por Cristina de la Torre | Jun 18, 2024 | Estado de Derecho, Estado Social, Impunidad, Junio 2024, Justicia, Justicia restaurativa, Movimiento social, Mujer, Política de Estado, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Dos grandes alcahuetas los amparan: el atávico privilegio que la cultura concede al varón, de un lado, y del otro, la nula o raquítica acción de la justicia y de las instituciones para prevenir y castigar el feminicidio. Mientras en España, país con la misma población de Colombia, hubo el año pasado 52 casos, en el nuestro se registraron 525; la cifra del Observatorio de Feminicidio para este año podrá proyectarse a 813 eventos. Una catástrofe. El viejo uxoricidio que autorizaba el asesinato de la mujer adúltera ha mutado en blandura de la justicia y hasta en exoneración de la pena cuando el hombre, presa de ira e intenso dolor ante el honor mancillado, la asesina. Claro, el castigo por infidelidad es aquí de una sola vía. Además, el estado de ira e intenso dolor aletea en otros móviles de feminicidio que se colorean como “crimen pasional”. Obra está coartada en homicidio por infidelidad, por celos y delirio posesivo (“si no eres mía no serás de nadie”), por sentimiento de humillación ante la mujer que brilla y rompe el molde del eterno femenino. Por el principio de supremacía masculina: ser varón es ser capaz de todo, aún de matar.
Discurre la jurista Whanda Fernández del uxoricidio por adulterio al feminicidio. Además del trato indigno, desigual y deshumanizado que tradicionalmente se ha deparado a las mujeres -escribe- la adúltera ha padecido penas atroces: flagelación, mutilaciones, tormentos, lapidación y muerte en la hoguera. Los códigos insertaron un concepto jurídico que daba al marido el derecho de matar a su mujer. Nuestro Código Penal de 1938 plasmó la figura de uxoricidio por adulterio, versión canónica del estado de ira e intenso dolor.
A menudo derivó éste en comodín para burlar la justicia. En 1980 se eliminó el delito de uxoricidio por adulterio, pero la nueva ley lo evocó en la figura de ira e intenso dolor, muchas veces como justificación del feminicidio. Bendición moral y legal a caracteres irascibles y violentos que creen afirmar la hombría en el crimen, y que el movimiento de nuevas masculinidades denuesta. La Ley Rosa Elvira Cely creó en 2015 el delito penal de feminicidio, anclado en la vileza de los móviles, en las condiciones de indefensión y vulnerabilidad de la mujer. Y ahora, por acción del Gobierno, se creó la ley que suprime los beneficios penales y endurece medidas para los sentenciados por feminicidio: ni suspensión condicional de la pena, ni prisión domiciliaria. Esperanzador con cierto de medidas.
En estado permanente de ira e intenso dolor se conduce el estudiante de la Universidad de Antioquia que ha tendido brutal persecución y amenaza a una profesora lánguidamente protegida por el claustro. La doctora en astrofísica Lauren Flor Torres narró a Cecilia Orozco (Espectador, 9-6) los pormenores del caso, que amenaza resolverse en tragedia. Con once denuncias por agresión ante la Fiscalía, se pavonea el fauno por el campus sin que nadie le impida siquiera ingresar en él. Y agentes de policía visitan a Torres en casa (donde ha quedado confinada) para recordarle que puede llamar, “si algo le pasa” (¡).
“¡Nos están matando!”, gritan cada día más mujeres en Colombia. No da espera la organización de un sistema integral que enfrente el hecho contumaz de que los hombres matan porque pueden hacerlo. Lo urgente empieza por un modelo integral de acompañamiento jurídico y psicosocial y por medidas de protección eficaces. Lo estructural podrá venir con la ley que la representante Carolina Arbeláez promueve para hacer expedito el acceso de las víctimas a la justicia y combatir la impunidad. Y, claro, que el Estado y la sociedad trabajen desde la escuela y la familia en desaprender las violencias del patriarcado.
por Cristina de la Torre | Jun 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Antioquia, Desplazados, Desplazamientos, Junio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, Paramilitarismo, Política agraria, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
A un paso de hacerse realidad en el Congreso, la jurisdicción agraria cristaliza como el medio más eficaz para resolver el conflicto por la tierra que catapultó esta guerra de 500.000 civiles muertos y millones de campesinos despojados de sus fundos. La ley protegerá, por fin, los derechos de propiedad en el campo y resolverá problemas de tierras congelados en 38.000 litigios en gavetas. En particular, casos de restitución de predios, con pobrísimos resultados a trece años de expedida la ley. Paladeada desde tiempos de López Pumarejo, la beligerante repulsa del latifundismo había frustrado la creación de este sistema de justicia especializada en problemas de propiedad, posesión y tenencia de la tierra. Jueces avezados en la problemática rural -exacerbada en estas décadas de contrarreforma agraria operada por una troika de paramilitares, empresarios y políticos, abocarán ahora la restitución de tierras, el más dramático entre los conflictos de posesión que pesan sobre una población de 15 millones de campesinos. Ya no tendrán que resolverse estos conflictos por la violencia, por la imposición del más fuerte o mediante acuerdos desesperados fuera del marco legal. Habrá ahora reglas claras.
