por Cristina de la Torre | Oct 12, 2021 | Educación, Modelo Económico en Colombia, Octubre 2021, Régimen político
De amplitud y duración sin precedentes, el movimiento estudiantil de 1971 fue no obstante un fenómeno “bipolar”. Mientras el estudiantado luchó en masa por la reforma universitaria, muchos de sus dirigentes quisieron “elevar” el modesto reformismo a categoría política, a revolución. Como si romper las cadenas del poder eclesial-oligárquico y la tiranía del tomismo en el currículo; como si abogar por autonomía, financiamiento, libre cátedra y universidad pública para todos no fuera el más ambicioso programa político. Pero no se conformaba aquella propuesta con este programa mínimo: se agitaba el programa máximo de revolución que casara con cada modelo del socialismo internacional hasta simpatizar, a menudo, con su modalidad de lucha armada: si el modelo soviético, con las Farc; si el chino, con el EPL; si el cubano, con el ELN. Trasplante a la brava del dogmatismo que informó los totalitarismos comunistas, para cercar al contradictor y nutrir retóricas de vanguardias construidas en el aire: sin pueblo. A distancia de este espíritu doctrinario, diría Hernán Darío Correa, la oleada del pensamiento crítico que oxigenaba desde París en el 68; aunque allá fue rebelión contra el Estado tutelar y la familia patriarcal, y aquí la solución del problema universitario tenía que pasar por la acción del Estado.
En la crisis social abrevó el movimiento del 71. En la estrechez del aula para albergar contingentes crecientes de muchachos que aspiraban a formación profesional; en un movimiento campesino resuelto en invasión de tierras; en el hastío con el Frente Nacional que había trocado la competencia política por una desproporcionada acción contrainsurgente del Estado contra guerrillas en ciernes y contra todo el que discrepara del orden conservador en el único país latinoamericano que no ha tenido un gobierno de izquierda. En el supuesto fraude de 1970 que entregó la presidencia a Misael Pastrana, cuya ejecutoria inmortal sería el entierro de la reforma agraria.
Con todo, no podía atribuirse el surgimiento de la insurgencia al portazo del Frente Nacional contra los partidos de izquierda, un lánguido porcentaje de la cosecha electoral. Ni los abusos y arbitrariedades de la democracia colombiana podían equipararse a los de las dictaduras militares del vecindario. Disonaba, pues, la ruidosa perorata del mesianismo, así trasladada al movimiento estudiantil. Liderazgo efímero del sueño revolucionario en las aulas, mientras se afirmaba el estudiantado en el cogobierno de la universidad y se volcaba al estudio de la realidad nacional. 40 años después, protagonizaría la MANE una vuelta de tuerca: se dio el movimiento una dirigencia plural salida de la base, interpretó el sentir del estudiantado como categoría social, lo vinculó a la lucha contra la privatización, logró que ésta fuera pacífica y, en 2018, que el Gobierno destinara 6% del PIB a educación. En el estallido social de 2021, jugaría papel medular.
Periplo semejante al descrito en 1918 por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, que se extendió al punto a toda la América Latina. Primero como puntal de las reformas liberales que enfrentaron la tórrida herencia colonial; y luego, como ariete del cambio político y social, bandera flameante ya en el continente entero. En Perú dio lugar al primer gran partido revolucionario, nacionalista y popular, con réplicas por doquier: el APRA.
Tarde nos llegó el coletazo de Córdoba, acaso porque fuera nuestro país casi el único en donde al timonazo liberal de un siglo atrás se respondió con la Violencia. Aunque todas las escolásticas y sus catedrales –las reaccionarias y las comunistas– se disputen todavía la grey blandiendo el fierro o impostando superioridad moral, una pregunta queda: ¿no habrá resultado más transformadora la reforma que la revolución?
por Cristina de la Torre | Jul 6, 2021 | Derecha, Julio 2021, Paramilitarismo, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras
Propaganda. Ruido en el vacío. Con amplio titular registra un diario otra de las que parecen ser argucias del presidente para presentar como gran transformación rural algún salvavidas de opinión enderezado a resarcir su imagen, récord de deshonra en la historia de Colombia. Es un plan de política social e infraestructura básica, dice, inspirado en el Acuerdo de Paz (que él ha devastado), pero sin previsión financiera ni instrumentos de ejecución. Y, sobre todo, riguroso en eludir, precisamente, los problemas estructurales del campo: el patrón de tenencia de la tierra, el uso irracional del suelo, la violencia que se descarga sobre la población campesina, la cosecha de horrores que el conflicto le heredó. Salva Duque el modelo que bloquea la modernización del agro y eterniza el despotismo de la fuerza más reaccionaria del campo. Ufana en su victoria sangrienta sobre ocho millones de víctimas y siete millones de hectáreas usurpadas a fusil o en notaría, preserva ella a dentelladas sus dominios en el poder.
