por Cristina de la Torre | Abr 26, 2024 | Abril 2024, Corrupción, Derecho fundamental, EPS, Estado Social, Pensiones, Política de Estado, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma tributaria, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
López Pumarejo, Gaitán, Carlos Lleras, tres momentos del reformismo liberal que la caverna sofocó: al primero le opuso la Violencia, al segundo el magnicidio, al tercero el Pacto de Chicoral para sepultar la reforma agraria. Sueños siempre ahogados de los ignorados que, entre incógnitas, aciertos y asedios atrapa Petro al vuelo para darles el color y la textura de los nuevos tiempos. Sueños de la muchachada que se hizo matar en las calles, de las negritudes que lloraron de júbilo en su primera, única victoria electoral. Petro es momento de inflexión en muchos años, blanco sobre negro su discurso, según discurre de lo intolerable a lo anhelado y aterriza en lo posible: en reformas negociadas en duro muñequeo con mercaderes que arriesgan hasta un nuevo estallido social a su interés particular. A la opulencia de siempre sumaron acaparamiento de riqueza sin medida en estas décadas de economía de mercado, mientras se disparaban el hambre y las desigualdades.
Indigna el panorama. Según el PNA, 30% de los colombianos no alcanza hoy a hacer sus tres comidas. Pese a la amplia carnetización en salud, entre 2005 y 2020, 46.6% de las muertes pudieron evitarse. El año pasado registró Supersalud 1.240.000 reclamos, un tercio de ellos, casos de vida o muerte. El modelo de Salud invita al robo y al desgreño, pues nadie lo controla: billones desaparecen cada año y, sin los $23 billones que las EPS les adeudan, los hospitales desfallecen.
Los Fondos Privados de Pensiones, dice Salomón Kalmanovitz, administran en 2021 $317 billones de los colombianos, y multiplican con ellos su capital: invierten el 60% en empresas colombianas, varias de propiedad de esos Fondos. El GEA, dueño de Protección, invirtió $23 billones en empresas suyas; y el Grupo Aval, dueño de Porvenir, $6 billones en bancos de su propiedad; fuera de alianzas con Odebrecht. Son ahorros de personas que pueden haber cotizado sobre un sueldo de $5.5 millones durante 30 años, y reciben 1.8 millones; aparte, pagan prepagada y 12% a la EPS. ¡Una bribonada!
Todo ello, resultado de convertir los seguros de salud y pensiones en negocio de astutos usurpadores de la riqueza pública, y de hurtarle al Estado sus funciones económica, social, de intervención y control. Que hace agua el modelo lo confirma el propio Fukuyama, gurú de esta involución al capitalismo primitivo que quiso sellar el fin de la historia, a la caída del régimen soviético. Enmienda él la página del modelo que derivó en radical desigualdad, gracias al “atrincheramiento de las derechas que no quieren renunciar a sus privilegios Y Manuel José Cárdenas, analista internacional, fustiga a este capitalismo rentista que no transforma la riqueza en prosperidad general. Para enderezar el rumbo y mantener la democracia -escribe- los Estados deben ofrecer a sus ciudadanos seguridad, oportunidades, trabajo, prosperidad, dignidad, acabar la corrupción y los privilegios de unos pocos.
Principio del Estado social de derecho, que no nació en 1991 sino en 1936 con la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Camino hacia el Estado promotor del desarrollo que en nuestros países fue variante del Estado de bienestar, interpeló a las mayorías con reforma agraria, tributaria, laboral, de educación laica, respeto a la propiedad (que conlleva función social) y al libre mercado (con controles).
Gonzalo Sánchez piensa que por vez primera en décadas experimenta el país un cambio real, una ruptura democrática de modelos oxidados. Si en el ámbito del poder la coalición limita al Gobierno, en el de la ideología Petro invita a romper inercias y lanza tareas de sociedad que se materializan en reformas agraria, de salud, tributaria, educativa, pensional. Si lo dejan, se dirá, Petro sería un cuarto momento del reformismo liberal, esta vez con decidida vocación socialdemócrata.
por Cristina de la Torre | Abr 24, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Policía Nacional, Protesta social, Violencia
Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.
Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.
Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multi crimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno.
Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Constitución de Colombia, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Impunidad, Justicia, La paz, Paz Total, Polarización social, Proceso de paz, Reforma Rural, Sustitución de cultivos, Violencia
Le llegó su hora a la paz: o se malogra en ciclos de violencia sin retorno o triunfa del cerco que amigos y enemigos le han tendido. De las equivocaciones de la Paz Total, por un lado; y por el otro, del cañoneo de todos los armados que convirtieron a Colombia en “una siniestra fábrica de víctimas”, a cuya vera se amasaron sin dolor capitales inmensos. Expresión de Gabriel Cifuentes Ghidini, autor de libro La Paz en su Laberinto, que todos deberíamos leer y apartes del cual me permito glosar aquí. Reflexión de hondo calado sobre el conflicto que arroja nueve millones de víctimas y cientos de miles de colombianos asesinados o desaparecidos.
En éste, su último capítulo, la crisis de orden público y la tímida presencia del Estado en los territorios más flagelados arrojan a la población en brazos de grupos criminales que se expanden en proporción directa al apocamiento de la Fuerza Pública. La paz suscrita en La Habana que el mundo aplaude y este Gobierno debía consolidar, pende de un hilo. Una calamidad. Porque ella no se contrajo a la mecánica de la reincorporación sino que diseñó soluciones a los problemas que dieron lugar al conflicto. El Acuerdo de 2016 es virtual modelo de desarrollo enderezado a vencer la exclusión y las desigualdades, y gravita sobre sobre ejes de participación política, reforma rural y combate a las economías ilegales.
De cuatro factores depende la Paz Total, señala nuestro autor: pleno reconocimiento de los Acuerdos de La Habana y su implementación; elaboración de un marco legal claro y fijación de tiempos para la negociación; fortalecimiento de la presencia militar y social del Estado en los territorios, y avance en una reforma a la justicia capaz de responder a la nueva ola de violencia. No puede el Estado renunciar a su deber de salvaguardar la seguridad y el orden público; ni cese el fuego significa abandonar comunidades a su suerte. Urge un modelo de seguridad preventiva por acción del Estado, complemento de la seguridad reactiva de la Fuerza Pública.
En el diálogo con el ELN no se vislumbra aun una salida a problemas cruciales como cese de hostilidades, desarme y reincorporación: ha dicho él que no entregaría las armas. Mas, “lejos de (sus) pretensiones estrafalarias, será inevitable la entrega de las armas, el compromiso de no seguir delinquiendo, la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad”, apunta el autor: son esas las condiciones de la Ley, de la Constitución y del derecho internacional.
A su pretensión de incorporar reformas sociales conforme avanza la negociación, acota Cifuentes que la Constitución y el Acuerdo de 2016 abrazan ya el espectro de cambios deseables. Le resulta inconveniente avanzar en acuerdos parciales sin haber cimentado antes un pacto de base ni depuesto las armas; y, peor aun, que un actor todavía en armas lidere diálogos sociales en paridad de condiciones con el Estado. (Cogobierno armado, aventuramos aquí).
Reprocha Cifuentes a la insurgencia el haber sepultado su ideal político en las economías ilícitas, panacea de todos los armados y políticos que produjeron “una orgía de sangre y fuego”. Si la subversión se transformó en “horda criminal”, la asociación del Estado con el paramilitarismo y horrores como los falsos positivos comprometieron su legitimidad. Pasó el Estado del irrespeto a las reglas de la guerra a la inacción. Unos y otros habrán de rendir cuentas, ya nadie podrá saltarse las pruebas de la verdad y la justicia.
Cuando parece la paz enfrentar un punto de quiebre, responde el comisionado Patiño a nuevas realidades de la guerra y vira hacia la territorialización de negociaciones. En Nariño se conversa ya con quienes sí quieren la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2024 | Abril 2024, Álvaro Uribe Vélez, Corrupción, Derecho fundamental, Industrialización, Ministerio de Salud, Política de Estado, Salud
Aplauso de pie. A casi tres décadas de haberse coronado como potencia regional en producción de vacunas, se alista Colombia para recuperar el sector que recibió de Andrés Pastrana su puntillazo final. La construcción de una planta de biológicos es proyecto tangible de la estrategia de reindustrialización de este Gobierno. Se inscribe en la batería de innovaciones y reformas que batallan por rescatar los sueños de un país hipotecado a la glotonería de elites sin hígados, esta vez en vergonzosa subordinación a las multinacionales farmacéuticas. El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá suscriben acuerdo para construir, con socio privado estratégico, una fábrica de vacunas que reviva la producción nacional de fármacos, dinamice la investigación en biotecnología y asegure la independencia farmacéutica del país. Su meta, garantizar acceso masivo a vacunas, parte del derecho universal a la salud. En dos años largos empezaría BogotáBIO a suplir las necesidades del país.