Se crearán 32 juzgados agrarios, tribunales de segunda instancia, puestos en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Operarán los juzgados en zonas apartadas donde el Estado prácticamente no existe y en zonas de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, sobre los miles de procesos campesinos que persiguen asignación de tierra o formalización de título. 65% de los títulos en Colombia no están registrados. Y a los problemas de orden público que rodean la miríada de procesos de restitución se suma el cuello de botella creado por el sabotaje a la restitución administrativa de quienes prefieren manipular un proceso. En 2013 registró Planeación Nacional 8.3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza: 358.937 predios afectados.
La ley de Víctimas de 2011 reconoció derecho de restitución a propietarios o poseedores de predios que fueron objeto de despojo o de abandono forzado de su tierra por causa del conflicto armado. Se quiso responder con ella a la contrarreforma agraria que gavillas ejecutaron por despojo, desde el poder. Preso cayó el entonces gobernador de Córdoba y gerente del fondo ganadero de ese departamento por expropiación de tierras a dos manos con paramilitares en Urabá: 130 familias tuvieron que vender a precios irrisorios y sus tierras fueron a parar a Fedegán.
Pocos estudios tan atinados como los del Grupo de Memoria Histórica sobre la usurpación de tierras, objeto no declarado de la guerra. Según él, la acción de los grupos armados fue de tierra arrasada: escenificaron ellos la violencia con sevicia y tortura. Fue un ejercicio de terror sistemático y buscaba generar una desocupación duradera. El terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para provocar el desplazamiento físico forzado, el abandono y, tras éste, el despojo de la tierra. Fue apropiada violentamente o comprada a huevo a propietarios presa de pánico. En el municipio de San Carlos, Antioquia, se abandonaron 54 de sus 74 veredas. Los habitantes se redujeron de 25.000 a 5.000.
La restitución de tierras, esperanza mayor que la Jurisdicción Agraria abre, sólo tendrá buen éxito si se acompaña de la seguridad del Estado. Por sí sola, podrá enfrentar la contraofensiva de los mismos usurpadores. A esta condición necesaria se suma otra: la actualización del catastro, instrumento que ratifica la propiedad y uso de la tierra. Aplauso al Gobierno y al Congreso que habilitan esta ley de reforma agraria sin expropiación.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Guerrillas, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paz Total, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Violencia
Barajando constituyente o acuerdo nacional, los términos convenidos en la mesa para la participación ciudadana en negociaciones con el ELN convierten de momento a esa guerrilla, gratuitamente, en depositario político del cambio. Al menos dos circunstancias así lo sugieren. Uno, la exclusión del punto de vista de gremios, académicos y militares en una primera versión de innovaciones deseables que el comité de participación volvió agenda en tono de revolución, no de reforma, “corregida” después con ambigüedades que remachan su espíritu de origen. Dos, el carácter vinculante de cada propuesta que la mesa acoja y su automática transformación en política de Estado, cuyo cumplimiento verificará ese grupo aún en armas. No incorpora el texto de manera taxativa el papel insoslayable del Congreso, cuando la iniciativa implique cambio en la ley o en la constitución. Para Juan Camilo Restrepo, sería una constituyente por la puerta de atrás. Se diría inmerecida preeminencia política concedida a una guerrilla más proclive al crimen que a la rebelión; que viola su palabra de renunciar a la atrocidad del secuestro y, según dice, no depondrá las armas. ¿En qué consiste, pues, la negociación si el Estado lo concede todo y la guerrilla nada?
Podrá sucumbir entre altisonancias y golpes de mano la representación plural que legitima la participación de la sociedad en la construcción de paz. Peor aún, la voz de los excluidos que se hicieron matar hace dos años en las calles por verla traducirse en las reformas agraria, pensional, de educación, salud y trabajo hoy en trámite en el Congreso. Sí, es hora de las reformas que el país anhela, siempre escamoteadas (como la agraria) por élites apoderadas de todas las ventajas del Estado, que suavizan inequidades donde no les duele, con parsimonia de tortuga y por encimita, mientras las necesidades se disparan a la velocidad del rayo en el país que se corona casi como el más desigual del planeta.
