por Cristina de la Torre | Jul 1, 2025 | Democracia, Democracia Directa, Derechos, Estado de Derecho, Estado Social, Julio 2025, Jurisdicción Agraria, Justicia, La paz, Movimiento social, Pacto Histórico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Reforma laboral, Reforma pensional, Restitución de Tierras, Salud, Socialdemocracia, Tierras
Sí, la iniciativa de convocar una constituyente, parienta de la consulta popular, responde al espíritu social y participativo de la Carta del 91. Pero el procedimiento propuesto para citarla violenta el orden institucional porque suplanta al Congreso y a la Corte. Además, vehículo de un interés parcial, no del conjunto social, fractura el Estado de derecho. Así concebida, sería un golpe de Estado que apunte a un autoritarismo caudillista, dirá Humberto de la Calle. Apadrinada en exclusiva por un partido –como señala Antonio Navarro– y destinada a una franja exclusiva de la ciudadanía (los “desarraigados”) ignora al cuerpo social en pleno, prerrequisito de cualquier constitución democrática.
La agenda electorera presentada como faro y meca de la patria que subyace a esta campaña del Pacto Histórico degrada el magno propósito de una constituyente: la reconfiguración del pacto social. Recuerda la jurisconsulta Marcela Anzola que esta apunta a fundar un nuevo consenso nacional sobre los fines del Estado, la organización del poder y los derechos fundamentales. Rompe con el pasado y construye un nuevo relato de nación. Ni más ni menos. Pero, agrega, también podría usarse la constituyente para concentrar el poder, quebrantar las garantías constitucionales o legitimar proyectos personalistas. Fuerzas antidemocráticas podrán cooptarla e imponer un autoritarismo disfrazado de participación directa.
La idea se ha generalizado: el cambio en Colombia no requiere una nueva constitución, pues ya la vigente postula el Estado social de derecho. Y puede vencerse el boicot de intereses particulares a los derechos consagrados en salud, vivienda, educación, servicios públicos domiciliarios, autonomía territorial y paz. Así lo prueban las reformas logradas en este Gobierno: la laboral, la pensional en trámite final, la estatutaria de jurisdicción agraria. Bloqueo a la agenda de cambio, que es excusa de la campaña constituyente, no hay. Si la violencia se extiende como el fuego contra la población de vastos territorios será por el descalabro de la Paz Total y porque tampoco este Gobierno implementó el acuerdo de paz suscrito con las Farc e incorporado a la Constitución. Los logros en PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) descorazonan.
Un prolijo articulado sobre derechos políticos y sociales coloca nuestra Carta a la vanguardia entre sus pares de América Latina. “Los servicios públicos, reza el artículo 365, son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber (suyo) asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes… (ellos) podrán ser prestados por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares”. En todo caso, el Estado los regulará, controlará y vigilará. En particular la atención en salud corre por cuenta del Estado: a él corresponde organizar estos servicios, dirigirlos, reglamentarlos y trazar las políticas que rijan la prestación de salud por entidades privadas. Bien haría la oposición en revisar la Carta del 91. Comprobará que la reforma a la salud en trámite nada tiene de chavismo y sí mucho del hálito socialdemócrata que aletea en el texto constitucional. En sus pilares de justicia social y democracia política.
Ojalá no los aborte este Gobierno en campaña constituyente, un cañazo para reelegir a su partido, tan ambiguo en su manipulación de la soberanía popular, tan callado cuando de autocracia se trata. Aleccionadores los dos intentos de asamblea constituyente en el Chile de Boric: fracasó el primero porque fue propuesta excluyente de la derecha; y el segundo, por serlo de la izquierda. Concluye Marcela Anzola: “más que refundar el orden jurídico, Colombia necesita reafirmar su compromiso con el Estado social de derecho que ya consagra su actual constitución”. La opción que Petro ofrece deriva en golpe de Estado.
por Cristina de la Torre | Jun 24, 2025 | Congreso de la República, Democracia, Democracia Liberal, Democracia Representativa, Elecciones, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Junio 2025, Justicia, Reforma laboral
Trump, Milei, Bukele (héroes de nuestra derecha), Ortega y Maduro (reedición de las viejas satrapías latinoamericanas) ejercen abiertamente de autócratas. Se han despojado de la máscara que en las últimas décadas pintó de rosadito la ruda dictadura que se gestaba y crecía aparentando sumisión a la democracia liberal. Otros, como Petro, parecen suscribir todavía el modelo revaluado, si bien con sus lances contra el Estado de derecho pedirían pista en el club de los cruzados que prevalecen por golpe de mano contra congresos, cortes, opositores y prensa libre. Prueba al canto, la lucha denodada de Petro contra la resurrección y discusión en el Senado de su propia reforma laboral, pues ésta invalidaba la campaña electoral montada en una consulta popular inconstitucional que prometía buena cauda para reelegir a su partido en 2026. Es victoria pírrica del presidente. Hija suya, Petro negó no obstante la reforma durante el proceso legislativo y sólo le reconoció el apellido a la hora de nona, cuando era ya un hecho cumplido.
