por Cristina de la Torre | Abr 19, 2022 | Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Acuerdos de paz, Abril 2022
Perdida su hoja de parra en la ONU, quedó expuesta la doble moral del Presidente: no podrá ya –como lo ha hecho en estos 4 años– presentarse ante el mundo como la paloma de la paz mientras permite en Colombia incursiones homicidas de chulos y halcones y águilas de todos los colores. Sorprendido en flagrancia por omisión de la verdad completa, o por deformarla, cuestionó el Consejo de Seguridad de ese organismo su informe sobre la paz en este país: avances enanos, inacción o retroceso en sustitución de cultivos, reforma rural y restitución de tierras. Trueque de una política de Estado acordada para conjurar una guerra de 60 años y los lastres que la causaron por un modesto proyecto de Gobierno que, además, obstruyó la médula del Acuerdo. “Usted no habla del Acuerdo de Paz, habla de paz con legalidad. (Pero) este programa no fue el acordado por el Consejo de Seguridad (…) Su Gobierno ha socavado el proceso de paz y destruye lo que el pueblo colombiano ha forjado con mucho esfuerzo”, le espetó el delegado de Rusia. Y los demás objetaron su inoperancia contra el exterminio gota a gota de reinsertados y líderes sociales. Pidieron investigación judicial de los hechos, así como las Oficinas de Derechos Humanos y de Verificación de la ONU en Colombia.
Entonces Duque tendió cortina de propaganda, a tono del momento, para ocultar crímenes horrendos disparados en su Administración (853 líderes comunitarios y 241 reinsertados asesinados, medio millón de desplazados, cosecha de una política de guerra adobada en alianzas de altos mandos militares con paramilitares). “No pretendan –dijo– quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo”. Misil que a la luz de su cuestionado informe se transformó en parodia, en bumerán: tampoco al delegado colombiano le asistiría autoridad moral para vetar a otros.
Menos aún en su propia patria cuando arrogante, irresponsable, en forma inconsulta, amaga ruptura de relaciones con Rusia y toma partido por la potencia que, de desplazarse esa guerra a América, pondría a Colombia como cabeza de playa en su potencial conflicto con Rusia; y ésta actuaría, a su vez, por interpuesta Venezuela. Otra guerra de imperios en patio ajeno, con la testa humillada de los vasallos de turno: Duque y Maduro.
Guerra de imperios, sí, como las recientes de Estados Unidos (amo dilecto de Duque) y Rusia en Iraq y Siria, que arrojaron decenas de miles de civiles muertos. Revela Le Monde Diplomatique que los bombardeos sin tregua de las potencias en acción contra el Estado islámico y el yijadismo produjeron en dos años efectos devastadores: entre 20.000 y 55.000 civiles sirios e iraquíes perdieron la vida. La ONG Airwars y Amnistía Internacional estiman entre 19.000 y 29.000 el número de víctimas de misiles norteamericanos. En la batalla de Mosul, la mayor carnicería después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas iraquíes habrían causado al menos 9.000 muertos. Los agresores sólo reconocieron 326. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos le adjudicó a Rusia 20.825 víctimas mortales. Su Gobierno no reconoció una sola.
