por Cristina de la Torre | Abr 22, 2025 | Abril 2025, Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Derechos, Desigualdad, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, La paz, Narcotráfico, Paz Total, Política de seguridad, Proceso de paz, Violencia
Tan intrincado sería el viraje de la Paz Total como compleja, diversa y desafiante es la catadura de los grupos armados que ella involucra. Y la de sus negocios. Si por vez primera bombardea este Gobierno al Clan del Golfo, le tiende a Mordisco un cerco asfixiante y al ELN le anuncia guerra, más cauto se muestra con la disidencia de Calarcá. Se le vio cobrarle su violencia contra la población del Catatumbo negándole extensión del cese el fuego, mas casi en el acto reculó el presidente: ordenó suspender por un mes operaciones militares ofensivas contra ese grupo armado; para permitir -dijo- el preagrupamiento de su Bloque Catatumbo, y su eventual tránsito a la vida civil. Si el 18 de mayo se comprobara incumplimiento de esa organización, se levantaría la tregua.
Piensan algunos que el presidente sienta así una nueva regla de negociación para todos los armados: suscribir compromisos verificables y cumplir mínimos inescapables como el respeto a la población civil y el desmonte de sus economías ilegales. Sin avances concretos, no habría nuevos compromisos ni cese el fuego. Ariete en el desastre de la Paz Total, cesarían los ceses precipitados, sin verificación posible; los ceses de graciosa concesión al armado y no como resultado de acuerdos para la desmovilización y la terminación del conflicto. Ceses que resultaron vitales en el fortalecimiento de los armados; como la disidencia de Mordisco que ahora despliega terrorismo indiscriminado con saldo de 4 muertos y más de 50 heridos en Huila, Cauca y Valle. Vitales en las pretensiones de gobierno sobre territorios y comunidades, como las del ELN en el Catatumbo o la dictadura de facto que el Clan del Golfo ejerce en Montes de María.
Cómo no temer otra engañifa de la disidencia de Calarcá que libra allí una guerra con el ELN, letal para la población civil: van en 3 meses 106 muertos y 64.200 desplazados, y a su carnicería suma ahora un campo de concentración para “resocializar” ciudadanos díscolos, con homicidios y trabajos forzados. Ante la crisis, se espera que una nueva estrategia de seguridad le devuelva a la Fuerza Pública toda su capacidad de acción en protección de la ciudadanía y control del territorio. Los ceses acordados en estos dos años han desprotegido a la población y de su afectación resulta responsable también, por omisión, el propio Gobierno. ¿Disipará Calarcá en este mes de gracia la desconfianza y el dolor que su violencia ha causado? ¿Tendrá Petro el coraje de retomar la estrategia de garrote-zanahoria y de adaptarla a circunstancias nuevas?
Juliana Mejía señala que el conflicto ha cambiado radicalmente. De tres grupos armados (FARC, ELN, AUC) se pasó a una plétora de organizaciones delictivas que se disputan territorios y comunidades para imponerse como gobierno. De guerrillas que apuntaban en la sombra a la toma del Estado se salta a armados en guerra de posiciones recíproca para suplantarlo y someter a la población. No las mueve la revolución sino la codicia: economías que abarcan narcotráfico, minería ilegal, prostitución, secuestro, trata de migrantes, extorsión, contrabando. Y responden a las dinámicas del crimen internacional. Fragmentación, diversificación de negocios, control de territorio-población y transnacionalización, son ahora los factores que signan el conflicto.