El estropicio de Pastrana presidente fue desenlace natural del Consenso de Washington que César Gaviria había adoptado, e implicaba ceder el mercado nacional al onerosísimo producto extranjero. El héroe del Caguán cortó la inversión pública en laboratorios y centros de investigación, y puso macizo candado a la planta que en 1998 (su último año de vida) arrojó once millones de vacunas para tétanos, seis millones para tuberculosis, dos y medio para fiebre amarilla y cifras de ese orden para tuberculosis, rabia y cólera. Hacia finales de los 70 se había erradicado en Colombia la viruela. Respondía la fábrica del Estado a la demanda doméstica y exportaba a 20 países.
La Administración Pastrana echó por la borda décadas de desarrollo, señala el profesor Gabriel Cifuentes: en total dependencia tecnológica y farmacéutica, hoy importamos todo en medicamentos. Con las vacunas anti covid pagamos el precio de haber entregado la soberanía del sector, nos inclinamos ante las multinacionales y desechamos fórmulas de acción coordinada con países afines. Al cierre masivo de hospitales públicos por no ser “rentables”, sumó el Gobierno de Álvaro Uribe la circular 004 de 2006 que desregulaba en gran medida el mercado farmacéutico y daba a los medicamentos amplia libertad de precios: éstos se dispararon, como se dispararon en su segundo mandato los recobros al Fosyga. Colombia inmoló su economía y su potencial de innovación en el altar del mercado. En vez de reformular el modelo de industrialización que traía adaptándolo a los tiempos, 1991 ahogó su soberanía productiva y hoy protagoniza bufonadas: la Andi y Fenalco presentan con orgullo entre sus miembros a grandes importadoras.
La estrategia de reindustrialización apunta a articular empresas, políticas públicas en ciencia y tecnología y centros de investigación. A ella contribuirían una iniciativa del Gobierno Duque para revivir la producción de vacunas en Colombia y la disposición de Asinfar a suscribir una política industrial que impulse la producción nacional de fármacos. También la suscribe el exrector Moisés Wasserman, no sin advertir que un proyecto de tal envergadura demandaría grandes capitales público y privado. Propone una estrategia regional que produzca las vacunas en forma complementaria para los países asociados, e implicaría construir un gran potencial de investigación.
Entre franjas del empresariado atrincheradas a menudo en los privilegios del rentismo y la venalidad, brillan las que acogen la estrategia de industrialización en el sector salud. Es que -recuerda Cifuentes- vacunas y medicamentos deberían catalogarse como bienes públicos esenciales, y de allí el imperativo de reactivar el sector farmacéutico como política de Estado. Esta de rescatar la soberanía en producción de vacunas sería una reforma con sabor a revolución.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2024 | Abril 2024, Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, AUC, Clientelismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Farc, Guerrillas, Impunidad, JEP, Justicia, La paz, Paramilitarismo, Parapolítica, Partidos, Personajes, Uribismo, Violencia
Hay alborozo porque llega al fin la justicia, aunque atenuado el jolgorio por el miedo que se apoderó de esta Colombia sometida a crueldades no vistas en guerras pasadas. Así parece reaccionar el país al llamado a juicio del expresidente Uribe, salvo el círculo cada vez más encogido de sus amigos. El patriota bajado del cielo para redimir a su pueblo mutó a referente de fuerzas siniestras, de mano y corazón de piedra. No dejarán de supurar en la memoria nacional los 6.402 falsos positivos, hazaña que no lograron los dictadores del Cono Sur. Ni el homenaje que el político rindió al convicto general Rito Alejo del Río, después que la Procuraduría avalara petición de condena contra él como autor mediato del asesinato de Mario López a manos de paramilitares que jugaron fútbol con su cabeza. Muestra tenebrosa del recorrido de este hombre, hoy acusado de fraude procesal y soborno a testigos que lo vinculan a la creación de un grupo paramilitar.
Retoma la Fiscalía el expediente pletórico de pruebas de la Corte Suprema. Mas, genio y figura, se declara el procesado perseguido político, víctima de que quieran “abrirle las puertas de la cárcel sin pruebas”. Y, en uso de su proverbial habilidad manipuladora del electorado, agitará esa bandera en campaña para 2026. Pese a que el gran protagonista de la política se ha convertido en sombra del héroe, abatido bajo el fardo de sus excesos, que el país conoce ya y deplora.
