por Cristina de la Torre | Abr 28, 2026 | Abril 2026, Estado laico, Iglesia Católica, Infancia, Internacional, Justicia, Reformas liberales, Violencia
No debería sorprender. Si Juan Pablo II protegía al obispo Marcial Maciel, violador consuetudinario de niños y director de la Congregación Legionarios de Cristo, nada le impedía a nuestro benemérito Cardenal Pedro Rubiano caer en pederastia, según acaba de revelarlo El País de Madrid. Ni inhibía el encubrimiento generalizado de este crimen por la jerarquía católica. Como ilustran los casos de monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, y del provincial de los Jesuitas que calló ante el abuso de un sacerdote contra los seis hermanos Llano Narváez en Bogotá. Rubiano, arzobispo de Bogotá, Cardenal primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal, se suma a los 5.000 curas pederastas que el investigador Juan Pablo Barrientos calcula para Colombia. Sus títulos de autoridad ahondan la ofensa e indignan doblemente al país, reacio ya a la moral de corrupción y despotismo que la monarquía vaticana emanó por siglos, pese a rebeliones heroicas en su seno ahogadas en sangre. Indigna también el bloqueo de la derecha parlamentaria y de autoridades religiosas al proyecto de ley que crea una comisión de la verdad sobre abuso sexual en la Iglesia.
Colombia se perfila como campeona en pederastia. Un informe de El País le adjudica la mitad de los casos en este delito, entre ocho países del continente. Conmueve la denuncia de Marco Rakower, asediado primero en la iglesia de San Francisco, después en el colegio de San Bartolomé, y por fin en el seminario menor de Bogotá: “Me quitaron la oportunidad de conocer el amor y el afecto físico cuando era niño. Me enseñaron que solo había abusos y violaciones. Ese daño no se repara nunca”. La denuncia cae en el vacío, como la de “Andrés” contra Rubiano. Nunca le respondieron a este en el Vaticano, ni en la arquidiócesis de Bogotá, ni en la nunciatura apostólica. Y, si hay sanción, se escamotea.
Escribe el investigador Barrientos en su libro Dejad que los niños vengan a mí que monseñor Ricardo Tobón habría protegido a los curas pederastas Roberto Cadavid, Mario Castrillón, Carlos Yepes y Luis Cadavid, “mediante un recurso institucional a toda prueba: el Código de derecho canónico, reforzado por el Concordato, que le (reconocía) a la Iglesia independencia judicial frente a la justicia civil”. Para Barrientos, será caso emblemático el del padre Cadavid, pues evidencia el procedimiento de ocultamiento sistemático de la jerarquía para proteger a sus miembros. Segregado de la institución por sus crímenes, siguió Cadavid no obstante en ejercicio del sacerdocio en Nueva York, gracias a los buenos oficios del obispo Tobón. De los hermanos Llano, abusados uno a uno por el cura Darío Chavarriaga en los años 70, ni hablar. La Iglesia, dicen ellos hoy, “nos tapó la boca”. El provincial de los jesuitas en Bogotá, en vez de denunciar el aberrante caso ante la Fiscalía, les pidió a las víctimas guardar silencio.
Pero un paso de gigante se dio el 31 de mayo de 2025 contra el imperio de la Iglesia sobre la ley civil: la Corte Constitucional invalidó el secreto pontificio que protegía a miles de curas pederastas. Se apoya ella en el Estado laico que la Carta del 91 consagra, tras su primera formulación en 1936, y en el levantamiento del secreto pontificio por Francisco. Estado laico malogrado a bala en Colombia hace un siglo, mientras florecía en la región al calor de la reforma liberal. Hoy no hay duda: después de tanta violencia fermentada en trincas de azules y purpurados, después de tan gloriosa, incesante guerra santa desplegada por cruzados violadores de niños, ha quedado claro que el derecho canónico no está por encima de la ley penal ni de la Constitución. Vencer el sabotaje a la ley que crea una Comisión de Investigación de la Pederastia será disipar la densa nube de silencio que ha querido ocultar este pecado mortal de la Iglesia.
por Cristina de la Torre | Abr 21, 2026 | Abril 2026, Álvaro Uribe Vélez, Congreso de la República, Corrupción, Democracia Liberal, Derechos Humanos, Desigualdad, Estado de Derecho, Fiscalía General de la Nación, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Justicia social, Paramilitarismo, Política de seguridad
¿Y a qué horas pasó esto?, se pregunta la candidata en entrevista con Daniel Coronell, que me permito glosar. El que abusaba del poder, dice, el que nadaba en corrupción, el que desafiaba a los jueces, se atornillaba en la presidencia torciendo la Constitución y no creía en el Estado de derecho era Uribe, y ahora tenemos que rechazar el mismo proceder en Petro: este repite la dosis y busca constituyente para hacerse reelegir. Simbiosis que funde a contrarios en un mismo haz autoritario desde orillas opuestas, se diría, apenas disimulado por el griterío de una campaña de odio donde unos invitan a encarcelar a Uribe, y otros azuzan al mono del Norte para que le caiga a Petro. Tanta brega contra el conflicto armado, apunta López, para batirse ahora no a fusilazos sino a carcelazos. ¿Y las prioridades de la gente?
