Acosado por el ejército y por el rencor de los colombianos, ‘Alfonso Cano’ declara que las políticas de Santos para el campo abrirían el camino de la paz. El Presidente, por su parte, ha explicado que la idea es “iniciar con acciones un verdadero proceso de paz”. Cuentas de un rosario de coincidencias que van desde semejanzas de fondo en materia agraria hasta galanteos de ‘Cano’ con la ley de Víctimas y restitución de tierras que esta semana inicia su jornada final en el Senado. Tan notoria sintonía movió a la Alta Comisionada de la ONU en Colombia a ponderar los posibles acercamientos de paz entre Gobierno y guerrillas. Algo sugiere que Santos les arrebata a las Farc su legendaria bandera agraria para allanar el camino de la paz, mientras el jefe guerrillero pretende izarla de nuevo para negociar una paz con honor. Enhorabuena, si no fuera ésta otra treta de las FARC para ganar oxígeno en la guerra, sino un intento por rescatar el último vestigio de política que les quedara antes de convertirse en banda de forajidos.
Todo comenzó en la posesión del Presidente, cuando ofreció mantener a mano la llave de la paz. Luego se comprometió a devolver cuatro millones de hectáreas usurpadas a sus dueños, “así en ello me fuera la vida”. En diciembre declaraba ‘Cano’ que la ley de víctimas “contribuiría a la solución del conflicto”; y habló de “una ley de Tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”. Sobre su propuesta de crear empresas asociativas en el campo, explicó Santos: “luchar contra la guerrilla no se opone a tener una agenda de izquierda”. En desarrollo del plan de devolución de tierras, el Gobierno ha entregado a la fecha unas 200 mil hectáreas y espera titular 500 mil este año. Refiriéndose a la ley de Tierras que se avecina, el ministro de Agricultura apuntó que por primera vez en la historia del país se implementará una política integral de tierras y desarrollo rural. Habría, pues, restitución y desarrollo agropecuario; con crédito blando, apoyo tecnológico y sistemas modernos de comercialización.
A tono con la expresión de las FARC en su Octava Conferencia de 1993 que reivindica “el pago de la enorme deuda social… con las grandes mayorías desfavorecidas”, este Gobierno funda su reformismo agrario en la voluntad de “saldar la duda social” con los expulsados de sus fundos. Afinidades hay también en el referente histórico. El ministro Restrepo recoge el principio de la función social de la propiedad de López Pumarejo. Ya la Comisión Temática de las FARC señalaba en 2001 que “la ley 200 de 1936 (fue) el primer intento serio y moderno en la historia de Colombia, tal vez el único, de solucionar las agudas desigualdades en el campo, con una reforma agraria antilatifundista”. Desde su nacimiento en 1964 y cuandoquiera que hablaron de política, las FARC reclamaron la tierra para el campesino. Y su proyecto agrario es de corte liberal, como liberal es el de Santos. La Comisión Temática cifra las posibilidades de “reconciliación nacional” en un modelo que liquide las trabas del latifundio e impulse el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Octava Conferencia insistía en la democratización del crédito, en asistencia técnica y mercadeo.
Y en la redistribución de la propiedad en el campo. Punto crucial que no contempla el gobierno de Santos y que, según Absalón Machado, dejaría coja su reforma. Los propagandistas de la derecha dirán que reasignar tierras inexplotadas es comunismo. Pues comunistas no fueron López Pumarejo ni Carlos Lleras ni la CEPAL ni la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que esto propusieron. Pero en Colombia estamos. De momento, la sola aproximación de las partes hacia una idea común de justicia y desarrollo en el campo abriría horizontes de paz. Así la restitución le resulte al latifundismo tan intolerable como la paz.