Ni revolucionarias, ni confiscatorias, iniciativas hay; pero la élite no las ve porque, juntas, cambiarían la fisonomía del campo: una de Naciones Unidas (PNUD), otra de la Misión Agraria y la del Acuerdo de Paz. Coincide esta triada en recuperar la noción de desarrollo modulado desde el Estado, que los antojos del mercado sepultaron desde 1990. Y en reconocer que la paz pasa por resolver el conflicto agrario. En su último libro, Una Ruralidad Posible, las recoge Absalón Machado como política integral para el campo que recupere el tiempo perdido y reconstruya lo que el conflicto destruyó.
El modelo de tenencia y uso de la tierra es obstáculo formidable para el desarrollo del campo, signado por una concentración de la propiedad casi única en el mundo, por proliferación del minifundio y miseria. Problema histórico agudizado en las últimas décadas por el despojo y el desplazamiento violento a manos de narcos y paramilitares, frecuentes aliados del notablato político y empresarial. A ello se suma el uso irracional del suelo, donde el latifundio improductivo y la ganadería extensiva reducen la explotación agrícola a un mínimo de las tierras aptas para cultivar. El 81% de las fincas tiene menos de 10 hectáreas y sólo ocupa el 5% del área en producción. Y el privilegio fiscal de los señores de la tierra, que pagan impuestos irrisorios, o ninguno, gracias a que catastro no hay o renguea. Ilegalidad en la adquisición de la gran propiedad e informalidad en la pequeña son los pilares del régimen de propiedad en el campo.
Declara el exparamilitar Pitirri que la contrarreforma agraria mediante desplazamiento y despojo fue un plan premeditado: unos iban matando, otros iban comprando, y los últimos iban legalizando. A la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contrapone la precandidata del CD, María Fernanda Cabal, otra que neutraliza su efecto devolutivo, mientras los llamados ejércitos antirrestitución muestran sus fauces y muchos de los líderes sociales asesinados son voceros de reclamantes de tierra. También ayudó Cabal a hundir la ley que creaba la especialidad agraria, enderezada a validar jurídicamente procesos de restitución, asignación y formalización de tierras. Lucha de la clase en el poder contra la clase abatida del sistema.
Distribuir la tierra en función del desarrollo, la productividad y la equidad; reconocerle al campesino derecho a la vida, a la dignidad y al ejercicio de la política; sustituir cultivos ilícitos por proyectos productivos. En fin, cambiar el orden edificado sobre el despojo y la violencia, prerrogativa de los de siempre, por un plan de desarrollo rural de largo aliento. Modesto reformismo liberal que, en país avasallado por la caverna, resulta desafiante. Por eso buscan aturdirlo con fanfarrias de grosera altisonancia.
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Conflicto armado, Izquierda, Marzo 2021, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Política agraria, Política económica, Reforma Agraria
Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.
Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.
Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.
Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.
Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.
por Cristina de la Torre | Ene 19, 2021 | Clientelismo, Corrupción, Enero 2021, Impunidad, Modelo Económico, Política agraria, Reforma Agraria
Enferma de codicia, ella sólo puede mirarse en el espejo de su propio ombligo. Cuando las afugias del campesino –agravadas por la pandemia– demandan un vuelco en la política agraria, los poderosos gremios del campo proponen mas bien exacerbar las causas de la crisis: perseverar en las condiciones que la alimentan y agudizan. Velando la nuez del problema con saluditos de cortesía a la pobrecía, en iniciativa de estrategia agraria que lanzaron en diciembre, ninguna consideración les merecen la reforma rural o la restitución de tierras. Encabezadas por la SAC, ventilaron aquellas organizaciones un proyecto a 30 años vista que reafirma su poder ancestral y su ventajismo sobre los productores de economía campesina, que son el 90% de la población rural.
Se trata de consumar la modernización capitalista del campo pero excluyendo de sus beneficios al campesino que responde por la seguridad alimentaria del país. Como si modernización sólo compaginara con gran propiedad. Apunta la agroindustria a trocarlo en peón ruinmente pagado, con salario “diferencial” para el campo y enganchado por días o por horas. Jugosas ventajas favorecen de entrada esta iniciativa mediante “asociación” con pequeños propietarios, en la cual lleva el gran empresario las de ganar. Pues él parte de la informalidad laboral, que alcanza el 82%; de la pobreza, que rebasa el 70%; del boicot al acuerdo de paz que niega la tierra prometida al labriego; de los ejércitos anti restitución y las iniciativas legales del uribismo que apuntan al mismo blanco: a proteger advenedizos en tierra ajena.
Se lucra también de la sangrienta contra-reforma agraria que arrebató sus fundos a cuatro millones de pequeños y medianos propietarios, gracias a la siniestra alianza de muchos empresarios, ganaderos y terratenientes con paramilitares, narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impúdica en su farsa de hacer patria, la propuesta de estas elites calla a gritos la historia macabra de la guerra que se resolvió en despojo. Saben que cuentan con el poder, con la fuerza y con capacidad de chantaje sobre mares de brazos que lo perdieron todo y tienen hambre.
Ya calculaba la Comisión Colombiana de Juristas en 83% la impunidad en casos de despojo y abandono forzado de tierras. Hace un año, la restitución beneficiaba apenas a 45.460 personas de las cuatro millones afectadas y no comprometía sino 340.704 hectáreas de las 8 millones abandonadas. Mucho, con la reiterada complicidad del Estado en este Gobierno mañoso.