Su prioridad era la consulta, con decretazo que rompía el orden institucional y potenciaba su fantasía de encarnar al pueblo irredento. Pero debió renunciar a la consulta, no sin retomar al punto el camino hacia la cofradía de cruzados que batallan heroicos contra el enemigo: contra el comunismo, contra el inmigrante, contra el delincuente de barrio o su parecido, contra la oligarquía esclavista, contra guerrilleros vestidos de civil. Para dar la talla, reemplaza Petro la consulta por iniciativa igualmente eficaz como herramienta electoral e idéntica como abuso de poder: impondrá, por encima del Congreso, papeleta de convocatoria a una constituyente que le “haga cirugía” a la Carta del 91 y agudice el choque entre poderes públicos. Y nombra jefe de gabinete a un pastor que exige cerrar el Congreso, insta a reelegir a Petro, a clausurar prensa independiente y convocar a la brava una constituyente.
La deriva autocrática de esta cofradía procede por concentración del poder en el autoerigido caudillo, por guerra contra las instituciones democráticas y por exclusión política. Sus miembros usan y abusan del poder Ejecutivo: trazan políticas a espaldas del Congreso, al que quisieran clausurar, y usurpan funciones de las Cortes, al punto de crear verdaderas crisis institucionales. Pese a la democracia representativa en sus repúblicas, fungen como encarnación divina de la voluntad popular, del constituyente primario. Usan los recursos públicos en favor de su partido y buscan reelegirse violentando la constitución. Dijo esta semana el expresidente Obama que Estados Unidos arriesga caer en la autocracia a fuerza de erosionar el Estado de derecho, la independencia de la justicia, la libertad de prensa y el derecho a la protesta.
Si no en todos, en muchos de tales procederes ha incurrido este Gobierno. Un inventario a mano alzada de dichos y actos del presidente dirá que éste flirtea con el autoritarismo. Con la democracia del aplauso, que pone sordina a la rendición de cuentas y al balance final de un mandato desolador en gestión de gobierno. De un mandatario que quiso boicotear en su momento decisivo una conquista estelar, la reforma laboral. Acaso porque el mérito reposaba en el laborioso, paciente proceso de negociación con empresarios, trabajadores y partidos que había adelantado la exministra Gloria Inés Ramírez; en la inteligente coordinación del último debate parlamentario por Angélica Lozano, en el sentido de responsabilidad del Senado, que se allanó al proyecto.
Al presidente le obsesiona la soberanía popular trocada en delegación ciega del poder constituyente al caudillo. “Yo soy el pueblo”, ha dicho, como lo cantan Trump y Milei y Maduro. Pero Petro dilapidó aquel poder en el incumplimiento del cambio prometido.
por Cristina de la Torre | Jun 17, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Congreso de la República, Corrupción, Democracia, Desplazamientos, Economías ilícitas, Elecciones, Gustavo Petro, Impunidad, Industrialización, Izquierda, Junio 2025, La paz, Partidos, Paz Total, Protesta social, Reforma Agraria, Violencia
Hoy, como ayer, se trata de vencer odios y violencias. Pero las diferencias son cruciales: el Frente Nacional fue un pacto de reconciliación entre elites de los viejos partidos que les entregó en exclusiva el poder total del Estado. Hoy, en cambio, un acuerdo deberá partir de reconocer el derecho a la alternación en el Gobierno, ganado en las urnas por la Colombia olvidada que en años y años no viera ondear reformas elementales, siempre castradas por la sociedad del privilegio. Cosa distinta será el sueño radical, antidemocrático, de invertir la ecuación del poder para instaurar un despotismo del “pueblo” sobre el resto de la nación: una hegemonía irreductible, espejo de la instaurada por las elites desde el principio de los tiempos. El acuerdo será hoy para propiciar elecciones en paz y para concertar un horizonte de desarrollo social y económico capaz de dignificar la ciudadanía colombiana. Un acuerdo político y programático.
