por Cristina de la Torre | May 17, 2022 | Estado Social, Clan del Golfo, Capitalismo Social, GEA, Impunidad, Justicia, Corrupción, Mayo 2022
He aquí los brazos de la tenaza que este Gobierno apretó hasta desencadenar una crisis social sin precedentes en décadas. Mientras el crimen organizado controla a sangre y fuego territorio y población en la tercera parte del país –como lo probó el paro armado del Clan del Golfo–, en Medellín, segunda ciudad de Colombia, parece cogobernar con las autoridades, y el gran capital hace la vista gorda. En grosera concentración de la riqueza que se traduce en una o dos comidas diarias para el 30% de los paisas, la cúpula del empresariado antioqueño alardea del “milagro” de Medellín. No oye la balacera de combos y organizaciones armadas que así someten a las comunidades desde su propio seno. Ni registra el viraje en boga de grandes corporaciones que en el mundo amansan el orgiástico principio de la ganancia a toda costa y se proyectan hacia un capitalismo social. Es en la desigualdad y en la penuria donde fructifica la violencia. Se sabe. Los investigadores Alcides Gómez, Hylton y Tauss describen el paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a escala industrial y, por otro, capitalismo desenfrenado. Gestión institucional moderna y dominio del crimen organizado. Coexistencia de dos formas del capital: una lícita, otra ilícita.
Mas no se contrae el caso a Medellín. El paro del Clan del Golfo, escribe Gustavo Duncan, fue demostración de fuerza de quienes gobiernan de facto en más de una región, y de la incapacidad del Gobierno para apersonarse de la seguridad. Abundan los armados que controlan territorios enteros y a su gente mediante milicias que vigilan e imponen su ley con puño de hierro. Para revertir la situación, no sirve ya el modelo de derrota militar de un ejército insurgente. Ahora se trata de desmantelar estructuras armadas vinculadas al crimen que viven en el seno mismo de la comunidad y guardan el orden interno. Se impone, dice Duncan, un trabajo de inteligencia para judicializar a los facciosos y un despliegue de fuerza pública por el territorio entero que ofrezca protección y garantías a la población.
Para Gómez et al, el cambio en Colombia tendría que empezar por Medellín, asiento de una élite económica poderosa y de mafias que a menudo cogobiernan con la administración municipal. Aquí el capital ofrece niveles extremos de concentración. Han perpetuado sus agentes el poder mediante el control de la política, de autoridades públicas, de regímenes jurídicos, de derechos de propiedad, de la política económica. El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), gobierno de facto no elegido e inamovible, representa hoy el 7,1% del PIB nacional y paga impuestos irrisorios, mientras la precariedad impera en todas las comunas que rubrican con su hambre el “milagro de Medellín”. Contraste violento que es fuente de desigualdad y caldo de cultivo para el reino de la ilegalidad. Por su parte, las mafias organizadas en torno a la Oficina de Envigado –agregan nuestros autores– supervisan la vida cotidiana de la gente en media ciudad; cierran vínculos con la autoridad, con la política y con el mundo de los negocios, financiando alguna campaña y lavando dinero de la droga.
De candidatos para el cambio se espera la solución: depositar en el Estado el monopolio de la fuerza y de la ley. Pero, además, combatir el abandono y la miseria en los que la violencia y el crimen germinan, transformando el modelo de desarrollo. Saltar del rentismo y la especulación –religión del privilegio– a la producción intensiva en el campo y a la industrialización, catapultadas por la aplicación en ellas de ciencia y tecnología. Su efecto probado en 70 años de Estado social: redistribución decorosa del ingreso y tasas crecientes de empleo formal. Empezando por conjurar el hambre y el recrudecimiento de la violencia, vergüenzas sólo dables en regímenes despiadados como éste que Duque impuso.
por Cristina de la Torre | Abr 5, 2022 | Impuesto progresivo, Estado Social, Capitalismo Social, Reforma tributaria, Abril 2022
Mientras la derecha en pleno se abraza a Federico Gutiérrez para prolongar –impúdica– las desgracias de este Gobierno y su partido, las fuerzas alternativas ofrecen ya programas para el cambio que urge. Su punto nodal, una reforma tributaria cifrada en el impuesto progresivo, ariete del Estado social que a lo largo del pasado siglo aseguró en el Occidente desarrollado salud, educación, pensión, renta básica y subsidio al desempleo para todos. Una tributación que aprieta más a quienes más tienen porque ataca la extrema concentración del ingreso y la riqueza, en función del bienestar general. Pero en este país el bienestar no es bien público, es particular y de pocos.
Como si no bastara para demostrarlo con el estallido social que desnudó el hambre de 21 millones de colombianos y la indigencia de otros 8 mientras una cofradía de prestantes agalludos acapara los recursos del Estado, o se los roba, la elección del 13 de marzo confirmó la revelación: Colombia no es ya la misma. Petro lo sabe e interpreta el inconformismo general, proponiendo reformas de fondo que ataquen las intolerables carencias de los más, y lanzar el país del capitalismo salvaje al capitalismo social.
En un sistema favorable a los muy ricos que pagan menos del 4% sobre rentas de fábula, donde proliferan favoritismos y evasión, el impuesto a la renta no redistribuye. Propone el candidato impuesto progresivo y equitativo, para limar desigualdades y financiar el desarrollo. Impuesto progresivo a ganancias ocasionales y dividendos a las personas (no a las empresas) tasado de 10 a 39%. Así, baja la tasa impositiva de la empresa y sube cada vez más la de sus beneficiarios individuales. En vez de expropiar, forzar la producción en tierras inexplotadas, o bien su venta, mediante el impuesto predial. A la Echavarría Olózaga.