Siete gremios se quejaron de que el borrador de la consulta social no recogía todas las propuestas discutidas, excedía su alcance y ofrecía a la discusión elementos estructurales de la democracia y del modelo de país que no se debatieron porque no era su propósito. Les preocupó también el carácter vinculante del proceso, pues desconocía la supremacía de la constitución y anulaba la separación de poderes: “un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”. Ese acuerdo, dijeron, no garantiza que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo. Se dirá que se trata sólo de dialogar, que llegado el caso se acudirá al Congreso. Pero cuando de pactos formales se trata, las palabras no escritas se las lleva el viento.
Y a veces redundan. ¿A qué tanto adanismo cuando el Acuerdo de La Habana es ya plataforma acabada para cambios de fondo que también el presidente Petro impulsa? ¿Por qué esta consulta a la sociedad ignora el modelo de los PDET, que institucionaliza el sentir de las comunidades? Estos se montaron sobre consulta a 11.000 juntas de Acción Comunal y participación activa de 200.000 personas.
Otty Patiño, Comisionado de Paz, desvanece temores: no se fragua una constituyente con el ELN. Porque es inviable y porque el ELN no tiene el prestigio ni la fuerza para un proyecto semejante. Indeciso entre la paz y la violencia, su delegación en la mesa carece de poderes plenos. El punto suscrito sobre participación “no es un avance mayor”. Que no lo sea para el ELN, diríamos, no debe empeñar el propósito –ese sí revolucionario– de auscultar, esta vez, el sentir diverso y plural de los colombianos. Para que el Acuerdo sea de la nación, no apenas del ELN.
por Cristina de la Torre | May 28, 2024 | Ciencia, Cuarentena, Industrialización, Mayo 2024, Ministerio de Salud, Salud, Sistema de salud
Mientras parece el país descuadernarse en medio de una campaña prematura reducida a ruido y artificio, VaxThera devuelve la esperanza: monta en Rionegro una planta de producción masiva de vacunas. Podrá esta empresa del grupo Sura convertirse en efecto de demostración para transitar hacia la reindustrialización y en referente para el esquivo pacto nacional; pacto de economía mixta, con asociación de capital público y privado. Acuerdo que todos invocan pero no suscriben, arrebatados como están por batallas que truncan la posibilidad de una Colombia menos injusta, menos violenta, menos discriminatoria.
Con inversión inicial de cien millones de dólares, centro de investigación con el mejor talento humano – decenas de profesionales colombianos repatriados comprendidas-, capaz de acopiar 70% de sus suministros de la industria nacional y en la mira la producción de 200.000 dosis de vacunas al año, VaxThera apunta a la soberanía farmacéutica del país. A abastecer el mercado doméstico y el de la región. Pero los líderes de este país, obnubilados en la exaltación de su importante persona, no ven la vasta obra que se abre ante sus ojos. El presidente arriesga diluir su programa de reformas en peroratas de fantasía contestataria. Y la oposición llena el hueco de su indigencia propositiva haciendo invivible la república: se trepa en el natural atrabiliario de Álvaro Uribe, líder que desde el fondo de su despeñadero promueve ahora una sublevación de las Fuerzas Armadas contra el presidente elegido en democracia. Golpistas.
VaxThera es un paso de gigante hacia la independencia farmacéutica del país y, con tecnología de punta, podría proyectarlo como avanzado competidor en investigación. Sus laboratorios decantan ya vacunas contra sika, chicunguña y fiebre amarilla. Se trabaja en ellos también para producir vacunas de ARNm y, de lograrlas, encabezaría Colombia ese producto en el mundo. A sus esfuerzos se sumará la fábrica nacional de vacunas, Bogotá-BIO, que se proyectó el año pasado mediante acuerdo de la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Salud y un socio privado.
Será el renacimiento de la industria de vacunas, clausurada en 1998 por el entonces presidente Andrés Pastrana. Cerró él la fábrica que producía decenas de millones de dosis para el mercado interno y para exportar a 20 países. Mató la industria en la que fuera potencia regional en vacunas, única del mundo en haber erradicado la viruela, para despejar el camino a las multinacionales farmacéuticas y a sus precios astronómicos. Y no solo cerró la planta sino que cortó la inversión pública en investigación. El expresidente Uribe remataría después: desreguló casi por completo el mercado de medicamentos y, para infortunio de los consumidores, liberó sus precios.
La soberanía en producción de vacunas resultará de lograr que el derecho fundamental a la salud y a la vida prevalezca sobre el derecho de propiedad intelectual de las patentes, tal como lo estipula la Organización Mundial de la Salud. Según ella, a los medicamentos esenciales no podrá imponérseles patente, porque son bienes públicos. Son los llamados genéricos, de precio accesible a todos y cuya lista podrá establecer libremente cada país. Salida que prevalece en países como Brasil y la India, meca de los genéricos.