Comprobado. Nuestros adalides políticos irrespetan la ley y la separación de poderes. Más de una vez ha desacatado Petro órdenes judiciales, chantajeado al Congreso, hostilizado a la Fiscalía y a los órganos de control. Fuera de sus cabales, acaba de amenazar a alcaldes y gobernadores con destitución y prisión si no ejecutan su voluntad. Cohonesta por indiferencia la corrupción desaforada de su Gobierno y abusa del poder: Financia con fondos públicos a la tropa digital de la Casa de Nariño que, pese a fallo en contra del Consejo de Estado, hace campaña a su candidato, y monopoliza con idéntico fin la televisión pública. Convierte el órgano de inteligencia estratégica del Estado en policía política al servicio del primer mandatario y de su interés político. Como hizo Uribe con el DAS.
Les reconoce Claudia méritos como parlamentarios a Cepeda y a Paloma. Al primero la acerca su defensa de la paz y de la igualdad; a la segunda, su reivindicación de la democracia liberal y el combate a la corrupción. Pero señala también hondas diferencias sobre el proyecto político que ellos representan. Sobre todo porque, de triunfar ellos, no se sabría quién va a gobernar ni para qué. Es que Paloma no sería Paloma sin los votos de Uribe, ni Cepeda sería Cepeda sin los de Petro. “Mi condición es otra: no soy nieta de presidente ni sucesora de presidente. Yo estoy aquí gracias al trabajo y al esfuerzo propio, no por usufructo de cuna o apellido. Me dedico al servicio público para que la vida de los colombianos no dependa de ese azar. Yo ya ejercí el poder: no abusé de él ni me vendí ni me corrompí. No vengan, pues, a decirme que sin corrupción no hay gobierno posible”.
Traigamos un paralelo aleccionador: El DAS del Gobierno Uribe convirtió la seguridad estratégica del Estado en policía política al servicio del gobernante. Espió y persiguió a la Corte Suprema, a la oposición, a periodistas, defensores de Derechos Humanos y favoreció al paramilitarismo. La Agencia Nacional de Inteligencia de Petro dibuja trayectoria semejante, como servicio secreto del presidente. Él mismo declaró haberse enterado de chuzadas a De la Espriella por informes de inteligencia, no por orden judicial. Hubo en la DNI infiltración de la disidencia criminal de Calarcá, a quien se proyectaría suministrar información militar reservada. Declaró el coronel Jorge Mora que esta se encuentra “totalmente politizada y desmarcada del profesionalismo”.
Concluye López: a Petro no le marcho hoy por las mismas razones por las que no le marché a Uribe. Y así lo entiende la gente. Pero, agobiada por el radicalismo manipulador de extremismos encontrados, tiene miedo. Yo no acepto el implícito de que a fuer de una oferta de justicia social tengo que aceptar la corrupción, el caudillismo y el abuso de poder. Ni acepto la presunción institucionalista de la derecha a la hora de nona, después de que le torcieron el cuello a la Carta, compraron el Congreso, chuzaron a la Corte y se ensañaron en la oposición. No son ovejitas inofensivas.
por Cristina de la Torre | Abr 14, 2026 | Abril 2026, Álvaro Uribe Vélez, Ciencia y Tecnología, Clan del Golfo, Congreso de la República, Crímen organizado, Desigualdad, Economías ilícitas, Elecciones, ELN, Farc, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Justicia, La paz, Paz Total, Política de seguridad, Reforma Agraria, Seguridad Alimentaria, Víctimas
Perder la soberanía sobre el 60% del territorio a manos del crimen organizado es bordear el abismo que conduce a un Estado fallido. Cohonestar por inacción esta realidad -como lo hace nuestra dirigencia política- es plegarse a una crisis en ciernes acaso sin antecedentes en esta democracia. Pero sus altezas reales Uribe y Petro, flamantes jefes de las dos minorías mayores de nuestro sistema político (las extremas a derecha e izquierda), convierten en espectáculo de revanchismo personal una campaña llamada a proponer antídotos al desastre: el antídoto de una estrategia integral y sostenida de paz, seguridad, justicia y desarrollo ejecutada a la par por el Estado y las comunidades. Como lo pide sin cesar la Defensora del Pueblo.
No contento con haber tributado en abundancia al dominio de los armados ilegales en tres años de Paz Total, el presidente Petro hace repulsa ahora a la acción de la Justicia, pilar de la Seguridad, cuando la Fiscal General le pide autorizar la captura de Calarcá, jefe de disidencia con la cual se dialoga, pese a que porfía en sus crímenes: asesinato de la mayora Carmelina Yule, masacre de 26 personas en Guaviare y de 6 uniformados en Antioquia, dirección de acciones para copar territorios en Meta, Caquetá y Guaviare. Y opone resistencia a idéntico pedido sobre otros jefes del grupo armado, alias Andréi, Richard y John Mechas.