Desplazamiento forzado y acumulación de tierras corren parejas. Colombia es hoy el tercer país de mayor concentración agraria en el mundo. Las cifras abruman: en la base de la pirámide rural, dos millones de minifundistas con predios inferiores a una hectárea poseen 1,3 millones de hectáreas; en la cúspide, 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas poseen 39 millones de hectáreas. Gran parte de ellas dedicadas a ganadería extensiva o a lotes de engorde, para honrar el modelo aledaño al de la agricultura comercial: tierra sin hombres y hombres sin tierra.
El olímpico mutismo de estas élites ante el exterminio de líderes reclamantes de tierra armoniza con el pérfido desdén que la atrocidad le merece al presidente Duque. Gremios y mandatario se abrazan también en el modelo de gobierno corporativista, de vocación fascista, que ha prevalecido en estos casi tres años de tercer mandato uribista. De allí la naturalidad con que los gremios sellan su proyecto queriendo constituirse en órgano autónomo de Gobierno para trazar las estrategias y políticas del sector. Poder independiente que parecerá mixto por la decorativa presencia de algún ministro de Agricultura salido de sus propias filas. Como se ve, en el campo la derecha va con toda.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2020 | Iván Duque, Movimiento social, Octubre 2020, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras
Les quitan la vida, les roban la tierra y ahora quiere la caverna hurtarles también el espacio político a los indígenas, arena del poder que las élites consideran patrimonio suyo, exclusivo. Atropellando su derecho a reclamar vida, paz, democracia y territorio –motivos típicamente políticos–, el Gobierno y sus validos invaden a gritos la escena para desconceptuar a la minga y solapar la amenaza de molerla a palos. O a bala.
Dizque por sospechas de que alberga en su entraña guerrilleros. Por la “infamia” de atentar contra la reactivación de la economía, diría Mac Master, aunque ésta no toque a los millones de hambrientos y cesantes. Por desafiar al virus, que el Gobierno dejó desbordarse al depositar en las glotonas EPS semejante reto de salud pública: el sistema privado ha engavetado 70.000 pruebas de covid. Por la impudicia de buscar diálogo directo con el Presidente. Por tener la minga carácter político, no reivindicativo, un pecado mortal para la ministra del Interior. Por la diabólica aspiración de llegar al poder para instaurar el socialismo, como sagazmente se lo pilla Él, perdonavidas favorable a la masacre humanitaria (¿) cuando de terroristas –de no-uribistas-se trate. Por no ser los mingueros egresados de la Sergio Arboleda.
Tras el lucimiento de la minga que dejó a la derecha con los crespos hechos, puso Duque los pies en polvorosa. Quedó su pusilanimidad expuesta a plena luz. Y confirmado que la vieja historia de exclusión de los “otros” (opositores, librepensadores, minorías o mayorías silenciadas) se reedita hoy en charada. Ahí están, para no ir lejos, el pacto bipartidista del Frente Nacional, el exterminio de la UP con sus 6.528 víctimas, los centenares de líderes sociales asesinados en la criminal indiferencia de este Gobierno, las 17 curules de paz enterradas por su aplanadora parlamentaria. Política sin miramientos a costa del contradictor.
Pero esta charada podrá aumentar el caudal de sangre. Entre la maraña de advertencias, amenazas y conjuros del partido de Gobierno descuella el llamado del senador Fernando Araujo del CD: “en Colombia unos pirómanos buscan generar caos para destruir la democracia y el gobierno no lo puede permitir y debe apelar a la conmoción interior”. La medida autoriza al Gobierno a limitar la movilidad individual y colectiva, a controlar la prensa, a suspender mandatarios regionales, a decretar impuestos y modificar el presupuesto nacional, a allanar y detener ciudadanos sin orden judicial, por sospechas. Desenterraría el estado de sitio que durante 30 años convirtió al país en la dicta-blanda del continente. Sólo que ahora, con el autoritarismo que avanza a paso marcial, tiraría más a dicta-dura.
Alarma la coincidencia de esta propuesta extremista con el asesinato de tres dirigentes del partido de oposición Colombia Humana –Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera y Eduardo Alarcón–, por un lado. Por el otro, con amenaza de masacre de las Autodefensas Gaitanistas contra los militantes de este partido en la Guajira. Así reza el panfleto: “hemos dispuesto como respuesta armada a los diferentes actos proselitistas de las acciones comunistas el exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes… (los declaramos) objetivo militar”.
El derecho a manifestarse en las calles no es baladí: fue en la calle donde nacieron los partidos políticos; en ella se defiende el establecimiento, se gesta el cambio o se fragua la paz. La calle es escenario primigenio de la democracia, del ejercicio de la política en libertad, más allá del parlamento y de la urna. Derecho hermano del de tomar partido por el gobierno o por la oposición sin morir en la jornada. Sin tener que denunciar, como denuncian los marchantes del 9 de septiembre, los líderes sociales, los indígenas: ¡Nos están matando!