VaxThera no cayó del cielo. Responde a reservas de iniciativa empresarial acalladas por el Consenso de Washington que quiso sepultar la era heroica de la industrialización en Colombia, cuando hace un siglo se hicieron las primeras armas en la aventura que resucita hoy. Irrepetible oportunidad para unir voluntades por el desarrollo, con respeto a la diferencia política, pero sin concesiones a la politiquería.
por Cristina de la Torre | May 20, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Mayo 2024, Policía Nacional, Violencia
Mientras respira todavía una esperanza de paz con el ELN, acusa el país como una puñalada la naturalidad con que esta guerrilla amenaza volver al secuestro. Crimen horrendo que la insurgencia ha blandido, sin asomo de escrúpulo moral, como arma de guerra contra su propio pueblo: una herramienta más en el repertorio homicida del conflicto. “Muerte suspendida” de 80.000 plagiados que la Comisión de la Verdad proyecta para el conflicto armado, la mayoría a manos de las guerrillas. En el año 2000 hubo un promedio de nueve secuestros diarios. Masificaron ellas el secuestro extorsivo, lo profesionalizaron, se volcaron al narcotráfico y ahogaron bajo sus alforjas la idea revolucionaria. Un adefesio, su postura heroica contra la injusticia desde la ejecución de delitos atroces. Perdieron la batalla política. Más, para defender su expansión militar, se suman los comandantes del ELN, gobierno tras gobierno, a la idea política de la paz. Acaso para congraciarse con las comunidades, sus primeras víctimas; o con frentes como Comuneros del Sur que no se ven representados por la delegación elena en la mesa de diálogo.
Al primer amago de retomar el secuestro respondió sin vacilar Vera Grabe, negociadora del Gobierno: por ningún motivo se acepta esta práctica; el comercio con seres humanos no tiene justificación, su eliminación no es objeto de transacción por el Estado y está taxativamente prohibido por el derecho internacional. Con secuestro no habrá negociación, sentenció.
Y es que en la retina de los colombianos se ha incrustado la imagen de hombres y mujeres encadenados o entre cercos de alambre de púas. Se ha sabido de las torturas y vejámenes padecidos, aunque no de los cuerpos de las víctimas que murieron en cautiverio, de tristeza y agotamiento, o por asesinato de sus captores (2.260 homicidios, que se sepa, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH). El secuestro deshumaniza con “situaciones de horror extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación. (Es) indescriptible la crueldad con que actuaron los grupos armados y la sevicia de sus actos, (con) prácticas de horror atroces, inimaginables”. El niño Felipe Pérez, con cáncer terminal, les rogó a las FARC licencia para que su padre secuestrado pudiera verlo. No lo logró. Murió solo. Como murió el padre, Norberto Pérez, dos años después, asesinado por sus captores. 9% de los secuestrados permanecieron en cautiverio más de un año. El agente de policía Luis Alfonso Beltrán, 14 años, 3 meses, 4 días. El dolor emocional y sicológico sobrevive a la liberación y fractura también la vida de familiares y allegados: el propio CNMH calcula en 200.000 los así afectados.
Recava el CNMH en su enunciado: en el ejercicio rutinizado del secuestro, perdió la insurgencia la guerra; se echó a la sociedad encima y trastocó su originaria vocación social. Hostigó a la población y la esquilmó. Y le añadió el negocio de la droga. El secuestro, puntualiza, degradó la guerra, pues todos sus actores se nivelaron con la delincuencia común. Guerrillas y facinerosos se juntaron en el negocio y perdieron toda justificación política. El secuestro pasó de considerarse delito político a crimen de lesa humanidad. Es un crimen atroz.
En el diálogo con el ELN reiniciado ayer en Caracas mantendrá Vera Grabe con la misma contundencia su veto al secuestro. Acaso inste de nuevo a la contraparte a adoptar, blanco sobre negro, en su sexta conferencia de julio, la decisión que el país espera: que el ELN esté en definitiva dispuesto a la paz, a terminar la violencia. Preguntamos: oirá el clamor de los colombianos, que abominan el secuestro, o porfiará como reducto de un crimen que debería cubrirlo de vergüenza.
por Cristina de la Torre | May 14, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Mayo 2024, Narcotráfico, Paramilitarismo, Parapolítica, Seguridad democrática, Tierras, Uribismo, Violencia
Fuente incontrastable de verdad sobre la parapolítica -una alianza que dio lugar a la más cruel de nuestras violencias- Salvatore Mancuso queda en libertad para revelar cuánto sabe como protagonista del horror en el bando de las autodefensas. Tiemblan los autores intelectuales y se esconden tras la justificación de haber librado guerra contra la guerrilla. Que también lo fue, pero menos como pretexto para exhibirse haciendo patria que como coartada para sellar un pacto homicida entre narcotraficantes, paramilitares, políticos y uniformados que reconfiguró el Estado y vastos espacios de la sociedad. Resuenan todavía sus palabras de inopinado héroe contrainsurgente ante el Congreso que en 2004 lo ovacionó: “como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, dijo Mancuso, no podemos recibir la cárcel”. El sacrificio consistió en tortura, masacre, desaparición, desplazamiento y expropiación a sangre y fuego de sus fundos a millones de campesinos para hacerse con el poder e imponer las economías ilegales.
