Mal actor. Si no fuera por la tragedia que evoca, daría risa el desapacible papelón de dignidad ofendida con que responde José Félix Lafaurie a la menor insinuación de reforma agraria. Pero se comprende este mecanismo de autodefensa en el mentor del estamento más abusivo del campo: el latifundismo ocioso de una res por hectárea feraz, en un país humillado en el modelo de tierra sin campesinos y campesinos sin tierra. Simboliza Lafaurie un poder secular afirmado sobre la concentración creciente de la tierra. La mayor en el mundo. Como acaba de ratificarlo el Censo agrario, según el cual casi la mitad de la tierra cultivable pertenece al 0,4% de los propietarios, al notablato que casi siempre especula con ella y paga impuestos irrisorios, o ninguno. El diagnóstico del censo dibuja el horizonte del cambio. Y la actualización del catastro en el campo, con cobro sin concesiones del impuesto predial, daría lugar a una reforma agraria sin alharacas.
Restituir es parte del remedio. La solución de fondo, una reforma del campo que los grandes terratenientes llevan cien años boicoteando. Pero sin la información que da el catastro sobre propiedad y uso de la tierra, no podrá aquella cristalizar. Un inventario pormenorizado permitirá fijar el impuesto predial y dar el paso decisivo: elevar el gravamen a los predios subexplotados u ociosos, aliviar el de los bien explotados y de economía campesina. Ya decíamos en este espacio (7, 2009) que, salvo momentos de excepción, la presión terrateniente para esquivar el predial y mantener la conveniente desinformación sobre tierras ha reducido el catastro al ridículo. Siendo 16 por mil la tasa nominal del predial, este se liquida apenas al 4 por mil. Y casi nunca se paga. Avalúo enano, y precio comercial astronómico. El hecho es que la tasa de tributación efectiva del sector agropecuario es apenas del 5,5%.
Para Hernán Echavarría Olózaga, lo único que puede conjurar la pobreza es un impuesto a la tierra. No sólo porque el recaudo a los propietarios del campo pueda invertirse en servicios básicos a la población. Es, sobre todo, porque el capital privado se destina a crear empresa productiva, no a comprar tierra para especular con ella. Tasado un impuesto real sobre predios, tendrían sus propietarios que ponerlos a producir, o bien, invertir en otros frentes productivos. El impuesto provocaría una reforma agraria, sin gritarlo, pues pasaría la tierra a quienes sí la pusieran a producir. Con menos rentistas, bajaría su precio, así como el de los alimentos. Y sería más competitiva nuestra agricultura.
Desafío inescapable si se quiere la paz, en un país donde el viejo latifundismo se ha fundido, casi en pleno, con nuevos contingentes de terratenientes venidos del narcotráfico. Estamento sobrerrepresentado en el Congreso y reforzado durante el uribato con un tercio de curules en manos de parapolíticos. El mismo que frustró a tiros los intentos de reforma del siglo pasado. El mismo que ahogó en sangre el movimiento de Anuc en los años setenta. El mismo que hoy incorpora a quienes transitan de la motosierra a ejércitos antirrestitución. El mismo que denosta de la paz porque teme que ella traiga formalización de la propiedad en el campo y redistribución de tierras buenas cerca de las ciudades, hoy acaparadas como lotes de engorde. Temen que, después de un siglo, se acometa en Colombia una revolución liberal.
En vez de reforma agraria, aquí se desterró al campesinado “sobrante” a los extramuros de la patria y al extranjero. De él dependerá que haya por fin reforma agraria en Colombia. ¿Porfiarán los Lafaurie, clase dirigente inferior y venal, en la misma oposición virulenta de hace un siglo?