por Cristina de la Torre | Oct 24, 2023 | Actores del conflicto armado, Capitalismo, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fascismo, Guerrillas, Imperialismo, Internacional, Justicia, La paz, Narcotráfico, Occidente, Octubre 2023, Oriente, Paramilitarismo, Personajes, Política exterior, Proceso de paz, Protesta social, Racismo, Sanción Social, Tierras, Uribismo, Violencia
Guerra que se respete se reputará justa, patriótica, santa; mientras más muertos, más campanillas: la de Hamas, con sus 1.200 israelitas asesinados este 7 de octubre; el genocidio que en respuesta protagoniza Netanyahu sobre Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, y sus 4.500 caídos a la fecha; las agresiones del inmaculado Occidente contra Afganistán, Pakistán, Irak y Siria, que cobraron 350.000 vidas en ataque armado y por efecto colateral, según el Instituto Watson; la de Ucrania, presa en disputa de dos imperios; la eliminación de la décima parte de la humanidad en dos conflagraciones mundiales, antesala también de nuestra guerra contrainsurgente infestada de narco, con derivaciones escabrosas en Bojayá y Machuca a manos de FARC y ELN, o en los 6.402 falsos positivos de la Seguridad Democrática. Guerras todas beatificadas sobre la tumba de sus víctimas.
Contra Palestina, única nacionalidad sin territorio, se bate la marca de la crueldad: sitiada por hambre, frío y sed, presa de pánico por bombardeos que no perdonan hospitales, se opera allí con el último bisturí y sin anestesia. Los niños que sobreviven tiemblan. Y Biden, mentor de la democracia, retrasa el ingreso de auxilios y veta en la ONU propuesta de cese el fuego.
En la añosa tradición de Napoleón que impone a bala y a puñal en el mundo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, savia de la Revolución Francesa, EE.UU. y la OTAN presentan sus carnicerías como “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva”. Entre tales mohines de hipocresía y patriotismo de cuatro pesos, medra la paradoja de Raskolnikov: ¿por qué a Napoleón que carga sobre sus hombros con medio millón de muertos se le tiene por héroe y a mí, por matar a una vieja usurera, me condenan por asesino?
Hoy se ve el conflicto convencional desplazado por la confrontación terrorista de adversarios que burlan las reglas de la guerra trazadas en Ginebra en 1949. La primera, el respeto a la población civil. Si ilusorio suprimir las razones del poder que dan vida al conflicto, cabe al menos restablecer parámetros que lo someten al derecho internacional humanitario. Según ellos, por loable que parezca el motivo de beligerancia, debe siempre protegerse a la población no combatiente y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Su lema: nadie puede, a título de legítima defensa, fungir de bárbaro para responder a la barbarie.
Sería preciso adaptar controles a modelos de confrontación como el afgano, replicado en Siria e Irak tras el atentado de horror a las Torres Gemelas. Aquí la intervención militar reemplaza a la tropa propia por aliados locales armados y entrenados por Estados Unidos, con apoyo de su aviación y de sus Fuerzas de Operaciones Especiales; el aliado se convierte en ejército sustituto, de mejor recibo en la opinión doméstica, y más barato.
Verdad de a puño que Netanyahu y sus potencias aliadas desoyen: la única salida al conflicto entre Israel y Palestina es la creación (años ha pactada) de dos Estados independientes y con territorio propio. La negociación tendría que ser política. Mas, para acometerla, sus personeros habrán de reconocer antes el desafío formidable de la sociedad movilizada en el encono. Han debutado ya ríos de manifestantes en las capitales del mundo. En Nueva York, miles de judíos protestan contra su Gobierno, como protestan multitudes de israelitas en su propia tierra. Y la esperanza hecha maravilla: un torrente de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas desfila durante horas, las manos enlazadas, cantando a la alegría, a la paz, a la vida de los niños. ¡No más hacer patria contando muertos!
por Cristina de la Torre | Oct 10, 2023 | Acuerdos de paz, Corrupción, Derecha, Fascismo, Impunidad, Justicia, La paz, Octubre 2023, Paramilitarismo, Proceso de paz, Violencia
Como si no bastara con la ruda oposición al cambio que las urnas pidieron, un dilema enreda el acuerdo nacional: repetir el pacto de silencio del Frente Nacional entre élites responsables de la Violencia que en un baño de sangre había cobrado 200.000 muertos; o bien, acometer un proyecto de nación desde la verdad sobre quienes movieron los hilos de la guerra que le siguió y cobró, con saña redoblada, otro medio millón de muertos. Eco de los anhelos de paz, reivindica el presidente Petro la verdad toda, porque sólo desde ella podremos construir la reconciliación.
