por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Fiscalía General de la Nación, Reforma política, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2022
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
por Cristina de la Torre | Ago 23, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Iglesias, Agosto 2022
En este país de privilegios, exonerar de impuestos a iglesias opulentas es una inmoralidad, una bofetada a la mar de fieles que las engordan menguando aun más la magra mesa que les da sustento. Si escandaliza la desigualdad económica remachada por el sistema tributario, alarma la ventaja concedida a quienes esquilman a la pobrecía -concurrencia dominante en los templos- que compra con óbolos y limosnas y diezmos arrancados a su flaca bolsa una compensación espiritual a la desesperanza. Arte milenaria de convertir el sentimiento religioso en oro para las arcas de pastores y prelados. Tan lucrativo el negocio en Colombia, que el número de iglesias y asociaciones religiosas trepa como la hiedra: según la Dian, el año pasado llegaron a 8.525 con personería, su patrimonio líquido a $16 billones y los ingresos brutos a $5.8 billones al año.
Katherine Miranda, la valiente, propone gravarlas con impuestos: “es un descaro -escribe- que algunos jueguen con la fe, se enriquezcan, participen en política y se nieguen a pagar impuestos (…) Colombia es un Estado laico, si una iglesia no cumple función social y (se limita a) amasar fortuna, que pague impuestos”. Casi todas, agrega, hacen política y usufructúan el poder; se llenan de plata mediante el asalto moral al incauto. Usan el Estado laico a conveniencia: sí, para volverse partido; no, para pagar impuestos.
Ya hace un tiempo se aludía en este espacio a la explosión de iglesias que se autodenominan cristianas y se consagran al despojo de inocentes. La anhelada libertad de cultos que la Carta del 91 entronizó ha degenerado en osadías mercantiles de muchas iglesias, no de todas, que nacen en garaje y, a poco, son manzana. O coliseo. Deforman su apostolado en exacción de la grey. Gracias, también -escribía aquí- al poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido, bajo la divisa de “un fiel, un voto” (¡y un diezmo!): explosiva aleación de religión y política, a imitación de la jerarquía católica, poder de poderes cuya participación en la conflagración partidista le dio a la Violencia del siglo pasado connotaciones de guerra santa.
Ambigua, contradictoria, esta jerarquía se suma al veto de la paz en el referendo de 2016 y, sin embargo, defiende a los perseguidos de la violencia y hoy contribuye generosamente a diálogos de paz. De la misma manera, iglesias evangélicas hay dedicadas en un todo a la obra social. Pero al parecer son las menos: el grueso monta la escuelita de mostrar, migaja del obeso pastel del que no rinde cuenta al fisco, ni a nadie. La misma coartada del latifundista improductivo que, para simular explotación de su tierra y eludir así el impuesto, pone a pastar media vaca por hectárea.
El estatus fiscal de la Iglesia Católica se remonta al Concordato firmado por la Regeneración en 1886. El tratado con la Santa Sede principia por devolverle parte sustantiva de los bienes incautados dos décadas atrás por el radicalismo liberal, única avanzada contra el patrimonio inconmensurable de la institución religiosa. Y le ratifica la exoneración de todo impuesto. En 1974 lo renovó Misael Pastrana y la Constitución del 91 extendió la gabela a todas las iglesias: democratizó el estropicio.
Rico en audacias y sorpresas de cambio -entre ellas la auspiciosa energía del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, para defender la reforma tributaria- pecaría, no obstante, Petro en materia grave si desestimara la iniciativa de la representante Miranda, que interpreta un viejo anhelo popular. Y éste no puede despacharse con la tautología de que, como las iglesias nunca han pagado impuestos, tampoco ahora deben pagarlos. ¿Sacrificará el Gobierno su bienandanza y compromiso histórico al equívoco aporte en campaña de un pastor? ¿Se doblegará al obsceno emporio de los mercaderes de la fe?
por Cristina de la Torre | Jun 14, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Estado de Derecho, Democracia Liberal, La paz, Impunidad, Corrupción, Junio 2022
No es el miedo como recurso al uso para restarle votos. Es que la inclinación de Rodolfo Hernández a la violencia, su aversión a la ley, su confesa pasión por el paladín del fascismo, revelan una vocación toreada en larga vida de político y negociante con pocos escrúpulos, que se decanta ahora como amenaza al Estado de derecho. Casado con los mandamases de la derecha, convertiría en ejecutorias de gobierno sus arrebatos de ningunear al Congreso, descalificar a los jueces, abofetear a sus críticos, agredir a la prensa y a los funcionarios públicos y “limpiarse el c… con la ley”. Tiene ya redactado un decreto de conmoción interior para mandar a sus anchas –como Maduro o Bolsonaro– mientras obran (ha dicho con picardía) los controles de la Corte Constitucional. Serían medidas de lego en asuntos de Estado y de país, emitidas en el deslumbramiento del voto de opinión. Al amparo de la soberanía de un pueblo hastiado de la podredumbre de sus dirigentes que, sin el filtro de las instituciones de la democracia liberal, sin el control de los poderes públicos al poder del gobernante, podrá terminar como materia maleable en manos de un líder en carrera sin freno hacia la autocracia. Casos abundan.
No se ha curado todavía Colombia del Estado de opinión de Álvaro Uribe, escuela que Hernández recoge para que en él recupere su resuello el uribismo. Manipulación de masas en favor de Fujimoris y Chávez y Bukeles y Uribes, forjada en la suplantación de la realidad por la propaganda; en trampas de alto vuelo, como la del referendo que negó la paz porque sus defensores dizque querían convertir en gais a los niños del país. Es que no le basta a la democracia con la soberanía popular que el voto expresa. Este principio de igualdad en la voluntad general ha de complementarse con el de libertad, en las instituciones y dispositivos de la democracia liberal: con la separación de poderes; el imperio de la ley; los derechos individuales; el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, el pluralismo (social y de partidos) y la rotación pacífica del poder. Hernández parece justificarse en el solo apoyo electoral y desestimar el componente institucional de la democracia liberal.
Expediente capaz de trocar la crispación del país en explosión social. Con buen tino invita Petro a pactar entre el gobierno y la oposición venideros –sean cuales fueren– reformas en modelo productivo, en consolidación de la paz y en respeto pleno de los derechos humanos; sin las cuales mostraría la revuelta sus orejas a la vuelta de la esquina. Se suma Humberto de la Calle a la iniciativa para aceptar el resultado electoral; respetar la Constitución y los fundamentos de la democracia, desechando todo camino extraconstitucional; preservar el modelo de economía abierta con intervención del Estado hasta donde la Carta lo autorice. Y conformar una bancada parlamentaria que permita aplicación íntegra del proceso de paz, disminución de la crisis social, reforma tributaria progresiva y una política de eliminación de combustibles fósiles.
Acuerdo trascendental si de evitar la violencia se trata. Pero sin eliminar la libre expresión de los partidos y de la sociedad sobre estas u otras iniciativas. Tan deseable será propender a un acuerdo sobre lo fundamental como legitimar el conflicto ideológico y político dándole curso por los canales de la democracia. Tan legítimo deberá ser el consenso en los principios medulares de la democracia, libertad e igualdad, como el disenso en los formatos que se les puedan dar. En la esperanza de que Hernández termine por suscribir en un todo los principios e instituciones de la democracia, sugiero votar por el candidato que propone desde ya este pacto histórico, el verdadero cambio: Gustavo Petro. El 19 de junio nos jugamos la democracia.
