por Cristina de la Torre | Nov 18, 2025 | Desigualdad, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia agraria, La paz, Ministerio de agricultura, Noviembre 2025, Paramilitarismo, Parapolítica, Privatización, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Ultraderecha, Víctimas
Derecha impenitente. Cuando el país anhela finiquitar la norma que permite resolver sin armas el conflicto agrario, causa de la guerra, sale al paso la reacción blandiendo todos sus fierros. La ley de jurisdicción agraria parece desafiar a los que denostaron siempre la reforma agraria redistributiva de López Pumarejo, de los Lleras, del Acuerdo de Paz, que Petro quisiera rescatar. A quienes callaron ante la expropiación sangrienta de fundos en seis millones de hectáreas por el paramilitarismo; callaron ante la contrarreforma agraria que nutrió los diez millones de víctimas de un conflicto atroz.
Atacan ellos la ley ordinaria de jurisdicción agraria, pilar de la reforma integral, que entrega a jueces especializados competencias para resolver conflictos de linderos, servidumbres, uso del suelo y restitución de tierras usurpadas. Pese a estar prescrita en la Constitución y en una ley estatutaria que todos los partidos suscribieron, el latifundismo y líderes de ultraderecha la descalifican como ábrete sésamo de una supuesta expropiación exprés. Y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría traiciona al reformador demócrata que le da su nombre, para embestir la jurisdicción dizque por comprometer la independencia de la justicia y la propiedad privada; por poner en riesgo el Estado de derecho, la tenencia y uso de la tierra y porque desembocaría en hambruna, tal como habría sucedido en los países de comunismo comeniños.
Dos problemas envuelve el conflicto en el campo: la reforma agraria y el despojo. Sobre una hegemonía conquistada en cuarenta años de la más cruda violencia contra la población, “refundaron” su patria el paramilitarismo y la parapolítica. Bajo el ala de la guerra y por despojo aumentó la ya escandalosa concentración de la tierra. Se tejió aquel con masacre, asesinato, tortura, desaparición forzada y desplazamiento. Fueron sus beneficiarios los paramilitares, las guerrillas, hacendados, ganaderos, narcotraficantes y empresarios. Pero nada vieron muchos señorones o no quisieron ver o si vieron nada dijeron ni hicieron; por pudor, por cobardía o por asociación con los que disparaban. ¿Dónde están hoy?
Medios de la usurpación fueron el desalojo armado, venta de tierra bajo amenaza, estafa, revocación de títulos de reforma agraria, remate por deuda y compra de tierra en gran escala. Informó El Tiempo este domingo que la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia ordenaba a accionistas de Jumbo, Falabella y Homecenter devolver tierras que habían comprado en Córdoba a negociantes con supuestos vínculos con paramilitares. Muestra de lo que jueces probos en una jurisdicción agraria lograrían.
A la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, el decoro no le impide llamar las cosas por su nombre. El Gobierno, dice, se propone reconstruir políticas redistributivas en este país de aguda concentración de la tierra, reformar la inequitativa estructura social y agraria para lograr sistemas agroalimentarios justos y sostenibles. En 1961 se lanzó una reforma redistributiva de la tierra y de fomento de la economía campesina. Pero once años después se desmontó en Chicoral, para consolidar una estructura de propiedad excluyente que agudizó el conflicto y “nos ha dejado una de las historias más dolorosas de despojo y acaparamiento en el mundo”. Invita a construir un acuerdo de nación que privilegie el interés común y la paz sobre el acaparamiento y la violencia.
La derecha sabotea el debate parlamentario de la jurisdicción porque abre el camino hacia la siempre frustrada reforma agraria redistributiva en éste, el tercer país de mayor concentración de tierra en el orbe que la ficción de expropiación exprés quisiera perpetuar. Afirmó la ministra: si la tierra fue la causa de la guerra, ella debe ser la premisa de la paz.
por Cristina de la Torre | Nov 14, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdo Nacional, Clan del Golfo, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Crímen organizado, ELN, Farc, Fiscalía General de la Nación, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Izquierda, Justicia, Narcotráfico, Noviembre 2025, Pacto Histórico, Partidos, Paz Total, Política de seguridad, Reformas sociales, Socialdemocracia, Víctimas, Violencia
Si Petro sacrificó el cambio a su megalomanía, con Iván Cepeda le da la historia a la izquierda una segunda oportunidad. Y no porque éste reformule el programa de Gobierno -bitácora socialdemócrata capaz de sacar a Colombia del ostracismo-, sino porque la personalidad política del candidato del Pacto daría el tono de un reformismo de fondo, sin la vocinglería del agitador que todo lo contamina y frustra. Por la disposición de Cepeda al diálogo, que cristaliza en insistente propuesta de allegar un acuerdo para abocar las más flagrantes injusticias de nuestra sociedad. Por su trayectoria en defensa de miles de víctimas del Estado en el conflicto. Por su persistencia y valentía en batalla judicial con el líder a quien tantas tienen por causa de su desgracia.
