por Cristina de la Torre | Sep 6, 2025 | Democracia, Derechos, Estado de Derecho, Estado laico, Imperialismo, Internacional, Justicia, Partidos, Personajes, Política exterior, Racismo, Reforma Agraria, Régimen político, Septiembre 2025, Violencia
Carambola a tres bandas ejecuta Trump para coronarse dictador “de tierra caliente”: primero, reencarna al tirano latinoamericano; segundo, en su impúdica manguala con Bolsonaro y Bukele restaura la secular complacencia de Estados Unidos con las satrapías del subcontinente; y, claro, reanuda la amenaza-invasión de su armada, ahora contra Venezuela. Guardadas diferencias de tono y de época, Trump evoca al Tirano Banderas de Valle-Inclán, obra inaugural de la novelística sobre el dómine “de largas astucias que encubren una crueldad esencial”. Lo dibuja como “una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo, el garabato de un lechuzo”. “Esperpento” de sainete, asesina de 15 puñaladas a su hija, para que sus enemigos “no te gocen ni te baldonen llamándote hija del chingado Banderas”.
La misma grosera ostentación de poder personal, con dos notas al canto: el patrimonialismo, que asume riquezas de la nación como haberes del dictador, y el vasallaje de los subalternos bajo juramento de lealtad personal a sus querencias y desmanes. Que Trump lo potencie por internet sólo revela la convivencia de premodernidad y postmodernidad en el Estado. Le sirve también para decirse enviado de Dios. Y para proyectar la ojeriza sangrienta de Banderas contra la “indiada” que instaurara en México el Estado laico y la reforma agraria, hacia riadas de inmigrantes expulsados o arrojados a campos de concentración vigilados por cocodrilos hambrientos. La misma oligarquía despótica al mando con Banderas y con Trump azuzó al gobierno gringo para que le montaran dictador al presidente Arbenz cuando intentó reforma agraria en Guatemala con perjuicio de la United Fruit. A la intervención militar y al desmonte de las reformas en ese país siguió una represión de la oposición que cobró 80 mil vidas. Otros aliados del imperio serían Trujillo en Dominicana, Somoza en Nicaragua, Pérez en Venezuela y todos los dictadores del Cono Sur en los setenta.
En tres pilares se afirman estas dictaduras: en la concentración absoluta del poder, en la toma de los tribunales de Justicia y del Congreso, en persecución a la oposición y represión generalizada. Comprende, como en tiempos de los totalitarismos nazi y estalinista, vigilancia a la vida privada de la ciudadanía y manipulación de sus decisiones políticas. Actúan como sistema de partido único, sin oposición, contra el Estado de derecho. Atacan a la prensa libre, a las universidades, a los jueces desafectos. La Corte Suprema, ahora de mayoría trumpista, le concede inmunidad total al primer presidente de esa nación que asume como convicto de múltiples delitos. Hace cuatro días decretó la detención de personas mestizas o que no hablen inglés. Mike Johnson velará por la disolución de tribunales independientes.
Como los tiranos del continente, se rodea Trump de reaccionarios violentos: Comey fue autor de una propuesta que contemplaba 13 modalidades de tortura, Mueller funge como apasionado defensor del espionaje al ciudadano y su más excelso asesor político estima que el demócrata “no es un partido sino una organización extremista”: ¿guerrilleros vestidos de civil? Trump se brinca la ley: impone aranceles, deporta inmigrantes a la brava, desintegra embarcaciones en aguas ajenas por encima del derecho internacional, denuesta la condena por golpismo a Bolsonaro, manda fuerzas de ocupación a ciudades de mayoría demócrata y anuncia que buscará pena de muerte contra los delincuentes que en ellas habiten.
En la tradición del tirano de banana republic, también Trump obra como monarca absoluto, por la gracia de Dios. Escribe Shlombo Ben Ami: “Si el patriotismo es el último refugio de un sinvergüenza, el manto de una vocación divina eleva al sinvergüenza por encima del común… (Dijo Trump que) quien salva a su país no viola ninguna ley”.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Capitalismo Social, Democracia, Derechos, Desigualdad, Gustavo Petro, Justicia, La paz, Modelo Económico, Neoliberalismo, Pacto Histórico, Pacto Social, Privatización, Reforma Agraria, Reformas sociales, Septiembre 2025
Sí, el de Petro ha sido un mal gobierno, infecundo y alharacoso. Pero en cambio destapó el debate ideológico que la sociedad del privilegio había inhibido, para mejor blindar las ventajas de sus elites en el tercer país más desigual del continente. Llegada por vez primera al poder, la izquierda encarnó el anhelo de cambio que venía de ver el sacrificio de 80 jóvenes en las calles. El cambio adoptó figura de reforma social, tramitada a tropezones o boicoteada, pero invocó justicia, equidad y derechos en modo de capitalismo social. Ideólogos y doctrineros de la otra orilla fustigaron al petrismo por “ideológico”, estatizante, neocomunista y sospechosamente mestizo.