El expresidente Uribe, por su parte, cuando no levita como Petro en autocomplacencias de su excelsa persona, denuesta cualquier insinuación de reforma agraria. Y aboga por preservar el pasado que dio lugar a la usurpación sangrienta de tierras, con saldo de 10 millones de víctimas en el tercer país más desigual del mundo. Víctimas humilladas esta semana por ausencia en pleno del Congreso al homenaje que las hubiera honrado: 18 de 296 congresistas permanecieron en la sesión. Pudo más su aventura promesera de campaña aún en dominios de disidencias, elenos y Clan del Golfo.
Para rescatar los territorios usurpados, impulsar su convergencia y convertir la ruralidad en eje del desarrollo nacional, un viraje se impone en el campo, desde el sector agropecuario, fuente principal de ingresos y de empleo en el país, sostienen los analistas Angela María Penagos y Diego Bautista. Se trata de consolidar los sistemas agroalimentarios como motores del crecimiento; de vencer la pobreza y las desigualdades en el campo, un tercio de cuya población sufre inseguridad alimentaria y donde 80% de la fuerza laboral son jornaleros y trabajadores por cuenta propia que en promedio devengan $580.000. La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz no da espera, con sus metas de redistribución y formalización de la propiedad y con el catastro multipropósito como eje de planificación. Se trata de elevar la productividad del sector integrando los pequeños productores a cadenas de valor, con crédito formal, asistencia técnica derivada de articular la política agropecuaria con el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde converjan también gobiernos locales y comunidades. El fin, consolidar “una institucionalidad que convierta la planificación en ejecución y los recursos en resultados tangibles”. Todo ello desde un pacto político y fiscal para construir un nuevo contrato social territorial.
Mas este horizonte sólo podrá abrirse si se acompaña de nuevas políticas de paz y seguridad que devuelvan al Estado su soberanía en todo el territorio, y rompan las cadenas que someten poblaciones enteras a la dictadura de mafias de economías ilegales. Que devuelvan su poder, su moral, su presupuesto y su capacidad de acción a las Fuerzas Armadas, sin cuya tarea todo diálogo de paz queda condenado al fracaso. En esta hora aciaga, ¿podrá esperar Colombia de sus “caudillos” una salida distinta de la de trocar sus odios y vanidades en altar de la república?
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2026 | Abril 2026, Congreso de la República, Cultura, Democracia Liberal, Elecciones, Estado de Derecho, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Pacto Histórico, Paz Total, Seguridad democrática, Violencia
Eduardo Pizarro enciende las alarmas. Recoge el analista el registro de investigadores sobre prácticas de este Gobierno que comprometen la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y arriesgan convertir las armas de la república destinadas a proteger a la sociedad toda en instrumento del partido de gobierno. Se refiere Pizarro a coroneles premiados con ascenso a general, no por méritos del servicio sino por adhesión al Pacto Histórico. A oficiales en retiro que regresaron al Ejército para ser promovidos por haber trabajado en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Cuando una fuerza militar empieza a ascender a su oficialidad por lealtad al partido de gobierno y no por hoja de vida, señala Pizarro, abre fisuras en la institución que, además, viene ya desmoralizada y dramáticamente debilitada por el fracaso de la Paz Total. Y justo cuando se afianza la gobernanza criminal de los armados ilegales. Una catástrofe que arrancó con negociaciones asentadas en la ficción de paz a tres meses vista, y en cuya virtud se purgó a la oficialidad más experimentada y se castigó el presupuesto de la institución. La capacidad militar del sector Defensa no llega hoy ni a la mitad.
Ejercicio desolador este del presidente que en su despótica arrogancia evoca a Chávez, Ortegas o Bukeles, mentores de republiquetas unipersonales que empiezan por cooptar a la fuerza armada de una nación para aventurar opciones entre la variada gama del autoritarismo: desde la supresión de libertades y derechos “en pro del pueblo”, hasta la dictadura declarada. Obsérvese, para comenzar, el cada vez más rudo desafío del presidente Petro al pluralismo, a la división de poderes, a la ley y a la ética pública, hasta culminar en su propuesta de constituyente. Un proyecto dirigido a suprimir las reglas de la democracia liberal consagradas en la Carta del 91, para dar poder sin límites a la persona del primer mandatario y a sus prosélitos.
En la democracia liberal, un muro separa el carácter político de las Fuerzas Armadas como encarnación del poder del Estado, de su politización partidista. El uniformado podrá batirse con el estandarte político por la patria, pero nunca en nombre del partido de gobierno contra sus adversarios. Una es la política de Estado, otra la del partido en el poder. Pero no siempre resulta nítida la distinción, pues no siempre disparan los militares motu proprio sino por orden del poder civil que en virtud del Estado de derecho prevalece sobre ellos. Se ha abusado aquí de las armas de la república para defender intereses particulares o banderías políticas. Dígalo, si no, el pecado inaugural del Gobierno de Ospina Pérez que en 1948 rompió la neutralidad del Ejército y su condición de árbitro para trocarlo en fuerza de choque de su gobierno contra la oposición; destruida la imparcialidad del Ejército, se ensanchó el negro boquete de la Violencia. O el sesgo contra el pueblo, tenido por enemigo interno en la guerra contrainsurgente. O la Seguridad Democrática, que se resolvió en asesinato de 6.402 inocentes.
