nacional entre políticos, gremios y movimiento social para emprender las reformas que la historia impone. Reforma agraria, industrialización y energías limpias, en visión del presidente Petro.
Salta a la vista el primer escollo: un acuerdo sobre reformas democráticas concertadas en diálogo plural con las fuerzas de la sociedad riñe con el protagonismo en la iniciativa que reclama un grupo armado cuyo trasegar de 60 años en nada favoreció al pueblo del que se autoproclama vanguardia y despertó, en cambio, miedo y rabia por la violencia desplegada. Riñe, sobre todo, radicalmente, con el liderazgo que ambiciona una guerrilla extraviada en sus fantasías de poder, mientras rehúye en la mesa un nítido compromiso para poner fin al conflicto armado. Precondición insoslayable de cualquier acuerdo sobre modelos económico y político que tributen a la paz, como la experiencia ha demostrado.
En entrevista concedida a La WRadio, deplora Sergio Jaramillo que se le concedan al ELN todas las gabelas mientras el Gobierno parece deponer prerrogativas irrenunciables. No percibe en esa guerrilla voluntad de acabar la guerra, pues nunca se compromete taxativamente con una eventual dejación de armas ni con el cese el fuego; y el Gobierno concede el abordaje del modelo económico, del régimen político y la seguridad, líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo debe reformarse en reglada lid democrática.
Es repetición de la antidemocrática avanzada del Caguán, apunta el negociador de paz que, al lado de Humberto de la Calle, depuró en La Habana un modelo de paz que el mundo aplaudió. Con un agravante: al examen de la economía deberán seguirle políticas públicas de obligatoria ejecución conforme se vayan decidiendo cambios en la mesa (bajo la vigilancia armada del ELN). Peligroso anverso de la negociación con las Farc, cuyo buen éxito estribó precisamente en el principio de que nada está acordado mientras no lo esté acordado todo. Ahora tendrán que ejecutarse cambios ad aeternum (los que el ELN apruebe), mientras se transgrede el otro principio medular: propósito de la negociación es la paz, cuyo primer resultado será separar las armas de la política. Ahora, por lo visto, se trataría de una paz armada.
Estima Jaramillo que la agenda de México deja al ELN en un paraíso, y Juanita León de La Silla Vacía, que la iniciativa recae en la guerrilla mientras el Gobierno juega de notario. Éste ha de responder a su compromiso antes que el ELN deje las armas. Se invierte la secuencia de los procesos: aquí se empezarían a ejecutar medidas antes del acuerdo final, pues éstas serían “de ejecución inmediata”. Según León, se convertiría la negociación en un parlamento paralelo. Y en un gobierno compartido, diría yo.
La estrategia de Paz Total interpreta un hondo anhelo de los colombianos; y la divisa de reformular el pacto social, una esperanza de mayorías. Pero aquella ha de edificarse sobre el Estado de derecho y éste, como pacto pluralista en democracia. Luego, no puede convocarse desde la alianza excluyente y equívoca de un Gobierno democrático con una fuerza insurreccional armada. Sean Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie mentores iniciales del Pacto, en nombre de los sectores más beligerantes. Partidos de todos los colores, gremios y organizaciones sociales avalarían un cambio concertado entre todos y para todos. No una propuesta de cogobierno con el ELN en armas.21
por Cristina de la Torre | Mar 14, 2023 | Corrupción, Covid 19, Derecho fundamental, Iglesias, Impunidad, Justicia, Marzo 2023, Mujer, Protesta social, Violencia, Violencia Intrafamiliar
“Marcho porque estoy viva, y no sé hasta cuándo”, rezaba la pancarta de una manifestante este 8 de marzo. Paola Acero no lo logró: a ella la mató de cinco disparos su compañero, Kevin Hurtado, el 23 de febrero. Ante golpizas y amenazas de muerte, no alcanzaron sus súplicas para que la Policía lo retuviera en prisión. Tal dimensión cobra en Colombia este trance, que el elemental derecho de vivir ha opacado la lucha de las mujeres por la igualdad de género en la sociedad, en la economía pública y doméstica, en la política. Hace un año se despenalizó el aborto –conquista jamás soñada en el país más conservador de América– pero el feminicidio se disparó. Como si fuera una revancha. El Observatorio Colombiano de Feminicidios registra 612 casos en 2022; cifra probablemente desinflada, pues muchos de ellos se presentan como crimen pasional, o no se reportan por miedo. La sevicia de estos asesinatos escala a empalamiento y descuartizamiento y envía un mensaje terrorífico a las mujeres todas. Para el DANE, semejante violencia contra mujeres y niñas es expresión extrema de la desigualdad y la discriminación contra el sexo femenino que anida, primero, en la familia. En tiempos del Covid19, se catalogó la violencia de género como “la pandemia en la sombra”.
Mas en la trastienda culebrea el patriarcado, batería de poderes de la masculinidad violenta que se descarga sobre mujeres y niños indefensos, y opera sobre la preconizada inferioridad femenina y la desigualdad de género. Pero tiraniza también a los hombres, aunque de manera distinta y en proporciones no comparables. Padecen ellos la brutalidad invisibilizada que les niega el derecho de expresar emociones y los agobia en el rol de macho proveedor, conquistador, amo del universo. Cómo esperamos que no ejerzan violencia los varones si les pedimos estar a la altura de esa hombría machista, se pregunta María Fernanda Cepeda, vocera de la alcaldía de Bogotá. Entre muchas capitales de América Latina, se lleva esta ciudad las palmas en violencia intrafamiliar. La mitad de sus hombres, agrega, creció sin padre y cuando éste estuvo presente, fue para apalearlos a todos en el hogar.
