por Cristina de la Torre | Jun 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Antioquia, Desplazados, Desplazamientos, Junio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, Paramilitarismo, Política agraria, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
A un paso de hacerse realidad en el Congreso, la jurisdicción agraria cristaliza como el medio más eficaz para resolver el conflicto por la tierra que catapultó esta guerra de 500.000 civiles muertos y millones de campesinos despojados de sus fundos. La ley protegerá, por fin, los derechos de propiedad en el campo y resolverá problemas de tierras congelados en 38.000 litigios en gavetas. En particular, casos de restitución de predios, con pobrísimos resultados a trece años de expedida la ley. Paladeada desde tiempos de López Pumarejo, la beligerante repulsa del latifundismo había frustrado la creación de este sistema de justicia especializada en problemas de propiedad, posesión y tenencia de la tierra. Jueces avezados en la problemática rural -exacerbada en estas décadas de contrarreforma agraria operada por una troika de paramilitares, empresarios y políticos, abocarán ahora la restitución de tierras, el más dramático entre los conflictos de posesión que pesan sobre una población de 15 millones de campesinos. Ya no tendrán que resolverse estos conflictos por la violencia, por la imposición del más fuerte o mediante acuerdos desesperados fuera del marco legal. Habrá ahora reglas claras.
Se crearán 32 juzgados agrarios, tribunales de segunda instancia, puestos en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Operarán los juzgados en zonas apartadas donde el Estado prácticamente no existe y en zonas de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, sobre los miles de procesos campesinos que persiguen asignación de tierra o formalización de título. 65% de los títulos en Colombia no están registrados. Y a los problemas de orden público que rodean la miríada de procesos de restitución se suma el cuello de botella creado por el sabotaje a la restitución administrativa de quienes prefieren manipular un proceso. En 2013 registró Planeación Nacional 8.3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza: 358.937 predios afectados.
La ley de Víctimas de 2011 reconoció derecho de restitución a propietarios o poseedores de predios que fueron objeto de despojo o de abandono forzado de su tierra por causa del conflicto armado. Se quiso responder con ella a la contrarreforma agraria que gavillas ejecutaron por despojo, desde el poder. Preso cayó el entonces gobernador de Córdoba y gerente del fondo ganadero de ese departamento por expropiación de tierras a dos manos con paramilitares en Urabá: 130 familias tuvieron que vender a precios irrisorios y sus tierras fueron a parar a Fedegán.
Pocos estudios tan atinados como los del Grupo de Memoria Histórica sobre la usurpación de tierras, objeto no declarado de la guerra. Según él, la acción de los grupos armados fue de tierra arrasada: escenificaron ellos la violencia con sevicia y tortura. Fue un ejercicio de terror sistemático y buscaba generar una desocupación duradera. El terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para provocar el desplazamiento físico forzado, el abandono y, tras éste, el despojo de la tierra. Fue apropiada violentamente o comprada a huevo a propietarios presa de pánico. En el municipio de San Carlos, Antioquia, se abandonaron 54 de sus 74 veredas. Los habitantes se redujeron de 25.000 a 5.000.
La restitución de tierras, esperanza mayor que la Jurisdicción Agraria abre, sólo tendrá buen éxito si se acompaña de la seguridad del Estado. Por sí sola, podrá enfrentar la contraofensiva de los mismos usurpadores. A esta condición necesaria se suma otra: la actualización del catastro, instrumento que ratifica la propiedad y uso de la tierra. Aplauso al Gobierno y al Congreso que habilitan esta ley de reforma agraria sin expropiación.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Guerrillas, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paz Total, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Violencia
Barajando constituyente o acuerdo nacional, los términos convenidos en la mesa para la participación ciudadana en negociaciones con el ELN convierten de momento a esa guerrilla, gratuitamente, en depositario político del cambio. Al menos dos circunstancias así lo sugieren. Uno, la exclusión del punto de vista de gremios, académicos y militares en una primera versión de innovaciones deseables que el comité de participación volvió agenda en tono de revolución, no de reforma, “corregida” después con ambigüedades que remachan su espíritu de origen. Dos, el carácter vinculante de cada propuesta que la mesa acoja y su automática transformación en política de Estado, cuyo cumplimiento verificará ese grupo aún en armas. No incorpora el texto de manera taxativa el papel insoslayable del Congreso, cuando la iniciativa implique cambio en la ley o en la constitución. Para Juan Camilo Restrepo, sería una constituyente por la puerta de atrás. Se diría inmerecida preeminencia política concedida a una guerrilla más proclive al crimen que a la rebelión; que viola su palabra de renunciar a la atrocidad del secuestro y, según dice, no depondrá las armas. ¿En qué consiste, pues, la negociación si el Estado lo concede todo y la guerrilla nada?