En libro de valientes que acaba de publicarse (Parapolítica, Historia del Mayor Asalto a la Democracia) recorre el texto de Claudia López orígenes, dinámicas y repercusiones del fenómeno. En su gestación contó la ilegalización de las Convivir en 1997: muchos amenazados por guerrillas fortalecidas en el narcotráfico se reorganizaron en autodefensas. Mientras las élites regionales se disputaban el favor de las urnas con partidos atomizados tras el desmonte del Frente Nacional, se arrimaron al narcoparamilitarismo y las autodefensas. Favorecidas por la descentralización y por el debilitamiento de la figura presidencial con el proceso 8.000, desafiaron las elites locales a la élite nacional. Miembros del notablato regional, de clanes políticos y herederos del cartel de Medellín se organizaron en autodefensas: toda una federación nacional de bloques paramilitares avanzó, en medio de una violencia atroz, hacia la toma del Estado.
Configuraron estas fuerzas autoritarismos regionales que proyectaron su influencia hacia el poder central: cooptaron instituciones, alcanzaron el 35% de curules en el parlamento y “monopolizaron los vínculos entre lo territorial y lo nacional”, escribirá López. En esta toma fueron los políticos quienes cooptaron a los paramilitares, no al revés. Como fue un proyecto encarnado en el poder, encubierto desde el poder y articulado de lo local a lo nacional, le dio a la parapolítica una dimensión que nunca alcanzaría la guerrillopolítica o, ni siquiera, la narcopolítica.
Sin las Farc hay narcopolítica y, con ellas, hay parapolítica: la sombrilla de la contrainsurgencia y el defenderse de las Farc fueron el umbral diferencial que provocó esa mutación. “Donde hay narcotráfico, explica, habrá narcopolítica, pero no necesariamente parapolítica. Fue la toma de partido y la articulación del poder armado y político de agentes del Estado en favor de los narcotraficantes paramilitares lo que pasó a Colombia de la narcopolítica a la parapolítica”.
Con todo, esta reconfiguración cooptada del Estado encontró obstáculos. No siempre perduró la alianza entre paramilitares y políticos: el Gobierno de Uribe extraditó a las cabezas de las AUC. Por acción de las Cortes, los investigados por parapolítica son hoy 136, los condenados 86 y hay más de 100 dirigentes locales judicializados. Y se congratula López de que millones de colombianos y amplios sectores de la política ofrezcan resistencia a la presión paramilitar, narco o guerrillera.
Sabe Mancuso que la verdad es el primer derecho de los 9 millones de víctimas del conflicto. Y presupuesto reparador en un país que no se humilla a la ominosa trilogía de plata, plomo y votos. ¿La dirá?
por Cristina de la Torre | May 11, 2024 | Actores del conflicto armado, AUC, Coca, Conflicto armado, Conflicto interno, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Desplazamientos, Fuerzas Armadas, Impunidad, Mayo 2024, Narcotráfico, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
En melodramática exhibición de hipocresía, saca la ultraderecha a danzar el coco de la expropiación; pero calla sobre la que operó como despojo de 6 millones de hectáreas a 7 millones de campesinos. Despojo a mano armada al que tributaron, por acción o por discreta complacencia, franjas del capital y de la elite política que se opone ardorosamente a la restitución de lo hurtado. Y a destrabar la compra oficial de tierras por oferta voluntaria, un componente sustantivo de la reforma rural que es mandato de la Constitución, ya integrada por el Congreso al Plan de Desarrollo. Como mandato suyo es también, desde hace 90 años -una y otra vez ratificado por leyes de la república-, la extinción de dominio de tierras ociosas, previo pago de indemnización, en virtud del principio de prevalencia del interés público sobre el privado. Y, sin embargo, no acudirá a ella este Gobierno.
