por Cristina de la Torre | Ago 20, 2024 | Agosto 2024, Álvaro Uribe Vélez, Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Centro Democrático, Derecha, EPS, Gustavo Petro, Iván Duque, Justicia, Justicia tributaria, Pacto Social, Pensiones, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma tributaria, Socialdemocracia
Bajo el tremendismo de la derecha contra la iniciativa de inversión forzosa en proyectos de desarrollo se adivina su repulsa al Estado dirigista de Carlos Lleras que el modelo Petro evoca; y su defensa de libertades económicas que, salidas de madre, han servido a pocos en la sociedad del privilegio. Bendecidos los banqueros por estos 40 años de liberalización financiera y por las opíparas canonjías que la Carta del 91 les agregó, arremeten contra el Gobierno que propone destinar parte modesta de sus arcas a crédito para renglones de la economía productiva: exportaciones, vivienda, turismo, agricultura, economía popular.
Claro, sospechan de tal destinación del crédito por venir del poder público, no de la banca, tan dadivosa con los amigos. A Bruce MacMaster la iniciativa le resulta “altamente inconveniente”, “peligrosa”, pues pondría en riesgo el sistema financiero. Y a Efraín Cepeda, jefe conservador. Para Anif, las medidas derivarían en impuesto a la intermediación financiera. Y el eximio Iván Duque -que las aplicó en su hora- advierte contra el intento de “expropiar” los ahorros de los colombianos. ¿Juegan al pánico económico?
Nuevo impulso cobra la palabra maldita, expropiación, en los meandros del miedo fabricado con propaganda negra, dondequiera que quiso Petro devolverle al Estado iniciativa social y económica. Si en reforma agraria, dicen temer expropiación, por más que aquel ignore la ley que se la permitiera. Si en control de los fondos públicos de salud para frenar desfalcos, dizque expropiación a las EPS, venturosas artífices del mejor sistema de salud en el mundo. Si en reforma pensional, expropiación del ahorro ciudadano para su futuro.
Y el Centro Democrático se desgañita a voces de incautación del patrimonio privado. Hasta cuando se revela propuesta de Álvaro Uribe sobre inversión forzosa del 7 de abril de 2021, cuando invita a “crear un mecanismo de inversión forzosa para aumentar el crédito a micro y pequeñas empresas, como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”. La diferencia, alega su partido ahora, es que Uribe depositaba las decisiones de inversión en el propio sistema financiero, y Petro, en el Gobierno.
Precisamente: es esa la diferencia crucial.
Los fondos de pensiones, verbigracia, ahorro mayor de los colombianos, pertenecen a los grupos Aval y Empresarial Antioqueño. Se manejan como fondos privados y hasta financian negocios particulares de sus dueños. Revela Cuestión Pública que Protección, Porvenir y Skandia invirtieron en 2022 $25 billones en empresas propias y en proyectos cruzados. Protección, del GEA, invirtió $7.1 billones en empresas suyas; y en 2021 se hizo autopréstamos por $8.3 billones. Porvenir, de Aval, invirtió $3.6 billones en firmas de su propiedad. Todo, con el ahorro de los colombianos.
