por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2023 | Septiembre 2023, Campesinado, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Paz Total, Estado Social, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal.
Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.
Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.
Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.
Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia. Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.
Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.
por Cristina de la Torre | Jul 25, 2023 | Julio 2023, Estado laico, Estado liberal, Derecho fundamental, Estado Social, Iglesias, Educación, Arte, Ciencia
Para llegar hasta la idea de educación que hoy se ventila, afincada en la ciencia, en el arte, en el pensamiento crítico, en la formación del carácter, tuvo este país que doblegarse primero a la educación confesional de la Iglesia Católica (causa, entre otras, de las guerras civiles y la Violencia) y avanzar a tumbos hacia la educación laica del Estado liberal, hasta desembocar en el proyecto de la ministra Aurora Vergara: elevar la educación de servicio público a derecho fundamental que asiste a todos los colombianos, desde prekínder hasta universidad; y apuntar a un cambio drástico en el currículo y en la calidad de la enseñanza. Gaje del Estado social de derecho.
Cuando muchos temían encontrar en esta reforma la impronta gremialista, tan exigente en gabelas para los maestros como abúlica si de calidad de la educación se trata, el Gobierno da sorpresa colosal: dos proyectos de ley. Uno, principalmente para refinanciar a la universidad pública que desde hace 30 años recibe el mismo presupuesto, para una población universitaria que saltó de 150.000 estudiantes a 650.000. El déficit acumulado a la fecha es de $18 billones. Además, el Gobierno aspira a la gratuidad en la universidad pública y a crear medio millón de nuevos cupos en ella, sea para formación técnica, tecnológica o profesional.
Pero, como en salud, poco se logra ampliando la cobertura sin abordar los graves problemas de calidad en la educación. El otro proyecto, el de la Ley estatutaria, regula el derecho fundamental a la educación como eje del sistema, fuente de equidad y propulsor en la búsqueda de otro país. De un nuevo modelo productivo -diría la misión de sabios que en 2019 escribió el informe Colombia, hacia una sociedad del conocimiento– desde la revolución industrial en ciernes, la producción integrada, la convergencia de tecnologías y disciplinas. En el entendido de que el crecimiento económico sólo es sostenible si se acompaña de equidad e inclusión.
Para el debate que se avecina, pocas fuentes de inspiración tan a propósito como el documento de marras. Gloso dos ideas suyas. La reforma parte de sustituir el modelo basado en la enseñanza por otro anclado en el aprendizaje contextualizado que enseñe a pensar, que propicie la crítica, que enfrente retos desde la innovación y la creatividad, que posibilite soluciones. Reivindica una educación cimentada en el conocimiento científico, en los desarrollos de la tecnología, en la investigación guiada por la curiosidad, en la creación. El reto, escriben los sabios, será convertir la ciencia, la educación y la cultura en ejes del desarrollo del país, e integrarse a la sociedad global del conocimiento. Sin el concurso de las ciencias y las artes, escriben, ningún país ha logrado desarrollar tecnología ni innovación ni fortalecer su productividad.
Invitan a redimensionar el rol del maestro para convertirlo en ejemplo vivo de lo que significa ser aprendiz en el siglo XXI: “un referente de flexibilidad, de apertura, de renovación de aptitudes, saberes y prácticas…” sin sacrificar el rigor de la ciencia. Invitan a una educación que cree vínculos emocionales, pasión por el conocimiento, por la cultura, la ciencia y el arte… que cultive el asombro, el descubrimiento y la invención… E instan, como ahora la ministra Vergara, a propiciar un acuerdo sobre la educación entre Estado, empresarios y organizaciones de la sociedad para cifrar el desarrollo en el capital humano y en la investigación científica.
Tal vez ningún proyecto de reforma augure, como éste, consenso en sus trazos mayores. Tal vez nadie se atreva a transformar su discusión leal e informada en cantera de propaganda. Tal vez nadie quiera malograr esta oportunidad única de marchar hacia la educación soñada.
por Cristina de la Torre | Feb 21, 2023 | Constitución de Colombia, Reforma política, Protesta social, Estado Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Capitalismo, Democracia Participativa, Democracia Directa, Fraude Electoral, Libre Mercado, Partidos, Movimiento social, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Febrero 2023
Paradoja: nuestra Constitución más democrática en todo un ciclo de historia, la del 91, contribuyó a la decadencia de los canales por antonomasia de expresión ciudadana, los partidos políticos. Su ruidosa ausencia ahora en movilizaciones a favor y en contra del cambio resulta, entre otros factores, del radicalismo liberal que permeó esa Carta y de algunas de sus disposiciones. A fuer de lucha contra el clientelismo, minaron ellos los cimientos de los partidos y repotenciaron el presidencialismo plebiscitario. Para Pedro Medellín, los eventos de marras acusan anemia política. Sí. Crisis de los partidos (cuya consideración retomamos hoy), cuando iniciativas de la sociedad convocan más que las colectividades políticas de Gobierno y de oposición. Mientras el presidente que encarna el poder unitario del Estado interpela a “su” pueblo contra los adversarios, éstos corean rabia sin norte, golpean a periodistas y condensan en símbolo macabro la brutalidad que Uribe desplegó en este país: la destrucción de la paloma de la paz por caballero y dama marchantes en contingente de gente de bien.