Ha reiterado Cepeda su fe “en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado nuestra historia”. Enhorabuena. Pero una incógnita dramática se abre frente al trato que pueda darle a la estrategia estrella y debacle de este Gobierno, La Paz Total. Frente a nuevas iniciativas de diálogo con el ELN, no obstante su brutal arremetida en el Catatumbo, que costó la vida a cien civiles. Y frente a la Segunda Marquetalia, grupo armado al que la Fiscalía y el Director de la Policía señalan como determinador del ignominioso asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Pese a logros menores y a pesar suyo, la Paz Total terminó por catapultar el poder de los grupos armados con quienes el Gobierno dialogaba. Cedió a las exigencias del ELN: agenda de negociación genérica, imprecisa; suspensión de la acción estatal y cese el fuego prematuro, sin verificación efectiva; diálogo sin compromiso de desmovilización y desarme, y secuestro tolerado. Sólo se suspendió la mesa cuando el Catatumbo estaba ya bañado en sangre. Ahora lo invita el Gobierno a reanudar el diálogo y calla ante la nueva afrenta: el ELN anuncia que seguirá un “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y a policías, secuestrados hace meses.
A los desatinos de la Paz Total responde la escalada de violencia, que en el último año se ha cuadruplicado en Colombia; máxime cuando el narcotráfico ha derivado en negocio global con redes de crimen organizado por doquier. Según la Cruz Roja, de continuar esta escalada, 2025 cerraría como el año más violento contra la población civil en una década. La inteligencia militar identificó una red de acuerdos estratégicos entre ELN, disidencias y Clan del Golfo que van del Catatumbo al Pacífico, para fortalecer su control del territorio y sus negocios ilícitos. Todo indica que la estrategia de paz y seguridad no se recompone con ajustes de forma, que requiere un replanteamiento cardinal. ¿Querría emprenderlo Cepeda como presidente?
“He querido hacer de la cohesión de las izquierdas y de todos los sectores sociales mi meta política”, declaró a El País. Meta respetable si de transitar de movimiento a partido se tratara. Pero si se aspira a un acuerdo nacional, habría que ampliar el radio de acción a los partidos, materializarlo en una plataforma básica común, y en alguna fórmula de lo que ha dado en llamarse gobernanza, como ya el propio Petro lo ensayara con buen éxito en su primer año de Gobierno. No será fácil vencer el dogmatismo de la vieja izquierda y concertar, con todos los aliados, el trazo grueso de las reformas sociales sin sacrificar el ADN de su programa.
La votación por Cepeda en octubre le permitiría potenciar su acuerdo nacional con una alianza electoral cifrada en un programa básico común, que trascienda la consulta de marzo. Reformistas hay en el centro, en el centro-izquierda, en el voto de opinión urbano. Pero también los desilusionados de izquierda democrática son multitud. Acaso esperen que la divisa de Iván, este humanista sin mácula, les devuelva la esperanza.
por Cristina de la Torre | Nov 11, 2025 | Capitalismo, Derechos Humanos, Internacional, Noviembre 2025, Política exterior, Política social, Seguridad social, Socialdemocracia, Ultraderecha
A todo Goliat le sale, tarde o temprano, su David. Con una paliza electoral a los republicanos en Nueva York, Virginia, New Jersey y California, estalla la rebelión contra el rey-tirano y amenaza con cambiar la relación de fuerzas en el Congreso en elecciones de mitaca este 2026. Viene el hecho rodeado de movilizaciones de la ciudadanía en calles de 2.700 ciudades, que emulan las manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Vietnam y humillan la sórdida egolatría de Trump. Sólo la movilización del 17 de octubre convocó a más de siete millones de personas. Gota que rebosó la copa fue la parálisis del gobierno: 42 millones de estadounidenses llevan mes y medio sin cupones de alimentación, 750.000 empleados públicos fueron despedidos o no reciben su sueldo y peligra la atención en salud para los más pobres. Inhumana agresión contra los vulnerables, en la primera potencia del orbe que había pauperizado a su clase media y degradado los ingresos laborales hasta caer en pobreza y desigualdades semejantes a las de países del Tercer Mundo.
Pero un ciclón amenaza en el horizonte: un socialista democrático de origen africano y musulmán acaba de ganar la alcaldía de Nueva York. Zohran Mamdani se llama y en su discurso de victoria dijo que aquella es una urbe de inmigrantes y será ahora gobernada por un inmigrante. Dos demócratas se hicieron también a las gobernaciones de Virginia y New Jersey y California aprobó un proyecto que reordena los distritos electorales de modo que podrá esperar cinco curules más en el senado.