Con la liberalización financiera aumentó 101% el margen de intermediación (diferencia entre la tasa de captación y la de colocación del crédito). Además, la Carta del 91 le prohibió al Banco de la República financiar al Gobierno y lo obligó a acudir a la banca privada. Esta se enriqueció escandalosamente, con participación en el PIB como no se viera sino en este país. Sus beneficiarios, los tres grandes grupos financieros -GEA, Aval y Davivienda- encabezan hoy la crítica a la propuesta de Petro de destinar un monto razonable de sus bancos a financiar, con seguridad garantizada, proyectos de reactivación y crecimiento de la economía.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se suma a la crítica, pero también al diálogo entablado entre gremios y Gobierno y se muestra dispuesto a conciliar soluciones. Tendrán ellas que responder a un país que exige al menos moderar el apetito expropiador de la derecha.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2024 | Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Economía productiva, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia tributaria, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pensiones, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Protesta social, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Seguridad social, Socialdemocracia
No se trata apenas de que Petro quiera, o no, el acuerdo nacional: es que la contraparte quiera discutir y ajustar el modelo que aquel ofrece como alternativa de cambio. Que no es “neocomunista”, como la califica el mentor de la derecha más oscura, pues no apunta al derrocamiento del sistema sino al cambio de modelo: del molde neoliberal (que bloqueó el desarrollo, des industrializó, ensanchó las desigualdades y disparó la pobreza) al modelo mixto, concertado, de capitalismo social. Y cristaliza en dos escenarios: en seguridad social, devuelve al Estado la dirección de las políticas que garantizan derechos fundamentales no delegables como educación, pensiones y salud; rescata su iniciativa sobre las políticas y capacidad de control financiero, aún compartiendo gestión con el sector privado. En economía, afinca el desarrollo en el aparato productivo hacia la reindustrialización, mediante alianza de capital público y privado. Derrotero ya paladeado en Colombia y consolidado verbigracia por todos los gobiernos de izquierda y de derecha en el Brasil, sexta economía del mundo.
Claro, contra el Acuerdo conspira la exaltación retórica de las partes, acaso por llegar fortalecidas a un escenario de negociación en el único país de la región que hasta ahora estrena alternancia con la izquierda en el Gobierno y en campaña electoral con el recuerdo del estallido social pegado todavía a la piel.
Se quejan los empresarios de la incertidumbre que el presidente siembra con sus cambios de humor en la política oficial. Los saben cambios de humor, pero tal vez los magnifican para justificar derivas que en cualquier país se llaman huelga o sabotaje: dejaron de invertir 70 billones y pusieron en riesgo la economía. Claro que a ello contribuyeron las altas tasas de interés, pero el protagonista fue el temor autoinducido que indujo la desinversión. Más ¿a qué tanto drama? Quizás a la autocomplacencia en el privilegio que se recibe como por derecho divino. Recuerda la columnista Tatiana Acevedo que en Colombia la distribución de la riqueza opera de abajo hacia arriba: las mayorías (que ganan y tienen menos) subsidian a las minorías (que ganan y tienen más). La Carta del 91 dio a los banqueros un poder en la economía colombiana sin paralelo en el mundo.
Por su parte, Petro siembra miedo movilizando multitudes cuya resistencia querría transformar en poder constituyente. Esta utopía de democracia directa de Antonio Negri se sitúa por encima de las instituciones, del Estado, de la representación y de los partidos: es respuesta del anarquismo a los vacíos de la representación política en la democracia liberal. Voluntarismo episódico. Reedición del estado de opinión que distorsiona la veleidosa apelación del 91 a la democracia participativa.
Todos meten miedo. Todos parecen cañar. Y en el desconcertante vaivén sobre el Acuerdo, se escriben pronunciamientos en granito: dijo Petro que si se logra “un verdadero acuerdo nacional” en reformas legislativas, habría representación de otras fuerzas políticas. A poco, que la aprobación de la reforma pensional revivía la posibilidad del Acuerdo. Y Luis Carlos Reyes, ministro de Industria y Comercio, abunda en invitaciones al sector privado a concertar con el Gobierno la política industrial. Promete crédito amplio y subsidiado para inversiones en industria, energías renovables y agroindustria. Y el viejo Certificado de Abono Tributario para diversificar exportaciones.