Esto dijo al pedir perdón en nombre del Estado por la comisión de 6.402 falsos positivos bajo la égida de la Seguridad Democrática. Una matanza que ni las peores dictaduras del continente registraron jamás, en la Colombia que elegía al que más mataba, señaló, al que trocaba muertos por votos. En línea con la exigencia generalizada de identificar a sus determinadores últimos, escribió el respetado jurista Rodrigo Uprimny que al expresidente Uribe le cabe, cuando menos, responsabilidad moral y política por los falsos positivos.
Aquí los autores del genocidio no son hombres de charreteras como en Chile o en Argentina, indicó el primer mandatario, son hombres de corbata que armaron una red desde el poder para encubrirse, con senadores, ministros, jueces, generales. A su amparo floreció el paramilitarismo y, jugada por la guerra en la que cosechó su poderío económico, volvió trizas la paz que se abría camino desde 2016. Y ocultó la verdad para asegurar su impunidad. La Fiscalía, reveló el presidente, recibió 17.000 procesos compulsados por la JEP y por Justicia y Paz que incluirían a los terceros civiles incursos en crímenes de lesa humanidad, pero sólo les asignó tres investigadores.
También la Violencia vino de arriba. Se volvió conflagración cuando perdió el Ejército su neutralidad en el gobierno de Ospina, y cuando los gremios, la alta sociedad y la jerarquía de la Iglesia pidieron mano dura contra la mitad de los colombianos. Desplegando la táctica fascista de la acción intrépida y el atentado personal, adoptó la barbarie, entre otras, formas inéditas de degollamiento como el corte de franela: una mirria comparado con el descuartizamiento de personas vivas a motosierra batiente, verdadera innovación en expedientes de la crueldad que reinó en el conflicto armado de estas décadas. ¿Quién habló de la historia que, por taparla, vuelve en círculo sobre sí misma, como se clava su aguijón el alacrán?
El Frente Nacional conjuró la Violencia entre partidos, y sus promotores han navegado confiados sobre el recíproco silencio de las partes. Por miedo a la revolución cubana y acicateado por la teoría del desarrollo de la Cepal, retomó la reforma agraria de los años 30 (sofocada por la contienda), dio nuevo impulso a la industrialización con apoyo del Estado y avanzó en política social. 1990 arribaría con su ejército de Chicago-boys para arrojar la idea de desarrollo al cuarto de San Alejo. La más recalcitrante gente de bien arremete hoy contra el presidente Petro dizque por encarnar el comunismo comeniños. Reaccionaria de nación, las propuestas de reforma agraria e industrialización tomadas de López Pumarejo y Carlos Lleras, y de seguridad social extendida a todos le resultan “estatizantes”: castrochavistas.
Acaso el sueño de perpetuar el pacto de silencio responda al tic de una cierta dirigencia que se creyó destinada a mandar con perrero, a bala “cuando toca”, o manipulando la ley; a expensas de otra, la de los Lleras Restrepo-Cavelier-Armitage, que asimiló progreso a equidad, modernidad a bienestar general. Y hace patria. Ya escribía Monseñor Guzmán: “si los bandidos hablaran, saltarían en átomos muchos prestigios políticos de quienes condenan el delito pero apelan a sus autores”.
por Cristina de la Torre | Jul 11, 2023 | AUC, Conflicto interno, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Impunidad, JEP, Julio 2023, Justicia, Paramilitarismo, Uribismo, Violencia
Como en los países menesterosos del Tercer Mundo, sucede en éste, el segundo más desigual del continente. Al tiempo, tuvieron que cantarlo 8 oficiales del Ejército a instancias de la JEP en Dabeiba para derrotar el negacionismo de los responsables políticos del genocidio encarnado en 6.402 asesinatos de civiles presentados como bajas de las Farc en la guerra contra ellas. La mayoría en el Gobierno Uribe, supuestamente a instancias del general Montoya, excomandante del Ejército que, según los comparecientes a la audiencia, exigía litros, carrotanques, ríos de sangre. Muertos, como fuera.
