por Cristina de la Torre | Oct 22, 2025 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Estado laico, Impunidad, Iván Duque, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2024, Pacto Social, Partidos, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coje el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad. E insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque. Pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local. Reforma rural integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico. Reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo, a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral. Seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales. Gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz. Finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor, el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10.6% se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes movidos por pasiones primarias rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma -histórico y electoral- de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el derecho internacional humanitario.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Derecho fundamental, Diciembre 2024, Farc, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Pacto Social, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Violencia
Desafortunada coincidencia. Cuando la brutalidad sexual contra nuestras mujeres alcanza proporciones de tragedia nacional, exalta Petro a tenebrosos victimarios suyos a posiciones de poder. Se propone nombrar asesor de Presidencia a Armando Benedetti, señalado de violentar mujeres (su esposa entre ellas, a quien habría amenazado con arma blanca). Para no mencionar a otras cuatro solemnidades sindicadas de abuso sexual. Y anuncia designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, acusado de violar a 201 niñas, aunque hay quienes calculan la cifra en 400. Entre ministros y titulares del alto Gobierno, nueve se rebelan contra estos planes de Gustavo Petro, que no son simple ligereza sino inmoralidad. Falta al decoro el primer mandatario y mancilla el pundonor del país que contempla con horror las fotografías de 745 víctimas de feminicidio en lo corrido del año, cifra que proyectada a diciembre se acercaría a 1.000. Que se sepa. Y se sobrecoge con el último caso conocido: a Sara Sofía Camacho, de cinco años, la torturó su padrastro, la violó y la mató. Sucedió en Guamal, Meta, pero sucede tres veces cada día en la dolorida Colombia que ve asesinar a sus mujeres en casa y en las trincheras de la guerra.
Una causa de esta iniquidad aletea en la revitalización del oscurantismo que naturaliza el desprecio por la mujer, lo convierte en odio y lo resuelve en crimen. Informa el Instituto Nacional de Salud que hubo el año pasado 158.394 casos de violencia de género, 77.5% contra mujeres, y este año las agresiones aumentaron 138%. Hoy corren peligro de feminicidio 2.275 personas en Bogotá, la manifestación más atroz de violencia contra la mujer.
Iris Marín, Defensora del Pueblo, protesta por la distinción que se le otorgará a Benedetti e insta al agraciado a marginarse de todo cargo público, pues su exaltación a tan elevada posición política “alienta el machismo” que dispara la violencia de género. La Cancillería condenó los hechos ocurridos el pasado 24 de julio contra su esposa en Madrid y emprendió investigación formal contra el entonces embajador ante la FAO. Por su parte, la Corte Suprema lleva varios procesos contra Benedetti.
Por su desmesura, apodaron a Hernán Giraldo el “monstruo de la Sierra Nevada”. Forzaba él la compañía de niñas para embarazarlas y reforzar con los propios hijos su ejército de narcotraficantes, y fue expulsado del tribunal de Justicia y Paz por perpetrar el delito en las cárceles donde pagaba condena. Giraldo es una variante del abuso sexual que proliferó en la guerra y que paramilitares usaron no apenas para degradar y castigar a las mujeres sino para humillar a su enemigo varón; para cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta, diría el Grupo de Memoria Histórica. Todas las organizaciones armadas emplearon la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres. Corrieron ellas un riesgo adicional: no ya sólo en su casa sino en las trincheras de la guerra.
Las Farc no se quedaron atrás: 40% de su tropa eran mujeres y al parecer de todas se abusó, empezando por el comandante Raúl Reyes. La JEP acaba de imputar el delito a la que fuera cúpula de esa guerrilla, hoy desmovilizada: si no por comisión directa, por omisión ante violación y esclavitud sexual; por aborto forzado y asesinato o desaparición de sus hijos.
La psiquiatra Lucrecia Ramírez identifica en el “sesgo de sexo” la causa principal de la violencia carnal contra las mujeres: es la mirada torva, oblicua que se resuelve en guerra, explotación, discriminación y abuso. Es ánimo de control y de avasallamiento que se descarga todos los días contra ellas. “Nada que celebrar, nada que conmemorar (los días 25 de noviembre). Misoginia infame”. Y Petro ahí, premiando a los victimarios que lo rondan.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto interno, Corrupción, Derecho fundamental, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Noviembre 2024, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Posconflicto, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No hay mal que dure cien años y ojalá Colombia, después de tantos muertos por la tierra, honre el dicho popular. En su último tramo de Gobierno decidió Carlos Lleras crear concentraciones parcelarias para el campesinado. Pero en menos que canta un gallo el presidente Misael Pastrana, prohombres de los partidos tradicionales, el latifundismo, la SAC y Fedegán, respondieron al Incora con una virulencia que no acusaban siquiera las élites más retardatarias de la región: mataron la reforma agraria en Chicoral. Por segunda vez, pues a la de López Pumarejo le enfrentaron la Violencia. Corría el año de 1972 y hasta el sol de hoy, cuando Gustavo Petro entrega, en su más reciente medida agraria, cuatro zonas de reserva campesina: 103.000 hectáreas a 4.000 familias que llevaban décadas luchando contra artificios jurídicos en las zonas más atormentadas por el conflicto. El hecho es trascendental porque esta figura reconoce al campesino como sujeto de derechos que decide con autonomía en ordenamiento y planificación de su territorio. Y es paso que se inscribe en un horizonte de reforma agraria que revierte el Pacto de Chicoral.
