por Cristina de la Torre | May 24, 2022 | Estado de Derecho, Líderes Sociales, La paz, Impunidad, Corrupción, Mayo 2022
Un desastre. El candidato de Uribe, de los clanes políticos, de los combos y la derecha en gavilla, prolongaría de buen grado este régimen de Duque, que no sólo ignoró las urgencias de siempre, sino que las agravó, y terminó por desbarrancarlo todo. Degradó el Estado a fiesta de compinches en el Gobierno para robustecer la sociedad del privilegio y atropellar los derechos humanos, la Constitución, la Ley, las instituciones de la democracia. A golpes de fuerza, de estulticia y vanidad, no gobernó para los colombianos sino para figuración de los amigos, que ocuparon todas las posiciones de mando y no vieron (¿no vieron?) el saqueo del erario. En el deslumbramiento del poder inesperado y su complacencia en la arbitrariedad, mutó el aprendiz en autócrata.
Burló las disposiciones de los jueces; neutralizó por cooptación los órganos de control; supeditó la Fuerza Pública al capricho de sus mentores; permitió avanzar en el aniquilamiento del liderazgo comunitario; su Esmad cobró la vida de 80 manifestantes en protesta social; recibió un país a punto para la paz y lo devolvió en guerra; reanudó los falsos positivos, una infamia que aturdió al mundo; elevó la pobreza consuetudinaria a azotaina del hambre. Y dio alas de águila a la corrupción: última hazaña, derribó el muro de contención al alud de contratos públicos en campaña, acaso para malversar casi cinco billones de pesos, 70 veces los 70 mil millones que la ex ministra Abudinen permitió robarle al Mintic.
No todo es mérito de Duque, claro. En la crisis de hoy pesan la tradicional confluencia de política, abuso y violencia, y décadas del modelo de mercado que extremó las inequidades. Pero sobre este telón de fondo la acción del Gobierno (y sus omisiones) terminaron por jugar papel estelar. Sacando del sombrero Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, destruyó Duque los controles sobre su Gobierno e hipertrofió, aún más, el poder presidencial; así hirió de muerte el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho, y soltó riendas a la corrupción y la impunidad. Dígalo, si no, la abusiva suspensión de alcaldes por la procuradora que saltó del gabinete del presidente al órgano que debe vigilarlo. O el burdo favorecimiento a un expresidente sub judice, mentor del primer mandatario, por la Fiscalía que su condiscípulo y amigo preside.
Se insubordina el presidente contra la política de paz del Estado, pensada en función del cambio, y la reduce a famélico proyecto de gobierno. Como lo proclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Contrae la construcción de la paz a un militarismo sin reformas. E incurren sus hombres en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo mismo bombardean “máquinas de guerra” de 14 años de edad que obran apenas contra el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, 97 sólo en los cuatro primeros meses del año. Entre 2020, 2021 y estos meses, se acumulan 223 masacres (Indepaz).
Duque convierte su Gobierno en vaca lechera de los amigos y sus familias. Revelan Noticias UNO y Cambio que la Universidad Sergio Arboleda, claustro del presidente y del fiscal, ha recibido contratos públicos por $90.000 millones. Su exdecano y exfiscal adhoc, Leonardo Espinosa, denuncia manejos irregulares del rector, Rodrigo Noguera. A quien se señaló también de tráfico de influencias. Si, todo queda en familia, nada pasa.
El agudo periodista Santiago Rivas denuesta la codicia de quienes hoy controlan el país. Vampiros los llama, porque “drenan al país de su sustento vital”. Quien llegue a presidente, agrega, tendrá que recoger los escombros de este Gobierno desastroso. Si Gutiérrez, digo yo, sería para rearmar este legado de oprobio. Tal como lo sugiere la afinidad de su historia y su persona con lo más estentóreo del duque-uribismo aquí esbozado.
por Cristina de la Torre | May 17, 2022 | Estado Social, Clan del Golfo, Capitalismo Social, GEA, Impunidad, Justicia, Corrupción, Mayo 2022
He aquí los brazos de la tenaza que este Gobierno apretó hasta desencadenar una crisis social sin precedentes en décadas. Mientras el crimen organizado controla a sangre y fuego territorio y población en la tercera parte del país –como lo probó el paro armado del Clan del Golfo–, en Medellín, segunda ciudad de Colombia, parece cogobernar con las autoridades, y el gran capital hace la vista gorda. En grosera concentración de la riqueza que se traduce en una o dos comidas diarias para el 30% de los paisas, la cúpula del empresariado antioqueño alardea del “milagro” de Medellín. No oye la balacera de combos y organizaciones armadas que así someten a las comunidades desde su propio seno. Ni registra el viraje en boga de grandes corporaciones que en el mundo amansan el orgiástico principio de la ganancia a toda costa y se proyectan hacia un capitalismo social. Es en la desigualdad y en la penuria donde fructifica la violencia. Se sabe. Los investigadores Alcides Gómez, Hylton y Tauss describen el paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a escala industrial y, por otro, capitalismo desenfrenado. Gestión institucional moderna y dominio del crimen organizado. Coexistencia de dos formas del capital: una lícita, otra ilícita.