Se agrieta la satrapía que Trump edificó sobre el miedo y el abuso de poder. Expósito queda su recorrido desde cuando decidió cabalgar sobre el malestar del pueblo estadounidense: reavivó el nacionalismo y, para mayor eficacia, lo entreveró –como antaño– con el potente sentimiento de pueblo elegido de Dios, salpimentado en un patriarcalismo hirsuto. Ganó el poder y lo entregó a la plutocracia sin hígados que fuera su propio hábitat y raíz de la crisis en ciernes. En el país más rico del orbe, franjas enteras de población podrían sucumbir a la pobreza, al desempleo, a la persecución, a la deportación. Ya aprieta la mordaza que niega las libertades de pensamiento y de expresión. Niega la ciencia, la pluralidad cultural y, totalitario de suyo, se inmiscuye en la vida privada del ciudadano para sancionar sus opciones morales, ideológicas y de género.
Mas ahora crece el río de los antagonistas. En el núcleo del programa de Mamdani hierve el problema de la desigualdad. Socialista moderado, se propone él suministrar transporte gratuito en buses, congelar arriendos, abrir supermercados populares, guarderías gratuitas y cobrar un impuesto de 2% sobre la renta a ingresos superiores al millón de dólares para financiar el plan. Propone construir 200.000 viviendas de interés social en 10 años, proyecto costeable a dos manos entre el Estado y el capital privado.
Se diría legado del New Deal de F.D. Roosevelt, que salvó a ese país en la Gran Depresión de los años 30. A la parálisis de la economía con sus secuelas de miseria y desempleo masivo, opuso el modelo socialdemócrata que rompía con el laissez faire y consagraba la intervención del Estado para planificar la economía, descentralizar el poder, garantizar competencia equilibrada en el mercado y entronizar la seguridad social en educación, salud, desempleo y pensiones.
Lejos de esta alianza Estado-capitalismo, Trump regresa a los años 20 con debilitamiento del Estado, desregulación de la economía y hegemonía, no ya de los promotores del desarrollo capitalista sino de una casta que ordeña el proteccionismo en provecho propio y sacrifica a su grosera glotonería el bienestar de su país. En la contraparte, declara Mamdani: “soy musulmán, soy socialista democrático, y me niego a pedir perdón por ello”.
por Cristina de la Torre | Oct 29, 2025 | Conflicto armado, Democracia, ELN, Farc, Gustavo Petro, Imperialismo, Internacional, Ministerio de Defensa, Narcotráfico, Octubre 2025, Política de seguridad, Política exterior, Ultraderecha
Tal vez desde el despojo de Panamá no registraba Colombia amenaza semejante a su soberanía y a su economía. Mas no es obra exclusiva de Trump. En este entierro han puesto velas la desvergonzada incitación de nuestra ultraderecha al gobierno de Washington y la campaña de provocaciones de Petro a su Serena Majestad. Dinamizadores que esta agradecerá porque legitiman el agresivo renacer del colonialismo de EE.UU. en su patio trasero. Para recuperar su hegemonía y a título de lucha contra el narcotráfico, conjuga intervención extranjera con sanción política, militarización de la seguridad, y un abierto desafío al derecho internacional.
Emulando megalomanía con Trump, Petro puede ahora cosechar lo sembrado, para oficiar como abanderado de la indignación general por avanzadas del imperio sobre la soberanía nacional. Pero su protesta no conjura las fintas de invasión y bloqueo económico, pues elude la batalla diplomática que sí libran Sheinbaum en México, Lula en Brasil, Boric en Chile, para mantener a raya el peligro. Antes bien, provoca nuevas amenazas y la humillante inclusión del nombre de nuestro Presidente en la lista Clinton, dizque por ser “un jefe del narcotráfico”. Justamente él, denunciador estrella de la narcoparapolítica que redundó en cárcel para decenas de políticos cuyos jefes aplaudirán la injerencia extranjera que se dice contra el narcotráfico.
Conturba la súplica de un exvicepresidente de la República:“Presidente Trump, necesitamos su ayuda, salve la democracia de Colombia”. Y la cándida confesión de Martha Lucía Ramírez, también exvicepresidenta: “Tal como dijimos al Secretario de Estado, Marco Rubio, -escribe-, la actitud de Gustavo Petro no representa el interés nacional de los colombianos y debemos desarrollar una agenda urgente de diplomacia paralela”. Otros, socios novísimos de algún Country Club, también le niegan al presidente credenciales políticas, esta vez por su “origen social”; prestante les parece el convicto Trump. Criollismo acomplejado de vendepatrias.
Y Petro no ayuda, cada día dedica un nuevo insulto al presidente de la Estrella Polar. Éste traduce en hecho cada amenaza: corta las ayudas a Colombia y le advierte a Petro “tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra (usted) y su país”. Al día siguiente refuerza la ya colosal flota de barcos de guerra apostados en el Caribe con un portaviones de propulsión nuclear y en cualquier momento podría pasar a invasión militar en tierra.
Parecería importarle poco al presidente si Trump dispara los aranceles. Pero cinco millones de compatriotas verían flaquear su trabajo y el empleo se desplomaría, pues el 30% de nuestras exportaciones van a EE.UU.: petróleo, café, flores, banano, oro, manufacturas. Ese país aporta el 40% de la inversión extranjera directa en Colombia y envía el 30% de los turistas que nos visitan.