También el proyecto de Fajardo grava más a los ricos y elimina exenciones. Se propone recaudar $33 billones adicionales suprimiendo beneficios, con aumento progresivo de impuestos sobre renta, patrimonio, dividendos a personas, y combatiendo la evasión. Impuesto sobre la tierra con catastro multipropósito y de valorización por grandes proyectos de infraestructura, al sector hotelero y a la economía naranja. Elimina beneficios a las empresas que presentan como gasto corporativo el de sus socios, y exenciones sin efecto social como por falsa creación de empleo.
De llegar a la presidencia, dice Petro, sería su primera ejecutoria un plan de choque contra el hambre. Paso primero de estrategia inscrita en la soberanía alimentaria y en la revitalización de la economía campesina. El otro plan de choque, la creación de empleo de emergencia desde el Estado con un salario que cubra el mínimo vital, en lugar de renta básica para cesantes. Inclinado a la retórica, más con sabor de plataforma ideológica que de programa pormenorizado en alcance y en financiación (que deberá precisar) resultan no obstante plausibles estas iniciativas para paliar sufrimientos redoblados en estos años de Duque: la pobreza y el desempleo. Su propuesta de largo plazo, transitar de una economía primaria a una productiva centrada en la industrialización. También aquí, ¿cómo es la estrategia, con qué sectores de punta, será factible la concertación del plan con el empresariado?
Respiran estas propuestas aire de socialdemocracia. De Estado social activo en redistribución del ingreso acrecido por el impuesto progresivo. De un modelo que cuajó también en países como Corea del Sur con protección a la industria naciente, reforma agraria, educación universal, ciencia aplicada al desarrollo concertado con el sector privado y la batuta de la iniciativa en el Estado. No venga ahora la derecha inmóvil a calificarlo de comunista, mientras se mueve, ella sí, en el pantano del privilegio y el abuso de poder.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2022 | Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Pacto Histórico, Estado Social, Francia Márquez, Gustavo Petro, Paramilitarismo, Reforma Agraria
Expropiador López Pumarejo, cuya Revolución en Marcha se ancló en una reforma agraria que redistribuía el latifundio inexplotado para darle a la tierra su potencial productivo. Desde el principio de función social de la propiedad, la Ley 200 condicionaba el derecho de dominio al cultivo del predio, so pena de revertirlo al Estado. Petro invoca, entre otras, esta divisa reformista de la revolución liberal que no fue, la adapta a los tiempos, pero, lejos de proponer la alienación de la propiedad, extiende a otros su disfrute. Es su modelo agrario el de producción intensiva de alimentos, con cuidado del ambiente; el desarrollo sostenible, no el comunismo. Ajeno al mamertismo, el M19 fue guerrilla nacionalista –paso inaugural de Petro en la política– integrada por una disidencia ideológica de las Farc insubordinada contra su catecismo, y una corriente de la Anapo. Tampoco pudo el M19 ser de izquierda ortodoxa al promulgar la Constitución del 91.
Si quiso López transformar el latifundio en hacienda capitalista, Petro persigue la seguridad alimentaria del país modernizando la producción y multiplicando el contingente de propietarios en el campo. Lejos de expropiar, ha dicho, lo que persigue es apropiar. Democratizar la propiedad. Ni siquiera repetiría la expropiación de tierras que fueron parte del Fondo Nacional Agrario de Lleras Restrepo. Cosa distinta sería, en desarrollo del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras a millones de campesinos, esas sí expropiadas –según él– por el paramilitarismo y su brazo político y empresarial.
Haya o no acuerdo con César Gaviria, Petro apela al imaginario popular del liberalismo hecho emoción e ideas-fuerza que en su hora convocaron el cambio. Apela a las organizaciones sociales. A los inconformes de ayer y de hoy. A las multitudes que se hacen matar en las calles por educación y trabajo. A los dolientes de la guerra. A la Colombia olvidada que Francia Márquez representa: “me preocupa, declara ella, que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas sigan muriendo de hambre, que a los jóvenes les arranquen los ojos por reclamar dignidad y educación, que a las mujeres y a los líderes sociales nos sigan silenciando”.
El 13 de marzo no desapareció el centro, flaqueó la organización coligada que éste se dio en la coyuntura. Pero la mar de los que quieren el cambio empezó a migrar hacia el Pacto Histórico; otros, los menos, tocarán a las puertas del candidato de Uribe-Duque, meca de la misma derecha que frustró la revolución liberal y –manes del país más conservador de América– asimila la opción socialdemócrata de la nueva izquierda a comunismo.
Al tenor del Estado social que despuntaba en las democracias de Occidente, la Revolución en Marcha se la jugó también por la protección de la industria naciente, que redundaría en sustitución de importaciones. Modelo malogrado por la apertura neoliberal de 1990 y sus TLC que quebraron miles de empresas y sustituyeron gran parte de nuestra producción agrícola por la foránea. Petro propone reindustrializar, reanimar el aparato productivo de la nación.
Pese a los buenos augurios de su candidatura (que rompería en Colombia la atávica hegemonía de la derecha) la incontinencia de Petro en el hablar, su impulsividad, su gusto por el conflicto, su inveterada inclinación a descalificar a contendores y conmilitones, le harían más daño que el calificativo de expropiador que sus contradictores le endosan sin fundamento. Notas de personalidad bendecidas en plaza púbica, pero que podrían marcar su ideario y su programa de gobierno con la impronta revolucionaria que no tienen. Ni podrán tener si gana la presidencia, desafiado como estaría por un Congreso de probable mayoría opositora. Y no le faltarían enemigos con apetito de venganza.
