Una cosa es enriquecerse con lotes de engorde, como es tradición en Colombia. Otra, adicional a la primera, acabar de enriquecerse induciendo una valorización astronómica de la tierra desde el poder del Estado. Como es el caso de los hermanos Uribe Moreno, cuyo terreno de Mosquera se valorizó cien veces y su rentabilidad creció diez mil por ciento, gracias a los buenos oficios de miembros del alto gobierno. Ya no basta, pues, especular con el valor de un predio que renta solito, sin tocarlo ni romperlo ni mancharlo, porque habrá a la larga quien pague bien para levantar en él su casa. Ahora se extiende la mano del gobierno amigo que propicia una expansión caótica de Bogotá, para contento de los especuladores.
La ciudad se desparrama a trechos sobre la Sabana. Y la rentabilidad viene por partida doble: primero, con la incorporación de nuevas tierras, aumenta el precio del suelo urbano, en poder de quienes lo monopolizan; segundo, al declarar urbanas o industriales las tierras de vocación agrícola vecinas de la capital, por acto oficial de un alcalde, su valor se trepa al infinito. Más aún, si le atraviesan vía troncal y tren de cercanías. Dice el Secretario de Hacienda de Bogotá que, con el proyecto del tren de cercanías, los precios de la tierra en la Sabana se han multiplicado por diez y florece la especulación. Hacia el Occidente, un predio que costaba 100 millones hoy vale 1.700 millones. Tan jugoso negocio debe pasar por alto el hecho de que este tren costará 750 millones de dólares y servirá a 300 mil pasajeros día, en tanto que las troncales de las dos primeras fases de Transmilenio, construidas por 1.500 millones de dólares, mueven millón y medio de pasajeros al día.
Pero hay otras mejoras del Estado que valorizan esas tierras en forma artificial (y espectacular): las zonas francas, entre cuyos beneficiarios están los hermanos Uribe. Once en 2002, hacia finales de este año serán 73. Tanta fiebre parece obedecer a las gabelas tributarias que el gobierno les concede. Todas. Y a la retribución de favores políticos del Príncipe, como lo han demostrado los senadores Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo.
En contraste violento con este panorama, informa Camacol que en Bogotá dizque no hay suelo urbanizable para vivienda de interés social y que el déficit habitacional asciende a 300 mil unidades. Los menos, construirán en municipios vecinos; los más, engrosarán los ya hacinados barrios de invasión en las laderas de la capital. Es que en Bogotá el 60% del plusvalor real del suelo se concentra en el 15% del área que es propiedad de un puñado de ricos. Esta dinámica de los precios del suelo segrega a las mayorías y les hurta los beneficios de la urbanización.
Aconsejan los expertos frenar el reguero de la ciudad y proyectar su desarrollo hacia arriba, compactándola. Concentrar el crecimiento formando “ciudades dentro de la ciudad”. Un modelo tal, según Rodrigo Manrique, localiza la vivienda cerca de los sitios de trabajo, de los centros educativos y de salud, de las áreas comerciales y lugares de recreación. Agrupa las actividades urbanas a corta distancia. Así “densificado” el espacio, se reducirían la demanda de transporte y sus costos. Más oxígeno y menos ruido, mermarían también el número de visitantes a hospitales y centros de siquiatría.
Bogotá no sale del atraso. Su clase dirigente disfraza ahora el ánimo especulativo del viejo lote de engorde con el ropaje “moderno” de un tren de alta velocidad y con zonas francas más pensadas para capar tributos que para promover exportaciones.