En equívoca mutación de una causa en otra, termina Petro por identificar defensa de la soberanía regional con alianza y respaldo al dictador Maduro. Y precipita decisiones sin discusión. Como la orden al ministro de Defensa de aportar fuerza armada colombiana al ejército venezolano si una invasión gringa a ese país prospera. O su propuesta a Venezuela de compartir inteligencia militar para ventilar el conflicto creado por el Eln y las Disidencias en el Catatumbo, sabiendo que los elenos son protegidos del gobierno de ese país. Si hay riesgo por la eventualidad de una zona de guerra en la frontera, más lo habría en una conflagración internacional.
Riesgo a la vista es que, cuando nuestra integridad nacional pide unidad sin fisuras frente a la bota imperial se nos imponga una disyuntiva ajena a la soberanía propia: que debamos escoger entre Maduro y la extrema derecha de este país. Que nos hurten la confrontación real, entre Colombia y el invasor extranjero. Que sigan manoseando la soberanía.
por Cristina de la Torre | Oct 21, 2025 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Cultivos ilícitos, Desigualdad, Justicia restaurativa, Justicia social, La ley de Víctimas, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2025, Presidencia de la República, Reforma Rural, Reformas sociales, Seguridad Alimentaria
Qué busca esta polvareda de aspirantes al solio de Bolívar: ¿enriquecerse?, ¿proclamarse dictador?, ¿colgar al fin su retrato en la desapacible galería de cuadros de presidentes en Palacio? O persigue un medio para cristalizar su idea de país. Pero sin sueños ni cuerpo de doctrina ni programa de gobierno, ¿cuál idea de país? Se trasluce en casi todos el anhelo de rescatar un pasado que hiede. En otros, de dogma contrario, el mismo desdén hacia referentes del cambio democrático que no se vieran en décadas y medirían el alcance de propuestas en todo el espectro de la política: el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo de Paz de 2016 y la descentralización de recursos y competencias que revoluciona la organización del Estado porque cierra brechas entre las regiones. Ante el desafío, unos reculan y otros juegan al avestruz. El Gobierno de izquierda sepulta el Plan de un humanista-economista riguroso, avanza a saltitos en las ambiciosas estrategias por la paz y ayuda a entrabar la discusión de descentralización fiscal. La derecha aspira a revitalizar la patria de Dios, Guerra y Jerarquías; y el Centro supone que su mustia pose virginal obrará el milagro de la redención. La senadora Clara López invita a “atreverse a imaginar otro mundo”.
Resultado de 51 diálogos regionales con participación de 250.000 personas, el Plan de Desarrollo de Jorge Iván González busca superación de la pobreza, justicia social, prosperidad económica, protección del ambiente y reducción de las brechas entre territorios. Para lo cual diseña cinco grandes estrategias: derecho a la alimentación, con eliminación del hambre en la primera infancia y aumento de la producción agrícola. Ordenamiento del territorio, con entrega de 2.9 millones de hectáreas, titulación de 3.9 millones y catastro multipropósito. Transformación productiva mediante reindustrialización y diversificación de exportaciones. En convergencia regional, más hogares con vivienda, hasta 88.000 kilómetros de vías terciarias para conectar territorios. Y disminución de la pobreza, para aquilatar la paz.
Por su parte, el Acuerdo de 2016 repica sobre reforma rural integral, apertura democrática para construir la paz, solución a las drogas ilícitas, reivindicación de las víctimas, implementación del tratado de paz (PDET incluidos) y fin del conflicto. El Sistema General de Participaciones implica un cambio medular del Estado en cuatro décadas. Tal la envergadura de estas transformaciones, que operarían un viraje en el modelo social y económico del país, a tono con la perspectiva de nuestra senadora.
Aquí gloso palabras suyas: Durante tres décadas creyó el mundo en las promesas de la globalización, en crecimiento, prosperidad y modernidad para todos. Apertura de mercados, libre flujo de capitales y expansión tecnológica se ofrecieron como destino inevitable. Pero la realidad, más terca que los dogmas, terminó por desmentir la fe en el mercado. El modelo económico que domina ha perdido legitimidad moral, la sociedad reclama algo más que crecimiento: quiere justicia, participación, propósito.
El Plan de Desarrollo, el Acuerdo de Paz y la descentralización fiscal en ciernes ofrecen el instrumental necesario para operar reformas democráticas hacia el país soñado. No estamos condenados a repetir errores, dirá López; mas, para que otro mundo sea posible, debemos atrevernos a imaginarlo, a recuperar la política como arte de lo común, a devolverle a la economía su función de servicio -concluye. Acosada por demagogos de todos los colores, Colombia le pide a su clase política disponerse, por una vez, a discutir dispositivos políticos como los señalados. U otros. Pero, en todo caso, echar al vuelo la imaginación creadora para hacer de la Presidencia el garante supremo del bien común, no del grosero interés particular. Que ya éste le sabe a cacho.