Éste dejó de ser contrainsurgente para dar lugar a la toma múltiple del poder público por organizaciones e individuos tenebrosos que han medrado en la indolencia (cuando no en la complicidad o la iniciativa) de sectores de la clase dirigente. Los grupos armados son la otra punta del iceberg. Ningún presidente podrá derrotar por sí solo un poder tan abrumador, hecho a bala, corrupción e impunidad. De la acción mancomunada de Estado y sociedad dependerá la paz. Si media un Acuerdo Nacional.
por Cristina de la Torre | Abr 15, 2025 | Abril 2025, Derecho fundamental, Derechos, Desigualdad, Iglesia Católica, Impunidad, Minorías, Mujer, Policía Nacional, Política de Estado, Política de seguridad, Salud, Sanción Social, Violencia
En el país que naturalizó extremos inconcebibles de crueldad contra los indefensos, el brutal asesinato de la mujer trans Sara Millerey González batió todas las marcas. Desnudó el taimado silencio de la sociedad y la ineptitud del Estado para proteger a su gente. En vehemente homilía, Angelo García, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Libre fustigó el mutismo de la Iglesia y de la comunidad frente a este crimen: nadie tiene derecho a destruir al otro, señaló, por el nombre que adopte o “por lo que lleve entre las piernas”.
Qué hay en la cabeza de una persona que ve a un ser humano agonizar en una quebrada, violentado, brazos y piernas fracturados, para no prestarle auxilio, preguntó indignado. Instó a romper el silencio como Iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios; desde la disidencia, desde la diferencia. Nadie tiene derecho a ejercer justicia propia para destruir a otro, agregó. Y, evocando la Semana Santa que comienza, instó a suscribir la revolución del amor, la revolución de la diferencia, que Jesús predicó contra el sistema. No podemos seguir alimentando en la Iglesia, en la comunidad, en el pueblo, en la nación el silencio de las violencias que normaliza el daño a los otros. Qué estamos haciendo en la Iglesia, inquirió, por juntar fuerzas para cambiar el mundo. E instó “a todos los sacerdotes e iglesias del mundo a salir del esquema hegemónico y patriarcal que nos ha condenado a sacrificar la vida del pueblo de Dios”.
Sí, fue un día trágico para Colombia, porque le puso rostro a la violencia de siempre, al odio, al prejuicio, a la desigualdad y debería interpelar a toda la sociedad, declaró Caribe Afirmativo. Este crimen destapa la transfobia que discrimina y agrede a las identidades de género diversas porque desafían la rigidez del esquema binario de género que, en todo caso, favorece el poder masculino. Esquema que deriva del odio a la homosexualidad y a la mujer. Máxime si, como en el caso de Sara Millerey, lo masculino se allana a lo más despreciado: a la figura de mujer. La inacción ciudadana, su complacencia en el espectáculo del horror, dicen ya de una sociedad enferma.
Odio, rechazo, violencia, aislamiento y discriminación son manifestaciones de transfobia. Persecución de todo el que se siente gente de bien, de la Policía, que se ensaña en las mujeres trans, de la sociedad y del Estado que les niega acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. En Colombia, las mujeres trans mueren tres veces, explica Caribe Afirmativo: la primera, en vida, por el rechazo de la familia, la exclusión escolar y la negación de sus derechos ciudadanos. La segunda, por violencia física. La tercera es muerte institucional, cuando el Estado las desampara. Sólo en los tres primeros meses de este año hubo en Colombia 30 homicidios de personas LGBTIQ+, 13 de ellos de mujeres trans, la mitad en Antioquia. Sobre perfilamiento y panfletos amenazantes contra Sara Millerey se advirtió al Estado dos meses antes de su asesinato. Nada hizo.
Explica la profesora Victoria Strauss que al destruir el cuerpo de Sara se busca borrar su identidad, su existencia y la diferencia que ella representa. En el conservadurismo de Antioquia persisten prácticas que justifican la violencia por prejuicio. Ubica a la mujer trans en un imaginario asociado al pecado, a la perversidad y al deterioro de las sanas costumbres; y termina por justificar la violencia correctiva que niega la diferencia y la castiga. Así perpetúa su hegemonía una Iglesia que pulpiteaba a la separada como “mujer infame”.