No se amilanó el Pacto Histórico, pero cedió a la tentación del insulto y de la provocación: degradó la polarización ideológica que cualificaba la política contrastando posturas sobre los problemas del país, para caer en polarización de rugidos, siempre al beso del puñetazo o de la puñalada. Nazis y esclavistas llamó Petro a sus adversarios, mientras desenvainaba espadas y agitaba banderas de guerra. Abelardo de la Espriella, discípulo amantísimo de Uribe, anuncia que no será presidente de los enemigos de la república sino de la gente decente, y promete “destripar” a la izquierda. Discrimina al adversario y lo desaparece. Quieren sellar la confrontación de ideas que ilustra el debate, amplía la participación y ayuda a rescatar el voto de la manipulación dogmática que sobre él ejerce un sistema donde el caudillismo es rey. Quieren sellar la posibilidad de construir consensos sobre una idea de país, sin suprimir el conflicto -que es propio de la democracia- sino procesándolo por el camino de las instituciones.
Mucho devela la polarización de ideas entre reformismo y estatus quo en el orden conservador de este país. En particular por la agudización de las desigualdades y de la pobreza que el modelo neoliberal ha traído con sus medidas de desprotección arancelaria, desregulación financiera y laboral, desindustrialización y privatización de funciones económicas y sociales del Estado. Nuestro sistema financiero se concentra hoy en tres grupos económicos que se han enriquecido sin límite después de que la Constitución del 91 les diera una gabela sin par en el mundo: el Gobierno no puede acudir al Banco de la República, debe financiarse en la banca privada. Y con intereses elevadísimos. En 20 años, el sector financiero pasó de representar el 8.8% al 22% del PIB. En cambio la participación de la industria en el producto se redujo a la mitad. Y la estructura agraria de alta concentración de la propiedad no tiene paralelo.
En tales circunstancias, el programa de Gustavo Petro no podía sino sacudir el avispero. Y no por las exiguas transformaciones operadas sino por la agitación ideológica en torno a ellas, que a muchos interpreta. Derechos sociales y económicos de la población, equidad, protección del ambiente, sistema de seguridad social orientado por el Estado, tránsito a energías limpias y reforma agraria. Su Plan Nacional de Desarrollo, discutido por 250.000 personas en comunidades, es propuesta de envergadura sin precedentes en muchos años. Sienta bases para proteger la vida, superar injusticias y exclusiones históricas; apunta a construir un nuevo contrato social y a transformar el modelo productivo del país.
Pero en Seguridad, clamor que ha recobrado protagonismo, este Gobierno fracasó. Si en reformas deberá matizar propuestas y convertirlas en hechos de gobierno, abandonar la polarización del rugido y el lenguaje de bajos fondos, tendrá que reinventar la política de paz. Camino indicado para retomar la iniciativa en una polarización ideológica que enaltezca la política, ante un país expectante y una derecha perpleja en su ineptitud para ejercer de oposición. Porque nunca lo fue.
por Cristina de la Torre | Ago 26, 2025 | Acuerdos de paz, Agosto 2025, Campesinado, Crímen organizado, Democracia, Derecha, Derechos, Desplazados, Desplazamientos, Guerrillas, Hidroituango, Iván Duque, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Paz Total, Política de seguridad, Reforma Agraria, Restitución de Tierras, Ultraderecha, Violencia
No parece casual que un miembro de Salvación Nacional y exmilitante del uribismo -el abogado Julián Rocha- proponga derogar el Acuerdo de Paz que desmovilizó a 13.000 guerrilleros, dizque para vencer la violencia y recuperar la seguridad. Como si a la paz se arribara suprimiendo precisamente la norma constitucional y las leyes que la sustentan y permiten implementarla. Pero el fracaso de la Paz Total, el infame asesinato de Miguel Uribe y la brutalidad de las bandas armadas contra uniformados del Estado y contra la población civil le vendrán a esta derecha como maná del cielo para poder vociferar odios, retaliaciones e invocaciones de “dar Balín”, instaurar la pena de muerte, “destripar” y “erradicar” a “esa plaga” de la izquierda. Y no menos provocador se mostrará el Gobierno; pese a que las acciones terroristas perpetradas en Amalfi y Cali con saldo de 19 muertos y 78 heridos resultan, entre otros factores, de una estrategia de seguridad fallida. Los ceses de la Paz Total les permitieron a los armados ajustar su control social y económico en el territorio y acudir al terrorismo. Que sólo cabe allí donde la razón política se ha trocado por el crimen.
Mas, como si nunca hubieran acudido al terror en la caverna, la propuesta de derogar el Acuerdo de Paz despierta allí un júbilo discreto. Es que la extrema derecha tal vez no se resigne a una paz cifrada en la verdad que compromete a núcleos poderosos de la élite en un conflicto que desbordó la acción contrainsurgente para encubrir una contrarreforma agraria y desplegarse como violación masiva de derechos humanos. No se resigna a una paz con reforma agraria que restituye sus tierras a las víctimas, entrega tres millones de hectáreas al campesinado y contempla un catastro que formaliza la propiedad en el campo y recalcula su impuesto predial. Le parecerá anatema una paz que involucra desmovilizados en la solución del narcotráfico y ordena al Estado desmontar las grandes coartadas financieras del negocio.