Mas no se contrae el caso a Medellín. El paro del Clan del Golfo, escribe Gustavo Duncan, fue demostración de fuerza de quienes gobiernan de facto en más de una región, y de la incapacidad del Gobierno para apersonarse de la seguridad. Abundan los armados que controlan territorios enteros y a su gente mediante milicias que vigilan e imponen su ley con puño de hierro. Para revertir la situación, no sirve ya el modelo de derrota militar de un ejército insurgente. Ahora se trata de desmantelar estructuras armadas vinculadas al crimen que viven en el seno mismo de la comunidad y guardan el orden interno. Se impone, dice Duncan, un trabajo de inteligencia para judicializar a los facciosos y un despliegue de fuerza pública por el territorio entero que ofrezca protección y garantías a la población.
Para Gómez et al, el cambio en Colombia tendría que empezar por Medellín, asiento de una élite económica poderosa y de mafias que a menudo cogobiernan con la administración municipal. Aquí el capital ofrece niveles extremos de concentración. Han perpetuado sus agentes el poder mediante el control de la política, de autoridades públicas, de regímenes jurídicos, de derechos de propiedad, de la política económica. El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), gobierno de facto no elegido e inamovible, representa hoy el 7,1% del PIB nacional y paga impuestos irrisorios, mientras la precariedad impera en todas las comunas que rubrican con su hambre el “milagro de Medellín”. Contraste violento que es fuente de desigualdad y caldo de cultivo para el reino de la ilegalidad. Por su parte, las mafias organizadas en torno a la Oficina de Envigado –agregan nuestros autores– supervisan la vida cotidiana de la gente en media ciudad; cierran vínculos con la autoridad, con la política y con el mundo de los negocios, financiando alguna campaña y lavando dinero de la droga.
De candidatos para el cambio se espera la solución: depositar en el Estado el monopolio de la fuerza y de la ley. Pero, además, combatir el abandono y la miseria en los que la violencia y el crimen germinan, transformando el modelo de desarrollo. Saltar del rentismo y la especulación –religión del privilegio– a la producción intensiva en el campo y a la industrialización, catapultadas por la aplicación en ellas de ciencia y tecnología. Su efecto probado en 70 años de Estado social: redistribución decorosa del ingreso y tasas crecientes de empleo formal. Empezando por conjurar el hambre y el recrudecimiento de la violencia, vergüenzas sólo dables en regímenes despiadados como éste que Duque impuso.
por Cristina de la Torre | May 8, 2022 | Violencia, Paramilitarismo, Mayo 2022
La peligrosa incursión del general Zapateiro en esta campaña electoral no es un exabrupto. Resulta de un proceso intermitente de politización en las Fuerzas Armadas, que transforma su función constitucional de asegurar la integridad del Estado y del conjunto de asociados en instrumento de un gobierno o de un partido. Para apretar con puño de hierro no sólo al insurrecto armado sino a todo el que reclame, aun por las buenas, o discrepe de la camarilla en el poder. Debuta el engendro con la dictadura de Ospina, que desencadena la Violencia en grande a mediados del siglo pasado; renace con impronta de dictadura del Cono Sur en el Estatuto de Seguridad de Turbay; se viste de epopeya patriótica escrita a dos manos con el paramilitarismo en la Seguridad Democrática de Uribe, y desemboca en la Ley de Seguridad Ciudadana de Duque: protocolo jurídico del régimen que ahoga en sangre la protesta popular, se apaña al exterminio de líderes sociales y sabotea la paz.
Bien ha cumplido su cometido la doctrina del enemigo interno en esta democracia tan ajena al golpe militar como inclinada a excluir y perseguir –aun por las armas– a quien profese ideas distintas de las consagradas en aquellos gobiernos. Hasta señalar al contradictor político como guerrillero vestido de civil, ominosa generalización que matricula a todo librepensador en las filas de la subversión. Y procesa por terrorismo a líderes de la protesta callejera.
No siempre disparan los militares motu proprio sino por orden del poder civil que, en virtud del estado de derecho, prevalece sobre ellos. Pero en Colombia ha usado y abusado el poder político de quienes portan las armas de la república, en defensa de intereses particulares o de secta pintados de cruzada por la democracia. Más allá del general que tolera el espectáculo de sus aliados paramilitares que juegan fútbol con la cabeza de sus víctimas; más allá de quienes ejecutaron la más pavorosa matanza de inocentes, los falsos positivos, medra la crítica de oficiales inconformes con la manipulación de los uniformados por el gobierno de turno.
En agudo libro sobre identidades en la oficialidad, el capitán (r) Samuel Ignacio Rivera resiente el estigma que pesa sobre el Ejército. Por su histórica propensión a fungir como centinela del gamonalato y sus haciendas. Por su pérdida de neutralidad como fuerza del Estado, para transformarse en fuerza de choque de los gobiernos conservadores durante la Violencia. Por su sesgo contra el pueblo, tenido por enemigo interno. Por su condescendencia con políticas de seguridad que se resolvieron en ejecuciones extrajudiciales. Y, digamos, por el pésame del comandante del Ejército, a la muerte de Popeye.