por Cristina de la Torre | Oct 14, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Clientelismo, Congreso de la República, Corrupción, Democracia Directa, Democracia Plebiscitaria, Derechos laborales, Economía de mercado, Estado de Derecho, Estado de opinión, Gustavo Petro, Octubre 2025, Política social, Privatización, Reforma laboral, Reforma política, Régimen político, Salud pública
Agua y aceite en economía, en política los hermana el populismo. Uribe lo acopla al neoliberalismo, a la manera de Fujimori; y Petro evoca el reformismo de un Perón, pero más para acicalar el discurso que para obra de gobierno. Soñándose caudillos en un Estado de opinión, se regocijan ambos en la democracia directa y en la debacle de los partidos que derivaron de la Carta del 91. Se dicen demócratas pero conspiran contra la democracia: van en pos del unanimismo, no toleran al adversario, asedian los poderes organizados de la sociedad y de representación política, desinstitucionalizan el Estado, reducen el poder público a su enhiesta persona. Debilitan la sociedad -ya en el comunitarismo premoderno de los conservatismos socialcristianos, ya en la turbamulta amorfa- manipulada por la propaganda del gobierno. Mítica voluntad general que Rousseau definió como única, inalienable, indivisible e infalible. Curioso: las mismas notas que califican al Estado absolutista de Hobbes. Uno y otro pensador buscaban la sociedad homogénea, sin fisuras, que será presupuesto del totalitarismo.
Y sus elegidos obedecen. Maria Fernanda Cabal quisiera ilegalizar a la izquierda y De la Espriella promete destriparla. En el otro flanco, Quintero anuncia la clausura del Congreso, si gana la elección. Discípulos aconductados del Uribe que en su guerra contrainsurgente apuntó también contra opositores a quienes llamó guerrilleros vestidos de civil; del Petro que tiene a los suyos por esclavistas y nazis, frente a quienes menea también banderas de guerra a muerte. Denostaba Carlos Lemos “la nueva estirpe de gobernantes sin partidos, sin raíces ni centro de gravedad, donde las ideas son sustituidas por la frivolidad, la arrogancia, la demagogia y la improvisación (…) Napoleoncitos de cartón”.
Con la “nueva democracia” que siguió a la caída de las dictaduras del Cono Sur renacía la economía de mercado, una religión contra el Estado burocrático, la partidocracia, el clientelismo y la corrupción. La confianza inversionista de Uribe suprimió derechos laborales, privatizó la salud, cerró hospitales públicos por no ser rentables. Quiso Petro devolverle al Estado su iniciativa en política social, mas fue flor de un día: logró la reforma laboral y entonces cedió al capricho de sus fantasías en extramuros de la patria.
En tres escenarios desplegó Uribe su democracia directa: en consejos comunales, en su referendo de 2003 y en campaña por la reelección presidencial. Los primeros eran sesiones semanales de día entero con delegados de algún municipio y transmisión directa por radio y televisión para ventilar problemas de la comunidad y asignar partidas del presupuesto como dádiva del presidente, aunque se hubieran ya negociado con políticos de la región. El contacto con la gente operaba por encima de partidos, Concejos, alcaldes y ministros, por encima de las instituciones de la democracia; pero favorecía la imagen benevolente del caudillo.
Su primera propuesta de referendo revocaba el Congreso. La Corte dijo que la medida encubría un plebiscito, exigía un procedimiento reglado y resultaba “contraria a la idea más elemental de Estado de derecho”. De la mano del referendo vino la campaña por la reelección presidencial, un virtual plebiscito de apoyo a la persona del presidente. Sin parar mientes en la tiranía de las mayorías, puesta la mira en la voluntad general, el ministro Pretelt llegó a pedir la reelección por veredicto popular, obviando la norma constitucional.
Astutos de nación, Uribe y Petro han ordeñado la democracia plebiscitaria sin molestarse, el uno, en ofrecer una propuesta de país distinta del estatus quo; y el otro se extravía en provocaciones y en su propia retórica para no tener que gobernar. ¿Convocaría Petro una consulta popular sobre la corrupción en su Gobierno?
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2025 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Democracia, Economías ilícitas, Fiscalía General de la Nación, Gustavo Petro, Internacional, Izquierda, La paz, Octubre 2025, Pacto Histórico, Paz Total, Polarización social, Política de seguridad, Política exterior, Racismo, Reformas sociales, Salud, Sanción Social, Sistema de salud, Violencia
Al naufragio de sus reformas y al desbordamiento de la violencia no responde Petro encarando la crisis; se dispara en huida dramática en tres direcciones: hacia el sarcófago del guerrillero heroico, hacia la estratosfera de la política planetaria y, ¡ay!, hacia la imposición a su partido de un convicto consentido de núcleos de derecha como su candidato predilecto. Sabe que con esos votos podrá Daniel Quintero ganar la candidatura del Pacto Histórico este 26 de octubre. Pese a que la Fiscalía lo llamó a juicio por favorecer a particulares con un lote de Medellín avaluado en $2.700 millones y negociado por $48.000 millones. Con su huida hacia la lucha armada invalida Petro la reinserción del M19 a la vida civil, vuelve hilachas la confianza de la izquierda democrática que lleva décadas jugándose el pellejo por la paz y manosea la ilusión del movimiento popular, víctima propiciatoria del conflicto. Vuelve la espalda a quienes lo llevaron al poder.