El conflicto no enfrenta hoy comunismo y capitalismo, sino socialdemocracia y neoliberalismo. Para solucionarlo, no habría que inventar la rueda, sino poner a rodar la guardada por nuevos caminos. Si en ello va un margen de justicia social, bien vale un parto con dolor.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2024 | Capitalismo, Capitalismo Social, Clientelismo, Corrupción, Derecha, Enero 2024, Especulación Financiera, GEA, Internacional, Justicia, Libre Mercado, Modelo Económico, Neoliberalismo, Salud, Socialdemocracia, Violencia
Una inmensa marea de argentinos protestó este 24 de enero contra el desmantelamiento del Estado y la libertad de mercado a todo trance que el presidente Milei se propone. Movilización proporcional a su plan de revivir, extremándolo, el capitalismo en bruto que ofreció ríos de leche y miel, pero disparó la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la región. Anacrónico mentor del neoliberalismo que despuntó en el Chile de Pinochet, Milei se postró de hinojos en Davos ante la “revolución conservadora” que hasta sectores del gran capital resienten ya. Pero amigos tiene: por él deliran figuras de la caverna como María Fernanda Cabal, enemiga del “buenismo”, pues la gente, dice, quiere autoridad, libertad y orden. No igualdad.
El mundo está en peligro, advirtió apocalíptico, sus valores se encuentran cooptados por una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Sin la versatilidad de Hayek, el doctrinero mayor, repite la trampa de meter totalitarismo soviético y socialdemocracia en el mismo saco. Así, toda versión de capitalismo social, redistributivo, le resulta marxista-leninista. Reivindica sin atenuantes la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. La justicia social, dice, es injusta porque es violenta: se financia con impuestos que el Estado cobra mediante coacción. El Estado no es la solución, es el problema. Lo dirá también César Gaviria, paladín del neoliberalismo en Colombia, en su batalla contra la “estatización” de la salud, derecho ciudadano privatizado en su Gobierno, que quisiera perpetuar como negocio particular.
Al lado de la privatización de funciones y de empresas del Estado, se le dio preeminencia al sector financiero. Gracias a nuestra Carta del 91, terminó la economía del país en manos de dos grupos financieros gigantes: el GEA y el Grupo Aval. Tal su poder, que en los primeros 20 años del modelo la participación del sector financiero en el PIB pasó de 8,8% al 22%. Caso único en el mundo.
La apertura económica, otro puntal del modelo de mercado, desindustrializó. Golpeó dramáticamente la agricultura colombiana, por la radical reducción de aranceles a las importaciones agropecuarias. Se empezó aquí por eliminar las instituciones del sector: Incora, Idema, Caja Agraria. El senador Jorge Robledo verificó que, en los siete primeros años de apertura, las importaciones del sector pasaron de 700 mil toneladas a siete millones. Hasta las hojas de plátano para envolver tamales se compraron en el extranjero. En 30 años, la participación del agro en el PIB cayó del 27% al 7%; y en la industria, del l9% al 11%.
Con apertura económica indiscriminada y veloz en países que hacían sus primeras armas en industria o avanzaban en su sofisticación se frenó el sector y retrocedió a la producción de bienes primarios: minerales, petróleo, materias primas. Ya proponía Smith condenar los países pobres a producir esos bienes y, a los ricos, especializarlos en bienes acabados. Mientras en aquellos crece la pobreza, en éstos aumenta la riqueza.
Señala el teórico Hernán Fair que, como teoría y proyecto político, el neoliberalismo condensa las ideas-fuerza de la nueva derecha que privilegia el mercado y la iniciativa privada sobre el Estado y lo público. Su odiada antípoda, los proyectos democráticos, igualitarios y distributivos. En doctrina y en práctica, se afirma en los privilegios del capital concentrado, y naturaliza niveles inaceptables de pobreza, desempleo, precarización laboral, desigualdad y marginalidad.
Oscuro iluminado, profeta de lo fracasado, rescata Milei del fango el modelo que vende como “moralmente superior” para imponerlo a mazazos. Y se permite, en su fanfarronería, llamar “comunista asesino” al presidente de Colombia.