El padre García invita a “levantar la voz para hacer oír la voz de Cristo, para hablar por los que no tienen voz. A rechazar la violencia que quita la vida al ser humano”. A romper el silencio. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Abr 8, 2025 | Abril 2025, Conflicto armado, Educación, Farc, Fiscalía General de la Nación, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Mujer
Cuatro hechos reabrieron esta semana la herida de un crimen que degrada hasta extremos insospechados la historia de nuestro conflicto armado: la violación de mujeres para convertirlas en trofeo de guerra. Una marcha de 500 víctimas, el puño en alto, en Montes de María. Denuncia en Caracol Radio de dos exguerrilleras de las Farc reclutadas a la brava y violadas desde sus once años de edad, según ellas, aún por la plana mayor de esa guerrilla. El 3 de abril, conmina la JEP al anterior secretariado de las Farc a reconocerse como responsable de violencia sexual y reproductiva, so pena de pagar hasta 20 años de cárcel; la Fiscalía reconstruye 83 casos de mujeres violadas por las Farc en dos décadas. Y aparece el libro Desafíos por la Vida, un abordaje desde el sicoanálisis de los crímenes perpetrados por los grupos armados que la Comisión de la Verdad registra. La doctora Beatriz García Moreno señala aquí que los agresores asumieron el cuerpo femenino como parte del territorio conquistado y la violencia sexual fue arma de guerra contra las mujeres; pero dejó no obstante en sus víctimas resquicios de vida y la reciedumbre necesaria para recomponer la identidad y volver a enhebrar el tejido de la comunidad violentada.
Deisy, una de las denunciantes en Caracol, abundó en pormenores de las agresiones sufridas y aludió a “las cicatrices que dejaron en mi cuerpo… todavía (a los 36 años) me duele la cadera, porque yo era una niña”. Ya señalaba el Grupo de Memoria Histórica que casi siempre se violó con sevicia en el conflicto: al acceso carnal simultáneo de varios hombres sobre una mujer se sumaron la tortura y la agresión verbal. En la violación se hiere el cuerpo, pero también el alma, pues el acto deshumaniza a la víctima y destruye su dignidad. La violación, explica el GMH “es una experiencia traumática; sus cargas de brutalidad y violencia muestran que las víctimas fueron sometidas a terror en condiciones de gran indefensión. La violación derivó en trastornos y traumas acumulativos, con daño sicológico severo”.
Mas, paradójicamente, a veces el cuerpo se despliega a un tiempo en el despojo sufrido y en los resquicios intocados por donde se filtró de nuevo la vida, acota García. Se despliegan acciones de sobrevivencia y de reconstitución afectiva, como prácticas ancestrales del territorio que comprometen el propio cuerpo y renuevan el lenguaje: la reunión, al modo de familia extensa, recrea el espacio de los afectos, de la palabra, de las raíces y deviene motor de resistencia a la guerra. Así equipadas de afectos, gestos y saberes inscritos en el cuerpo porfían ellas en su territorio, o en cualquiera otro. Porque en sus ollas, en su música, en sus raíces llevan la semilla que no pudieron arrebatarles.
Resistencia en el recuerdo vivo de lo sufrido -no para prosternarse ante el dolor sino para desafiar la repetición de la infamia- fue nota dominante de las marchantes entre Ovejas y Flor del Monte; pese a que el 98% de las violencias sexuales padecidas permanecen en la impunidad. Se pregunta Juan Gabriel Vásquez si la impunidad y el olvido permitirán la reconciliación, o si son un insulto a las víctimas y a la idea misma de justicia. Es claro que en Colombia sólo desaparecerán las mujeres violentadas para trofeo de guerra si se aplica con rigor el modelo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y si la sociedad toda se envalentona contra esta guerra atroz.