Sí, a Ospina se remonta la historia, pues éste trocó a Ejército y Policía, las fuerzas de seguridad del Estado, en fuerzas de choque al servicio del Gobierno y contra la oposición política. Lleras Restrepo lo acusó de destruir la imparcialidad del Ejército y su condición de árbitro. Fue grave causa de la Violencia. Y en 1.962 señaló el general Ruiz Novoa en debate parlamentario que no fueron las Fuerzas Armadas las que incitaron a los campesinos a matarse para ganar elecciones, sino los políticos. Treinta años después, la seguridad draconiana de Turbay se justificó en el demencial robo de armas al Cantón Norte por el M19. Reaccionó en defensa del Estado, pero proyectó la feroz represión a la oposición legal a su Administración. El uribismo emularía después estos modelos de fuerza.
Dijo Alberto Lleras que tan grave es la indisciplina de un militar contra un gobierno como la indisciplina a favor del mismo, pues siempre redunda en violencia. Dudará Zapateiro entre prestar oídos a los cantos de sirena de la Mano Negra, o bien, restablecer su honor de soldado como guardián de la democracia. La historia toma nota.
por Cristina de la Torre | May 3, 2022 | Impunidad, Mayo 2022
Tahúr de todos los casinos, César Gaviria entrega los despojos del Partido Liberal a la ultraderecha que respira en Federico Gutiérrez. Ofrece una baraja engalanada con la vieja doctrina liberal, pero oculta en ella sus cartas de gula burocrática. Dizque para salvar la democracia, elige a Duque y ahora repite adhesión al candidato de Uribe, héroe del régimen que produjo 6.402 falsos positivos y destruyó la neutralidad política en una fracción sustantiva del Ejército. Dobla Gaviria la rodilla ante el candidato que aprueba los golpes del general Zapateiro a la Constitución, mientras exoficiales de la Fuerza piden perdón por responder a una estructura criminal que el poder supremo habría instalado en su seno entre 2006 y 2008 para asesinar a miles de inocentes. En audiencia sin precedentes en procesos de paz en el mundo, diez exmandos militares reconocieron horrores que, en palabras del coronel Gabriel Rincón, fueron “el desenlace de la política de seguridad democrática”.
Pretende Gaviria devolverle a su partido “el protagonismo del cambio”, la ejecución de “las cirugías mayores que el país demanda”, formalizando adhesión –no alianza negociada– a la aplanadora infestada de garrote y robadera que rodea a Gutiérrez. A la reacción en pleno, representada en los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y, de seguro, Colombia Justa Libres, que se la juega, esta vez también, por mantener a la brava el estado de cosas que se ensaña en las mayorías. En las bases mismas de estas colectividades. Caso al canto, una es la dirección del Partido Liberal, otro el sentir de la masa liberal.
Pero más de un astuto a la caza de símbolos de centro esperaría que este apoyo rompiera el estigma de exclusiva representación de las derechas en Gutiérrez. Estigma que ya reverbera en el natural retardatario del candidato mismo. ¿Vana ilusión? Acaso pese menos en el bloque de marras el imaginario progresista de la retórica de Gaviria, que su contrario: de pronto, por falsificado, fabricado para la ocasión, desaparezca aquel imaginario entre las tinieblas de la caverna. De la coalición que desoye el estallido social y transforma a la oposición en pretexto para remachar el paradigma de violencia, pobreza, corrupción y desigualdad que Duque extremó y Gutiérrez podría prolongar.
Ya aparecen los idus de mayo: el silencio atronador del presidente, de su Gobierno, de los cooptados órganos de control ante la más dolorosa audiencia de verdades sobre la comisión de falsos positivos, cuyos implicados políticos marchan por su vida de privilegios levitando en olor de impunidad, sin romperse ni mancharse. Ayer sentaron a Duque en el solio de Bolívar, hoy querrán sentar a Gutiérrez. Muñecos de cuerda con cara de yonofuí, elegidos con ayuda del que hoy se dice jefe en rango de López Pumarejo, de Gaitán, de Galán.
Diez exoficiales del Ejército reconocen por vez primera ante sus víctimas, ante la sociedad y la justicia, la comisión de delitos atroces denominados falsos positivos. Declaró el coronel (r) Santiago Herrera, excomandante de la Brigada XV, que usaron las armas de la república para asesinar inocentes mediante una estructura criminal que él implementó por presión de altos mandos de la institución. “Yo asesiné cobardemente, por tener contento a un gobierno”, se dolió Néstor Gutiérrez.
Crímenes horrendos que los partidos tradicionales han contemplado con más indiferencia que indignación. La élite liberal, en particular, acaso porque había fundido al partido con el conservadurismo, mientras su base se fundía con la masa de los nadie. Con el sabotaje de César Gaviria a la candidatura de Humberto de la Calle en 2018 perdió el liberalismo su oportunidad de elevar un estadista de talla mayor a la Presidencia. Y ahora le da Gaviria a su partido entierro de tercera.