Sí, el Acuerdo debe de resultarles intolerable a fuerzas que consolidan su poder en la guerra, no en la paz: las Farc renuncian a la lucha armada, entregan las armas y se pliegan a la democracia, mientras el Estado ofrece justicia restaurativa con verdad y reparación a las víctimas del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla. Habrá amnistía para delitos políticos, no para crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Estado velará por los derechos de la oposición y se compromete a ejecutar una reforma agraria integral.
Este tratado de paz no ofrece antecedentes en el país y ha sido referente de muchos otros en el mundo. Pero casi nada hizo el Estado por implementarlo: los armados llegan hoy a 22.000 hombres y están en la mitad de los municipios. Responsabilidad de los Gobiernos Duque y Petro. El primero, por su política de hacer trizas la paz; el segundo, por seguir congelando su implementación. Hasta cuando el abandono de los territorios y el debilitamiento de la Fuerza Pública hacen crisis y la violencia crónica salta a terrorismo.
Dramática disyuntiva: derogar el Acuerdo de Paz con todo su potencial transformador hacia una democracia más sólida, o bien, regresar a la Seguridad Democrática que debilitó a las Farc hasta empujarlas a la mesa de negociación, pero a costa de una tragedia humanitaria. Porque aquella cruzada derivó en guerra sucia con protagonismo del paramilitarismo aliado de políticos, funcionarios públicos y militares; derivó en saga de masacres, desapariciones, desplazamiento, despojo de seis millones de hectáreas, secuestro y tortura de la guerrilla, falsos positivos y un largo etcétera de dolor que impone la pregunta de la hora: ¿Implementar la paz y replantear la estrategia de seguridad, o bien, derogar la paz y volver a la guerra declarada, sueño dorado de la ultraderecha?
por Cristina de la Torre | Ago 19, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agosto 2025, Álvaro Uribe Vélez, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Campesinado, Centro Democrático, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción Electoral, Democracia, Elecciones, Impunidad, Justicia, La paz, Líderes Sociales, Narcotráfico, Paramilitarismo, Paz Total, Política de seguridad, Violencia, Violencia política
Humberto de la Calle canta verdades del corazón de los colombianos: “No más, carajo, no más! -exclama. ¿O sea que deseamos que el odio sea nuestra canción de cuna? No, señor Uribe. No puede condenar a un expresidente porque asiste a las honras fúnebres de un joven político. Razón tiene Petro cuando se duele por ser acusado de manera injusta de ser el autor del magnicidio. Pero eso no lo exime de pedir perdón por sus tres años destruyendo desde el frontispicio de la jefatura del Estado la honra de sus opositores, dibujando una sombría historia de Colombia al amaño de su consigna de linchar a quienes discrepan”.
Y con Sergio Jaramillo se hace eco del repudio al alevoso asesinato de Miguel Uribe, figura saliente de la oposición. Su muerte, dicen en misiva común, es un durísimo golpe al Acuerdo de Paz, a su propósito de romper el vínculo entre política y armas; de dar garantías al ejercicio de la política, en particular, a la oposición, pieza medular de la democracia. La actitud del presidente Petro frente a ese derecho habría sido la misma que ha ostentado ante el Acuerdo: desdén, indiferencia, desprecio. En vez de implementarlo, empodera a bandas y disidencias, se sienta con ellas sin propósito ni método claros y sin un marco legal. Si resultaran las disidencias autoras del crimen, veríamos la dimensión de esta terrible equivocación.
Dirá Jaramillo a Semana que, pese a ser cabeza de la oposición del CD en el Congreso, el Gobierno no protegió a Miguel Uribe; en escenaario degradado por el debilitamiento de las instituciones, por negociaciones mal concebidas que empoderan a las bandas y por una retórica extremista, en la cual califica Petro a sus contradictores de “asesinos” y Uribe a los suyos de “neocomunistas”. Su política de Paz Total no sólo abandonó el Acuerdo sino que ofreció a los armados incentivos perversos. Como el de ejecutar “acuerdos parciales” mientras se negocia, en cuya virtud podrá la contraparte presentar proyectos del Gobierno como propios. Se configuraría así un virtual cogobierno armado.