Coda. Colombia postula a la internacionalista Laura Gil como Secretaria General Adjunta de la OEA, hoy embajadora en Austria y representante permanente ante organismos de Naciones Unidas. Más méritos como los de Gil para optar al cargo, imposible. Mejor representado nuestro país, imposible. Mayor orgullo para las mujeres colombianas, imposible.
por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Banca, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Empleo, Estado Social, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Industrialización, Justicia tributaria, Ley 100, Marzo 2025, Movimiento social, Neoliberalismo, Pacto Social, Polarización social, Política económica, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma pensional, Reforma tributaria, Reformas liberales, Salud, Seguridad social
La hipocresía de nuestra derecha parece no tener límites. Lleva 35 años bloqueando la industrialización -fuente de trabajo productivo para amplios sectores de la población- pero ahora acusa a la reforma laboral de este Gobierno de evadir el desempleo y la informalidad. Maleducados en la sociedad del privilegio, líderes de los partidos y de los gremios ponen el grito en el cielo al primer amago de tocarla. Como si devolver a una minoría de trabajadores formales los derechos salariales que Uribe les conculcó en 2002 comprometiera la existencia de la empresa privada o disparara la abrumadora cifra de 58% de informalidad. Como si la precariedad de los salarios no se tradujera en desempleo pues, si los trabajadores no consumen, no hay demanda; y sin demanda cae la producción y hay recesión. Como si esta vergüenza de informalidad y pobreza en un país que se cree democracia no procediera sobre todo del modelo de mercado que liquidó toda opción de desarrollo productivo, todo plan nacional como su carta de navegación, a instancias del Consenso de Washington.
Ignominia que pesa en César Gaviria y adláteres de la política tradicional, comprometió también a la tajada más jugosa del empresariado. Ésta se dedicó desde entonces más a la especulación financiera y a desplazar el trabajo nacional con mercaderías importadas que a crear empresa. Lejos, brumosa quedaría la edad heroica de la industria en Colombia, que pocas firmas evocan hoy trabajando a brazo partido y en espíritu de patria. Cursilería de románticos , dirán banqueros MacPiponchos bendecidos por la increíble gabela que la Carta del 91 les dio como intermediarios forzosos de los recursos que el Banco de la República gira al Gobierno. Mas no lo dirían las 1.700.000 pequeñas y microempresas a las que deberá concedérseles un período de transición para adoptar progresivamente las disposiciones de la reforma. Y reorientar hacia ellas el apoyo del Estado, con crédito fácil y legislación antimonopolio.
Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario: tras sus ocho años de gobierno, Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina. Fiel a la libertad de mercado y al desmonte de controles del Estado en boga, hoy critica el expresidente la reforma en curso con los criterios que animaron la suya. La iniciativa de Petro controvierte la política laboral que privilegia al empresario, castiga al trabajador y sitúa a Colombia a kilómetros de las democracias y de la OIT.
Las graves falencias del mercado laboral resultan aquí de modelos concebidos para discriminar a los más y favorecer a los menos. ¿Qué hacer? ¿Surgirá, por ventura, una oposición creadora, con contrapropuestas para encarar los problemas del país, capaz de erigirse en alternativa de poder? En política social, ¿perpetuará el modelo que convierte la salud, las pensiones, los servicios públicos en negocio de particulares? ¿Se depurará la alternativa de economía mixta, Estado-empresa privada, puesta la mira en un proyecto de nación? Este Gobierno ¿no cuenta ya con el Plan de Desarrollo, hecho inédito en décadas, óptima ruta de acción? ¿Para cuándo, verbigracia, la creación de empleo productivo público que restaure la función empresarial del Estado? Con hechos de esta laya, pensaría la derecha en correr con sus demonios a otra parte.
