A la voz de reforma tributaria, rozando propuestas de Luis Carlos Villegas, vocero de la ANDI, el presidente Santos se pronuncia en favor de ampliar la base tributaria y reducir el impuesto de renta (El Espectador, 1-22). Vale decir: extender este tributo a nuevos contingentes del trabajo entre las clases media y baja y favorecer –más aun, si cabe- a los ricos. Idea regresiva que riñe con los principios de justicia y equidad propios de la política fiscal en democracias modernas. Y perpetuaría a Colombia sin remedio como el país más desigual de América Latina después de Haití. La tal idea es huevito cacareado aquí desde tiempos inmemoriales, calentado en el pasado gobierno que abrumó de exenciones a los millonarios, y que Santos empollaría ahora (¡Dios no lo quiera!) para júbilo de los más pudientes. Agrega el Presidente, empero, que la reforma buscaría tapar los huecos de la evasión y la elusión fiscales. Enhorabuena. Así, el esfuerzo heroico de Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, contra la evasión del IVA verbigracia que en establecimientos comerciales ronda los 10 billones al año, podría penetrar nichos inexpugnables hasta ahora. Como el de los terratenientes, que burlan masivamente el impuesto predial. Vaya usted a saber cuánto paga Víctor Carranza por sus tierras tras adquirir, no ha mucho, la hectárea número un millón.
Debería complementarse la cruzada, no obstante, con una reforma tributaria estructural guiada por criterios de inclusión social y capaz de recuperar la tributación directa, que viene de capa caída. Ésta no alcanzó ni a la mitad del recaudo en 2010. Es que el impuesto directo y progresivo, aquel que grava a cada cual con tarifas crecientes según su real capacidad económica, es el instrumento redistributivo por antonomasia. Si parte del ingreso que perciben las clases altas migra al bolsillo de los sectores medios y bajos, aumenta la demanda de bienes, las fábricas deben multiplicar su producción para satisfacer las nuevas necesidades, y enganchar nuevos trabajadores. El gobierno, por su parte, dispondría de recursos para financiar gasto público y políticas sociales. Una reforma tributaria así concebida dinamizaría, pues, la economía y crearía empleo. Colombia es hoy el tercer país en población de América Latina, después de Brasil y México. 46 millones de habitantes con capacidad adquisitiva, salud y educación serán mercado interno apetecible para nuestros empresarios.
Además del impuesto directo y progresivo sobre la renta, habría que volver al impuesto sobre remesas de dividendos de las firmas extranjeras que Uribe había eliminado. Para que la inversión extranjera deje de ser ficción, la vuelta del bobo: en la última década, los inversionistas extranjeros remesaron fondos por el mismo valor del capital que habían invertido en Colombia. Y las regalías que las multinacionales mineras le pagan al gobierno están muy por debajo del promedio internacional. Negocio redondo, pero para otros.
Siempre sostuvo la derecha que la economía debía primero crecer y repartir después. Pero el desafío es convertir el crecimiento en desarrollo, compartir la prosperidad con los sectores olvidados de la población. Vencer el abismo de la desigualdad. Y eso sólo se logra repartiendo conforme se crece. Gabriel Gonzalo Gómez, profesor de Eafit, sostiene que la pobreza en Colombia obedece más a la inequidad en la distribución que a la incapacidad para producir riqueza.
“Quiero ser recordado, declaró Santos, por haber conseguido la prosperidad, no para unos pocos sino para todos los colombianos”. Sea. Mas con reformas tributarias como la que el gobierno cocina, la prosperidad seguirá siendo prerrogativa de los menos, olvido de los más. Con este codo borraría el Presidente la página gloriosa que se propuso escribir con la restitución de tierras.