Hoy cobra vigencia renovada el discurso de Alberto Lleras en mayo de 1958: “Las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes en política porque han sido creadas por toda la nación que les ha dado las armas para defender sus intereses comunes; no pueden, pues, tener partido (…) Mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución sino una necesidad de su función (..) Tan grave es la indisciplina de un militar contra un gobierno como la indisciplina a favor del mismo”.
En la antesala de la politización del Ejército que hoy aflora, aparecen la teatral incursión del general Zapateiro en la campaña presidencial de 2022 y, broche de oro, su ominosa expresión de condolencia por la muerte de Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar.
Coda. ¡Cómo duele la muerte de Aura Lucía Mera!
por Cristina de la Torre | Mar 31, 2026 | Acuerdo Nacional, Álvaro Uribe Vélez, Cese multilateral, Clan del Golfo, Conversaciones de Paz, Desarrollo económico, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas, Iván Cepeda, Marzo 2026, Paz Total, Política de seguridad, Seguridad democrática, Uribismo, Víctimas
Abelardo traza línea y Paloma procede: esta inaugura en campaña el plan de destripar a la izquierda. No otra cosa persigue su vileza de relacionar sin pruebas a Cepeda con el infame asesinato de Miguel Uribe, cuando la Fiscalía sindica del crimen a la Segunda Marquetalia. Grupo criminal con el cual estaría negociando hoy el candidato de izquierda, según Valencia. Para rematar, pregunta Álvaro Uribe dónde están los instigadores, Petro y Cepeda. Mienten. Tergiversan. Todos saben que conversaciones de paz hubo con este grupo armado, pero antes del asesinato de Uribe Turbay. Y recuerdan que ya Paloma había tratado a Cepeda de asesino en pleno Senado cuando le espetó dramática: “no me vaya a mandar matar”, el dedo acusador precisamente hacia el hombre que se había hecho político en la defensa de las víctimas. Entre otras, de los 6.402 inocentes que el gobierno de la seguridad democrática mandó matar sin que Paloma musitara palabra. Así mata ella dos pájaros de un tiro: pone en grave entredicho a su contendor por la presidencia y descalifica todo logro o intento de paz negociada. Batiendo a su gusto la colada, le adjudica a la Paz de 2016 los desaguisados de la Paz Total, el mayor descalabro de este Gobierno.
La de hoy es una estrategia fracasada, no el intento deliberado de entregar medio país al “neocomunismo”, como lo sugiere el uribismo. No demanda ajustes, como Cepeda quisiera, sino borrón y cuenta nueva. La impericia y el adanismo del Gobierno en su modelo de Paz Total catapultaron la violencia que venía de atrás, y hoy comprometen la soberanía del Estado en un tercio del territorio. Mafias asociadas al crimen multinacional que no buscan ya el poder central del Estado sino el local, llámense disidencias, Clan del Golfo o frentes supérstites del ELN, acorralan a poblaciones enteras, administran justicia, disponen del erario y controlan la economía de la región. En un año largo, la crisis del Catatumbo, verbigracia, deja 126 muertos, casi cien mil desplazados y treinta mil confinados.
Y es que durante tres años se porfió en errores que desde el día uno minaron toda posibilidad de éxito en la negociación de paz. Al menos con el ELN. Se abordó el diálogo con un diagnóstico equivocado, sin hoja de ruta clara, sin líneas rojas que protegieran la postura del Gobierno, sin compromiso de la contraparte en la perspectiva de alcanzar la paz, desmovilizarse y dejar las armas. Se aceptó discutir el cambio de sistema político y económico e implementar los cambios acordados paso a paso, es decir, consagrar un cogobierno armado; más aún, cuando se aceptó que el grupo armado intermediara la relación del Estado con las comunidades. Y los ceses el fuego prematuros, sin monitoreo, fueron ventaja para la contraparte, porque la Fuerza Pública se paralizaba mientras los armados se expandían a sus anchas.
Otro gallo cantaría si de estrategia de seguridad se tratara. La recuperación del territorio obra no sólo por intervención de la Fuerza Pública sino por acción integral del Estado para propiciar el desarrollo económico y social. Y el propio gobierno creó ya los instrumentos del desarrollo territorial: El Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Participaciones, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios más golpeados por el conflicto. Ya se inventaron, no tienen precedentes en décadas, pero el Gobierno debe rescatarlos y devolverles su entidad originaria: ser hojas de ruta de la seguridad y el desarrollo. Inescapable, devolver el monopolio de la fuerza a la Fuerza Pública, hoy con sólo 11% de su capacidad en inteligencia y 19% en movilidad de la tropa.
Una paz rediseñada y la seguridad así concebida, podrán ser ariete del acuerdo nacional que Cepeda busca, mirando hacia la concertación de un cambio pacífico, mientras Paloma resarce el honor mancillado a Cepeda.
por Cristina de la Torre | Mar 24, 2026 | Acuerdo Nacional, Álvaro Uribe Vélez, Congreso de la República, Democracia, Democracia Liberal, Fascismo, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Marzo 2026, Movimiento social, Régimen político, Socialdemocracia
Por dos caminos regresa el fascismo al continente. Uno, Por la ancha avenida pedregosa que da paso a un Trump, déspota vociferante, atropellador. Dos, por senderos perfumados de flores carnívoras que al primer contacto pelan sus fauces. En el primero se agita el mazo prehistórico; en el segundo se van minando las conquistas de la convivencia civilizada, el mazo prehistórico en la mira, pero vestido de caudillo populista. Y ambos trayectos conducen al autoritarismo como alternativa a la democracia liberal.