por Cristina de la Torre | Mar 11, 2025 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Economías ilícitas, ELN, Guerrillas, Izquierda, Justicia, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Personajes, Polarización social, Violencia
En el propósito de hacer memoria para no seguir contando la guerra desde la coyuntura, Maria Elvira Samper y Juan David Laverde ofrecen una historia compacta y rigurosa del ELN, última guerrilla del continente. Referente obligado para estudiosos y para el ciudadano menos avisado, reputados conocedores de esta saga acotan, desde distintos flancos, el examen de los hechos que un podcast de doce capítulos recoge. Desde el nacimiento de esa guerrilla en 1964 entre universitarios y campesinos movidos por el ideal revolucionario que la Cuba de Fidel Castro encarnó. En la reconstrucción de acontecimientos, descuellan la muerte de Camilo Torres en 1965 y el desastre de Anorí en 1973: las dos grandes derrotas políticas del ELN en su fase inicial. Etapa de supervivencia en la selva y mando autoritario que tramita las diferencias políticas con fusilamiento del contradictor. Mas, sobre sus 90 cadáveres de Anorí se reagrupa el ELN, recompone el mando por “purga ejemplarizante” en la cúpula -dirá Maria Elvira- e inicia el tránsito del caudillismo a la dirección federada que rige desde entonces. Se detiene el relato en los muchos intentos de paz negociada con ese grupo; pero también en tragedias como la de Machuca que, por voladura del oleoducto, incineró vivos a 80 campesinos inermes. El ELN habría derramado 4 millones de barriles de petróleo en nuestros ríos.
A la derrota de Anorí -un intento de toma de la población que provocó acción letal del Ejército contra el ELN- se sumó la incautación de una tula del jefe, Fabio Vásquez, repleta de información secreta y caen casi todas las redes urbanas de la organización: 200 detenidos. La virtual desaparición de esa guerrilla marca, sin embargo, su punto de inflexión. El ELN se reorganiza y resuelve la crisis a su favor. Niega Vásquez su responsabilidad en la derrota por falta de trabajo político en el campo, y descarga en otros la culpa: juzgan, condenan y ejecutan a la célula urbana de Los Bertulfos.
Dirá Alejo Vargas en esta historia que es la última ejecución colectiva del ELN después de la de Víctor Medina Morón, Eliodoro Otero y Julio César Cortés, por diferencias ideológicas, en 1968. Y la de Jaime Arenas en 1971. Se sabe que Ricardo Lara Parada, cofundador y segundo al mando de esa guerrilla, sería ejecutado por un comando del ELN en 1985 a la puerta de su casa, frente a su hija de cinco años. Entonces oficiaba como líder político en la legalidad. Afirmó en la revista Trópicos (1980) que el ELN había terminado por invertir los valores: “la guerra dejó de ser dirigida desde la política, para que la política fuera dirigida desde la guerra”. Fue la suya una invectiva contra el militarismo del ELN, que no ahorra brutalidad aun cuando del pueblo se trate. Dígalo, si no, su terrorífica incursión de este mes en el Catatumbo, otra arremetida contra el pueblo que dice representar.
Para Eduardo Pizarro, analista en el relato, la muerte de Camilo Torres fue la muerte del Frente Unido, de una gran movilización política urbana en ciernes; pero, además, reforzó la inclinación campesinista y el caudillismo de Fabio Vásquez. Ya se dolía en su hora Ricardo Lara: todo lo que toca el ELN lo vuelve militar, afirmó; limitó al más grande líder revolucionario a esperar el próximo movimiento táctico, que lo llevó a la muerte… “muerto Camilo, muere su obra”.
Desde los 80, el ELN se aplicará al secuestro, a la extorsión, a la minería ilegal, a la trata de personas; y al narcotráfico, que hoy practica a plenitud, lavado de activos comprendido como miembro de una mafia internacional, según el General Naranjo. Su derrota es política: es la asociación con el delito y el crimen. Ya el presidente lo señaló de haber reemplazado a Camilo Torres por Pablo Escobar. Pero Colombia se sueña el milagro: que el ELN regrese de Escobar a Camilo.
