¿Fue argucia del momento para resarcir la imagen apaleada por las torpezas de su Gobierno frente al paro agrario, o propósito digno de un López Pumarejo? Resonaba todavía el desatino de Mindefensa, el Valentón, que magnificaba el poder de las Farc al presentarlas como artífices de un movimiento campesino probado en mil batallas, sin armas, cuando sorprendió el Presidente con su anuncio: el 12 de septiembre instalará mesa de negociación de un gran pacto agrario con todos los campesinos y gremios del campo. La meta, “darle un vuelco a la política agraria del país”. Si ardid publicitario, está perdido: no parece el campesinado impresionarse con lucecitas de bengala ni paliativos pasajeros; más bien se la juega por sacudir los ejes de la vida y la economía del campo. Pero si va Santos en serio, precipitaría el debate madre del posconflicto: la reforma agraria. Un timonazo que redistribuya propiedad, intervenga el latifundio improductivo, proteja y modernice la economía campesina, mejore la productividad general del sector y renegocie los TLC. Tabú de las derechas, anhelo siempre burlado a las mayorías, la posibilidad cierta de una reforma agraria elevaría el debate desde las vilezas de la política menuda hasta motivos de calado superior.
Aunque de los partidos no cabe esperar mucho. Ley de Víctimas aparte, da grima la pobreza ideológica del liberalismo que otrora abanderara la causa de las mayorías. A un reclamo por su mutismo vergonzoso ante la movilización campesina, su jefe responde que es el Gobierno el que reparte la mermelada. Insaciables, los conservadores sólo aciertan a sentirse “maltratados” (léase sin todos los puestos que quisieran). Por falta de credibilidad, el jefe del Centro Democrático dejará de fingirse vocero del campesinado al que oprimió con saña, para defender, a grandes voces, los intereses más retardatarios del campo. Se le abonará la franqueza, pivote del debate democrático. La izquierda enarbolará la bandera agraria, enseña de paz. Pero el factor decisivo será la contundencia del argumento campesino y su capacidad movilizadora. Si aspiran los partidos a sobrevivir, tendrán que decidirse a nutrir en serio este debate.
Que agroindustria y pequeña propiedad de economía campesina pueden convivir, y hasta complementarse, no se discute. Lo que abruma es la rémora centenaria del latifundio improductivo. La subutilización de las mejores tierras y su concentración en pocas manos bloquean el desarrollo y sumen al campesinado en la miseria. Ningún país se permite hoy el adefesio de albergar media vaca por hectárea de suelo feraz. Pero no basta con entregar tierra al campesino; necesitará ayudas en crédito, técnica, comercialización de sus productos y calidad de vida digna. Y protección frente a la riada de importaciones que los TLC traen. Con más veras si ellos violentan los principios mismos del libre comercio, como sucede en Colombia. Al punto que nuestro TLC con EE.UU. más parece un pacto de adhesión que un convenio comercial. La mitad de los alimentos que consumimos viene de afuera. Si Santos aspira a concertar un pacto que resuelva los grandes problemas del campo, entre otras medidas, habrá de renegociar estos tratados. Por imperativos de interés nacional.
El Presidente insistió el domingo en la convocatoria de la mesa para suscribir el gran pacto agrario. Reenfoque sustancial del Estado, no concebido ya apenas como garante de la libertad de mercados sino como instancia directriz del desarrollo concertado con la sociedad. Más aún, si el anuncio no fuera señuelo sino gallada del calibre de la paz. Entonces López Pumarejo sonreiría desde el más allá. Y nuestros campesinos, desde el más acá.