Iván Cepeda, víctima en este proceso, se congratula de que nadie esté por encima de la justicia; pero invita a un acuerdo nacional construido sobre la verdad, no sobre el castigo, la venganza o la vendeta judicial. En gesto de grandeza, tiende su mano al acusado para sellar acuerdo de paz y reconciliación. Pero éste declara que no se allanará a trato igual con delincuentes, “como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”.
Acomodando los principios a su interés personal en cada circunstancia, nadie diría que hace sólo mes y medio propuso Uribe amnistía para recuperar derechos políticos de condenados. Y su Ley de Justicia y Paz de 2005, más que perseguir la paz, parecía una oferta de perdón, olvido e impunidad a violadores de derechos humanos. El proyecto quiso calificar como delito político la actividad paramilitar. Y la Corte Suprema determinó que sedición sólo hay en fuerzas que se oponen al Estado, no en aquellas que trabajan de consuno con él, como sucede con el paramilitarismo. Las Convivir, verbigracia, fueron organización paramilitar financiada y armada por el Estado. Pero Uribe insistió por años en su tesis: guerrillas y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. En tal moral acomodaticia, no sorprenden sus escrúpulos de hoy.
Este Gobierno avalaría ahora una ley de perdón judicial como instrumento de reconciliación: el proyecto anula condenas judiciales, archiva investigaciones en marcha, restablece los derechos políticos al afectado, y entrega a la persona del presidente la monárquica prerrogativa de concederlo. Recurso aplicado repetidas veces en nuestra historia, hoy entra en juego, no obstante, el derecho de las víctimas y se excluyen los delitos comunes y de lesa humanidad. En lugar de entregar poderes desbordados al príncipe, debería gestionarse en serio la ley que le falta a la paz para abordar negociación con subversivos y sometimiento con delincuentes comunes.
No se sabe si el expresidente Uribe resultaría absuelto o condenado. En todo caso, repugna crear leyes con nombre propio. Para una justicia restaurativa, ahí está la JEP con su proceso integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Carolina Corcho, Ciencia, Congreso de la República, Derecho fundamental, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Reforma a la salud, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2024 | Abril 2024, Estado laico, Fascismo, Iglesia Católica, Iglesias, La paz, Paz Total, Violencia
Una velada incitación a la acción intrépida formula en plena misa el padre Chucho, en el país que se desangra. Advierte a grandes voces el prelado, Jesús Orjuela, que Colombia “se prepara para una guerra civil (pues) el pueblo sufre por un hombre que quiere destruir”. Evoca discurso y escenario de tonsurados que en tiempos de la Violencia instaron desde el púlpito a matar liberales, voz cantante del oscurantismo homicida del laureanismo que entre los fascismos había escogido el de Francisco Franco. Hieren doblemente sus palabras porque reabren heridas de aquella guerra santa y porque en la Iglesia ha terminado por prevalecer el compromiso con la paz. Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, reconvino al cura de marras: “uno no puede confesarse cristiano y manifestar signos de muerte … que destruyen vidas”, declaró. Se precave el prelado contra horrores que, si no obedecen hoy a conflicto entre liberales y conservadores, reeditan su pauta sangrienta: la insurrección retardataria cobró en solo un día 150 vidas en el pueblo de Ceilán.
Con la Violencia se respondió a las reformas sociales de la Constitución de 1936 pero, sobre todo, al desmonte del Estado confesional que perpetuaba el imperio de la Iglesia sobre la vida pública y privada en la nación. La Revolución en Marcha enfrentó el Concordato que imponía en la educación el dogma y la moral católicos y, fundando el orden político en la religión, extendía el régimen de privilegio de la Iglesia también al estatus ciudadano.
Jerarquía de la Iglesia y dirigencia conservadora alentaron, a una, la rebelión contra el “diabólico estatuto”. Alberto Lleras escribió: las campañas de tipo fascista vienen de “eclesiásticos ardorosos que están organizando campesinos y estimulando una cristiana insurgencia de clase”. Para la Iglesia, la reforma de López Pumarejo es sacrilegio; para el partido azul, un atentado a la identidad conservadora edificada en la simbiosis de lo sagrado y lo político. Recuerda Daniel Pécaut que, con apoyo del episcopado y de miembros del notablato económico, se crearon en Medellín organizaciones paramilitares como la llamada Alianza para la Fe.