Quiero tomarme a Cuba, hacer lo que yo quiera de ese paisito fallido, dijo Trump, para montar allí el negocio inmobiliario que querrá construir también en Gaza, sobre los cadáveres del genocidio. Y, claro, para acabar de aislar a la isla, de matarla por hambre con un bloqueo reforzado con escudo militar de 17 gobiernos supérstites en la región. Escudo que le permitirá además rediseñar la geopolítica del continente. Cercado por Trump y por el régimen, consumará el pueblo de Cuba su tragedia: saltar del sátrapa Batista al dictador castrista y, ahora, al tirano invasor.
Por su parte, en la modalidad que Humberto de la Calle llama “microdemolición de la democracia” (El Espectador,3,15) descuellan los violadores de las reglas que forjaron la democracia liberal: Perón y Milei, Chávez y Maduro, Fujimori, Bolsonaro, Bukele, Petro. No accedieron ellos al mando por golpe de mano sino atropellando las instituciones que los elevaron al poder: la división de poderes, el respeto a la legalidad, el pluralismo. Buscaron el poder arbitrario, enseña del autoritarismo: escamotearon los controles institucionales al gobierno, persiguieron a la oposición, sacralizaron a la persona del caudillo como vocero único del pueblo. En palabras de De la Calle, estos autoritarismos se van a veces contra el pueblo; pero otras lo favorecen, “a cambio de lealtades silenciosas mientras terminan de devorar el poder”.
Uribe -otra pieza del combo autoritario- convoca referendo para reelegirse y cerrar el Congreso; y Petro promueve una Constituyente corporativista que solo representa a sus seguidores y cambia toda la Constitución del 91, modelo de democracia. La convocatoria respondería al “bloqueo institucional” que se habría cebado en este Gobierno -coartada para desconocer la discrepancia política y la independencia del Congreso-. El proyecto entrega al presidente facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza de ley que definan requisitos de los delegatarios y mecanismos para presentar candidatos. Una constituyente hecha a la medida del convocante para afianzar su poder. Manes de toda autocracia que así pervierte el mecanismo democrático.
Pero Iván Cepeda no se ve en el espejo de la personalidad del presidente ni en todas las ejecutorias de su Gobierno. Defiende las reformas sociales y se propone profundizarlas. Su liderazgo, forjado en la defensa de la legalidad, de las víctimas y de los derechos humanos, responde más a una conciencia ética que a apetitos de líder ávido de poder personal. Aspira a un gobierno de coalición erigido sobre reformas socialdemócratas y lucha contra la macrocorrupción. “No soy partidario a ultranza de la Constituyente. Lo que se requiere es un diálogo que nos conduzca al acuerdo nacional”, para responder a los graves problemas del país. Se trata, ante todo, de lograr un acuerdo y un consenso.
Lejos anda también del atrabiliario Trump. Y del dictador de Cuba, Díaz-Canel, que a protestas por libertades y derechos respondió en 2021 con el terror. Convocó “a los revolucionarios” y a los uniformados a “defender en las calles la revolución […] La orden de combate está dada”. Y el Congreso aprobó “pena de muerte por sedición”, el delito tipificado en la protesta. Nuestros demócratas deben saber si en el dilema democracia o autoritarismo, su candidato -Claudia López o Iván Cepeda- optará por la primera. No más egócratas.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2026 | Acuerdos de paz, Álvaro Uribe Vélez, Campesinado, Conflicto armado, Desarrollo económico, Farc, Jurisdicción Agraria, Justicia agraria, Marzo 2026, Narcotráfico, Política agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad jurídica, Tierras, Ultraderecha
Ver para creer. El partido de los 6.402 falsos positivos, el de las Convivir, el de la bancada que debía votar los proyectos del Gobierno antes de ir a la cárcel, el que hizo la vista gorda frente a una contrarreforma agraria sangrienta que significó 9 millones de desplazados y despojados de su tierra, el cruel enemigo de la paz funge, de pronto, como edén de concordia y liberalidad pluralista. Realpolitik descarnada. Codicia de votos.
El desacuerdo entre Paloma y Oviedo frente al Acuerdo de Paz (cuyo blanco vital es la reforma rural) se ha presentado como alianza providencial entre contrarios que en un futuro indeterminado construirían la patria de todos. Una quimera. Porque entre antagonistas ha debido mediar siquiera una carta de intención que recogiera líneas maestras de lo que pudiera devenir programa común de campaña y, a la postre, de gobierno. Antes bien, lo que el país vio atónito fue que Oviedo escamoteó las líneas rojas de la Paz que condicionaban su ingreso a aquella coalición con la extrema derecha; y Paloma, en cambio, se ratificó en lo suyo. Mientras Oviedo se allanaba al caramelo uribista de la reconciliación, dizque con miras al desarrollo, la declaración de Valencia caía como una bomba: “no voy a renunciar a mis convicciones (…) Qué tal que yo ahora me volviera partidaria de los acuerdos de La Habana”. No les reconoce legitimidad “porque nosotros ganamos con el NO”. (Aunque suscribieron cambios en el 97% del Acuerdo).