Si en el Gobierno llueve, en la otra orilla no escampa. En extravagante negación de los hechos, afirmó el Centro Democrático que “en la historia reciente de Colombia jamás un presidente había alentado la violencia desde el poder como ocurre hoy”. Si a este Gobierno le cabe responsabilidad en un contexto de violencia multicausal, más pesaría sobre otros por persecución o por asesinato de miles de opositores. El Frente Nacional se preció de frenar el mutuo aniquilamiento de liberales y conservadores, para apuntar ahora contra todo aquel que objetara el abusivo monopolio de poder bipartidista: prohibió la oposición e instauró el delito de opinión. Asimiló contradictor a enemigo interno bajo el manto de la Guerra Fría, lo tuvo a menudo por terrorista, candidato a asedio o a disparo profiláctico. En la Seguridad Democrática se alternaron motes de terrorista y “guerrillero vestido de civil”, y a menudo se mezcló la acción contrainsurgente del Estado con el asesinato de civiles: los falsos positivos fueron 6.402. Desde sus primeras armas, con frecuencia de consuno con las autoridades, libraba el narcoparamilitarismo su propia limpieza de comunistas. Las Convivir en auge, se exterminó a un partido político: 6.000 miembros de la Unión Patriótica. En los últimos 9 años se ha ultimado a miles de líderes sociales, 439 en tres años de este Gobierno, ciego al Acuerdo que encararía las causas de la violencia. Tan desentendido como el de Duque, que se cobra el triunfo macabro de haber hecho trizas la paz.
Es hora de franquear civilizadamente las diferencias y la verdad. Sin ese presupuesto, se esfumará el clamor por unir voluntades para defender la vida, la libertad, la justicia, la convivencia en paz. Es el camino para derrotar nuestro sino de muerte al contradictor.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2025 | Agosto 2025, Capitalismo, Capitalismo Social, Congreso de la República, Democracia, Desigualdad, Gustavo Petro, Izquierda, Justicia, Justicia social, Pacto Social, Política exterior, Progresismo, Régimen político, Socialdemocracia, Ultraderecha, Violencia, Violencia política
Dictadura y socialdemocracia son hoy las opciones de los gobiernos de izquierda en América Latina: la primera, en Venezuela y Nicaragua; la segunda en Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay. Ortega y Maduro superan con creces la brutalidad de los tiranos que les antecedieron, Somoza y Pérez Jiménez, cuyo legado prometieron enterrar. Por su parte, la nueva izquierda ha debido inventarse la fórmula del socialismo democrático para un subcontinente agobiado de pobreza y desigualdad, donde la propuesta comunista desapareció bajo las ruinas del muro de Berlín y la insurgencia marxista periclitó hace décadas. Muchas expectativas y magros resultados arroja el quehacer de esta izquierda democrática que a los desafíos ancestrales suma el de una ultraderecha forjada al calor del capitalismo sin hígados que lleva 40 años ahondando inequidades.
Mas, no es uniforme el quehacer de estos gobiernos de capitalismo social. El de Gustavo Petro, verbigracia, debuta con reforma tributaria progresiva y un Plan de Desarrollo que le daría al país norte y sentido de nación. Si lo aplicaran. Pero a poco suelta Petro la rienda al caudillismo y la demagogia, para terminar flirteando con el autoritarismo: intentos de uso acomodaticio de las reglas del juego democrático, a discreción de su interés político. Ya para convocar consulta popular o constituyente por encima de la Carta, ya para hostilizar al Congreso, a las Cortes y a cuanta institución del Estado resista a su arbitraria voluntad. O para lamentar la existencia de oposición, una fuerza “nazi” o “mafiosa”.
No menos comprometedor resulta su silencio ante la exaltación de Saade, su jefe de despacho, de la maniobra que le permitirá al sátrapa Bukele reelegirse indefinidamente; propone cooptarla para que también el presidente Petro se atornille 20 años a la silla de Bolívar. Y calla, además, a la consigna de su precandidato Daniel Quintero de “mandar a la mierda a la derecha” y cerrar el Congreso el día uno de su gobierno, si resulta elegido. (Mutismo comparable al de la derecha ante la invitación de su precandidato De la Espriella a “destripar” a la izquierda y “erradicar esa plaga”). Para no mencionar la condescendencia del presidente con el dictador Maduro y con su reelección fraudulenta.
El patrón que estos dictadores reencarnan apunta a hacerse elegir por el pueblo para tomarse el poder total y desmantelar la democracia. Haciendo justicia a sus mayores, aplica Maduro en Venezuela el modelo en regla: represión brutal, asesinatos, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, según denuncia Human Rights Watch. Tras la cuarta reelección, consolida Ortega su poder absoluto en Nicaragua, que riega con sangre: de la protesta popular en 2018 resultan 328 asesinados, un episodio más de la represión generalizada que despliega el otrora mentor de la revolución sandinista.
En la orilla del progresismo, cinco presidentes conforman la avanzada de una organización mundial que “ataje el avance de la ultraderecha en el mundo, con propuestas y no con ´despotismo iletrado`”. Boric, Lulla, Petro, Orsi y Pedro Sánchez alertan contra el “nuevo consenso de Washington antidemocrático impulsado por la extrema derecha”. Un reencuentro en septiembre integrará también a Sheinbaum, a los mandatarios de Canadá, Inglaterra, Australia y Sudáfrica, entre otros. Persiguen un pacto social que sitúe a la gente en el centro de las políticas y devuelva al Estado su papel como garante de derechos. En el horizonte, lucha renovada por fortalecer las instituciones, por la igualdad, la justicia social y económica, donde prevalezca la democracia, sin concesiones a la tentación autoritaria. Y menos aún a dictaduras de izquierda que aplastan a sus pueblos.