por Cristina de la Torre | Mar 4, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Derecha, Fascismo, Iglesia Católica, Imperialismo, Internacional, Izquierda, Marzo 2025, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Racismo, Régimen político, Sanción Política, Sanción Social
El recién expedido decálogo educativo de Trump ingresa con fanfarrias y a zancadas en el bunker de su ruidosa autocracia. Invita a convertir la escuela en centro de oración para hijos de blancos-heterosexuales-protestantes, en nicho para exaltar las glorias patrias, mientras arrasa en su biblioteca con todo libro que reconozca diversidad racial y sexual, ideología de género o contenido político “inapropiado”. Anuncia el presidente purga en el Departamento de Educación contra marxistas, fanáticos y todo lo hostil a las enseñanzas judeo-cristianas: defenderemos, dijo, la religión misma, que está bajo asedio; y castigaremos fondos para escuelas que contravengan lo dispuesto. En desafiante involución a la educación confesional, atropellando la pluralidad y la libertad de pensamiento, cuelga Trump su retrato en la galería de censores quemalibros que honraron las dictaduras en la modernidad. Desde Calvino y Robespierre hasta Hitler, Stalin, Mao, Pio Nono, Videla, monseñor Builes y el imitador de todos, exprocurador Alejandro Ordóñez, que protagonizó su propia quema de libros en Colombia; hasta el mentor del macartismo que en tiempos de la Guerra Fría censuró 30.000 obras y hoy reencarna en Trump.
Castigaron ellos sin contemplaciones las libertades que el arte y la literatura daban al vuelo de la imaginación porque podían derivar en crítica del poder amancebado con la religión. Fuera ésta religión de la revolución o de la trinidad inmóvil. Bajo el fuego de la inquisición católica, de la protestante o de la revolución cultural china, cayeron los grandes: Shakespeare, Cervantes, Thomas Mann, Balzac, Zolá, Dostoievsky, Arthur Miller, García Lorca, Stephen King… En Estados unidos llegaron a prohibir a su poeta Walt Whitman, “un entrañable bocado de inmundicia”, sentenció el censor. Y el ministro negro libre Sam Green pagó cárcel 10 años por tener un ejemplar de La Cabaña del Tío Tom, que cuestionaba el racismo y la esclavitud. El Consejo Escolar de Nueva York retiró de las aulas textos “antiamericanos, anticristianos, antisemitas y simplemente asquerosos”.
Bajo la renaciente cultura del miedo, se presentan cada día nuevas quemas de libros en Estados Unidos. Prolongan la saga de la dictadura teocrática de Calvino, que incineró, con sus libros, al librepensador Miguel Servet. La del nazismo que en 1933 inició la destrucción de libros “subversivos”, prolongada por años en universidades alemanas. Y la de aventureros españoles que, a la conquista de lo ajeno, blandiendo arcabuces y teas y blasones del Papa de Roma, incineraron en 1562 los libros mayas, pletóricos de información científica e histórica; con tratados rigurosos de botánica y medicina, y compendios de poesía. Para preservar su fe, la Corona española censuró, amordazó y quemó cuanto pudo.
Idéntica ambición imperial inspira a Trump. Mas no ya para imponerse a la brava en el mundo agitando el blasón gringo de la democracia, sino para imponerse a la brava en el mundo sin el blasón de la democracia. Y, en casa, para instaurar la cruda tiranía de millonarios que hacen el saludo nazi mientras el presidente confiesa su más caro deseo del corazón: gobernar con generales como los de Hitler. Y menea el blasón de la Biblia.
Prueba la historia que de esta aleación de poder político y religión resultan guerras santas y tiranías. Regímenes de terror en olor de religión, en cabeza de déspotas autoinvestidos de poder divino que cobraron con sangre el delito-pecado de pensar, de sentir, de obrar en libertad. Dijo Zweig: cuando un credo se hace con el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror… a quien cuestione su omnipotencia le corta la palabra y, casi siempre, la garganta. ¿No apunta Trump, cruzado entre párvulos de escuela, directo a la yugular?