Lo que se juega es, ni más ni menos, el puntal del Acuerdo de 2016: la reforma rural integral. Entre otros instrumentos, la jurisdicción agraria, que deposita en jueces especializados la solución de conflictos de tierra que la derecha ha resuelto siempre a bala. Pese al acaparamiento violento de la tierra legitimado por el latifundismo, que gradúa de comunista todo intento de democratización de la propiedad en el campo, ha descollado la mismísima Valencia como enemiga implacable de la jurisdicción al calificarla de expropiación exprés; y acaso también de los procesos de redistribución, formalización y restitución de tierras. El Acuerdo de La Habana no pertenece al pasado: es la más consistente propuesta de paz y desarrollo. Si se la niega negando el Acuerdo, ¿con qué desarrollo económico sueña esta alianza?
Colombia figura entre los cuatro países más inequitativos en propiedad rural. En pocas manos se concentran las tierras productivas y éstas se destinan a engorde o se explotan mal: 46,9% de la tierra feraz pertenece al 1,6% de los propietarios. Como si no bastara con el modelo tierra sin hombres y hombres sin tierra, en el último medio siglo millones de campesinos fueron arrojados de la frontera agrícola, despojados de predio, historia y comunidad de vida. Perogrullo repite sin cesar que se impone una reforma que devuelva lo robado, redistribuya la tierra y la explote en regla. Pero el bloqueo a la jurisdicción agraria, pieza maestra de la reforma en el campo, se levanta como muro de castillo medieval. Y eterniza el problema agrario como origen y alimento del conflicto armado.
Con todo, ha logrado este Gobierno avances sustantivos en el campo: el sector agropecuario es el que más aporta hoy al PIB. Mediante compra de tierras, recuperación de predios públicos e incautaciones al narcotráfico, se han recuperado 758.000 hectáreas y entregado 300.000 a campesinos; se han formalizado 1.900.000 Has, y las exportaciones agropecuarias crecieron el año pasado 36%.
Botón de muestra del proceso democratizador que se desataría si el uribismo dejara de boicotear la reforma que viene incorporada al Acuerdo de Paz. Pero lo mantendrá, mientras hace carambola en negocio de votos que le salieron gratis, y con ñapa de hálito civilizatorio para esta derecha montarás. Nunca hubo “hijitos”, ni padre Marianito, ni Caperucita; siempre fue el Lobo Feroz.
por Cristina de la Torre | Mar 11, 2026 | Álvaro Uribe Vélez, Congreso de la República, Democracia, Democracia Directa, Derechos laborales, Desarrollo económico, Desigualdad, Elecciones, Empleo, Gustavo Petro, Izquierda democrática, Marzo 2026, Movimiento social, Neoliberalismo, Partidos, Reformas sociales, Régimen político, Socialdemocracia, Violencia
Abrumado bajo el peso muerto de sotanas y fusiles que lo inmovilizaron por centurias, no imaginó el país lo que podía venir. El período de comicios que arrancó este domingo en Colombia marca las dos caras de una inflexión sustantiva en el sistema político: primero, consolida el arribo iniciático de la izquierda al Gobierno, tras doscientos años de hegemonía conservadora; segundo, afina el populismo que debutara con Álvaro Uribe en 2002 y hoy encarna Gustavo Petro, su antípoda ideológica. Ingresamos, pues, en la galería de los populismos que menudearon en América Latina y cuyo vacío habíamos llenado con el clientelismo. Ahora tenemos aleación de clientelismo con populismo. Pero además toma cuerpo por primera vez la abierta confrontación entre izquierda y derecha, pan comido en la región y puntal de toda democracia, por discreta que sea.
Ambos usufructuarios de la democracia directa que la Carta del 91 entronizó, en ellos cristalizaron dos variantes del populismo: en Uribe, a la derecha, la belicosa y neoliberal de Fujimori; en Petro, a la izquierda, el reformismo social de un Perón. Se ha depurado el antagonismo en torno a reformas de base que Los Nadies reclaman ahora a voz en cuello y por boca del presidente. En soberbio libro sobre su gobierno, contrasta Hernando Gómez Buendía esta irrupción simbólica de los discriminados -capaces ya de imaginar un Estado de todos los colores- con el orden conservador que somete esta sociedad a la pobreza, la desigualdad, la improductividad, la corrupción y la violencia.
Petro ganó la presidencia porque le dio cauce electoral al estallido social, no porque lo hubiera gestado. Aunque no anula su predilección por la democracia callejera, por la turbamulta presa de milenaria indignación que el caudillo podrá simplificar a veces hasta la caricatura. Lejos del modelo comunista, su norte será la socialdemocracia latinoamericana, tocada de populismo o colonizada por él.