Dijo Stiglitz que la verdadera lid enfrenta hoy al autoritarismo-fascismo con la dupla progresismo-socialdemocracia. Retrato vivo de nuestra América.
por Cristina de la Torre | Ago 2, 2025 | Agosto 2025, Educación, Impunidad, Movimiento social, Mujer, Paramilitarismo, Salud, Sanción Social, Seguridad Humana, Violencia, Violencia Intrafamiliar
En Colombia, el mito mariano que adjudicó a la mujer el papel de reina del hogar convivió naturalmente con el de objeto de todas las violencias en familia, feminicidio comprendido. Para millones de colombianas, el lugar más amenazante es su propia casa. Éste se extenderá en el conflicto hacia escenarios donde ejércitos de todos los colores querrán probar su hombría ante el enemigo, convirtiendo a las mujeres en trofeo de guerra. El medio, una imaginación desbocada en recursos de sevicia sexual que tampoco se ahorra el feminicidio. El propósito, deshumanizar, humillar, desmoralizar; con la eficacia de quien suma al desprecio por la mujer aprendido desde la cuna el odio por el contendiente armado. Compañero, marido o novio violenta y mata en casa por odio enmascarado de amor. Amor que mata. Se diría que en la guerra obra el odio desnudo, librado al desenfreno de la barbarie. La guerra, sostienen investigadoras encabezadas por Argelia Londoño (Amores que matan, Medicina Legal, 2016) afecta de preferencia a las mujeres porque en ella se construye y legitima todos los días la masculinidad guerrera.
Entre 2002 y 2009 registraron las autoridades 627.000 casos de violencia contra la mujer. De ellos, 11.976 fueron feminicidios. Entre 2010 y 2013, la mitad de los homicidios contra mujeres en Medellín fueron feminicidios. Informa Oxfam que Colombia carga con el 40% del total de estos crímenes habidos en América Latina en 2016.
Recuerda Londoño el peso abrumador de los estereotipos de género en la reproducción de la violencia contra las mujeres, en su legitimación, en su transmisión de generación en generación. La vida de pareja condensa, como ninguna otra experiencia, todas las discriminaciones y jerarquías asignadas a los roles de hombre y mujer. La definición de masculinidad por atributos asociados a la guerra y al uso de la fuerza le impone al varón desafíos permanentes por un reconocimiento de hipervirilidad, mientras le niega la expresión de sus sentimientos y su sensibilidad. “Cosas de mujeres”, que condenan al hombre a una reciedumbre imperativa, prestada, capaz de precipitarlo en el vértigo de la violencia. Del homicidio, que pesa desproporcionadamente en los varones, mil veces asociado a la masculinidad competitiva y virulenta que la cultura impone. Del feminicidio, que más parece coartada de íntima debilidad que arrojo viril.
Nuestro conflicto armado se asocia escandalosamente al feminicidio. La guerra profundiza el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, expresa el Grupo de Memoria Histórica. Refuerza la cultura patriarcal mediante la militarización de la vida diaria. Todo conduce a disciplinar, dominar y controlar la vida de las mujeres. Es la imagen de lo masculino y depredador resuelto en violencia y rubricado por la ostentación de las armas. Los paramilitares ejercieron la violencia sexual con sadismo inusitado. Buscaban atacar a las mujeres por su condición de liderazgo; destruir el círculo afectivo del enemigo; naturalizar a bala, tortura, cercenamiento de órganos sexuales, violación el atávico estereotipo masculinidad-feminidad; cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta.
Sociedad, escuela y familias están en mora de reeducar, desde la cuna, en otra sensibilidad. De ceñirse a criterios de igualdad y de respeto entre sexos. Jueces y policías, en mora de aplicarse al deber constitucional de proteger a la mujer. No basta con poner fin a la guerra, escenario que proyecta también el odio ancestral a la mujer. Será preciso conjurar, además, la guerra que desde su nacimiento se libra contra ella, reina del hogar condenada de todas las biblias por encarnar la perdición del varón, y sobre cuya carne ha de caer el fierro del hombre-dios.
por Cristina de la Torre | Jul 29, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdo Nacional, Álvaro Uribe Vélez, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Campesinado, Farc, Guerrillas, Impunidad, Iván Cepeda, JEP, Julio 2025, Justicia, La paz, Paramilitarismo, Sanción Social, Seguridad democrática, Violencia
En ejercicio paralelo al de la jueza Sandra Heredia, los colombianos reafirmaron su derecho de sanción ética y política a adalides de los bandos enfrentados en un conflicto que ha cobrado la vida a mares de inocentes. Este proceso aguzó el despertar de la conciencia colectiva sobre la verdad del conflicto, el suplicio del país y el dolor de las víctimas. Sanción social contra el expresidente Uribe y contra la cúpula de las Farc, para comenzar, por su responsabilidad última en crímenes de guerra y de lesa humanidad, que en Colombia tocaron fronteras patológicas de crueldad. Y se presentaron ya como cruzada patriótica de la Seguridad Democrática, ya como gesta de la revolución. O mediados por procesos derivados: tras la manipulación de testigos que se endilga a Uribe habría obrado la creación de un bloque paramilitar. Los hechos niegan toda legitimidad a políticas de los gobiernos de Uribe que liaron al DAS con paramilitares y lo convirtieron en policía política. O a la directiva que desencadenó la barbaridad de los falsos positivos: 6.402 ciudadanos asesinados a sangre fría para sumarlos artificiosamente a bajas guerrilleras. Que se sepa. Esta semana condenará la JEP a 12 exmilitares del batallón La Popa por la comisión de 135 falsos positivos.
