No fue Iván Duque el único en boicotear la implementación de la paz. También la saboteó Gustavo Petro, por inacción y por haber desmontado los órganos creados para alcanzarla. Y es causa protuberante de la violencia que vuelve a enseñorearse del país. La paz total no tendrá éxito, declaró en su franqueza el ministro Cristo en foro sobre el acuerdo nacional organizado por la revista Cambio; el logrado en 2016 fue la oportunidad perdida, pues los grupos armados no valoraron esta vez la mano tendida del presidente. Hoy debemos retomarla, puesta la mira en circunstancias nuevas, como la degradación del debate público en un país donde al insulto puede seguirle la bala; la simbiosis de legalidad e ilegalidad en todos los grupos armados y su atomización: la de hoy es una violencia de grupos criminales sin ideología, apuntó el ministro.
Para el Comisionado de Paz, Otty Patiño, la paz total es un desafío y una necesidad. Grande esperanza le siembra la experiencia de Comuneros del Sur porque toca con la paz territorial, donde la gente está. Y sí, la violencia no responde hoy a un ideal insurreccional sino a rentas ilegales, en armonía con el modelo económico que combina legalidad e ilegalidad. Difícil hallar la línea divisoria entre organización delincuencial y grupo político. Dígalo, si no, -señala Patiño- el hecho bochornoso de que el cartel de Medellín gobernara en esa ciudad y el de Cali en la capital del Valle. Un acuerdo de paz con armados supone avanzar en negociación territorial: la paz se materializa en el territorio.
El acuerdo que se teje no será para proclamar la suerte final de la nación, ni para reducir a mecánica de mercado político la discusión de las reformas en el Congreso, dice Cristo. Será para divorciar la violencia de la política, concentrándose en la reforma integral del campo, cuyo punto nodal son los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más atormentados por el conflicto armado: son el 36% del territorio que acoge a la cuarta parte de la población rural. Sin los PDET, acción mancomunada de Estado y sociedad, no habrá paz, pues ella pasa por la transformación de aquellos territorios. Tal como lo señalan la norma constitucional y la legal que les da sustento.
Los PDET son un medio de planificación y gestión para el cambio regional, que acelera la reforma rural integral allí donde más se han sufrido la guerra, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. Principiando por encarar el obstáculo de tenencia de la tierra, diagnostica problemas, planifica soluciones y las ejecuta a dos manos con el poder público, bajo la mirada vigilante de las instituciones y de la comunidad. No busca este instrumento “llevar” el Estado a la región sino construirlo desde la región que, olvidada, es pasto de feroces ejércitos de ocupación. Los PDET son la médula de la implementación de paz.
Recuerda la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que, si ha sido la tierra causa del conflicto, por la tierra pasa la búsqueda de la paz; y por la reforma agraria, el acuerdo nacional. Invita ella a consolidar los Comités de Reforma Agraria, instancia vital de concertación porque materializa el diálogo plural en los territorios.
Plural y diverso fue también el diálogo en este Foro de Cambio, que arroja cuatro divisas a la reflexión: un acuerdo nacional deberá invalidar la violencia y acatar en los hechos la reforma agraria: tierra y paz. La paz total no podrá ser objetivo de un gobierno sino propósito nacional y política de Estado. El diálogo de paz es irrenunciable. El acuerdo nacional no es punto de partida sino punto de llegada. Trabajar por el acuerdo es trabajar por el país. ¡Manos a la obra!