Núcleo del populismo del Cono Sur fue la alianza de gremios y trabajadores, cuyos beneficiarios fueron los sindicalizados, las clases medias. Recuerda Gómez que estos gobiernos combinaron redistribución con autoritarismo y que el peronismo transó derechos laborales y sociales contra lealtad política. En el Brasil de Getulio Vargas, la Constitución de 1937 se inspira en la Carta del Lavoro de Mussolini e instaura el Estado Novo, un régimen autoritario y corporativista que premiaba a gremios y sindicatos, no al votante común. ¿Alguna reminiscencia de esta impronta en el proyecto constituyente de Petro, de parecido elán corporativista?
Para nuestro autor, la fuerza moral que nace del dolor histórico, desde donde Petro habla, no basta para validar la verdad de sus ideas ni la eficacia de sus propuestas: “que una voz venga de abajo no la hace infalible”. En economía, Petro “convierte todo ingreso privado en sospechoso y toda empresa exitosa en culpable. Así, la economía deviene lucha moral entre ‘los que producen’ y ‘los que se enriquecen’”. Esta visión bloquea el desarrollo, castiga el mérito y paraliza la productividad.
El pueblo no es entidad unívoca ni tiene siempre la razón. Dirá Gómez que puede votar por Petro o por Milei o Por Uribe o por Bukele. O por Mussolini, dijéramos, como en efecto sucedió. La narrativa de Petro “emociona pero sacrifica la verdad en nombre de la moral, y eso no construye democracia, construye dogma”. Dos problemas cruciales tendrá que resolver quien llegue a la presidencia: conjurar la violencia y ventilar una propuesta de generación masiva de empleo productivo. ¿Existe el candidato?
Coda. Difícil concebir la inmolación del demócrata Juan Daniel Oviedo como vicepresidente de la ultraderecha uribista.
Lamentable: Angélica Lozano y Jorge Enrique Robledo, luchadores que hicieron historia en el Congreso, desplazados por candidatos procesados.
por Cristina de la Torre | Mar 2, 2026 | Álvaro Uribe Vélez, Clan del Golfo, Crímen organizado, Derechos Humanos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Internacional, Iván Cepeda, Marzo 2026, Narcotráfico, Paramilitarismo, Paz Total, Política de seguridad, Política exterior, Violencia
Tenía que estallar en llamas México tras la caída del jefe del cartel de Jalisco para que Colombia, su coteja en la punta del narcotráfico mundial, se supiera también víctima del pacifismo edulcorado y de la tolerancia con criminales nefandos que robustecían un Estado paralelo instaurado por el narco. La alegre liberalidad revolucionarista de un López Obrador con su consigna de “abrazos, no balazos” y la de un Petro con su Paz Total reforzó el poder de grupos criminales sobre territorios enteros y sus gentes, combinando violencia con recursos de poder de Estado, asalto al erario, control de la economía local y cooptación de círculos políticos cuyas campañas electorales financian a manos llenas, para asegurar permanencia en el poder.
El caos, el terror y el miedo que en 20 de los 32 estados mexicanos siguieron a la muerte del Mencho evocan la violencia en gran escala, la impiedad de Pablo Escobar en nuestra tierra. Casas de pique, tortura, violaciones, asesinatos, hornos crematorios y fosas clandestinas parecen muñones de las del narcoparamilitarismo colombiano que prolongó por décadas a los carteles fundadores. Asociaciones de mujeres buscan en México a 124.000 hijos desaparecidos y, en Colombia, a 132.000.
Pocas dudas quedan del impulso que la Paz Total dio de buena fe a la consolidación de gobernanzas criminales en Colombia. Aparte de la libertad de expansión que recibieron los grupos armados por ceses del fuego que maniataron sólo a la Fuerza Pública, esta política arrancó reconociéndoles carácter político a los grupos armados, recordará Gustavo Duncan. Bien porque aventuraran todavía ideas revolucionarias, como el ELN, bien porque se les reconociera que gobernaban territorios locales, como las disidencias y reincidencias, por el poder que ostentaban en la sociedad mediante la coerción y el crimen. Y aquí el reconocimiento era más débil. En cambio, a los Gaitanistas y otros grupos tenidos por criminales sólo se les reconoció mando y gobierno, y su única opción fue el sometimiento. El Gobierno apuntó a neutralizar en todos la capacidad coercitiva. Pero el modelo fracasó.
Ante el revés de la Paz Total, ¿qué dicen los tres candidatos que según Invamer se disputarán la presidencia? Iván Cepeda se declara orgulloso de haber trabajado siempre por la paz, pues ella es un deber constitucional. Pero, dice, hay que articular la política de seguridad con el desarrollo en los territorios y garantizar presencia integral del Estado en ellos. Para Claudia López el conflicto armado político terminó con la desmovilización de las Farc y lo que hoy tenemos es crimen organizado dedicado a economías ilícitas. Suspendería las actuales mesas de diálogo y las gabelas concedidas por la Paz Total. Fortalecería la Fuerza Pública y crearía una fiscalía antimafia que capture a los armados y los obligue a devolver lo robado y a entregar las armas. Y, por supuesto, desarrollar las reformas que la gente demanda. También De la Espriella critica la Paz Total e invoca la seguridad de Álvaro Uribe. Anuncia, en vez de diálogo, mano dura y fortalecimiento de la Fuerza Pública. “Todo bandido que no se someta a la justicia debe ser dado de baja” o encarcelado, dijo en Caracol.