En esta guerra contra la secularización del Estado descolló el fundamentalismo ultramontano de Monseñor Builes. Para el purpurado, “los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”. Y su Pastoral 10, 9, 44 reza: “si en las divinas escrituras se os llama Señor de los Ejércitos, contened las fuerzas del infierno (…) burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor, quebrantadlos con barra de hierro y despedazadlos como artefacto de barro”. Ya el canonizado monseñor Ezequiel Rojas, había llamado a empuñar las armas contra los liberales en la Guerra de los Mil Días.
Las revoluciones liberales separaron hace siglos Iglesia y Estado, disolvieron el haz de poder que mezcló política y religión. Conquista admirable de la modernidad. Pero en Colombia es camino incierto marcado por pugilatos en la Iglesia, que se embarca en la Teología de la Liberación inspirada en Juan XXIII y alcanza su clímax en el Celam de Medellín en 1978, para desbarrancarse luego en el abismo reaccionario de Juan Pablo II y sellar con el broche ominoso de su sabotaje a la paz en el plebiscito de 2016.
Pero el episcopado de Colombia se compromete ahora como mediador en el conflicto y apasionado animador de la reconciliación. Tal vez comprendió que la mengua del rebaño responde a la derrota de la opción social por los pobres; donde no podían sino germinar flores carnívoras como esta del padre Chucho, desapacible émulo de monseñor Builes.
por Cristina de la Torre | Mar 26, 2024 | Democracia Liberal, Democracia Participativa, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Educación, Gustavo Petro, Izquierda, Justicia, La paz, Marzo 2024, Neoliberalismo, Pacto Histórico, Partidos, Pensiones, Proceso de paz, Reforma Agraria, Salud
El pionero es Uribe y Petro le sigue los pasos. Creyéndose carne y hueso del pueblo soberano, juegan ellos a la democracia directa sobre el cadáver de la representativa y del pluralismo, para derivar en democracia plebiscitaria. En Uribe, para hacerse reelegir; en Petro, para organizar el movimiento difuso que lo elevó al gobierno y prolongarlo más allá de 2026. Violenta este modelo las instituciones de la democracia liberal y sirve indistintamente a la derecha y a la izquierda, a ideologías y programas contrarios: Uribe pone las necesidades de las comunidades al servicio del neoliberalismo; y Petro moviliza masas, bajo la figura de proceso constituyente, en función de una reforma radical. Dos efectos inmediatos podrán desprenderse de este desafío. Uno, se congela el ya yerto Gobierno en funciones; dos, la oposición -verborrágica, insustancial- se unifica sembrando miedo y vuelve al mando.
Como si no fuera también él un poder constituido para ejecutar lo prometido, habló el presidente de constituyente, porque los poderes constituidos obstruyen sus reformas. Yo gané las elecciones para hacer el cambio y no puedo sino obedecer al voto popular, argumentó. El proceso constituyente principia por organizar comités municipales y cabildos abiertos, medios de la democracia directa del 91, que movilicen al pueblo y pueda éste desplegar en las calles su voluntad. Busca Petro que las fuerzas populares “desaten la organización y la movilización general”. Olvida que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también protege a las minorías. Y, en todo caso, controla la voluntad de los más, so pena de caer en tiranía de las mayorías.
De escuela parecida, practicó Álvaro Uribe su Estado de opinión como cruzada contra partidos, sindicatos y órganos de representación popular, intolerancia y caudillismo. Sus herramientas, consejos comunales de gobierno, agitación incesante por la reelección y por un fracasado referendo que buscó, entre otros, revocar el Congreso. Su ataque a las instituciones y a la división de poderes terminó en persecución letal a la Corte Suprema que juzgaba la parapolítica. Los consejos comunales humillaban a las instituciones: suplantaban a alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos. “Necesitamos más Estado de opinión, insistía, (en el cual) la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente. (Tal Estado) supone una comunidad en permanente deliberación y dispuesta a idear soluciones a los problemas”. (Del Escritorio de Uribe, Iela, Medellín, 2002) ¿Cuna del proceso constituyente en marcha?
Fetichizado el pueblo, convergen estos antagonistas en su pasión por la democracia del aplauso, que suplanta al Congreso y resulta de la ojeriza de constituyentes del 91 contra la democracia representativa. En el trasfondo, descalificación de los partidos, desactivación de la sociedad civil organizada en favor del líder. Uribe marchita a los partidos y Petro, en lugar de cohesionar su Pacto Histórico, flirtea con la masa amorfa. El caudillo sustituye a la institución.