Se sabe. Al amago de devolver lo usurpado, de recuperar baldíos de la nación y bienes incautados a la mafia, de agilizar la compra de tierras inexplotadas en favor de los productores del campo, montan estas elites su performance de rigor: gradúan de comunista todo intento de reforma en tal vez el único país del mundo donde un 2% de habitantes es dueño del 85% de la tierra. Histórica concentración de la propiedad agraria, ampliada con la masiva expropiación de predios en estas décadas de conflicto armado. Negocio de la guerra sazonado en sangre, que alguna tuitera invita hoy a defender con las armas. ¿Tendrá eco su delirio?
La cadena del despojo enlaza desde venta forzada hasta desalojo a bala con asesinato, tortura, desaparición y desplazamiento. Sus ejecutores inmediatos, paramilitares o guerrilleros (en menor medida); tras ellos, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, grandes empresarios y, en la “legalización” de lo usurpado, el juez amigo y el notario. Convergieron en el despojo el ascenso del narcotráfico a las capas dirigentes, la captura del poder regional por los señores de la guerra, las guerrillas, la complicidad o tolerancia del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas y las reacciones de la justicia, apunta Alejandro Reyes: en regiones con larga tradición de monopolio sobre la tierra, como la Costa Atlántica, el paramilitarismo reforzó la tendencia secular de subordinación y marginalidad campesina; derivó en captura del poder local y regional y en cooptación o subordinación de la clase política en amplias regiones del país.
El caso Tulapas en Urabá ilustra los alcances y la brutalidad del fenómeno. Para armar un predio que toca tres municipios, y crear un corredor de tráfico de armas y drogas, Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y gerente del brazo de Fedegán allí, protagonizó la expulsión de 130 familias. De consuno con la cuñada de los Castaño, redujo a las víctimas a la indigencia y, a instancias de notarios, negoció sus predios por cuatro pesos. Éstos terminaron en el fondo de marras. En entrevista de El Espectador, el investigador Gerardo Vega señalaba entre involucrados en despojo a empresas agropecuarias como Argos; entre bananeros, a firmas de Augura; en industria extractiva, a la Anglo Gold Ashanti; y en el sector financiero, a los bancos Agrario, Ganadero, BBVA y Davivienda.
Señala Reyes que, en Sucre, 9 clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del Departamento. Tierras que fueron baldías, tituladas por un juez. (Reivindica este recurso Paloma Valencia, para suplantar al ministerio de Agricultura, autoridad suprema en la materia). ¿Qué porción de aquellos dominios en Sucre responde a expropiaciones violentas legalizadas por el favor de un juez? ¿Cuánto agregan en este país el despojo y la crueldad a la preeminencia social y política de los clubmen (de viejo y nuevo palmarés)? ¿Cuánto a la doble moral de los verdaderos expropiadores en Colombia?
por Cristina de la Torre | May 7, 2024 | Ciencia, Justicia, Mayo 2024, Salud, Sistema de salud
En ruidoso contraste con la avaricia de nuestros gobiernos cuando de ciencia se trata (para el año entrante destina éste un mísero 0.01% del presupuesto nacional), un colombiano gana premio equivalente al Nobel en investigación de alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas. El galardonado, Francisco Lopera, director del Grupo de investigación de Neurociencia de la Universidad de Antioquia. Lleva 40 años estudiando una variante del alzhéimer genético conocida como la “mutación paisa”, por su origen en municipios de la región. El trabajo ha contribuido de manera significativa al conocimiento del mundo sobre estas enfermedades, dice la Academia Americana de Neurología que concede la distinción: identifica el mayor grupo humano en el mundo con la enfermedad, sigue su mutación y sus etapas, y descubre genes protectores que pueden aplazarla por décadas y hasta curarla.
Para la cura definitiva, señala el científico, ya podemos hablar de un método: los genes protectores. Estos podrán inoculársele al paciente en riesgo, o bien, producir una molécula o un medicamento que imite el gen protector. La cura del alzhéimer, agregó, está en la naturaleza; en ella habitan a un tiempo la enfermedad y la cura: “se ha abierto una gran puerta para la prevención y el tratamiento de enfermedades incurables”. ¡Chapeau!
Proeza de titanes habituados de tiempo atrás a capear adversidades de todo orden en la investigación médica. Virtual hospital universitario de aquella Alma Mater, el San Vicente de Paul de Medellín ha hecho historia de impacto en el mundo. Pegó por primera vez a su cuerpo una mano cercenada, es pionero en trasplante de órganos desde hace medio siglo y creó el primer riñón artificial en América Latina; (acudo a los expedientes más socorridos por los legos que hacemos de la ciencia una vulgata). No es casual que Lopera pertenezca a la Universidad de Antioquia, centro académico con 51 grupos de investigación en medicina y salud pública, 14 de los cuales acreditan excelencia en Colciencias. En la Misión de Sabios, coordinó aquella la reflexión sobre el sector salud.