Como si a Lleras y Gómez se les hubiera aparecido la Virgen, sortear la violencia política y la dictadura parecieron justificarlo todo: reemplazaron la hegemonía de un partido sobre el otro por la hegemonía de ambos contra la masa flagelada. En línea con la Guerra Fría, el Frente Nacional persiguió por “comunista” a todo antagonista del Gobierno. Paridad en todos los poderes públicos y alternación programada de antemano fueron paspartú del régimen en cabeza de una elite modernizante que concedió reformas sociales a cuentagotas, negó con sangre la agraria, usurpó los recursos del Estado y merodeó en la industrialización que despuntaba en el subcontinente.
Muy otra es nuestra violencia en 2025. Acicateada por una Paz Total que disparó el poder criminal de una miríada de grupos armados sobre el territorio, ésta lubrica con insultos el choque entre partidos, gremios económicos, organizaciones sociales y poderes públicos. Pero el tono es sólo síntoma de una crisis institucional que amenaza con bloquear el diálogo en las esferas del poder. Crisis agudizada esta semana con el anuncio del presidente de que convocará consulta popular por encima del Congreso y de las Cortes: una medida inconstitucional que ha concitado rechazo general, aún de las más prestigiosas ONG de izquierda. Héctor Riveros, constitucionalista afecto al Gobierno, declara que con ello subvierte el presidente el orden constitucional.
A la crisis tributa también la pulsión del presidente Petro de volver el suyo un Gobierno de partido (revanchista, endogámico, inoperante hasta malograr sus propias políticas), apoyado en la precaria mayoría que le dio el triunfo electoral. Y tributa el empresario precandidato Santiago Botero al postular que hoy no hay protesta social sino bandidos a los cuales les dará “balín”. Advierte la Arquidiócesis de Bogotá que romper los límites de tolerancia puede desembocar en guerra civil.
Un Acuerdo Nacional se impone. Y no apenas para garantizar elecciones en regla sino para suscribir el paradigma de una patria para todos. Angélica Lozano trazó parámetros de una negociación laboral que bien podrán proyectarse, verbigracia, a la concertación de un nuevo modelo de desarrollo mediante la reindustrialización del país: “todos ponen, todos ceden, nadie impone”, son referentes del diálogo civilizado en democracia. Quince senadores de la Comisión Cuarta, con todas sus diferencias, acordamos una reforma laboral justa y de fondo; fue un ejercicio de alta política, concluyó.
Y es que la democracia principia por el fairplay: se asienta en reglas del juego suscritas por todos, para tramitar acuerdos y conflictos sin violencia. Su contrapartida, la autocracia, y de ésta estamos saturados, asfixiados en la prepotencia de las elites: de la vieja y de la recién llegada que quiere, como sus mayores, imponerse a puño limpio. O quizás a bala, como aquella.
por Cristina de la Torre | Jun 10, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, Congreso de la República, Democracia Directa, Democracia Plebiscitaria, Derechos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Junio 2025, Neoliberalismo, Pacto Histórico, Partidos, Polarización social, Reforma laboral, Régimen político, Seguridad democrática, Violencia
No sorprendería que las dos fuerzas antagónicas de la política, el Centro Democrático y el Pacto Histórico, hundieran a dos manos la reforma laboral. Lazos más vigorosos las unen en la común inclinación absolutista que convierte mecanismos legítimos de participación en la democracia plebiscitaria que ha sido ariete de cuanto Napoleoncito de cartón quiera brincarse el Estado de derecho y pasar por caudillo.
Perlas abundan para acotar tan rara identidad. Dijo Petro el 14 de mayo en Barranquilla: “Cuando las instituciones van contra el pueblo (…) las instituciones se van (…) ¿Por qué entregamos a los verdugos del pueblo la hechura de las leyes?” Y el pastor Saade, precandidato de su partido, instó al presidente a “cerrar el Congreso de la República; el pueblo está de acuerdo con que el presidente sea reelegido”. Por su parte, Álvaro Uribe declaraba: “Necesitamos más Estado de opinión en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente” (Del Escritorio de Uribe, IELA, 2002). Su primera propuesta del referendo de 2003, convertido en plebiscito de apoyo a la reelección del presidente, contemplaba la revocatoria del Congreso. Y Sabas Pretelt, entonces ministro del Interior, dijo: “el Gobierno cree conveniente que sea el veredicto popular y no una prohibición constitucional el que decida la reelección”. Pero el expresidente -presa de olvidos selectivos- no duda en sentenciar hoy que “Petro le dio un golpe de Estado al Congreso”.
