Iván Duque, una moral de gelatina

Ineptitud, altanería ante los débiles y mansedumbre ante los poderosos, blandura con la corrupción, son rasgos salientes del gobernante que nos tocó en suerte. En virtual legitimación de la torpeza, la incompetencia, el abuso de poder y, acaso, la mala fe de ministros cuya temeridad le cuesta al erario un potosí, se bate Iván Duque a capa y espada por un Carrasquilla, por una Abudinen. Debuta en su Gobierno con la indecorosa defensa del titular de Hacienda enriquecido con bonos de agua que estrangularon las finanzas de 117 municipios. Y en el ocaso del mandato cubre de justificaciones y lisonjas a la titular del Mintic –niña predilecta del clan Char– por suscribir un contrato billonario montado sobre documentos y firmas apócrifas con empresarios de dudosa ortografía, y por concederles alegremente un anticipo de $70.000 millones, sin garantías, y que fueron a dar a un paraíso fiscal. Pese a las alarmas que había activado mucho antes la periodista Paola Hernández. Hoy está ella amenazada.

Mintic adjudicó el contrato a Centros Poblados, aunque el asesor de esta firma fuera, a la vez, asesor de la ministra (el consejo de ministros desestimó la recusación que obró contra ella); y aunque las  denuncias probaron inexperiencia de los contratistas en telecomunicaciones y falta de requisitos legales. Un alud de cuestionamientos pesa ya sobre las empresas de Centros Poblados. Y sobre la personera del contrato que, si no la incrimina penalmente, comporta responsabilidad administrativa y política. Si le quedara todavía pudor, debería renunciar. Como sucede en cualquier democracia que se respete.

Hace tres años denunció Daniel Coronell que, siendo ministro, había impulsado Carrasquilla una ley que le reportaría después $70.000 millones de ganancias en cinco años. Privatizado el servicio de agua en 1994, inversionistas particulares podrían ahora prestar a los municipios para obras de acueducto. Así lo hizo el ya exministro entre 2008 y 2011, pero con tasas de interés extorsivas que ahogarían a los municipios y sin asumir responsabilidad sobre la ejecución de las obras. Quedaron ellos endeudados por 19 años y sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado. Nadó Carrasquilla en sus millones y luego, al primer debate de control político, sobre el salvavidas que el recién posesionado presidente Duque le tendió.

No sorprende la destreza de Duque para embolatar los proyectos que volvían leyes el clamor de casi 12 millones de votantes contra la corrupción en 2018. Proponía el referendo, entre otros, que los corruptos tuvieran que devolver todo el dinero robado; que no se les concediera casa por cárcel, ni asignara el Estado contratos a dedo. Tampoco sorprenden los afanes del presidente por modificar ahora la ley de garantías electorales: para poder contratar sin licitación y nombrar ejércitos de activistas en la campaña venidera. Para tomarse por asalto los recursos públicos que queden aun a la mano. Así niega Duque su pronunciamiento de 2017, cuando calificó iniciativa parecida como “asalto a la legalidad y a las garantía electorales”.

En un país donde la corrupción alcanza los $50 billones al año, el 93% de cuyos ciudadanos piensa que esta empeora día a día (13 puntos más en este Gobierno), mucho ofenden las fogosas incursiones del presidente de la República en defensa de ministros y funcionarios que en su felonía se mueren de la risa porque el jefe supremo los mima y protege. En recuerdo del malogrado referendo, propone David Racero que los delitos de corrupción contra el Estado no prescriban ni haya libertad por vencimiento de términos. Sea. Y ojalá que en 2022 despunte otro país donde las siempre saboteadas reformas política y de justicia conjuren la vergüenza de tener presidentes con moral de gelatina.

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Colombia: ¿otra tiranía tropical?

Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.

“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano,  lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.

Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?

De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.

 

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Ingrid: “La guerra fracasó”

Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mientras la reconciliación da un paso de gigante esta semana, echa al vuelo su imaginación el fundamentalismo armado para diversificar modos de guerra sucia, ahora urbana. Modos que acusan, cómo no, la marca siniestra del paramilitarismo. En el río Cauca y en Tuluá aparecen los cuerpos de Brahian Rojas y Hernán Díaz, desaparecidos antes. En bolsas de plástico se encuentran, desperdigados, cabeza y miembros del joven Santiago Ochoa, entre otros. Comenta el Canal 2 de Cali que hay en la ciudad cacería de marchantes; les caen a sus casas y los desaparecen. Por un alud de amenazas de muerte tuvo que salir del país un dirigente de Fecode, estigmatizado en público por el mismísimo presidente de la república.

A poco, acusó al paro de haber producido 10.000 contagiados de Covid. Aseveración infundada, según científicos, pues en el pico pesan más la reapertura de la economía, la lentitud en el suministro de vacunas y el casi nulo cerco epidemiológico que desplegó el Gobierno. Y Francisco Santos  afirma que “el pico de la pandemia tiene nombre propio: CUT, Fecode, CGT, CTC, Petro y Bolívar”. Juguetón, pone lápidas donde conviene. El hecho es que el contagio creció 15,8% en abril (sin paro), y 8% en mayo, en la plenitud del estallido social. Para rematar, la Fiscalía señala con nombre propio y sin pruebas a 11 líderes sociales de Arauca de pertenecer a disidencias de las Farc. Y la Procuraduría abre, porque sí, indagación contra cinco congresistas de oposición mientras se adjudica funciones de policía política.