Mas no fueron aquellos gobiernos y sus determinadores últimos los únicos en perpetrar atrocidades. Esta semana dictará sentencia la JEP también contra la plana mayor de las extintas Farc por secuestro y por reclutamiento de menores, a menudo con tortura, abuso sexual y aborto forzado. 41 mandos de esa organización imputados por alistamiento de 18.000 menores dijeron su verdad y se reconocieron responsables del daño causado a las víctimas, a sus comunidades y a su territorio; responsables “por la herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”.
Sanción judicial a un tiempo para exmilitares y exjefes guerrilleros. Con una diferencia crucial: los seis miembros del antiguo secretariado de las Farc se declaran responsables últimos de los crímenes señalados y dispuestos a cumplir las sanciones de la justicia. También aceptan cargos y condenas los exmilitares de La Popa; pero no los implicados en última instancia en aquel Gobierno, el presidente-jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sobre quien recaería la responsabilidad política. Como recae en el mando supremo de las Farc. Ejemplo de gallardía da a sus superiores el exmilitar imputado por falsos positivos Ever Hernán Gómez; sobre el proceso judicial y las sanciones sobrevinientes, dice: “este es un paso clave para la dignidad, la memoria y la construcción de una paz real (…); es una deuda ética que he asumido con las víctimas, con la historia y con el país”. Acoge el principio constitucional que asigna a los servidores públicos responsabilidad por omisión o por extralimitación de sus funciones.
Este juicio zanja una discusión, declara Iván Cepeda, contraparte del juicio a Uribe. Y agrega: quedan nítidamente establecidos los hechos y las limitaciones del poder arbitrario, pero no es una venganza, ni persigue condena y cárcel para el expresidente; “lo que nos mueve es la verdad, la dignidad y el respeto”. Pueda ser -agrega- que si el fallo le es adverso, se avenga el expresidente a la verdad, única puerta de entrada a la reconciliación que derive de un acuerdo político nacional.
Invita el jurista Hernando Llano a no votar más por líderes que pactan con grupos ilegales o poderes de facto, camino seguro hacia una doble impunidad: la penal y la política. “Más allá de (esta) sentencia judicial, lo que se definiría es si como sociedad seguimos tolerando la impunidad o si rompemos el vínculo entre política y crimen”. Meca luminosa de un juicio de la sociedad a la guerra sucia que se ha librado desde todos los flancos, con ferocidad inaudita, contra la población.
por Cristina de la Torre | Jul 22, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, AUC, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Congreso de la República, Desigualdad, Economías ilícitas, Fuerzas Armadas, Julio 2025, La paz, Líderes Sociales, Ministerio de agricultura, Paramilitarismo, Política de seguridad, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
En vastos territorios de Colombia se transita hacia un sistema híbrido de poder compartido entre Estado y grupos armados que exhiben creciente capacidad de fuego, control de economías ilegales y mando dictatorial sobre la población. Es consideración que prevalece entre expertos convocados esta semana por la revista Cambio para señalar nuevos desarrollos del conflicto. Aunque este cogobierno de legales e ilegales había ya recibido carta de ciudadanía con la ominosa ovación del Congreso a Mancuso y su cúpula del paramilitarismo. Se preciaban ellos de haber elegido un tercio de la corporación. Sí, hasta el Gobierno central y el Parlamento habían extendido los tentáculos de su poder.
En estos años, no obstante, se expande la violencia con más rapidez y más recursos mientras el Estado pierde terreno, asevera Laura Bonilla, de Pares: los grupos armados han ganado en movilidad y capacidad de reclutamiento; en rearme y tecnologías de guerra, para controlar territorios en disputa. Ha cambiado también la composición de esas organizaciones: no se enfrenta hoy a guerrillas como las Farc sino a grupos de origen social que se rearmaron y se asociaron con narcotraficantes, tras expulsar a sangre y fuego las organizaciones sociales y asesinar a sus líderes. Hoy ostentan los armados un enorme aparato militar y ventajas estratégicas sobre un Estado “lento por defecto” para proteger a la gente, con carencias logísticas y financieras.