A aquellas hectáreas se suman las 877.000 compradas, entregadas y en proceso de adjudicación en estos dos años. Ha dicho la ministra Carvajalino que el Gobierno apunta a reformar el Pacto del 72 que frenó la redistribución, concentró aún más la tierra y aceleró la expulsión del campesinado “sobrante” hacia la colonización de selvas y hacia ciudades sin empleo. Dádiva descomunal al latifundismo, aquella contrarreforma suplantó la redistribución de tierra por apoyo al desarrollo capitalista de la gran agricultura pero sin redistribución del producto, concentró el crédito en los grandes propietarios y restableció el ominoso sistema de aparcería. La SAC se opuso ardorosamente a la creación de empresas comunitarias y, ya desde entonces, a la jurisdicción agraria.
Para guardar las formas, estableció Chicoral el pago de impuestos calculados sobre la renta presuntiva que el avalúo catastral de la tierra indicara. Había, pues, que demostrar un mínimo de productividad de la tierra para que ésta se considerara adecuadamente explotada y quedara libre de intervención oficial. Explicará Absalón Machado que se estableció una renta presuntiva del 10% sobre el valor del terreno dedicado a agricultura y del 4% del dedicado a ganadería. Pero ese valor sería la mitad de su avalúo catastral (ya reducido desde tiempos inmemoriales al ridículo). Nunca se aplicaron los niveles mínimos de productividad. Resultó cada vez más fácil simular que un predio estaba adecuadamente explotado y más difícil la expropiación de terrenos intocados o que exhibían una vaca solitaria en la lejanía. La renta presuntiva ni modernizó el campo ni mejoró la productividad de la tierra.
La ministra Carvajalino anuncia para diciembre un proyecto “anti-Chicoral” que acelere el tránsito hacia una agricultura competitiva mediante política estatal que responda a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios, concertada con empresarios, campesinos y comunidades. Empezaría por restablecer instituciones del sector como el Idema.
Un año y ocho meses deliberaron comunidades, gremios, trabajadores y etnias hasta resolver esta semana un largo y sangriento conflicto de lucha por la tierra en el norte del Cauca. Es ejemplo de concertación que podrá replicarse en otros escenarios. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, exaltó esta experiencia como modelo de paz. A leguas del Nobel colombianista James Robinson, que niega la necesidad de una reforma agraria en el país, nuestra dolorosa realidad ha probado con creces que sin ella no habrá paz ni equidad ni instituciones que valgan. Reformar la contrarreforma de Chicoral se impone.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
La crueldad del ataque a la guarnición militar de Arauca desnuda por enésima vez la índole terrorista del ELN, antípoda del humanismo y de la paz. Pero resulta también de la largueza del Gobierno que, en vez de trazar líneas rojas desde el día uno de la negociación, derrochó concesiones. Viejo zorro en este platanal de oro y sangre, abusó esa guerrilla de la bonhomía del presidente Petro, primer hombre de izquierda en llegar al poder. Volver a la mesa sin reformularse antes los términos de la negociación, será claudicación que entierre toda posibilidad de paz con el ELN y desbroce el camino al guerrerismo soñado de la ultraderecha. Diálogo pero, ahora sí, con condiciones. Y, en todo caso, extensión a otros grupos y frentes el modelo de paz territorial que Comuneros del Sur inauguró. Es decir, trabajar sobre la realidad geográfica y militar de grupos armados que incursionan en zonas definidas del territorio y sojuzgan a sus gentes, y que no siempre responden a mando centralizado, como al Coce del ELN. La paz total como propuesta política fue derrotada. Pero tampoco se impone la cerrada disyuntiva entre guerra total o diálogo alegrón.
Sea que cristalice en este Gobierno o en uno próximo, habría que disponer condiciones que fueron siempre garantía de buen éxito en procesos de paz. Como el de 2016 con las Farc, para no ir lejos. Lo primero, respeto al Derecho Internacional Humanitario: ni secuestro ni reclutamiento de menores ni atentado contra civiles. Segundo, diálogo mientras discurre la confrontación armada. Es error garrafal precipitar un cese el fuego que, sin los necesarios requisitos de control, violó el ELN 45 veces y usó para fortalecerse mientras la Fuerza Pública bajaba la guardia y la población urgía protección del Estado. Tercero, manifestación expresa de que el fin último de la negociación será desmovilizarse y abandonar las armas. Contrapartida para los armados no será la revolución en la mesa que en 60 años de trasiego fueron incapaces de lograr, sino garantía plena de que podrán librar lucha política en la legalidad, y de justicia transicional.
Brilla la experiencia de Comuneros del Sur como modelo de paz regionalizada que responde al clamor de la población y a la atomización de grupos armados que más parecen confederación de frentes autónomos que organización cohesionada por mando central. Tres ejes dibujan el norte de Comuneros: desescalamiento de la violencia, transformación de la región y compromiso de migrar de las armas a organización política o social en la legalidad. El desminado empezó ya, y en octubre, la entrega de armas.
Por lo pronto, escribe el editorialista de El Espectador, imposible adelantar negociaciones con una contraparte que recurre al horror cuando siente que sus caprichos no se cumplen. La tragedia es que se siguen sacrificando vidas y al Gobierno sólo le queda aplicar la fuerza del Estado para acorralarla, perseguirla y judicializarla. La puerta de la paz sigue abierta, pero si la contraparte la cierra, impone el desastre de la guerra. Al extremo, dirá Yesid Arteta, el hartazgo podría dar licencia a una ultraderecha recargada que decapite al movimiento social mientras libera toda su potencia bélica contra los alzados.
Opción honorable para el ELN sería adherir al programa de cambio del Gobierno que interpreta los anhelos del pueblo, y a la implementación de la paz. Si los desprecian y si, además, desdeñan la oferta de garantías para mutar a fuerza legal que enarbole sus propias banderas, es porque no eran grupo político sino simples criminales.
Coda. Se va llevando la muerte a nuestros mejores hombres. Carlos José Reyes deja en la cultura un vacío difícil de llenar. Sentida condolencia a su esposa y a sus hijos.