La exaltación de la guerra en este cruzado por la vida escaló a comedia de equivocaciones la semana pasada en plenaria de Naciones Unidas y en calles de Nueva York. Su consuetudinaria exhibición de la bandera del M19 en actos públicos (con fusil cruzado y leyenda del poder por las armas) se resolvió allí en convocatoria a formar un ejército del mundo para enfrentar a Israel en Gaza, y él mismo se ofreció a ir como combatiente: será “la revolución mundial de los pueblos” contra el tirano. Invitó a los soldados de Estados Unidos a insubordinarse contra su jefe, el presidente. Y, clímax del espectáculo, exhibió la “bandera de guerra a muerte” de Simón Bolívar.
Pero esta bandera -revela Olga Lucía González- fue un símbolo de muerte, no de liberación. La aristocracia criolla de Caracas, a la cual pertenecía el Libertador, celaba el control de los cargos públicos por españoles y además, enriquecida en la esclavitud, temía una revuelta de los esclavos contra sus amos. Parte del pueblo raso se había unido al ejército realista, no al de Bolívar, y éste, que también temía a los “pardos”, les declaró “guerra a muerte”. Fue una matanza de españoles (“aunque sean inocentes”) y de pardos, una guerra civil atroz, de visos raciales y de clase. Tal vez se precipita Petro en su fervor por este Bolívar desalmado. Tampoco sabemos si comulga con su proyecto de dictadura en la Constitución Boliviana de 1826.
¿Son este equívoco bolivarismo del presidente y su glorificación de las armas la coartada de escape a la dura lucha política por sus reformas, al fracaso de su Paz Total, a la inoperancia de su Gobierno, al control de la corrupción que lo carcome, a la rendición de cuentas que es deber del estadista democrático? ¿Cree Petro en la eficacia de la simbología bélica en un país ahíto de guerra? ¿Nada le dice el trabajo de miles de colombianos por la paz? ¿Nada, el Acuerdo de 2016 que él se niega a implementar? Acaso no le resulte fácil escamotear con delirios del antiimperialista coronado, Mesías redentor de la humanidad, la contribución de su administración a la crisis de salud en este paisito perdido entre selvas, esclavistas y sicarios. Ni escamotear la crisis de seguridad y orden público, aupada por la guerra entre bandas armadas dueñas de economías ilegales, en disputa por el territorio de 500 municipios y por la dominación violenta de su población.
Por los rasgos de personalidad que afloran a simple vista, se diría que Petro no huye de sí mismo, de su propia identidad. Huye, con los ojos cerrados, del reto que significa asumir como el primer presidente de izquierda en la historia del país. Él, supremo universal, huye del prosaico compromiso de ser Presidente, de responder al compromiso de gobernar para todos los colombianos, que contrajo en su discurso de posesión; y de aplicarse a luchar en democracia por el programa de reformas que le dio la victoria en las urnas.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2025 | Corrupción, Democracia, Derecho fundamental, Derechos, EPS, Fiscalía General de la Nación, Impunidad, Pacto Histórico, Privatización, Reforma a la salud, Salud, Septiembre 2025, Sistema de salud
La crisis de la salud inculpa lo mismo al sector público que al privado. El descalabro financiero, gestado en 30 años de privatización libérrima que permitió robo masivo de sus recursos, estalló con la intervención de este Gobierno en EPS que atienden a la mitad de usuarios del país. Caos contable por incuria, por ineficiencia, por tozudez, escandaloso en la empresa mixta Nueva EPS que podía arrastrar ya el estigma de muchas de ellas: el del desfalco por fraude que había condenado a Palacino, gerente de Saludcoop, a diez años de prisión y que, según la Fiscalía, podría comprometer también a exdirectivos de la Nueva EPS. Estos, como sus antecesores, habrían girado cheques y cheques para cubrir falsos servicios de salud; y entregado al Gobierno información adulterada para apropiarse el dinero del Estado.
En esta EPS halló la Fiscalía, entre otros, un desfalco por $70.563 millones y camuflaje de deudas por cinco billones para mostrar utilidades ficticias y presumir el equilibrio financiero exigido en los giros del Estado. El ente abriría procesos contra los exdirectivos de marras por avalar operaciones que favorecían a directivos, a accionistas y a un grupo de proveedores beneficiarios de suculentos contratos, así no se repartieran utilidades entre los socios. Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, describía el procedimiento: enviaban pacientes sólo a ciertas clínicas, privilegiaban a farmacéuticas escogidas y montaron un sistema de coimas a los proveedores. Reveló Leal a Cambio: me decían que la única manera de que les pagaran era devolviendo el 30% del valor; “todos lo sabían pero nadie se atrevía a presentar pruebas, para no perder el contrato”. Chequera millonaria.