Taxativo en su apreciación de estas “gobernanzas híbridas” se muestra Armando Novoa, negociador con una disidencia de las Farc: grupos armados con profundo arraigo en el territorio colonizan economías ilegales, conviven en sociedad y con las autoridades. Se crea un círculo vicioso (¿virtuoso?) entre Estado, comunidad y negocios prohibidos. Sin Estado, dice, sin economía en regla y con comunidades formadas por trashumantes a quienes les negaron la tierra, las gobernanzas híbridas parecen sancionar el fracaso en la construcción del Estado-nación. Para Novoa, el caldo de cultivo de este modelo de gobernanza son las economías ilegales. Si no se neutralizan, será imposible negociar la paz.
Para transformar los territorios con miras a la paz, insiste la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, hay que hacer la reforma agraria. Porque, dice, causa de la guerra y de la violencia en el campo son el acaparamiento de la tierra, su tenencia inequitativa y la inadecuada distribución de los suelos fértiles, que marginan al campesinado y lo arrojan a una frontera de pobreza y exclusión. Por su parte, Laura Bonilla pide convocar un acuerdo nacional para descentralizar la economía y construir el Estado Regional mediante una reforma constitucional que convierta el poder público en pivote del país de regiones que es Colombia. Y propone revisar el modelo de negociación de paz: la construcción de paz es tarea del Estado, no de mesas de negociación.
El modelo de gobernanza híbrida hizo sus primeras armas con las autodefensas y los paramilitares. Agentes y órganos de gobierno (como el DAS) y de la Fuerza Pública fueron socios suyos. Paramilitares fueron jefes de las Convivir creadas por el Gobierno. Poderes de hecho que concurrieron al poder del Estado, hoy incursionan con menos pudor en él y amenazan la unidad de esta nación en ciernes. Mas, nación integrada habrá con ordenamiento del territorio, justicia, desarrollo y ciudadanía plena para sus pobladores, en un Estado Regional construido a mil manos con las comunidades mismas, hoy acorraladas en territorios sin Dios ni Ley, martirizadas por una guerra inútil ensañada en los indefensos. Urge implementar el Acuerdo de Paz de 2016. Garantizar Justicia y Seguridad en los territorios, mediante acción decidida del Estado y de la Fuerza Pública. Devolverle al Estado el control de la política de paz.
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2025 | AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Campesinado, Congreso de la República, Democracia, Julio 2025, Justicia, Justicia tributaria, La paz, Movimiento social, Narcotráfico, Reforma Agraria, Violencia
Arrojado a las tinieblas el mejor plan de desarrollo en décadas -hechura de este Gobierno- la paz se vuelve, más y más, una quimera: el ordenamiento del territorio, su estrategia madre, sería arma letal contra el dominio de los señores de la guerra sobre un tercio de la Colombia rural. Pero Petro lo desecha. La transformación de la economía y de la sociedad en el campo que el Plan proyecta, fracturaría el Estado paralelo de los ejércitos privados que sojuzgan a las comunidades y reconfiguran el feudalismo ancestral. Autodefensas renacidas, paramilitares, narcotraficantes y viejos guerrilleros que vendieron su revolución por oro infecto, empotrados todos en las armas y en la droga, verían comprometido su poder. Mas, ajeno al desarrollo, anda el presidente encandilado por luces de fantasía, desplegando campaña de agitación y propaganda con lenguaje de pánico para crear zozobra. ¿Miedo al fracaso?
“Petro gobernó seis meses y después se dedicó a hacer campaña desde el poder (…) Cuando vio que no podía cumplir lo prometido, pasó de gobernante a candidato”, dirá Jorge Iván González, artífice el Plan que le hubiera permitido a Colombia dar el salto hacia adelante. El Plan de Desarrollo de González incorporó consulta técnica y participación apasionada de 250.000 personas en 573 municipios. Una experiencia de genuina participación y reflexión popular en la construcción de las estrategias de desarrollo del país, sometidas luego a examen exhaustivo y aprobación del Congreso. Habría reformas en el agro inducidas por el catastro multipropósito o de transición energética sin sacrificar la producción de petróleo. ¡Ay!, abandonado el Plan, la desilusión entre las gentes será proporcional al entusiasmo que había despertado.
En juego está la disputa entre democracia constitucional y el modelo de poder de facto impuesto a sangre y fuego sobre la población de vastos territorios, que las autodefensas depuraron y cooptaron luego todos los grupos armados. Se trata de ejércitos privados que ejercen como Estado en un territorio bajo el mando del hombre fuerte de la comunidad y se financian con el narcotráfico. Estos señores de la guerra, explica Gustavo Duncan, monopolizan la violencia, administran justicia, cobran impuestos y hacen elegir sus congresistas. Terminan por instaurar un nuevo orden social porque cambian las relaciones de poder. Imponen un Estado alterno en las regiones y penetran al Estado central.
Son los viejos patronos en armas, hacendados cuya peonada fue a un tiempo mano de obra, cauda electoral y ejército privado. Gobiernan ahora con mano de hierro, controlan las elecciones, escogen alcaldes y definen sus inversiones. “Protegen” a la comunidad intimidándola, tras haber despojado de sus tierras a millones de campesinos y ejecutado masacres que signarán por siempre la historia de Colombia. Fueron estos las grandes víctimas de la contrarreforma agraria, del desplazamiento y la muerte. A algunas ciudades se trasladó el modelo. Medellín será la gran urbe en cuyos barrios de ingresos bajos y medios gobiernen los “combos”, instrumento de autodefensas, narcos y paras, o una aleación de los tres.