En su capacidad de destrucción material y en sus enormes cotas de víctimas anónimas, las guerras de Iraq, Siria y Ucrania se parecen. Pero ninguna de ellas registra la crueldad de 6.402 falsos positivos, ahora elevados a 6.413 con los 11 del Putumayo. Claro, en todas partes se cuecen habas. El problema es negar las propias y, encima, por deseo de figuración aun a costa de vidas humanas, por inadvertencia o por desesperación, querer dar el salto a ligas mayores. Entre la parodia y la guerra, entre el ridículo y el desastre se cuece la tragicomedia. Su protagonista, algún tiranuelo en ascenso a gran déspota.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2022 | ELN, Clan del Golfo, Reforma Rural, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Acuerdos de paz, Marzo 2022
Genuflexo con los poderosos, desalmado con los débiles; he allí el carácter autoritario del Gobierno que Iván Duque preside: rinde la testa ante la estrella polar mientras desprotege y persigue a su pueblo. Hábil maquinador contra el Acuerdo de Paz, contempla sin pestañear el fruto perverso, una violencia desbordada que es panacea de su partido. No deja intactas las causas de la guerra, las agrava: ni reforma rural, ni sustitución de cultivos, ni curules garantizadas a las víctimas, ni negociación de paz con el ELN o de sometimiento con el Clan del Golfo; y sí, en cambio, 228 masacres, 904 líderes sociales asesinados en escasos 4 años y una Ley de Seguridad Ciudadana que evoca la mano de hierro de los regímenes de fuerza. No en vano venimos de una matanza de manifestantes a manos de la Policía y adláteres paramilitares. Gente de bien, armada en legítima defensa contra hambreados que pululan como no se viera en este país.
El exterminio de líderes responde a pujas por el control de economías ilegales, sí, pero también al celo de notablatos locales por preservar su poder de siempre. Despóticos, a menudo violentos, perciben como amenaza letal la expresión organizada de las comunidades que los líderes personifican. Subversivos les parecen sus libertades y derechos democráticos, y más de uno los querría muertos. En bochornoso boicot a la representación política de las víctimas, han suplantado sus candidaturas por las de asociados a victimarios, como la del hijo de Jorge 40. Por falta de garantías renunciaron esta semana 17 aspirantes a esas curules en la Costa, y en el Chocó otros tantos se sumaron a la denuncia. El viernes pasado atentaron a bala contra los candidatos a curules de paz Diana Hurtado, cuyo padre murió en la masacre de La Chinita, y Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia. El asesinato de una candidata corroboró el creciente divorcio de este Gobierno con la democracia.
A los habitantes del Bajo Atrato chocoano dominado por el Clan del Golfo, verbigracia, el diálogo con los armados y la verdad les resultan decisivos: necesitamos sus verdades para que la guerra termine, le dijeron a la periodista Natalia Herrera; necesitamos saber qué sectores militares, políticos y empresariales de alto nivel están detrás de sus balas. Piden privilegiar las verdades que Otoniel atesora, considerar la desmovilización que insinúa, sobre su extradición. Pero la Dijín lo amordaza, pues él podrá develar el entramado de esta guerra de 400.000 muertos y desaparecidos: la contrarreforma agraria. Un plan premeditado por los que no dispararon pero ordenaron disparar.
Si la implementación de la paz sigue en pañales, la represión de libertades y derechos marcha triunfal: la Ley de Seguridad Ciudadana emula el modelo draconiano de las dictaduras, da licencia para matar. Convierte el uso de capuchas y la obstrucción de vías en terrorismo y lo castiga como tal. Exime de responsabilidad a quien pueda disparar contra otro, dizque en legítima defensa si pisa su casa, su negocio, su finca. Y facilita hasta el absurdo el porte de armas por civiles.
Norma de bárbaros repotenciada ahora por el acuerdo Biden-Duque que, a título de lucha compartida contra el terrorismo, convierte a Colombia en despensa de armamento gringo. Graciosa concesión del imperio, podremos acceder a créditos de su banca para comprarles equipos de defensa y recibir, antes que otros, sobrantes bélicos. ¡Y nos autoriza –tan divino– a almacenar elementos militares que son parte de la reserva de guerra de EE.UU! ¿Seremos cabeza de turco en una eventual conflagración en la región, coletazo del conflicto en Europa? ¡Qué costosa la foto con Biden, vanidad de nuestro presidente! Indigno a los ojos del mundo, el de Duque es también, para su pueblo, un Gobierno puñetero. Por decir lo menos.
por Cristina de la Torre | Ene 25, 2022 | Curules de Paz, Manipulación Electoral, Censo Electoral, Fraude Electoral, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Derecha, Paramilitarismo
La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas. Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.
El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.
La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas.
Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.
Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.
Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.