Si los vacíos de legitimidad y de representación en los partidos se gestan en el Frente Nacional, con el auge de la democracia refrendaria hacen crisis. Su efecto protuberante, la atomización. En 2002 hubo 68 partidos y 82 esperaban personería. Más colectividades políticas que curules en el Senado. Para la última elección presidencial, la oferta inicial de candidatos alcanzó decenas.
Los constituyentes del 91 habían elevado el clientelismo a causa suprema de los avatares de la patria y propusieron, para liquidarlo, la democracia participativa. Regresaron al individualismo liberal y a la libertad de mercado anteriores al Estado Social que corrigió en el siglo XX los excesos del capitalismo, abrevadero de revoluciones. Trocando democracia representativa por democracia directa, se deslumbró esta Carta en la idea moralizante de transitar de la tradición a la modernidad, del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista. Ciudadano de democracia anglosajona en país de turbamultas hambreadas, donde el clientelismo, si precario y proclive a la corrupción, cumplía dos funciones medulares: redistribuir bienes y servicios donde el Estado fallaba, y obrar como canal de ascenso social y político para nuevas élites nacidas en la base de la sociedad.
El racionalismo individualista de la nueva Carta cifrado en la rentabilidad del negocio privado, no en la rentabilidad social de políticas de equidad; el pragmatismo que se tradujo en extrema liberalidad de la norma para crear partidos y conceder avales, indujeron la fragmentación de los partidos, pauperizaron su ideología y dieron paso al clientelismo que ahora pesca votos en el mercado electoral. Abundaron predicadores contra los partidos: Álvaro Gómez soñó con su autodestrucción y Rudolf Hommes aplaudió su debilitamiento a instancias de la Carta del 91, pues “tenían exceso de poder”. Desde entonces se transita peligrosamente de un Estado de partidos a una sociedad sin partidos, edén de caudillos.
Mientras el entonces presidente Gaviria proclamaba su democracia participativa, Humberto de la Calle, mentor de la Carta que ampliaba como nunca antes los derechos ciudadanos y entronizaba la tutela, reconocería después que la Constituyente no le había cerrado el paso a la diáspora de listas, aquella enfermedad que descuartizaba los partidos.
La reforma política es vital. Contra el tosco personalismo que campea, la lista cerrada promete cohesionar al partido, si es fruto de debate interno para escoger en democracia programas y candidatos. Y si se ataca la corrupción electoral con financiación pública de las campañas. La lista abierta, se sabe, es menos amiga del everfit que del harapo.
por Cristina de la Torre | Oct 25, 2022 | Pacto Social, Pacto Histórico, Estado Social, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paro Nacional, Octubre 2022
¿Casualidad? El cavernario ataque de César Gaviria y de la derecha en pleno a la reforma tributaria que grava a los más ricos ha coincidido con llamados del presidente Petro al empoderamiento popular. Los primeros lanzan carga de dinamita contra el proyecto madre de la política social en un país donde el hambre no cede; el otro convoca a la “movilización de multitudes en todo el territorio nacional”, con ocasión de los diálogos regionales que nutrirán el Plan Nacional de Desarrollo. El modelo -dijo- apunta a transformaciones en el orden de la política social, económica y ambiental. En síntesis feliz de La Silla Vacía, busca a la vez estructurar un plan de desarrollo que cuente con legitimidad y respaldo popular, pavimentar su estrategia de paz total y prender la máquina para arrasar en las elecciones de 2023.
Pero la grieta que amenaza con derrumbar la coalición de gobierno y desamparar el cambio provocaría una respuesta de mayor alcance: la manifestación de las masas en calles y veredas, en expresión política sostenida. Y es que la democracia no se contrae al voto. Abarca libertades y derechos; es también, desde hace un siglo, democracia económica tutelada por el Estado social; y se extiende a la expresión colectiva en la calle, bullicioso escenario que dio nacimiento a los partidos, copado sin pausa desde entonces por todas las democracias maduras. Aun por la nuestra, tan precaria ella: ya el CD prepara movilización contra las reformas y el senador Bolívar, otra, en apoyo del Gobierno.
Habitat predilecto de Petro, ¿volvería él al pueblo enfervorizado que llenó tres veces la plaza de Bolívar cuando quiso el procurador Ordóñez borrarlo de la política? ¿A la mar de jóvenes, desarraigados y pobladores urbanos abandonados a su suerte que protagonizaron el paro nacional de 2021? ¿A los nadies de todos los departamentos costaneros que lo elevaron al solio de Bolívar, hoy en trance de trazar el desarrollo de sus regiones? ¿O será mensaje subliminal para reanimar su base social, que la derecha se anticipa a trocar en exhortación a la revuelta? Melodramática en su delirio, da por hecho lo impensable en el hombre que viene de configurar una coalición multipartidista de gobierno; de negociar una détente y la primera reforma agraria en un siglo, con Fedegán, gremio salpicado de aliados del paramilitarismo que arrebató a sangre, fuego y notarios venales millones de hectáreas a los campesinos.