Por la implementación del Plan con miras a la paz no podría responder la sola persona de un presidente, así éste diera en llamarse Aureliano o el Mesías de Salgar. Es de tal envergadura, tan obligante el desafío, tan dramático el sufrimiento de millones de colombianos, que demanda, a gritos, el acuerdo nacional entre partidos, organizaciones sociales, gremios y universidades. Las estrategias propuestas podrían ser punto de partida de un pacto de cambio en el mediano y largo plazo, aproximando alguna idea de nación. Si de paz y desarrollo se trata, tan responsable será el presidente que divaga y no gobierna, como la oposición que vegeta en su alarmante penuria de ideas y propuestas.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2025 | Clan del Golfo, Congreso de la República, Corrupción, Democracia, ELN, Fiscalía General de la Nación, Gustavo Petro, Impunidad, Julio 2025, Personajes, Política de seguridad, Política exterior, Sanción Política, Sanción Social, Violencia política
A más de setenta años de los golpes de Estado perpetrados por Ospina Pérez en 1949 y por Rojas Pinilla en 1953, recoge el hilo Álvaro Leyva para intentar el suyo enderezado a derrocar al primer presidente de izquierda en Colombia. Audios publicados por el diario El País de España revelan la intentona del excanciller, que habría buscado apoyo en el gobierno estadounidense, en la vicepresidenta Márquez, en empresarios, en el ELN y el Clan del Golfo. El hecho parecía sellar una conspiración contra el primer mandatario iniciada con la difusión de tres cartas que lo señalaban de drogadicto. Vileza de bajos fondos, un atentado personal que deshonraba más al agresor que a la víctima.
“Hay un golpe de Estado en marcha -dirá el presidente-, Leyva no es un lunático hablando solo”. Sí, acaso estos arranques interpreten el sueño húmedo del extremismo reaccionario que permea círculos selectos de la oposición. Pero también el propio sueño de Gustavo Petro de encubrir el legado de un Gobierno desvalido con el manto épico de víctima de la infamia. El primer mandatario denuncia a Leyva ante la Fiscalía por conspiración para delinquir con fines de sedición, traición a la patria (por haber acudido a un gobierno extranjero para romper el orden constitucional) y calumnia agravada.
Tal vez quiso Leyva revivir el golpismo apadrinado por el imperio que proliferó en el subcontinente y del que Colombia, mal que bien, se había librado. Pero falló el intento con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con figuras del Congreso de ese país. Lo que no le impidió al presidente precipitarse a dar por hecho la conjura y, aunque moderara después el tono, terminara por poner al país en la antesala de ruptura de relaciones con Estados Unidos: Petro y Trump llamaron a consultas a sus embajadores. Mientras el Gobierno lidia con el peor escollo diplomático en 200 años de relaciones con esa potencia, Marta Lucía Ramírez se postra de hinojos ante ella y descalifica al presidente de su país: que la actitud de Gustavo Petro “no representa el sentir de los colombianos”, escribe en misiva a Marco Rubio, cuando Trump, el perdonavidas, caza motivos para acorralar a este “paisito del Sur”.
Aunque otros, de su propia entraña, habían ya enseñado a sus hijos y a sus nietos cómo hacer invivible una república: exacerbando el gusanillo de conspiraciones y violencias mediante la acción intrépida y el atentado personal para abrir puertas a regímenes de fuerza. El 8 de septiembre de 1949, un congresista conservador mata de un balazo en el Capitolio al representante liberal Gustavo Jiménez. Un mes después, ingresa la Policía al recinto, desaloja a los parlamentarios, el Gobierno declara el estado de sitio en todo el territorio y clausura el Congreso. Se ha ejecutado un golpe de estado.
A poco, asume Laureano Gómez. Viene él de proponer la instauración de un Estado autoritario, católico y corporativista, copia del impuesto en Portugal por Oliveira Salazar. Lo acolita desde el gabinete Jorge Leyva Urdaneta, padre de nuestro excanciller. En 1953 asume, por golpe apoyado en las elites de los partidos, en el empresariado y en la Iglesia, el general Rojas pinilla. Dos golpes de Estado en el suspiro histórico de cuatro años.
Hasta el día de hoy, cuando un vástago de aquel extremismo quiso reeditar el golpe de mano pero se topó con una democracia afirmada en instituciones capaces de neutralizar la amenaza. Como sortearon la del ministro de Justicia de este Gobierno que, contra la institucionalidad, quiso convocar una consulta popular que, en palabras de Humberto de la Calle, hubiera configurado golpe de Estado. Y golpe de Estado hubiera también si prosperara la inconstitucional convocatoria de una constituyente por el partido de Gustavo Petro. Si en la derecha dura llueve, entre vociferantes del petrismo místico no escampa.