En México y en Colombia, dice el general Naranjo, las políticas de apaciguamiento resultaron contraproducentes, pues fortalecieron a los carteles en multiplicación de armas, efectivos y control territorial. Retoma el símil del garrote y la zanahoria y acción plena del Estado en todo el territorio. Un reto para Colombia será desmantelar el Clan del Golfo, aliado supremo del cartel de Jalisco en la región. Propone estructurar estrategias transnacionales para combatir un crimen transnacional. Ahora se trataría de desmantelar los carteles de la droga para preservar la gobernabilidad democrática. Sí, desmontar el Estado paralelo del narco.
por Cristina de la Torre | Feb 24, 2026 | Álvaro Uribe Vélez, Congreso de la República, Democracia, Democracia constitucional, Democracia Plebiscitaria, Estado de Derecho, Estado Social, Fascismo, Febrero 2026, Gustavo Petro, Iglesia Católica, Iván Cepeda, Justicia, Pacto Histórico, Régimen político
“Ahora nuestro Pacto Histórico se ha fatigado y resuelve acudir al modelo del fascismo italiano, del franquismo español y de la constituyente estamentaria criolla de Laureano Gómez”. La advertencia de Humberto de la Calle en su columna de El Espectador sacudió a amplios sectores de opinión. El remedio “anula al Congreso en favor de un soberano omnímodo”. Es un contragolpe de Estado, agregó, porque elimina todo valor representativo al voto de la oposición, anula el desacuerdo, mata el pluralismo y desmonta el principio liberal de representación política en cabeza del ciudadano. Se sabrá que receta del fascismo contra la democracia constitucional es el corporativismo dirigista del Estado autocrático bajo la égida del caudillo. Como otro recurso movilizador en campaña del progresismo, arrancó ya la recolección de firmas para convocar esta constituyente. Copia de la iniciativa sectaria, radical, que acaba de fracasar en Chile, responsable del descalabro electoral de la izquierda en favor del pinochetismo renacido en ese país.
Y, como si fuera novedad en la democracia plebiscitaria que danza sobre el sarcófago de los partidos, algún gesticulador sobreactuado presume de caudillo para quedarse en el poder. Sea de izquierda o de derecha. Convierte la legítima voluntad del pueblo y sus anhelos en pretexto para hacer reelegir a su persona (referendo de Uribe en 2002), o para hacer reelegir a la agrupación de su persona (Petro en 2026). Sí. Esta Asamblea tendría 71 delegados; 44 elegidos por voto universal y el resto entregado a “los pueblos” por el caudillo. El proyecto le da al presidente poderes para señalar los requisitos de los delegados, definir a cada grupo y su procedimiento interno para presentar listas. Todo un aparato al servicio del caudillo, dirá De la Calle. Salta a la vista su correlato, el ataque a los poderes Legislativo y Judicial, contrapeso al Ejecutivo moldeado en épica lucha de cuatro siglos para controlar los desvaríos y concupiscencias del gobernante. Y Petro asume: en manifestación del jueves llama delincuentes a los titulares del Congreso y de las Cortes: “si esto se llama democracia, dijo, hay un constituyente y un constituido”.
El corporativismo que esta constituyente adoptaría organiza el Estado sobre grupos de interés profesional e identidades colectivas. Matiza la fórmula tradicional abalada por la Iglesia y que Uribe adopta, para diluir conflictos de clase y de ideas mediante asociación de contrarios en una sociedad orgánica, unívoca, indivisa, sin lucha social y política. A diferencia del expresidente, que ha propugnado una “economía cristiana, sin odio de clases”, acaso para dorar la píldora venenosa de su retardataria política laboral y la violencia de su Gobierno, Petro parece optar por el corporativismo dirigista del fascismo. Este coopta a corporaciones, gremios e identidades colectivas, las subordina y las trueca sin eufemismos en órganos del Estado autoritario. En 1939, presidió Mussolini en Roma la suplantación de la Cámara de Diputados por la Cámara de los Fascios y las Corporaciones, que se decía avanzada del derecho del pueblo italiano.
¿Se repetirá en Colombia aquella avanzada de “los pueblos” cooptados por una voluntad de hierro (candente)? ¿O, acaso, la reforma constitucional del Laureano franquista, para un Estado despótico con estamentos de poder entonces encarnados en los expresidentes y en el arzobispo de Bogotá como senadores vitalicios? ¿O el proyecto de constitución dictatorial que el mismísimo Simón Bolívar acariciara para la Gran Colombia? Y ¿qué dirá Iván Cepeda, candidato del movimiento que apadrina este proyecto de constituyente? ¿Qué versión suscribe el hombre epítome de la integridad democrática que informa su personalidad y sus luchas, ante este proyecto de constituyente? ¿Es el proyecto de Gustavo Petro suyo también?