En uno y en otro, todo vale. Petro sepultaría su propia reforma laboral para justificar una consulta trocada en campaña reeleccionista de su partido en 2026, con todo el aparato y el presupuesto del Estado; Uribe obraría en autodefensa de las medidas que en su Gobierno cercenaron derechos de los trabajadores. Petro incendia con altisonancias levantiscas, exhibe espadas de Bolívar y agita banderas de guerra a muerte. Mas, su invocación al destino ineluctable de los pueblos maquilla de heroísmo una prosaica intención electorera. Y Uribe ensambla el comunitarismo premoderno del más rancio conservadurismo con la divisa neoliberal.
En ejercicio de su Estado de opinión, batalló Uribe contra las Cortes y contra los órganos de representación popular: desairó al Congreso y en consejos comunales desinstitucionalizó el poder local suplantando a alcaldes y concejos municipales. Creó la ficción de que, con él, se adueñaba el pueblo, por fin, de su destino. Que, por encima del Congreso y de los partidos y desde el sitio mismo del poder local practicaba la comunidad unívoca, unánime, sin fisuras, la democracia directa, en vivo y en directo por los canales de televisión. Y cuando las comunidades aldeanas convergen en masa a elecciones, la democracia directa se vuelve plebiscito, referendo o consulta popular alrededor de su caudillo. Del caudillo que en los autoritarismos es sustituto de las instituciones.
Aventuró su Gobierno audacias mayores. Ante el referendo, el entonces mininterior, Fernando Londoño, reveló que el presidente estudiaba la posibilidad de adelantar elecciones si no encontraba apoyo suficiente en el Congreso. Pero dijo la Corte que un referendo constitucional no es un acto electoral. Que la renovación del Congreso así planteada contradecía “la idea más elemental de Estado de derecho”. Y lo frenó en seco. Argumentos de ese orden esgrimen hoy constitucionalistas y demócratas contra la convocatoria por decreto de una consulta popular por encima de las Cortes y del Congreso.
De lado y lado se dibuja la misma tentación autoritaria que envenena la política y amenaza todos los días la democracia.
Coda. A punto de enviar esta columna, se conoció el horrible atentado contra Miguel Uribe. Sepan los dirigentes políticos que en este país cada palabra violenta que emitan podrá replicarse en un disparo. ¡Irresponsables!
por Cristina de la Torre | Jun 2, 2025 | Corrupción, Crímen organizado, Derecho fundamental, Derechos, Desigualdad, Educación, Estado laico, Fiscalía General de la Nación, Iglesia Católica, Impunidad, Internacional, Junio 2025, Justicia, Minorías, Régimen político, Sanción Social, Violencia
Es un bofetón al abusivo imperio de la Iglesia sobre la ley civil en Colombia: la Corte Constitucional invalida el secreto pontificio que ha protegido a mares de curas incursos en abuso sexual contra menores en el país, gracias a ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero. A 5.000 podría llegar el número de casos de tonsurados pederastas según el periodista Juan Pablo Barrientos que, al lado de Miguel Ángel Estupiñán y Andrea Díaz, demandó a la Iglesia información sobre delitos que ocultaba celosamente alegando preeminencia de la ley canónica sobre la civil. Ahora, tras dos años de pleito, ordena la Corte suministrarla, pues a la Iglesia no le asiste derecho para retenerla; en particular, porque implica un caso de especial interés para la sociedad: los derechos de los niños. Y porque al carácter de Estado laico que la Constitución del 91 consagra se suma el levantamiento del secreto pontificio para casos de pederastia que Francisco ordenara en 2019. Con todo, en honor a los desmesurados privilegios que el Concordato ha concedido a la Iglesia durante siglo y medio, la Conferencia Episcopal Colombiana descalifica la sentencia por “discriminatoria”. Agallas no le faltan.
Con apenas el 13% de la información potencial tras una batalla de años contra obispos, arzobispos y un cardenal, depuró Barrientos 600 casos de abusadores de niños que la jerarquía nunca denunció ante la autoridad civil. Y a Díaz, periodista de la BBC, le entregó la fiscalía de Barbosa una lista -sin nombres y sin cargos- de 86 procesos habidos en 29 años que incluía purpurados de todos los rangos. Hoy ordena la Corte entregar el 87% de la información retenida. Me atrevería a calcular que la mitad de los sacerdotes ha sido denunciada por abuso sexual de menores, debidamente encubierta por sus superiores en la jerarquía de la Iglesia, le dijo Barrientos a Alejandra Bonilla. Que en este litigio invirtieron entre uno y dos millones de dólares en abogados para proteger el archivo secreto, operación liderada por el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y “uno de los grandes encubridores de pederastas”. Revela que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ha configurado un macrocaso contra la jerarquía con jueces y personal del CTI.