Variante sofisticada, eficientísima, del patriarcado es la religiosa. Versión siempre renovada del derecho divino de los reyes, ella reviste de divinidad la masculinidad para aplastar a un tiempo el cuerpo y el alma de la mujer, hez de la humillada marea de vasallos. De seguro animó este sentimiento al sacerdote católico Carlos José Carvajal a abusar de una menor de 13 años y obligarla a abortar en San Bernardo del Viento. O al pastor Carlos Eduardo Cuero a hacer lo propio contra nueve mujeres, a quienes coaccionó y degradó, a título de educación espiritual cristiana, según revela el profesor Óscar Alarcón. O al pastor Francisco Jamacó Ángel, líder de un centro cristiano en Bogotá, sentenciado por abuso sexual contra cinco feligresas, dos de ellas menores. Práctica sistemática del pastor que abusaba de su autoridad con el caramelo de que ellas eran “un regalo de Dios”.
“Una mujer discreta es un regalo del Señor –acaba de escribir el director de la Policía, Henry Sanabria– (…) Una mujer modesta es el mejor encanto. El encanto de la mujer alegra a su esposo y, si es sensata, lo hace prosperar”. –Sus sueños, general, son nuestras pesadillas, ripostó al punto Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia y emblema de las luchas de la mujer por sus derechos. Es que el recurso del general al lenguaje y al espíritu más crudo de la Biblia sintetiza, en símbolo trágico, la trinca entre uniformados y purpurados que en la historia de Colombia se jugó más de una guerra santa. Hace honor al más ominoso de los patriarcados, mientras el feminicidio parece tenerle sin cuidado.
por Cristina de la Torre | Feb 27, 2023 | Febrero 2023, Imperialismo, Internacional, La paz, Política exterior, Violencia
Cuando de prevalecer se trata, mucho le cuesta salvar vidas al cristiano, civilizado Occidente; y cómo se solaza el no menos cristiano Putin en la crueldad de su invasión. A cuanta iniciativa de paz se ventila, se muestran ellos escandalizados mientras redoblan acezantes la lucrativa producción de municiones y drones y tanques y cohetes. Se diría que a los verdugos de Afganistán, Iraq, Siria y Kosovo se les apareció la virgen vestida del ruso comeniños. El asalto a Ucrania se le ofrece a Estados Unidos (y su OTAN) como maná del cielo para volver a disputarse el poder hegemónico en el mundo con su viejo rival de la Cortina de Hierro.
Tan responsable de una guerra nuclear sería el que la menea hoy como posibilidad desnuda para reconstruir la URSS sobre el imaginario del zarismo, como los cruzados de la democracia que presentaron como “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva” sus carnicerías de la Guerra Fría. No es esta una batalla entre democracia y dictadura, entre civilización y barbarie: es, otra vez, guerra de imperialistas que se disputan el dominio en un nuevo orden mundial; otra vez sobre montañas de muertos, para honrar la tradición del Siglo XX, en cuyas guerras desapareció la décima parte de la humanidad.
Imposible descalificar el derecho a defender la soberanía territorial. Pero inquieta si ella se resuelve en sacrificio de vidas que ya suman 300.000 en esta guerra, sin contemplar la opción de transacción política con el agresor. Y prestarse como yunque a la barbarie de contendores sin hígados, resulta inexcusable. ¿No habrá pasado la ayuda militar el umbral que convierte a los aliados de Zelenski en coprotagonistas de la contienda? ¿Querrán los gobiernos de Occidente sacrificar hasta el último ucraniano?
La ilusión inicial de una guerra relámpago triunfal se difuminó, primero, en guerra de posiciones y ahora en guerra de trincheras. Brutal enfrentamiento de desgaste sin final a la vista donde el combate se libra casi cuerpo a cuerpo, en líneas que ni avanzan ni retroceden. Hay en Ucrania batallas de esta laya que evocan la sangrienta de Verdún en 1916. Etapas tuvo la de hoy donde caían mil soldados rusos cada día. Dolorosa mortandad de muchachos en uniformes contrarios lanzados al abismo sin apelación y, tantas veces, sin sentido. Para no mencionar los 8.000 civiles sacrificados a la inclemencia del usurpador.
Más de una personalidad ha pedido negociar la paz. Clama Habermas por evitar una larga guerra que cobre más vidas y destrucción, y desemboque en una disyuntiva desesperada: o intervenir de lleno en el conflicto, o bien, abandonar a Ucrania para no provocar la primera guerra mundial entre potencias con armas nucleares. Si es que el masivo suministro de armas no significa ya participar en esa guerra. Los gobiernos de Occidente, señala, tienen que garantizar la seguridad de sus ciudadanos y son moralmente responsables por las víctimas causadas: ni el partidario más altruista quedaría exonerado de responsabilidad. Una cosa será ayudar a Ucrania a no perder la guerra y, otra, buscar la derrota de Rusia.
China se ofrece como mediador en una solución política del conflicto. Pide diálogo, denuesta la guerra nuclear, insta a respetar a la población civil y la integridad territorial de Ucrania. Zelenski acaba de anunciar que se reunirá con su presidente para estudiar la inesperada puerta de salida, que Biden y la OTAN desairan. Poderosa campaña la de Sergio Jaramillo bajo el hashtag AguantaUcrania, que expresa ya la indignación de 70 intelectuales de América Latina por la invasión a ese país. Podrá ella tributar a la resistencia armada; o bien, favorecer condiciones políticas, no militares, para una negociación de paz. La primera puede conducir a una guerra sin fin; la segunda, a una paz imperfecta, pero paz.