Podrá sucumbir entre altisonancias y golpes de mano la representación plural que legitima la participación de la sociedad en la construcción de paz. Peor aún, la voz de los excluidos que se hicieron matar hace dos años en las calles por verla traducirse en las reformas agraria, pensional, de educación, salud y trabajo hoy en trámite en el Congreso. Sí, es hora de las reformas que el país anhela, siempre escamoteadas (como la agraria) por élites apoderadas de todas las ventajas del Estado, que suavizan inequidades donde no les duele, con parsimonia de tortuga y por encimita, mientras las necesidades se disparan a la velocidad del rayo en el país que se corona casi como el más desigual del planeta.
Siete gremios se quejaron de que el borrador de la consulta social no recogía todas las propuestas discutidas, excedía su alcance y ofrecía a la discusión elementos estructurales de la democracia y del modelo de país que no se debatieron porque no era su propósito. Les preocupó también el carácter vinculante del proceso, pues desconocía la supremacía de la constitución y anulaba la separación de poderes: “un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”. Ese acuerdo, dijeron, no garantiza que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo. Se dirá que se trata sólo de dialogar, que llegado el caso se acudirá al Congreso. Pero cuando de pactos formales se trata, las palabras no escritas se las lleva el viento.
Y a veces redundan. ¿A qué tanto adanismo cuando el Acuerdo de La Habana es ya plataforma acabada para cambios de fondo que también el presidente Petro impulsa? ¿Por qué esta consulta a la sociedad ignora el modelo de los PDET, que institucionaliza el sentir de las comunidades? Estos se montaron sobre consulta a 11.000 juntas de Acción Comunal y participación activa de 200.000 personas.
Otty Patiño, Comisionado de Paz, desvanece temores: no se fragua una constituyente con el ELN. Porque es inviable y porque el ELN no tiene el prestigio ni la fuerza para un proyecto semejante. Indeciso entre la paz y la violencia, su delegación en la mesa carece de poderes plenos. El punto suscrito sobre participación “no es un avance mayor”. Que no lo sea para el ELN, diríamos, no debe empeñar el propósito –ese sí revolucionario– de auscultar, esta vez, el sentir diverso y plural de los colombianos. Para que el Acuerdo sea de la nación, no apenas del ELN.
por Cristina de la Torre | May 20, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Mayo 2024, Policía Nacional, Violencia
Mientras respira todavía una esperanza de paz con el ELN, acusa el país como una puñalada la naturalidad con que esta guerrilla amenaza volver al secuestro. Crimen horrendo que la insurgencia ha blandido, sin asomo de escrúpulo moral, como arma de guerra contra su propio pueblo: una herramienta más en el repertorio homicida del conflicto. “Muerte suspendida” de 80.000 plagiados que la Comisión de la Verdad proyecta para el conflicto armado, la mayoría a manos de las guerrillas. En el año 2000 hubo un promedio de nueve secuestros diarios. Masificaron ellas el secuestro extorsivo, lo profesionalizaron, se volcaron al narcotráfico y ahogaron bajo sus alforjas la idea revolucionaria. Un adefesio, su postura heroica contra la injusticia desde la ejecución de delitos atroces. Perdieron la batalla política. Más, para defender su expansión militar, se suman los comandantes del ELN, gobierno tras gobierno, a la idea política de la paz. Acaso para congraciarse con las comunidades, sus primeras víctimas; o con frentes como Comuneros del Sur que no se ven representados por la delegación elena en la mesa de diálogo.
Al primer amago de retomar el secuestro respondió sin vacilar Vera Grabe, negociadora del Gobierno: por ningún motivo se acepta esta práctica; el comercio con seres humanos no tiene justificación, su eliminación no es objeto de transacción por el Estado y está taxativamente prohibido por el derecho internacional. Con secuestro no habrá negociación, sentenció.
Y es que en la retina de los colombianos se ha incrustado la imagen de hombres y mujeres encadenados o entre cercos de alambre de púas. Se ha sabido de las torturas y vejámenes padecidos, aunque no de los cuerpos de las víctimas que murieron en cautiverio, de tristeza y agotamiento, o por asesinato de sus captores (2.260 homicidios, que se sepa, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH). El secuestro deshumaniza con “situaciones de horror extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación. (Es) indescriptible la crueldad con que actuaron los grupos armados y la sevicia de sus actos, (con) prácticas de horror atroces, inimaginables”. El niño Felipe Pérez, con cáncer terminal, les rogó a las FARC licencia para que su padre secuestrado pudiera verlo. No lo logró. Murió solo. Como murió el padre, Norberto Pérez, dos años después, asesinado por sus captores. 9% de los secuestrados permanecieron en cautiverio más de un año. El agente de policía Luis Alfonso Beltrán, 14 años, 3 meses, 4 días. El dolor emocional y sicológico sobrevive a la liberación y fractura también la vida de familiares y allegados: el propio CNMH calcula en 200.000 los así afectados.
Recava el CNMH en su enunciado: en el ejercicio rutinizado del secuestro, perdió la insurgencia la guerra; se echó a la sociedad encima y trastocó su originaria vocación social. Hostigó a la población y la esquilmó. Y le añadió el negocio de la droga. El secuestro, puntualiza, degradó la guerra, pues todos sus actores se nivelaron con la delincuencia común. Guerrillas y facinerosos se juntaron en el negocio y perdieron toda justificación política. El secuestro pasó de considerarse delito político a crimen de lesa humanidad. Es un crimen atroz.