Hijo del régimen autoritario y confesional de la Regeneración, el Concordato de 1878 prevalecía sobre la Constitución: la Iglesia era soberana en el manejo de sus asuntos internos y además ostentaba autoridad espiritual y de jurisdicción en la sociedad, por encima del poder civil. Quiso López Pumarejo rescatar a Colombia de la teocracia, vencer la supeditación del poder civil al eclesiástico y lo habría buscado también hoy en la sanción de delitos penales como la pedofilia. No lo logró. Pero, tras muchos ires y venires, aquella gesta por el Estado laico que devolviera su autonomía al poder civil rendiría frutos con la Carta del 91. El de esta Corte Constitucional es paso de gigante en esa dirección: el derecho canónico no está por encima de la ley penal ni de la Constitución.
En su primera obra, “Dejad que los niños vengan a mí”, denuncia Barrientos a Monseñor Ricardo Tobón, entonces arzobispo de Medellín y presidente de la Conferencia Episcopal, como encubridor de curas pederastas. La pederastia, apunta, no es una suma mecánica de casos aislados, es un patrón de conducta y de encubrimiento sistemáticos en la Iglesia; y no se librará de este delito mientras encubridores ocupen en ella los cargos de poder. Desde ya alimenta Colombia la esperanza de que al ventilar, por fin, la fetidez de estos trapos al sol se abran puertas a la verdad, la justicia y la reparación de crímenes que la propia Iglesia debería ser la primera en encarar. Para la historia: dijo el Cardenal Rubén Salazar que “quien calla un caso de abuso es también un abusador”.
por Cristina de la Torre | May 26, 2025 | Derecha, Fascismo, Iglesia Católica, Mayo 2025, Parapolítica, Política de Estado, Reformas liberales, Seguridad democrática, Socialdemocracia, Violencia
Monarquía milenaria edificada sobre el poder absoluto, que da a Dios potestad política, la Iglesia Católica se inclina a resolver sus contradicciones más por ruptura institucional que mediante el principio de unidad en la diversidad que León XIV persigue. O por aplastamiento del disidente. Práctica consuetudinaria en los despotismos para asegurar la sucesión del trono deseada: a fierro limpio o con daga siciliana o con poción de mandrágora. Nadie parece haber refutado la versión de David Yallop que adjudicó a asesinato la muerte de Juan Pablo I en 1978, cuando el recién designado papa anunció reformas que sintonizaban a la Iglesia con los tiempos. 33 días gobernó. Entonces asumió Juan Pablo II, para inaugurar los casi cuarenta años de conservadurismo ultramontano y persecución al legado de Juan XXIII y su opción preferencial por los pobres como guía cierta en el quehacer de la Iglesia.
Pero esta lucha intestina no es nueva: se remonta a finales del siglo XIX, cuando la agitación socialista obligó al Vaticano a responder con la Doctrina Social de la Iglesia. A la vera de esta doctrina, producto del catolicismo romántico que denostaba la revolución industrial y tenía a Cristo por líder revolucionario, medró también la ideología de teócratas como De Maistre y Bonald. Para éstos, la misión de la Iglesia no era la redención de los oprimidos sino la defensa de un orden universal que en cabeza del papado luchara contra las herejías de su tiempo: el socialismo, el liberalismo y la Ilustración. En su búsqueda de un equilibrio aséptico entre capitalismo y socialismo, la doctrina social católica jugó papeles menos honorables. Mientras ésta copaba el polo propagandístico de Roma, la diplomacia vaticana abrazaba sin pudor a dictadores: Pio XII a Hitler, Juan Pablo II a Pinochet, casi toda la jerarquía argentina a Videla.
¿Reminiscencias de su propia doctrina social? Es que la Encíclica de León XIII, arrastrada por el aluvión de la política, terminó ante la disyuntiva de resolverse como corporativismo fascista, o bien en el territorio conservador de la Democracia Cristiana. Pero siempre desde el mito fundacional de la sociedad estancada, inmóvil, sin antagonismos ni conflictos, si bien orgánica y jerárquica, que es también nostalgia del fascismo. Muy afín al integrismo católico, el fascismo busca el encuadre unitario de la sociedad; por eso busca disolver el conflicto entre patronos y obreros, subsumir a sindicatos y organizaciones empresariales en organizaciones interclasistas. El fascismo coopta las corporaciones tradicionales -que son independientes- y las convierte en órganos del Estado. Ilustración a la mano, la experiencia de opresión a un tiempo religiosa y laboral de nuestras primeras organizaciones obrero-patronales en la naciente industria textil de Antioquia, creadas por la Iglesia, que no ha mucho reivindicara el expresidente Álvaro Uribe.