Huevos incubados en el mismo nido -falsos positivos y hambre por marginalidad, corrupción y despojo de tierras- parecen retocar un lienzo común: el formato de la violencia como sistema, tan caro al añoso poder hacendario que, cuando no vistió de paternalismo sus crueldades, las desnudó sin pudor. Que, a fuer de guerra contrainsurgente, contrajo a bala su política de seguridad, ejecutó una contrarreforma agraria a muerte y, allí donde más se ensañó, disparó el hambre. El hambre, hija del desempleo, de la informalidad, de la precariedad del ingreso o de su falta absoluta. Hija del asalto a bienes públicos y fundos campesinos por las gavillas más avezadas de la gente de bien.
Tras la muelle indolencia de los apoltronados en el sistema de abuso y privilegio que se asume como sino natural, escurren el bulto los responsables últimos de falsos positivos. Por cobardía, por miedo a la verdad y al castigo. A la verdad develada en Dabeiba ante sus víctimas: los falsos positivos no fueron hecho fortuito de algún díscolo uniformado; fueron estrategia oficial, sistemática de Seguridad, política institucional de un Gobierno que encarnaba a un tiempo la jefatura suprema del Estado y de las Fuerzas Armadas. Si no penal, ¿le cabe responsabilidad política, aunque se diga ahora “traicionado” por sus subalternos? “No éramos ruedas sueltas, había una jerarquía de mando”, declaró el sargento Ochoa. Con idéntico criterio de cadena de mando acaba de imputar la JEP a 10 miembros de las Farc como “máximos responsables (del secuestro de 144 personas) por su liderazgo y ostentación de mando”.
Agudización de la pobreza, con sus secuelas de hambre y exclusión, resultó de la masiva expropiación de la pequeña propiedad rural en la Costa Caribe. En particular en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar que hoy acusan los peores índices de la FAO, y la incontenible expansión de la hacienda ganadera. Fueron ellos epicentro del sangriento proyecto político, militar y económico del paramilitarismo y de su brazo desarmado, la parapolítica. Formidable fuerza de apoyo de la ultraderecha que se pavoneaba en el poder del caudillo, parte sustantiva de cuyo ejército hacía la vista gorda ante el despojo y sumaba cifras de “bajas guerrilleras”: de falsos positivos.
El programa Hambre Cero sólo alivia si se ejecuta al punto, con subsidios y creación inmediata de empleo juvenil. Atacar sus causas será estrategia de mediano y largo plazo. Sobre falsos positivos, la comentarista Shirley de este diario señala que estamos ante la monstruosidad de un genocidio. Para esclarecerlo pide identificar a sus determinadores: ”No queremos venganza ni odio -remata- sólo justicia, ya, para mañana es tarde”.
por Cristina de la Torre | Dic 13, 2022 | Conflicto interno, Diciembre 2022, Fuerzas Armadas, Paramilitarismo, Sanción Social, Violencia
Ni Alberto Fujimori ni Iván Duque dispararon contra nadie. Pero al expresidente peruano se le adjudicó “autoría mediata en estructura de poder organizado” por el asesinato de 25 civiles en 1991, a manos de fuerzas de seguridad bajo su mando. Lo sentenciaron a 25 años de prisión. Aunque se trata de experiencias distintas, a la luz de la justicia internacional se inquiere si la brutalidad de la Policía que aquí cobró decenas de vidas entre manifestantes inermes en 2021 invocaría la misma figura jurídica, toda vez que el Esmad obedeció a lineamientos del alto Gobierno y éste desestimó la villanía de sus hombres.
Para el profesor Alfonso Daza, el concepto remite a la persona natural que debe responder penalmente por agravios contra la población civil cometidos, entre otros, por la Fuerza Pública. Podrá preguntarse si, como a los manifestantes se les dio trato de insurgentes, de enemigo interno, cabría el concepto de la Corte según el cual, en contexto de conflicto armado, aunque una autoridad no participara directamente podría tener responsabilidad de superior por omisión. O sería la ley del embudo: profilaxis de inmaculados custodios del orden sobre ciudadanos con enseña de subversivos porque protestan.
Las ONG Indepaz y Temblores acopiaron un arsenal de pruebas que les permitieron concluir: “la violencia homicida se ha cometido en medio de una decisión del Gobierno Nacional y de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso de armas de fuego con métodos de terror contra la protesta social”. El país entero registró horrorizado homicidios, lesiones oculares, violencia sexual, desapariciones y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Certificaron aquellas 75 asesinatos en el marco del paro, 44 de los cuales con presunta autoría de la Fuerza Pública, sólo en los dos meses que corren entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021.