Bien merece un partido el programa de Petro que, de realizarse, cambiaría la fisonomía del país, mientras la derecha ve sucumbir el suyo en miasmas y tinieblas. Busca él implementar el Acuerdo de 2016, con su puntal de reforma agraria. Garantizar condiciones mínimas de vida digna en salud, pensiones, educación y trabajo. Una reforma judicial anclada en la verdad. Va por la transición energética, por el ordenamiento del territorio y por la paz. Desde todos los flancos se le pide al presidente no naufragar en la tentación del mesianismo, en la religión secular del caudillo, en la democracia plebiscitaria, expediente de los tiranos que en el mundo han sido. ¡A gobernar!
por Cristina de la Torre | Mar 19, 2024 | Adres, Corrupción, EPS, Gustavo Petro, Impunidad, Marzo 2024, Reforma a la salud, Salud, Sistema de salud
A juzgar por el delirante llamado del presidente Petro a una constituyente, que el propio Navarro Wolf desestimó por “innecesaria” ahora, no sorprendería que desoyera invitaciones a conciliar para salvar su proyecto bandera, la reforma a la salud, virtualmente hundida en el Senado. Se diría que a pesar de Gustavo Petro, en año y medio de tormenta sobre el sistema, tres pilares despejó ya el debate: potenciar la medicina preventiva, extender el servicio hacia los territorios y poblaciones olvidados y formalizar a los trabajadores del sector. Una cuarta, fuente de encendida controversia porque pone en juego los billonarios recursos del sistema, apunta a parar la sangría que los convierte en patrimonio privado de las EPS. En treinta años de administrarlos sin controles, habrán ellas superado con creces la corrupción que deploran en el viejo Seguro Social.
Pero ahora, ante el propósito de archivar el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, surge la alternativa: la propuesta del senador Fabián Díaz modula la reforma y ofrece espacio razonable de conciliación entre las partes. Propone que la transición de las EPS a gestoras no transcurra en dos años sino en cinco. Revive la libre elección del ciudadano para ingresar al sistema, no ya sólo por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Conserva en alcaldes y gobernadores la prerrogativa de designar gerentes de los hospitales públicos, pero seleccionados de lista previa integrada por los actores organizados de la salud. Ofrece mecanismos para evitar la fragmentación de redes de atención en salud y para definir responsables cuando fallen. Impone auditoría sobre la totalidad de los giros que el sistema emita. E invita a las partes todas a concertar la reforma, que le parece ineludible.
Recuerda Iván Jaramillo que con la reforma perderían las EPS el carácter de aseguradoras que ellas se han adjudicado, el manejo de los recursos financieros y de las redes de servicios. Ahora lo asumirían la ADRES y las secretarías de salud. Si bien no podrán aquellas seguir operando como intermediarias financieras, sí podrán direccionar los servicios y auditar la facturación. Agrega Jaramillo que a la reforma le faltaría un plan anticorrupción para conjurar peligros de desborde de costos por giro directo, fraude, facturación a discreción y falta de controles previos. Será imperativo redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, revisar toda la facturación y profesionalizar la auditoría.
En diciembre pasado concluyó el contralor general que los problemas financieros de las EPS no responden a falta de recursos sino a su uso irregular, toda vez que no hay control real sobre su facturación. “Hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber a dónde fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, precisó. Y, sin embargo, la deuda de las EPS con las IPS asciende a $11.3 billones. Deuda con la red que no es de su propiedad, porque a sus clínicas y hospitales giran cumplidamente. El capital de las EPS parece crecer en razón directa de sus deudas con las IPS ajenas.
Allanarse a concertar la reforma de salud será prueba de fuego para el presidente Petro. Entre otras razones, porque sería un paso elocuente hacia el acuerdo nacional que Colombia anhela. Razón le asiste a la senadora Angélica Lozano en su lapidaria sentencia de que esta reforma, sin el diálogo que el Gobierno le hurta, no tiene sentido ni futuro. Como no parecería tener futuro, dice, un presidente que se niega a gobernar, a encontrar solución a los problemas del país. Y le pregunta a Petro si él quería luchar sólo por ser presidente, o quería ser presidente para gobernar.
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Banca, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, EPM, Especulación Financiera, GEA, Impuesto progresivo, Justicia, Libre Mercado, Marzo 2024, Modelo de mercado, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Protesta social, Reforma Fiscal, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Violencia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