A la amenaza de ruptura de la ultraderecha empotrada en el monolito inmutable de la Curia romana, se ofrece León XIV como “pastor capaz de custodiar el rico patrimonio de la fe y responder a los interrogantes y desafíos de hoy”. Llama a la reconciliación y a una unidad que no anula las diferencias, pues “la verdadera autoridad no se basa en el sometimiento, en la propaganda o en el poder; se basa en el amor”. ¡Agua y aceite no se mezclan, es un imposible metafísico! replicarán escolásticamente a la liberalidad pluralista del papa, sospechoso ya por tener más de peruano que de gringo.
Con León XIV se juega la Iglesia el albur de revitalizarse o desbarrancarse en el intento. La derecha no da tregua. Encrucijada del papa será volverse sin atenuantes hacia los desvalidos pero ampliando espacios al debate. Para lo cual deberá comenzar por emanciparse de las ambigüedades doctrinales y políticas de León XIII, su mentor.
por Cristina de la Torre | May 20, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Congreso de la República, Democracia Directa, Elecciones 2026, Gustavo Petro, Justicia, Mayo 2025, Pacto Histórico, Partidos, Reforma laboral
Dos golpes consecutivos sufrió hace seis días el Pacto Histórico en el Senado: primero, la resurrección del proyecto de reforma laboral y, a poco, el hundimiento de la consulta popular. Para asombro del país, al renacimiento de la laboral se opusieron senadores del Pacto que la habían defendido a capa y espada durante dos años. No faltó entre ellos quien amenazara con abandonar el recinto en señal de protesta. Mas, ante una aplastante mayoría que la rescataba, terminaron por sumarse a la apelación a la hora de nona; y el Gobierno, por mandar mensaje de urgencia al Congreso para agilizar el trámite legislativo. Vaivenes del absurdo. Pero comprensibles, porque la reforma renacida deslegitimaba la consulta popular, y dejaba en evidencia las prioridades del Gobierno: acaso en él pesara menos la reforma como medio para restituir sus derechos a los trabajadores que como pretexto de agitación política durante un año entero, con todo el poder del Estado y astronómicos recursos del presupuesto para reelegir en 2026 al partido de Gustavo Petro.
Con recurso a la democracia directa para favorecer a una fuerza política en el espectro del pluripartidismo y, convertida en plebiscito de apoyo a la persona del presidente, la consulta popular presentada para defender derechos políticos se degradaría a burda propaganda electoral. Magnificando el riesgo del nuevo trámite legislativo por la brevedad del tiempo, el congresista León Fredy Muñoz reveló sin pudor el sentido lato de la consulta: “tendremos a la gente en la calle y seguiremos en el Congreso; esto nos da más oxígeno para seguir haciendo política”.
Todas las formas de lucha, y a la vez: democracia representativa en el Congreso y democracia directa como pronunciamiento del movimiento popular, sin mediación parlamentaria. Legítimo el recurso a todas las formas de participación política. Pero la simultaneidad de los medios empleados puede resultar perturbadora. Porque la concurrencia de acción legislativa y movilización popular puede distorsionar o malograr el fin buscado (restablecer los derechos laborales conculcados por Álvaro Uribe): la acción legislativa deslegitima la consulta popular, por resultar ésta redundante; y la consulta desnaturaliza el proceso legislativo porque busca subordinarlo al interés electoral de un partido en el poder.
Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en pedirle al Senado “jugarles duro y limpio y bien a los trabajadores y aprobar la reforma laboral (…) Manos a la obra, el país entero pone sus ojos en el Senado”. Y si no logra aprobarse la reforma en esta legislatura, convocar la consulta después de elecciones. El Gobierno, señala, debe aclarar de una vez por todas si su objetivo es hacer la ley laboral o hacer campaña electoral. Y el presidente la critica “por querer aprobar la reforma mediante una ley sin pueblo”. Como si los parlamentarios no fueran también elegidos por el pueblo.
Fiscal de hierro.