por Cristina de la Torre | Dic 5, 2023 | Capitalismo, Capitalismo Social, Clientelismo, Corrupción, Crímen organizado, Diciembre 2023, Especulación Financiera, Estado liberal, Fraude Electoral, Impunidad, Justicia, Lavado de activos, Libre Mercado, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Neoliberalismo, Partidos, Polarización social, Reforma Rural
Conforme cambiaba el país y creía vencer mi ignorancia sobre él, mudaba yo de tercio sobre el clientelismo. Primero, contra el dogma políticamente correcto de mi generación, que lo tuvo por dominación atrabiliaria de amos contra vasallos. Me maravilló su acción integradora de la sociedad, que daba sentido de pertenencia política y promovía el ascenso de clases emergentes y de nuevas élites del poder. Y ahora, a la ligereza de leyes que inducen la desintegración de los partidos se suma la tormenta de una ética que ha convertido el proverbial sálvese quien pueda en panacea del haga plata como sea. En la relación de políticos mediadores de servicios del Estado con la población que en contraprestación les brindaba apoyo electoral, despuntaron nidos de corrupción, sí. Pero ésta, huevo de codorniz, evolucionó a ahuevo de águila negra empollado en la crisis de los partidos, en el narcotráfico y en la involución al individualismo utilitarista del capitalismo en bruto que la Carta del 91 apadrinó.
Más de un cambio de fisonomía ha sufrido el clientelismo, desde su origen en la hacienda decimonónica donde un señor subordina a la peonada a la vez como fuerza de trabajo, ejército privado y cauda electoral. Ya hacia mediados del siglo XX se nutre de profesionales de la política que medran en provincia y en barrios populares, nichos de poder cada vez más independientes del jefe político. Se pasa de la movilidad social por cooptación a la movilidad por creciente autonomía de líderes y grupos emergentes. Así como los partidos, nuestro clientelismo es policlasista: ni mecanismo de dominación de clase ni prerrogativa exclusiva del vulgo. Porque el clientelismo no sólo redistribuye recursos del Estado sino poder político. Cuando aquel transgrede los salones del Gun Club y del directorio político para instalarse como poder en los bajos fondos, lo resiente la vieja clase dirigente como un desafío.
Otra mutación empezó a gestarse con la Carta del 91. Muchos constituyentes desplegaron cruzada moralizante contra él: asimilaron tránsito de la tradición a la modernidad a tránsito del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras antagónicas simbolizaron la dicotomía entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista – recordaba yo en texto que aquí gloso (“Clientelismo, revolcón y poder político”, Universidad Externado)-. El antídoto, suplantar la democracia representativa con la participativa. En nombre de la sociedad civil, mecánico agregado de hombres libres, se invitó a suprimir las deformidades del atraso: partidos, gremios y sindicatos.
La Constitución del 91 abrió puertas al predominio del modelo de mercado sobre el del capitalismo social y a la supremacía de la democracia liberal sin principio de solidaridad. De la crítica al Estado de partidos se saltó a la sociedad sin partidos, Nirvana de negociantes de todos los pelambres que practican como profesión el asalto al erario y a los recursos del Estado. Se ha degradado la política a actividad instrumental de los negocios, y disuelto la soberanía popular en la libertad del ciudadano-cliente. Territorio donde florece la versión del clientelismo utilitarista que roba votos o los compra en el libre mercado electoral.
A falta de populismo en regla, en Colombia el clientelismo ha sido el sistema. Hemos sugerido aquí aportes suyos a la movilidad y la cohesión sociales. Pero en su deriva actual, ha terminado por acentuar la precariedad ideológica de los partidos y por disparar la corrupción en la política. La alternativa no será restaurar el clientelismo sino repolitizar la política, sobre tres parámetros: modernizarla, democratizarla y vencer la impunidad de la clase política corrupta.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Capitalismo, Capitalismo Social, Carolina Corcho, Constitución de Colombia, Corrupción, Derecho fundamental, EPS, Estado de Derecho, Estado liberal, Estado Social, Justicia, Ley 100, Libre Mercado, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Neoliberalismo, Noviembre 2023, Personajes, Polarización social, Protesta social, Reforma a la salud, Reformas liberales, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Capitalismo Social, Clientelismo, Corrupción, Corrupción Electoral, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Impuesto progresivo, Justicia tributaria, Modelo Económico, Neoliberalismo, Noviembre 2022, Pacto Social, Política económica, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Seguridad Alimentaria, Seguridad social, Violencia
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