En función del bienestar común, invita la Misión a entender la innovación en salud como proceso de cambio cimentado en el uso del mejor conocimiento disponible para provocar transformaciones de gran calado en el sistema de salud y en la sociedad. Tan ambicioso propósito requiere la mano del Estado y ejecución de programas público-privados que viertan al sector los principios de justicia e igualdad. El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en salud debe echar mano del mejor conocimiento disponible y producir conocimiento nuevo. Multiplicar unidades de investigación y acuerdos de transferencia de tecnología, y desarrollar industria propia de medicamentos.
¿Acabará este sueño asfixiado por el miserabilismo ciego del Gobierno que invierte la cifra más baja de América Latina en Ciencia, Tecnología e Innovación y, en el ministerio de marras, la menor en el último cuarto de siglo? ¿No es esto, se pregunta Razón Pública, ningunear las Misiones de sabios que han arrojado luz sobre la ciencia en Colombia; ningunear a los científicos que trabajan en condiciones precarias dentro y fuera del país? Qué dirá el doctor Francisco Lopera, orgullo de la Colombia que, poniendo en salmuera el sacrificio, vence obstáculos acá y allá, enfrenta retos colosales, congrega, estudia, experimenta, piensa, borra y abre cuenta nueva una y otra vez hasta dar con el alfiler en el pajar. Y crea. Si humillada como está la ciencia en su indigencia presupuestal da con iluminados de esa talla, ¿qué sería de contar con un Gobierno que satisfaga medianamente sus apremios, que se decida al cambio?
por Cristina de la Torre | May 3, 2024 | Actores del conflicto armado, Coca, Conflicto armado, Conflicto interno, Cultivos ilícitos, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Mayo 2024, Movimiento social, Narcotráfico, Paramilitarismo, Protesta social, Seguridad democrática, Violencia
Tras 60 años de un sector anclado en la persecución y aun el exterminio del llamado enemigo interno, hoy apunta este Gobierno contra una convergencia criminal atada al lucro: una maraña de violencias desatadas al calor de la economía ilegal, que sacrifica a la población civil. Se propone el nuevo paradigma proteger la vida de todos y el ambiente; incidir en las condiciones sociales y económicas que favorecen la brutalidad de los ejércitos homicidas, recuperar el territorio para liberar a la sociedad de la violencia y fortalecer a la Fuerza Pública.
Pero la categoría de enemigo interno -atajo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia para librar sus contiendas de posguerra en tierra ajena- no desaparece: muta. Cobijó primero no sólo a unas guerrillas incipientes sino a todo opositor social o político al Estado y a la sociedad del privilegio, que militarizaban el concepto de seguridad. El mote de comunista, y después de las Torres Gemelas el de terrorista, bastaron para blandir el mazo, y mantener a raya la crítica y el pluralismo democrático.
En el nutrido espectro de la estigmatización comparten honores desde los segregados del Frente Nacional hasta sindicatos y organizaciones agrarias; un partido político exterminado; piquetes de manifestantes que bloquearon calles en el levantamiento popular de 2021, sus líderes de la Primera Línea y las madres que los acompañaban. Y la terrorífica secuencia de víctimas de guerrillas y bandas de todos los colores que respiran por la ideología de Guerra Fría que aconseja acorralar al contradictor o, de preferencia, matarlo: 9.484 líderes sociales y firmantes de paz asesinados entre 2002 y 2022, calcula Indepaz. Y, a manos del propio Ejército, 6.402 falsos positivos habidos, sobre todo, en ejercicio de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.
Antes que atacar a los grupos armados, el modelo de Seguridad y Defensa de Petro busca proteger a la población, bajo el paraguas de la Paz Total. En política antidrogas, prefiere perseguir al gran empresariado del narcotráfico que erradicar pequeños cultivos de coca. Para éstos ofrece sustitución por cultivos industrializables. Mientras tanto, interdicción a la pesada del narcotráfico, destrucción de laboratorios de cocaína, persecución al lavado de activos. En lucha por el medio ambiente, ataque frontal a la gran minería ilegal, con destrucción de dragas y retroexcavadoras. Alianza en acciones de seguridad con Venezuela, refugio de guerrillas colombianas. Y bienestar para la Fuerza Pública.
A este modelo le precedió la doctrina Damasco, pivote del Ejército que con Santos adoptó la enseña de que la paz es la victoria. Se proyectó hacia la defensa de las libertades, matriz de la seguridad humana; y suscribió el respeto a los Derechos Humanos y a las reglas internacionales de la guerra. Flor de un día. Con Duque, destruiría el general Zapateiro el remanso que Petro se propondrá restablecer.