Renunció al Ministerio de Justicia Ángela María Buitrago, por “injerencias” inadmisibles de Armando Benedetti, entre otros, en esos lares. Ha interpuesto ella acciones legales contra ellos: ya trasladé a las autoridades, explica, cada uno de los medios probatorios y serán ellas las que evalúen si hay algo más de caracterización en términos disciplinarios y penales. Yo siempre manifiesto hechos ciertos, agrega, hechos que ocurrieron, que tienen el minuto a minuto y que en mi criterio no deberían aceptarse.
Valentía y rigor son enseña de la jurista que ha enaltecido el ejercicio de la justicia hasta merecerle el título de fiscal de hierro en el país donde serlo (frente a los poderosos) acarrea riesgo extremo. A la voz de la demanda interpuesta, tomó partido el presidente por su ministro Benedetti, y reconvino a la titular de Justicia: “no se puede acusar a inocentes”.
por Cristina de la Torre | May 13, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Izquierda, Justicia, La paz, Mayo 2025, Paz Total, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Régimen político, Violencia
Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.
Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.
Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.
El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.
El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.
Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.
Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.
por Cristina de la Torre | May 6, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Capitalismo Social, Ciencia, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Derecho fundamental, Educación, Empleo, Guerrillas, Gustavo Petro, Industria agrícola, Industrialización, Mayo 2025, Partidos, Paz Total, Pensiones, Polarización social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma laboral, Reforma pensional, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reformas liberales, Salud, Seguridad Alimentaria, Seguridad social
Anatema. Ante las reformas sociales que Petro agita (patrimonio aún de las democracias más modestas) entra en trance la oposición, se atrincheran las élites en sus privilegios y el Centro, en vez de ofrecer salidas, divaga en su moralina. Autoinvestidos cruzados de la decencia, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán esperan que Colombia caiga en éxtasis porque ellos preparen sus dispositivos para elecciones. Pero no ofrecen programas que respondan a los anhelos de la gente y dibujen los contornos de un país soñado. Se limitan a enunciarlos siguiendo el paso a las encuestas: seguridad, salud, educación, empleo, lucha contra la corrupción.
Fajardo se declara “preparado para gobernar, siguiendo mi camino”. ¿Cuál camino? Decirse ajeno a los extremos, a la politiquería y a la corrupción es alternativa paupérrima a la agenda social de este Gobierno, a la urgencia de destrabar la industrialización y la reforma agraria, al reto de vencer la violencia en el naufragio de la Paz Total. Galán ofrece replicar a las necesidades de la gente; pero tampoco las define ni avanza soluciones. Afirma, sí, que en 2026 habrá dos opciones: la que mira al pasado, Petro incluido, y la que busca el futuro, la suya. Mientras tanto, cocina alianza con lo más granado del pasado: los partidos Conservador, Liberal, la U, el oscurantista MIRA. Y no falta opositor que proponga capear una crisis de motor fundido con trabajo de latonería y pintura.
Un nuevo gobierno de la actual oposición deberá ordenar la casa, escribe la ponderada columnista Cristina Carrizosa: cambiar los vidrios rotos, reorganizar los muebles, resanar y pintar los muros de las instituciones manchadas por la corrupción y la decadencia, dice a la letra. Invita a la clase política a “arremangarse” unida para rescatar al país del retroceso, capotear la pobreza, (de nuevo) enfrentar la corrupción y cambiar el rumbo. De nuevo: ¿cambiarlo hacia dónde?
Lamenta el escritor Carlos Caballero que los dirigentes del país no propongan un escenario futuro para Colombia. Nadie quiere volver al pasado, escribe, sino opciones de cambio novedosas, en democracia. Coincide en que un nuevo Gobierno deberá poner orden en casa y recuperar la seguridad. Pero mejorar el bienestar y la igualdad de oportunidades; expandir la economía; crear empleo e instrumentos novedosos de formalización laboral; incorporar tecnología para aumentar la productividad del trabajo y del capital exigirá reformas estructurales, ciertas y efectivas. Con ello, podría Colombia convertirse en potencia en producción de alimentos y de energía. Mas, sin contundencia en las políticas, será imposible.
Armoniza esta reflexión con la visión estratégica de industrialización y reforma agraria que nuestra dirigencia selló con candado hace medio siglo. Y con su corolario natural, la política social, que en el Estado contemporáneo se suma a los derechos políticos y económicos de la población. Reformular el modelo de desarrollo se impone, sobre parámetros de igualdad y crecimiento. Es en este horizonte donde las reformas sociales de Petro cobran toda su validez. Y donde el Centro calla.