Desbordada la capacidad logística del Gobierno, hubo en el arranque de estos diálogos unas de cal y otras de arena: un fiasco, se dijo, el de Cali; un éxito memorable el de Buenaventura. Revela Luis Fernando Velasco, Consejero para las Regiones, que poblaciones hay con seis meses de trabajo sobre su plan de desarrollo. “La gente ha hecho un ejercicio mucho más avanzado de lo que imaginamos”. Enhorabuena.
Saltan a la vista dos niveles de participación en este proceso. Uno será el trabajo de seleccionar, evaluar, ordenar y procesar como proyecto los problemas de la región. Otro, la movilización colectiva para presionar su ejecución en el PND o contra el boicot al cambio. Pero una alerta suena ya: en el ocaso de los partidos, podría saltarse alegremente de la primigenia acción colectiva en democracia a la llamada democracia directa de la masa amorfa que, juguete de un caudillo, derivó tantas veces en totalitarismo. O en democracia del aplauso al líder de ocasión, sea de derecha o de izquierda. Suena bien el empeño del Pacto Histórico en constituirse en partido con ideario y propuestas definidos. Bien los amagos en otras colectividades de revisar y depurar su quehacer político en esta experiencia única de las consultas regionales vinculantes. Dios nos guarde de la necia cruzada que Vivian Morales propone dizque para proteger la democracia de las ideologías.
por Cristina de la Torre | May 31, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Estado Social, Socialdemocracia
En estas elecciones resuena un movimiento de placas tectónicas en la política, un enfrentamiento de fuerzas contrarias que, siempre encubierto por la rivalidad entre los partidos tradicionales, cobra por vez primera vida propia como real opción de poder. Pese a las altisonancias de lado y lado en la campaña, el mentor del cambio no busca la revolución sino la reforma. Tan atornillados han quedado el capitalismo salvaje y sus favorecidos, que la más leve enmienda les resulta anatema. Escándalo. Amenaza demoníaca contra la democracia y la propiedad. Pero lo mismo agonizan los partidos del establecimiento que los de la izquierda ortodoxa. La nueva izquierda rompió con el comunismo y viró hacia la socialdemocracia; la paz con las Farc la liberó del dogma estalinista y podría ahora ocupar la silla de Bolívar. Gracias también a la solidez de las instituciones que a pesar de sus vacíos sustentan la democracia en este país, una involución al comunismo es sólo fantasía de propaganda que las élites más retardatarias menean, por ver de conservar sus privilegios.
No es homogénea la clase dirigente. Teme el gran empresariado al cambio de modelo económico que Petro traería, sí, pero sus posturas van de la coacción delictiva a la discusión democrática de una estrategia de desarrollo. Mientras un canallesco Sergio Araújo impone el voto a sus empleados so pena de cortarles el trabajo, Bruce MacMaster y María Claudia Lacouture –presidentes de Andi y de Aliadas– sorprenden al abrir diálogo con quien resulte electo presidente. El primero propone una estrategia de doble carril: superar la pobreza y robustecer al empresariado, mediante refocalización de los subsidios del Estado y una política integral de desarrollo industrial. Petro comparte esta perspectiva. Con matices. Sostiene que el modelo económico ha de afirmarse sobre la producción nacional en el agro y la manufactura y no en la explotación de hidrocarburos, que deberá declinar con el tiempo. Propende (con Carlos Lleras) a la sustitución de importaciones, mediante protección temporal de la producción propia. Reindustrializar, empezando por renegociar el TLC.
Es que este nsancha la desindustrialización del país, ahonda su déficit comercial y compromete su seguridad alimentaria. En 10 años del Tratado con Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese país se redujeron a la mitad. Sus inversiones aquí son en el sector energético, ni crean empleo ni arrojan beneficio financiero significativo. Por eso propone Petro renegociarlo: para relanzar la industrialización y el desarrollo agrícola, escoltados por una banca pública y de fomento en los sectores productivos de la economía, por una reforma tributaria progresiva y sin impuestos (o muy pocos) a las empresas.
Recaba Lacouture en la necesidad de un propósito común de Gobierno y empresarios labrado en diálogo democrático entre las partes. Si se convidara también a los trabajadores, ¿no se configuraría el modelo de planificación concertada que en un tiempo se ensayó y que rigió en el Estado social de Europa y Norteamérica? Impacta la comparación de Marcela Meléndez, del PNUD, entre Colombia y Finlandia, países que 1975 ofrecían el mismo nivel de desarrollo. Hoy el hambre hermana a nuestro país con Haití, mientras el escandinavo presenta uno de los mayores PIB del mundo. “La gran diferencia, escribe, está en una élite que entendió el desarrollo y la igualdad como una ventaja para sí misma y que, en cambio (de proteger) espacios privados para su propio bienestar (impulsó) la construcción de un país igual para todos”. He aquí el principio socialdemócrata que inspira a Petro, pilar de un nuevo pacto social que arranque a Colombia del sufrimiento y la miseria. Construido en hermandad de compatriotas y sin la sangre que toda revolución acarrea.