Tendrá, no obstante, que precisar el alcance de un apartado en la estrategia enderezado a fomentar la “prevención, protección y autoprotección” de comunidades, iniciativa que bien podría derivar en integración de grupos de autodefensa, de paramilitares o de milicianos semi armados. Como en el caso de las Convivir.
Audaz, este modelo de Seguridad y Defensa aborda lo mismo realidades nuevas que honra el humanismo. Responde al ideal expreso de Naciones Unidas: la búsqueda de una sociedad libre de la violencia y del miedo.
Coda. Si algún error no le perdonará la historia a Petro será el haber defenestrado a Carolina Corcho. Ella libraba la lucha más clara y valerosa por los principios de cambio que animan a este Gobierno. Cedió el presidente a la misoginia de los patronos de la politiquería: nunca perdonaron que fuera una mujer la que les presentara batalla; y que, además, tuviera carácter.
por Cristina de la Torre | Abr 30, 2024 | Abril 2024, Conflicto armado, Conflicto interno, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Izquierda, Paramilitarismo, Personajes, Protesta social, Sanción Social, Uribismo, Violencia
Lo dicho. La marcha del 21 de abril, multitudinaria, plural y sin partidos, fue un acontecimiento de inmensa relevancia política en nuestra historia reciente. Le antecedieron la protesta de millones de colombianos contra las Farc en 2008, el paro agrario, las movilizaciones estudiantiles de 2020 y el estallido social de 2019-21 con sus 84 asesinados, simiente del primer Gobierno de izquierda en el país más conservador de la región, único sin alternación izquierda-derecha en el poder. No hubo esta vez muertos ni heridos ni violadas ni desaparecidos ni riadas de muchachos encarcelados, ganado en su corral.
En el variado menú de exigencias descollaron, primero, la oposición a las reformas sociales del Gobierno. Descalificación de iniciativas apenas liberales deformadas por la oposición como embuchado chavista. Mas, a sólo 48 horas, aprobaba el Senado la pensional y conciliaba el Gobierno con las EPS una nueva versión de reforma a la salud. Segundo, en el generalizado “fuera Petro”, el hartazgo con su retórica vacía y la rabia de algunos contra la insurgencia que el “presidente guerrillero” encarnaría ahora. Como si no bastara la sindicación de estos adversarios, ayuda Petro al señalamiento con la incontinencia de su verbo y de sus gestos: pide en sesión pública exhibir la bandera del M-19, en recuerdo de Carlos Pizarro, “guerrero andante conmigo, después paladín de la paz asesinado”. Provocador, equívoco mensaje al servicio de la vanidad.
Pese a su leal adscripción de 40 años a la legalidad democrática, no falta quien quiera adjudicarle al presidente el mote tenebroso de “guerrillero vestido de civil”, con el que una minoría poderosa ha distinguido a los contradictores del establecimiento. Así renueva la derecha su parte en la convergencia de radicalismos con la izquierda: ambos fusionaron en un mismo hombre al izquierdista, el inconforme y el guerrillero, para negarle a la izquierda legal su posibilidad de existir y perseguirla sin contemplaciones.
Raíz primera del ardid, el Frente Nacional. Magnificó éste la amenaza de guerrillas incipientes como instrumento de una conspiración extranjera para justificar la hegemonía excluyente de los partidos liberal y conservador, que floreció en cruzada violenta contra todo lo que oliera a izquierda y contra el movimiento social que quedó así asociado a subversión. Con violencia redoblada respondieron las guerrillas, puesta la mira contra la población: en 1965 se iniciaron en secuestro en las personas de Harold Eder y Oliverio Lara. De la autodefensa saltaron a la violencia revolucionaria.
A confundir izquierdista con guerrillero tributó también la estrategia del PC de combinación de formas de lucha. Cita Jorge Orlando Melo al dirigente de esa organización Alberto Rojas, sobre el origen de la Unión Patriótica: la idea de las Farc era que esta fuera “un instrumento para la realización del plan de guerra insurreccional aprobado en la Séptima Conferencia (…) Es decir que, desde su nacimiento, la UP estaba destinada a la autodestrucción (…) al sacrificio, al matadero”. (Colombia, las Razones de la Guerra, 1921). Asesinado el grueso de su militancia legal por el paramilitarismo, la UP rompió con el PC y con las FARC.
A extremismos de izquierda y de derecha y a la crueldad del conflicto responde esta inclinación a ponerle al adversario el mote de terrorista; juegan allí meras impresiones creadas por la propaganda sobre hechos difusos. Fue ésta una expresión minoritaria de aquel exultante 21 de abril, no por ello menos azarosa, cuando se pidió conjurar la inseguridad y la violencia. Ajuste el presidente su paz total, y reconozcan otros que emplazar a un guerrillero imaginario es luchar contra molinos de viento.