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2025 | Desarrollo sostenible, Educación, Empleo, Estado Social, Febrero 2025, Gustavo Petro, Izquierda, Jurisdicción Agraria, Justicia tributaria, Ministerio de Salud, Neoliberalismo, Pacto Social, Polarización social, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Régimen político, Salud, Seguridad social, Sistema de salud, Socialdemocracia
Mérito de este Gobierno fue desnudar sin atenuantes los problemas medulares de Colombia, un país con millones de ciudadanos que no pueden hacer las tres comidas diarias. Un bofetón a la sociedad del privilegio que paladeó siempre las desigualdades por los laditos o con puño de hierro, mientras Petro apunta a moderarlas entre palos de ciego, retórica, aciertos y traspiés. Pero ahora suprime por sorpresa un componente esencial de la política social: subsidios a la población más necesitada. Corta la transferencia de Colombia sin Hambre a tres millones de hogares en condición de pobreza absoluta, la de Renta Joven, y el subsidio a intereses de crédito universitario que afecta gravemente a 327.000 estudiantes de estratos inferiores y egresados porque dispara el valor de las cuotas por pagar. Quedan ellos sin alternativa de financiación.
Recuerda Olga Lucía González en La Silla Vacía que en el consejo de ministros televisado descalificó Petro los subsidios dizque por “neoliberales”. Borró fronteras entre izquierda y derecha. Para la primera, la inversión social del Estado ataca la pobreza, modera las desigualdades; la segunda desconfía del Estado y entrega al mercado la misión de equilibrar la cancha. Pero, apunta, la protección social en cabeza del poder público es enseña de la democracia contemporánea. En Europa, la inversión social del Estado compromete el 22% del PIB; en Francia, el 32%. Allá democratiza la prosperidad y en América Latina obra como palanca del desarrollo.
Aquel ataque del presidente a los subsidios, aquella cepa vergonzosa de capitalismo primitivo riñe con sus propias políticas de Gobierno que, pese a la irrisoria ejecución, arroja algún fruto y esperanzas: salario mínimo fortalecido, reducción del desempleo y de la inflación, jurisdicción agraria en ciernes y reforma pensional que duplicaría el número de beneficiarios si la Corte Constitucional la bendijera. Capítulo aparte ocupa el paso de la reforma a la salud por el Congreso, pues esta desmonta abusos sin cuento del socio privado en el sistema de salud. A grandes voces contra la “estatización comunista” de servicios públicos, pensiones y salud se oponen los que en 30 años se enriquecieron con la privatización de estas funciones públicas. Pero devolver al Estado el control financiero de la Salud y fortalecer la atención primaria es ceñirse al mandato de la Constitución. Declara su Artículo 49 que la salud es un servicio público a cargo del Estado: a él le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo; y trazar las políticas para la prestación del servicio por entidades privadas, bajo vigilancia y control del Estado.
Este postulado armoniza con principios de la socialdemocracia que rige desde 1945. Y no se contrajo a aliviar la pobreza con subsidios, pues transformó la naturaleza del Estado. Transitó este de simple garante de la igualdad ante la ley a garante de los nuevos derechos económicos y sociales de la población. Ahora debía responder por educación, salud, pensiones y servicios públicos mediante gravamen progresivo a las mayores rentas y patrimonios. Lo cual resultó en reducción de las desigualdades. Hacia los años 80 el impuesto promedio a los grandes capitales en Europa y Estados Unidos rondaba el 80%.