En el diálogo con el ELN reiniciado ayer en Caracas mantendrá Vera Grabe con la misma contundencia su veto al secuestro. Acaso inste de nuevo a la contraparte a adoptar, blanco sobre negro, en su sexta conferencia de julio, la decisión que el país espera: que el ELN esté en definitiva dispuesto a la paz, a terminar la violencia. Preguntamos: oirá el clamor de los colombianos, que abominan el secuestro, o porfiará como reducto de un crimen que debería cubrirlo de vergüenza.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto interno, ELN, Fuerzas Armadas, Impunidad, Izquierda, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Noviembre 2022, Pacto Histórico, Posconflicto, Proceso de paz
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, AUC, Conflicto armado, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Economía productiva, ELN, Farc, Gustavo Petro, Iván Duque, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Modelo Económico en Colombia, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2022, Tierras
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2022 | Acuerdos de paz, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Gustavo Petro, Impunidad, Inseguridad Alimentaria, Iván Duque, Julio 2022, Justicia restaurativa, Líderes Sociales, Política agraria, Proceso de paz, Racismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Tierras, TLC, Uribismo, Violencia
Hace unos años propuso Paloma Valencia formalizar apartheid étnico en la geografía del Cauca: allá los indígenas en sus rastrojos, acá nosotros (la gente de bien). Hoy previene ella contra el peligro de que el líder nasa Giovani Yule, designado jefe de Restitución de Tierras, “priorice tierras para los indígenas”. Anatema. ¿Cómo puede un tal Yule, no ya apenas representar a pueblos desdeñables, sino el interés general desde la autoridad del Estado? El Centro Democrático se declara amenazado. En ostensible confesión de parte, esta derecha ultramontana sella el recorrido de élites sórdidas que en todo el país rural imaginaron su prestancia como atributo de la violencia que ejercieron durante siglos contra etnias y campesinos humillados en la pobreza. Humillados y expropiados. En ofensiva de medio siglo que alcanzó su clímax con los Gobiernos de la Seguridad Democrática, notable el de Duque por su impúdico boicot a la restitución de tierras: a los 932 líderes sociales asesinados en estos cuatro años -muchos de ellos reclamantes de tierras- se suma el aumento inusitado de demandas de restitución rechazadas sin mayor justificación, según informa la Fundación Forjando Futuros: 65%. El número de predios devueltos es irrisorio.
Pero en esta Colombia subcampeona mundial en concentración de la propiedad rural, donde el 0.01% de los propietarios del campo acapara 44.5% del área agropecuaria disponible, restituir lo usurpado es sólo parte de la reforma agraria que los señores de fusta y fusil frustraron una y otra vez. Sin reforma rural, sin tierra, marcha el campesinado a la deriva, los dueños de latifundios improductivos revientan de rentas sus petacas y el país, que podría ser despensa del mundo, importa la tercera parte de los alimentos que consume. En virtud del TLC suscrito con Estados Unidos, importamos de ese país seis veces lo que le exportamos. En 10 años del Tratado pasamos de importar 110.000 toneladas de maíz a 3.858.000. ¡Maíz! Perdimos la soberanía alimentaria y comprometimos la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo moderno, diría el presidente Petro.
Cecilia López, su ministra de Agricultura, anuncia una reforma agraria “sin timidez”, que elimine el modelo de una vaca por hectárea. O los terratenientes de ganadería extensiva ponen a producir la tierra, o pagan impuesto sobre su potencial productivo, o le venden al Estado y éste redistribuye la tierra entre campesinos que quieran explotarla. Hay que pasar, declara, de ganadería extensiva de baja productividad a ganadería intensiva de elevada productividad y sostenible. No se diga ahora que inducir el mercado de tierras y su explotación a derechas es plan de expropiación comunista, que fue el muy conservador dirigente don Hernán Echavarría quien defendió la idea.
Pero el Ministerio estira el ojo también hasta la Reforma Rural del Acuerdo de Paz. Con miras a un desarrollo integral en perspectiva de paz, se aplicará a adjudicar las tierras previstas en el Acuerdo, que es ley y norma constitucional. A restituir las arrebatadas. A titularlas. A impulsar Zonas de Reserva Campesina y territorios agroalimentarios de beneficio público y social. A dar al campesino estatus de sujeto especial de derechos y a sus organizaciones categoría de sujetos políticos con derechos integrales. Como lo piden 60 organizaciones campesinas, cuya fortaleza emula el estadio heroico de la vieja Anuc en los 70. Después declinaría estrangulada por una tenaza fatal: de un lado, la más violenta represión del Estado; del otro, la loca pretensión de las guerrillas de tomarse esa organización, pues así legitimó el baño de sangre que vino desde arriba.
Sí, todo indica que habrá por fin reforma agraria, y sólo un demócrata de izquierda podrá acometer esta revolución liberal. Tal vez no quede ya lugar para el apartheid de Paloma.