Para el sector en su conjunto, alerta la Contraloría por aumentos enormes en anticipos, facturas de cuentas por pagar sin auditar, falencias en la contratación de prestadores y en la constitución de reservas técnicas. Los pasivos en el sector saltaron en el último año y medio de $11.7 billones a $21.3 billones. Los anticipos sin legalizar, de $3.4 a $15.3 billones. O sea que durante la intervención se han adelantado montañas de dinero a clínicas y hospitales sin soporte de facturas. Se dispararon quejas y tutelas.
En este torbellino de irresponsabilidad, irregularidades y delitos presumibles, Gobierno y oposición debatirán en el Senado sin muchas credenciales morales y políticas la reforma oficial de salud y la alternativa, en cabeza de la senadora Norma Hurtado. Ambas iniciativas reafirman el modelo mixto público-privado, aunque con diferencias de énfasis y de estructura. El de Petro privilegia la atención primaria y extiende la cobertura a todo el territorio. Devuelve al Estado la iniciativa en políticas de salud, el giro directo de sus recursos a los prestadores, la integración de sus redes, y formaliza el trabajo del personal del sector. La alternativa cede el giro directo, pero entrega a las EPS la integración de las redes de prestadores, su contratación y auditoría: no gira pero decide a quién pagar. Y previene contra la “estatización” del sistema: contra la integración de redes por gobiernos locales y contra el cálculo oficial de la UPC. Propone dar crédito a las EPS para que paguen sus deudas; pero, laxas o nulas las garantías, este podrá derivar en multimillonaria acción de salvamento a la corrupción.
Diferencias mayores, mas no insalvables. Así lo sugiere la liberalidad de los senadores Ferney Rojas del Pacto Histórico y Norma Hurtado de la U, abiertos a un debate capaz de contemplar líneas medias, ajenas a extremos paralizantes de todo-o-nada, del que venimos ya curados. Ojalá a la fatalidad del caos pueda oponérsele la concertación democrática. Lo pide a gritos el 75% de colombianos que sienten cada día pasos de animal grande contra su derecho irrenunciable a la salud.
por Cristina de la Torre | Sep 23, 2025 | Acuerdos de paz, Campesinado, Conflicto armado, Corrupción, Crímen organizado, Derecha, Gustavo Petro, Imperialismo, Internacional, Lavado de activos, Narcotráfico, Paz Total, Política de Estado, Política exterior, Septiembre 2025, Sustitución de cultivos, Víctimas, Violencia
Esta descertificación es un acto de cobardía: el poder supremo de las derechas del mundo agrede al gobierno progresista de un país pequeño para mejor sujetarlo a su dominio. Manes del imperio que, en la guerra estéril contra el narcotráfico, reclama aún más muertos a Colombia. La conmina a reimplantar políticas fracasadas, y once jefes de la oposición -genuflexos, indignos- le piden al mono medidas más severas. Pese a que éste busca ahora autorización para desplazar su fuerza militar a territorio extranjero, so capa de combatir el narcotráfico. ¿Pretexto para la invasión?
Ni Trump ni sus conmilitones colombianos piensan en las prioridades de este país. Piensan en votos. En lugar de replantear la política antinarcóticos, convierten la descertificación en bandera electoral. El gobierno de izquierda, por su parte, sí ha pensado en alternativas de desarrollo rural pero, incapaz de traducirlas en hechos, termina por alternar entre retos de valentón y rescate de la pepa del problema. Entre el “véngase que no le tengo miedo, aquí nos damos cocas” y un diagnóstico sobre el fracaso de la guerra contra el narcotráfico: porque el negocio multimillonario sólo compromete al país productor, no al consumidor. Porque ataca la oferta, no la demanda. Estados Unidos está descertificado, dijo Petro, por no disminuir el consumo de cocaína en su sociedad, causa primera del narcotráfico; y por la prohibición. Y porque apunta contra los cultivadores, el eslabón más débil de la cadena, mientras elude su corresponsabilidad de país consumidor.
Tres razones aduce el gobierno estadounidense para descertificar al de Colombia: máximos históricos en cultivos de coca y producción de cocaína, poquísima erradicación de esos cultivos, y la Paz Total con grupos armados dedicados al narcotráfico como disparador de la crisis. Pero ignora factores determinantes, como el abandono del programa de sustitución de cultivos, que dejó colgadas de la brocha a 99.000 familias entusiastas de esa alternativa. Como la virtual parálisis en la implementación del Acuerdo de Paz y sus Planes de Desarrollo Territorial, para blindar a las comunidades más vulnerables ante el conflicto armado y el narcotráfico.
Dispone el mono volver a la fumigación aérea, aunque la resiembra neutraliza sus efectos; y la costosísima erradicación masiva no cambia a las comunidades. Señala Angélica Durán que la salida está en el desarrollo alternativo, ajeno a todos los gobiernos, el de Petro comprendido. Su diagnóstico descorazona: la descertificación no es una medida técnica sino política, unilateral y con efecto nulo sobre la reducción del narcotráfico, de sus cultivos y sus organizaciones criminales. Su costo humano, económico y ambiental es descomunal. El incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz sume a las comunidades en el peor de los mundos: las deja sin Estado, sin proyectos productivos y bajo la dictadura de grupos armados en disputa por el territorio.