Sintomatología de amplio espectro que revela dimensiones inesperadas en la guerra que la derecha ultramontana quiere revivir, a pesar de Ingrid, a pesar de que Farc no hay ya. Otros enemigos se inventa: líderes sociales (van 80 asesinados sólo este año), y muchachos masacrados en las calles: 70 a 4 de junio reportó Indepaz-Temblores con nombres propios a la CIDH, con autoría directa o indirecta de la Policía; más dos uniformados y un agente del CTI. Aquí es más peligroso ser líder social que delincuente, se quejó Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.

La potencia de la sociedad que protestó en las calles alienta la esperanza. Y el Pacto de Paz, dirá Ingrid, aunque imperfecto e incompleto, nos entregó el único instrumento que tenemos hoy para salir de la barbarie. Barbarie de criminales, se diría, que, volviendo papilla la esquiva democracia, disparan contra el líder popular, contra el campesino, contra el joven-no-futuro, contra el empresario, contra el opositor, contra la mujer de doble jornada sin remuneración. Barbarie incalificable, atentar contra la vida del presidente de la república. Sí, la guerra es un fracaso.

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La política: ¿monopolio de la derecha?

Lo sabido: al pronunciamiento de las mayorías contra el hambre y la exclusión responde este Gobierno con un baño de sangre. Lo revelador: en su afirmación como autocracia con todas las letras, les niega el derecho a la política, a la disputa del poder. Lo niega, primero, reduciendo a vandalismo un estallido de entidad histórica y, a gremialismo asexuado, la justa de los trabajadores organizados. En segundo lugar, boicotea, deslegitima o ilegaliza diálogos y acuerdos alcanzados entre mandatarios locales y el movimiento popular, que se ha dado sobre la marcha formas novedosas de organización. Comenzando por la Primera Línea, generosa en entrega de vidas a la brutalidad sincronizada entre policías y paramilitares. En Cali, en Bogotá, en municipios apartados, la contraparte en la mesa los reconoce como actores políticos cuya condición ganaron por pelearse derechos ciudadanos y reclamar justicia. Entre otros, el derecho de elegir sin miedo y el de ser elegidos para decidir en favor de la comunidad, del barrio, de la vereda, por sí mismos o por el partido que los represente.

A este emplazamiento multitudinario por educación, empleo, democracia y dignidad contrapone el establecimiento uribista militarización y homicidio. Hace invivible la República esperando reverdecer la estrategia electorera del redentor que, bajado del cielo para conjurar el caos, repetiría presidencia en 2022. Y magnifica las minucias que concede: una manito de pintura en la fachada, cuando el reclamo apunta a los cimientos de la casa. En andanada pública contra el sindicalista que le señala al movimiento las elecciones para ganar voz y capacidad de decisión –para ganar poder político– el Presidente lo insulta en público, mancilla la dignidad del cargo y, haciéndose eco de Álvaro Uribe para quien el Comité de Paro “ha sido un propulsor de la violencia”, nos recuerda que también el ejercicio de la política es monopolio de las élites. Que no les basta a ellas su control de bancos, tierras, el erario, la verdad revelada y la distinción social, de gente de bien, tantas veces conquistada en asocio del delito.

En experimento feliz que se replica con frecuencia creciente en el país, cuando el movimiento vira hacia la discusión de sus anhelos, los depura y empieza a traducirlos en agendas de negociación, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, ha logrado lo impensable: le reconoció calidad de interlocutor político a la Red de Resistencias de Cali –organización horizontal, no jerárquica– para escuchar sus demandas y acordar soluciones con mediación de la Iglesia y de la ONU. Primer resultado, se levantaron los bloqueos, previa expedición de un decreto de garantías a la protesta pacífica. Un juez suspendió el decreto porque, argumentó, el manejo de la protesta correspondía al Presidente, no al alcalde. Mas el proceso sigue: pierde aval jurídico, pero gana dimensión política. Y proyección nacional.

“En Puerto Resistencia he encontrado liderazgos que enorgullecen por su valentía, por su capacidad política”, declara Ospina. Fiscalía y Policía, agrega,  tendrán que habérselas con grupos de delincuentes que quieren afectar la institucionalidad creada sembrando caos. Plan de choque de empleo, tan urgente como el servicio público de salud y apoyo financiero a la comunidad serían un primer paso hacia la canalización institucional de la crisis.

Para desdicha de los mandamases en política, en la irrelevancia y la corrupción de partidos al servicio de una dirigencia negligente y sin hígados, la explosión de poderes en la base bien podrá expresarse en elecciones. Entonces el nuevo pacto social, que hoy naufraga en un mar de rencor y de miedo, será una posibilidad. Manes del poder popular que se exprese en las calles y como fuerza parlamentaria. La política dejaría de ser monopolio de la derecha.

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El poder ilegítimo

En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.

Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.

Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.

Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.

He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.

 

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Gobierno Duque: el peor en muchos años

¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.

Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.

En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.

En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.

Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.

¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.

 

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