Pero entonces se involucionó al capitalismo montaraz del neoliberalismo. Condescendieron nuestras elites con los subsidios que el Segundo Consenso de Washington introdujo para aliviar el efecto devastador del primero y reducir la amenaza del malestar social. Sí, estos últimos subsidios llevan marca de autodefensa neoliberal. Mas el sistema de protección social del Estado (y otros subsidios) viene de vieja data en Colombia, donde los pobres son legión. Hoy hostiliza esas ayudas el mandatario que aspira, no obstante, a construir Estado social. Vaya paradoja.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2025 | Capitalismo, Febrero 2025, Gustavo Petro, Imperialismo, Industrialización, Internacional, Izquierda, Libre Mercado, Modelo de mercado, Modelo Económico, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Régimen político, TLC, Violencia
Las amenazas de Trump contra Colombia y México destaparon diferencias de talante entre Petro y Sheinbaum, entre las economías de los dos países y en la idiosincrasia de sus elites. Herido el sentimiento patrio de los colombianos por la humillación infligida a sus inmigrantes, dio Petro en jugar a “el Estado soy yo” de Luis XIV y arriesgó la tercera parte de nuestras exportaciones, que van a Estados Unidos. También la presidenta Sheinbaum acusó la herida al honor de su país y la inminencia del golpe contra él. Pero invocó unidad en la consigna de “cooperación sí, subordinación no (pues) no somos colonia ni protectorado de nadie”. Acudió a la diplomacia y negoció: sabe que no ha de confiar al impulso de su indignación personal la suerte de la economía mexicana. Mientras parte del notablato colombiano se postraba de hinojos ante el déspota, el empresariado mexicano (y la oposición) cerraba filas con su presidenta en defensa de la patria mexicana. ¿Manes de la revolución nacionalista de 1917? Manes del Consenso de Washington y del TLC que nuestra dirigencia suscribió, esos sí, para sacrificar con ellos la incipiente industrialización alcanzada.
Escribe Jaime Acosta Puertas en Razón Pública que ningún producto colombiano es insustituible en Estados Unidos. Considera asombrosa, vergonzosa la debilidad de la economía colombiana, y su precariedad se ha ahondado desde 1991, cuando apostó a la importación de tecnologías y sacrificó su industrialización. Se equivocó. Lo que domina hoy es un enorme déficit comercial, pues sufrimos una doble dependencia, de tecnología y de mercados. Lo que Colombia exporta, dice, depende de la tecnología que importa; y de lo que importa vive el comercio interno. Nuestro empresariado no piensa en términos de productividad, sino de rentabilidad a corto plazo: Colombia, remata, no está en condiciones de librar una guerra de aranceles.
En México, en cambio, se prepara el empresariado para concurrir a la mesa de negociación con Trump. Es que -recuerda Mauricio Vargas- ese país vende el 80% de los buses y camiones que Estados Unidos importa, el 54% de los televisores y equipos de video, el 50% de los vegetales, el 40% de los licores y el 41% de las frutas. Los automotores, motores y partes producidos en México para el mercado estadounidense valen 173.000 millones de dólares al año.
En los próximos seis años desarrollará el país el Plan México, estrategia de inversión que dará norte a la economía. Iniciativa de Sheinbaum, el plan busca abastecer la mitad del mercado doméstico con producción nacional. Se propone elevar en 15% su producción automotriz, aeroespacial, farmacéutica, electrónica y de semiconductores, entre otras industrias. Proyecta inversiones por 277.000 millones de dólares a 2030, crear millón y medio de empleos y situar a México entre las diez primeras economías del mundo, informa El País. Cuenta la presidenta que en el mes de gracia que logró antes de discutir de nuevo aranceles, está trabajando “a marchas forzadas” para perfeccionar su plan, e invitar de consorte al empresariado que esta semana ovacionó a la mandataria de izquierda que pone al país por encima de toda consideración.
Enorme distancia en desarrollo le lleva México a Colombia, y muy distinta la índole de sus gobernantes y sus dirigentes. Si las diferencias no los hacen mejores ni peores, la presteza de empresarios y opositores para rodear a su gobernanta en momento tan dramático debería sugerirnos a los colombianos la pregunta que repica como un cirirí: ¿si no ahora, cuándo llegará el día para concertar un acuerdo de mínimos que desborde la repartija política, y obre como el proyecto soñado de nación? ¿Cuándo abocar la reindustrialización como estrategia de desarrollo que modere las horribles inequidades de este país y plante cara a la violencia?