El descalabro de la Paz Total, el desbarrancadero de la corrupción y la ruidosa ineficiencia administrativa de este Gobierno no deslegitiman, con todo, su empeño en reformas sociales siempre aplazadas o concedidas a cuentagotas. Revertir los derechos laborales que Uribe arrebató a los trabajadores, extender el servicio de salud a los marginados e impedir el robo de sus recursos y lograr la más democrática reforma pensional les pareció a las elites una afrenta. Sí, el solo cambio de problemática desafía la muelle placidez del establecimiento, que entonces ruge. Y el Centro ahí, inane, a caballo en la inercia de la oposición. ¿Dónde anda Claudia López, opción insuperable, de centro-izquierda, para la presidencia?
por Cristina de la Torre | Abr 29, 2025 | Abril 2025, Corrupción, Economías ilícitas, Iglesia Católica, Justicia, Narcoestado, Reformas liberales, Sanción Política, Violencia
De estirpe liberal y evangélica, el italiano venido de una aldea ignota entronizó la Teología de la Liberación con su opción social por los pobres. Para el mentor del Concilio Vaticano en los sesenta, la pobreza es pecado: sin justicia social no hay Evangelio posible. Miles de religiosos y sacerdotes se vuelcan sobre las comunidades de base y reverdece la figura de Jesús. Se extiende la nueva-vieja divisa de liberación social por toda la América Latina. Francisco coopta -moderándolo- el lenguaje de esta doctrina social, pero sus prioridades son otras. Se propone reordenar el poder en una Iglesia que periclita tras 40 años de oscurantismo, despotismo y corrupción. Que en esto se tradujo la feroz reacción de la derecha pontificia contra la Teología de la Liberación.
Francisco se propuso menos abogar por los pobres que reformar el poder de la Curia Romana, interpelar los nuevos movimientos sociales -ecologismo, feminismo, pacifismo, diversidad de género, derecho de migrantes- y trazar pautas modernas de moral sexual. Pero casi todas sus reformas se paralizaron en el enunciado, no adquirieron cuerpo. Verbo intrépido el de este Papa, reducido con frecuencia a gesto, a pizca, a retractación coloreada de simpatía y carisma. Se muestra tolerante con la homosexualidad, pero niega el matrimonio igualitario y termina por renegar de “tanta mariconería” como se ve en los seminarios. Su apuesta de empoderar a las mujeres en la jerarquía de la Curia se resuelve en nombramiento de dos o tres religiosas en posiciones de mando, como el de Simona Brambilla en la Prefectura del Vaticano, mas escoltada por la recia autoridad de un cardenal. No concede Francisco el sacerdocio femenino. Y, ante la plétora de denuncias de monjas abusadas por curas, calla: no reclama a derechas investigación, juicio y condena.
La catedralicia corrupción en las finanzas de la Curia Romana y en el Banco Vaticano, viejo compinche de la mafia italiana (que David Yallop denunciara) resulta apenas arañada. Tampoco obliga a la Iglesia a pagar impuestos en bien de los pobres. La lucha contra la pederastia es exigua, pues no toca al aparato de obispos incursos en el crimen, por acción o por omisión. Si en todo ello le falta contundencia, en los vetos es terminante: ni aborto, ni eutanasia y celibato obligatorio. Pero en su empeño de descentralizar el poder de la Iglesia logra el nombramiento de cientos de obispos jóvenes, de la entraña del pueblo, en todas las latitudes. Y el diálogo con otras religiones es logro sin precedentes en la modernidad católica.
En su compromiso con los pobres, tomó distancia Francisco de la corriente revolucionaria que, si minoritaria y episódica, había medrado en la Teología de la Liberación. Corriente que a la derecha ultramontana le sirvió de excusa para revertir el cambio que Juan XXIII había ofrecido a la masa de desposeídos; masa que, ciertamente, no ingresó a las guerrillas en embrión de aquella época. En cabeza de Juan Pablo II, impuso la derecha vaticana la “restauración” de la Iglesia, para sumirla en el oscurantismo y en la corrupción. Contra el callado sacrificio de miles de sacerdotes afectos a la doctrina de Jesús, emergió de sus cenizas el medievalismo inmóvil y se montó un aparato de poder totalitario, se escribía en este espacio.
Recibió Francisco una Iglesia en crisis de legitimidad, la grey en estampida hacia otros lares o en la orfandad del desencanto. No bastó su palabra seductora para cambiar una institución obsoleta, machista y tiránica. Terminó este Papa prisionero de su propio sino: alebrestó al conservadurismo y defraudó al reformismo.