Medio siglo de guerra contra el narcotráfico ha demostrado que este es inexpugnable. Su exorbitante valor lo fija la prohibición y su costo marginal se mide en corrupción y en vidas. Produce billones que los paraísos fiscales y la banca mundial lavan a ojos vistas y sin control. En particular, los bancos de Estados Unidos y Europa. Urge un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que sume al apoyo financiero, logístico y de inteligencia contra los grandes carteles y el lavado de activos la corresponsabilidad de países productores y consumidores en la lucha contra el narcotráfico. Y que controle el tráfico de armas norteamericanas, savia de las más temibles bandas del narcotráfico en el mundo. En Colombia la demagogia electorera de todos los bandos suplanta proyectos de modernización productiva para las comunidades rurales, carne de cañón del narcotráfico. Y el mono ahí.
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdo Nacional, Cese multilateral, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Derechos Humanos, ELN, Fuerzas Armadas, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Líderes Sociales, Paz Total, Política de seguridad, Septiembre 2025, Víctimas
Hombres de camuflado bañan en gasolina a dos soldados y les prenden fuego cuando se aplican al desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en Putumayo. Un evento más de la saga dantesca que se pavonea en Colombia desde hace décadas y hoy escala hacia otro pico trágico. Se atribuye el crimen a Comandos de la Frontera, grupo armado con el cual negocia el Gobierno que, de comprobarse su autoría, levantaría la mesa. Según CICR, 2025 es el año con las peores condiciones humanitarias en una década, año que se inaugura con salvaje ofensiva del ELN en Catatumbo para cobrar la vida a 87 civiles y desplazar a 65.000. Casi millón y medio de personas se vieron afectadas por la violencia en este primer semestre, cuatro veces más que las registradas en igual período de 2024. Los confinados, secuestrados y desplazados se han duplicado. En estos dos años ha decretado el ELN doce paros armados en Chocó, con grave afectación de la población. Revela Indepaz que en lo que va de esta Administración se acumulan 263 masacres y cientos de líderes sociales asesinados, horror que en cualquier democracia saltaría todas las alarmas. La seguridad se desvanece y la política de paz trastabilla en las tinieblas.
La Fundación Ideas para la Paz atribuye la debilidad del Estado para encarar nuevos ciclos de violencia a la desarticulación entre política de paz y estrategia de seguridad: ni la Fuerza pública estabiliza territorios ni la Paz Total avanza. El de hoy es un conflicto más fragmentado y de grupos armados fortalecidos en los territorios. En este Gobierno se han duplicado las zonas en disputa (ya son 14) y disparado el número de acciones armadas, mientras las comunidades se ven más y más desprotegidas por falta de una estrategia integral de seguridad territorial y de articulación entre instituciones. De allí el precario, diríase insignificante avance en negociaciones de paz.
Y, sin embargo, cuando se pide a gritos protección de los derechos humanos y Estados Unidos reduce la ayuda humanitaria, recorta fondos el Gobierno a la Defensoría del Pueblo que descuella en compromiso con la población inerme. Arranca tajada medular a su presupuesto, con grave impacto sobre monitoreo para alertas tempranas, despliegue territorial, seguimientos para prevenir el asesinato de líderes sociales y atención a comunidades vulnerables. Pueda ser que el descabellado recorte no responda a retaliación contra la corajuda Defensora, Iris Marín, por haber ella ostentado independencia crítica frente al Gobierno.
En el ciclo de violencia que comienza -señala Laura Bonilla- la obligación constitucional de reparar a las víctimas, restituir tierras y garantizar la no repetición está lejos de cumplirse. La disyuntiva entre negociación o bala ignora las particularidades de la hora: no son ya la misma bala ni la misma inteligencia ni los mismos grupos. Contra la posibilidad de desmovilización en bloque conspiran formas innovadoras de reclutamiento. La Paz Total, agrega, fracasó por desordenada y caótica; por falta de pedagogía, de planificación, de sintonía con el territorio. Por falta de avenidas previstas para transitar de tregua a sometimiento y a justicia.
Y se pregunta: si se levantan las mesas, ¿qué hacer en su ausencia? ¿Cómo reducir el homicidio y la extorsión? ¿Qué hacer con el reclutamiento infantil? ¿Qué con los líderes sociales, blanco de todos los armados? ¿Y el plan de contingencia? ¿Persistir en negociar? ¿No negociar? Si se opta por paz sin negociación, habrá que integrar al territorio como su aliado activo. Será paz entendida como justicia territorial, inversión sostenida y protección de lo público. Sí, la seguridad debe mutar y la paz también. Pero será con la gente o no será. Y será nuestro acuerdo nacional. Entonces podrá esperarse que busque oficio la violencia, su tenebrosa majestad.
