En política agraria, descuella Uribe como discípulo aventajado de la escuela que en 1990 adoptó César Gaviria y cuyo último vástago es AIS. El artífice de Carimagua aprendió la lección y superó al maestro. A instancias de la apertura económica y dizque para fomentar cultivos de exportación como la palma africana, el abismo entre grandes propietarios y la miseria rural ha alcanzado proporciones que casi ningún país registra. Y tal inequidad apareja una violencia que hasta Stiglitz considera irreductible si no se crea empleo y se elimina el sistema de monopolios que avasalla al campo.
El escándalo de AIS, tapa de la olla podrida en la que derivó este gobierno, no va solo. El Incentivo Sanitario para Flores y Forrajes viste la misma prenda: mientras el pequeño floricultor recibe menos de 15 mil pesos, multimillonarios y particulares acaparan la tajada mayor. Por ejemplo, The Elit Flower recibe 974 millones y dos señoras (reinas de belleza?) se quedan con 1.620 millones.
Darío Fajardo, respetado estudioso de la materia, sostiene que AIS es apenas producto de un modelo que se afirmó en los 90 y hoy representa el núcleo del proyecto económico de Uribe: es una estrategia de enriquecimiento para grandes propietarios, no un modelo de desarrollo agrario de beneficio común. Con la apertura económica, Colombia perdió en aquella década 700 mil hectáreas de cultivos y 300 mil empleos en el campo, con efectos desastrosos sobre la seguridad alimentaria del país, que hoy importa la mitad de su comida, a precios astronómicos. Baja de aranceles significó invasión de productos extranjeros; repatriación masiva de dólares del narcotráfico significó revaluación del peso. Juntos, estos dos factores redundaron en el desplome de la producción nacional.
Más acusada cada día, aquella estrategia es el corazón del plan de desarrollo que Uribe proyecta a 2019. Conforme cae la producción de alimentos crecen los cultivos de tardío rendimiento. Se cree que la única manera de integrarse al mercado internacional es beneficiando a los sectores “competitivos”, aunque generen poco empleo o ninguno, y arrasen con la agricultura campesina. Resultado, una mar de indigentes aterrorizados que, cuando no huyen a mendigar en las ciudades, se alquilan como soldados de cualquier ejército ilegal.
Para asegurar la rentabilidad de los cultivos de exportación, el gobierno propicia la concentración de la propiedad, abruma de gabelas a los ricos del campo y acolita el pago de salarios de miseria a los miserables del sector, 34% de la población campesina. Todo, so capa de proteger al agro de un hipotético TLC y compensar sus elevados costos de producción. Como si éstos no resultaran, precisamente, del monopolio sobre la tierra, sobre el crédito y el capital, sobre la industria de agroquímicos. Imposible reducir costos sin desmontar esa estructura de monopolios, con estrategias de fondo como la reforma agraria, señala Fajardo. Aquí, los recursos destinados dizque a reducir costos de producción terminaron por enriquecer más a los ricos y pagar favores políticos al gobierno.
A 50 años de la muerte de López Pumarejo, a 70 de su propuesta de reforma agraria, ha crecido la desigualdad en el campo. Hambre, desarraigo y violencia cobran sus víctimas entre los más débiles. La misma oligarquía atrabiliaria que respondió con la Violencia a la Revolución en Marcha, frustró por segunda vez en Chicoral la reforma agraria que los Lleras intentaron en los 60. Voraz, insaciable, ahora coligada con los nuevos potentados que medran a sangre y fuego, aquella oligarquía de perrero se ha hecho con el poder todo, y en él quiere quedarse. No otra cosa augura la reelección.