De parecida jaez son los informes de la CIDH, de Human Rights Watch, de la ONU y la OEA, de Amnistía Internacional y los reclamos del Papa, el Parlamento Europeo y la bancada demócrata de Estados Unidos. Muchos denunciaron alarmados una violencia oficial comparable a la de Nicaragua. Y ni siquiera en esa dictadura se hubiera visto al presidente ataviado de policía en la noche que más muertos contó, sin una palabra de consuelo para las víctimas, sin un reproche para subalternos que disparaban contra la multitud, y sí, en cambio, con abrazos y lisonjas para aquellos “héroes”. Héroes que a todos los crímenes y excesos sumaron el de la violencia sexual desbocada, machista y sin control, como lo denuncia hoy en informe sobrecogedor Amnistía Internacional.
La pregunta no cesa: ¿quién dio la orden? ¿Quién en el paro, quién en los falsos positivos? No siempre se emite una orden expresa, explica Daza, ésta puede ser difusa, pero tiene que haberla. La responsabilidad predominante es del autor mediato, por el superior dominio de la decisión. Nuestra Corte Suprema cooptó la doctrina de que en aparatos de poder organizados, los delitos pueden recaer sobre el dirigente, el coordinador y el directo ejecutor o subordinado: eslabones articulados en plural coautoría, comprometen a toda la cadena de mando. Y esta autoría será por acción o por omisión. Señala Maria Emma Wills que hay órdenes explícitas, pero las hay también implícitas, a veces en una atmósfera de tolerancia con el crimen en la organización. Obedecen a una cultura institucional, a normas formales e informales que la dirigencia adopta y por la cual debe responder: o se dio la orden, o se cohonestó el crimen por omisión. Si no se configurara contra ese Gobierno imputación judicial por el horror causado, ¿tampoco merecería sanción social y política?
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Oct 11, 2022 | AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Desplazados, Desplazamientos, Fascismo, Fuerzas Armadas, JEP, Líderes Sociales, Octubre 2022, Paramilitarismo, Régimen político, Restitución de Tierras, Violencia
Para salvar la cara cuando su partido abre campaña electoral de mitaca, el expresidente Uribe hace de la historia una caricatura. Caricatura macabra esta vez, para convertir a las víctimas en victimarios. “Los falsos positivos -escribe paladinamente- parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular”. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la JEP para el período en que Uribe gobernó (la más pavorosa atrocidad de la guerra que campeaba) habrían sido un simple ardid de sus detractores políticos. Y, por extensión, de la Colombia y del mundo que registraron horrorizados la matanza. A su lado, otras políticas de aquella Seguridad: las de crear una red de un millón de informantes civiles y, a cuatro años, un contingente de cien mil soldados campesinos de apoyo al cuerpo profesional. Medidas que tributaron al despliegue del paramilitarismo, al asesinato de inocentes para presentarlos como bajas en combate; y abrieron puertas a la guerra civil, a la irrupción de la población como protagonista de la guerra.
Confeso responsable de falsos positivos, el coronel (r) del Ejército Gabriel Rincón declaró que la exigencia de mostrar resultados en bajas respondía al imperativo del comandante del Ejército de acopiar “litros de sangre, tanques de sangre”. “Por tener contento a un Gobierno”, adujo el cabo Caro Salazar, cabía todo, aun la alianza con paramilitares. Dos coroneles describieron la acción de “una verdadera banda criminal” en el seno de la Brigada 15 que ellos comandaron. El 25 de julio pasado imputó la JEP a 22 militares más por la comisión de falsos positivos, por los cuales la justicia había ya condenado a otros 1.749 uniformados. Para Jacqueline Castillo, vocera de Madres de Falsos Positivos, las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) sistemática y generalizada, bajo el ala de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
Y sí, sólo en el primer año del Gobierno Uribe aumentaron estos crímenes 138%, dice La Pulla, y entre 2004 y 2008 se presentó el mayor número de falsos positivos en el país. A la cifra fatal, que escandalizaría aun a las dictaduras del Cono Sur, llegó la JEP contrastando fuentes oficiales y no oficiales: de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos. La JEP registró confesiones, contrastó fuentes y verificó los hechos. Ninguna autoridad jurisdiccional del país o del mundo ha cuestionado este resultado.
La red de informantes de marras derivó en abusos y detenciones arbitrarias a granel; y el programa de soldados campesinos expuso a las comunidades a nuevos riesgos en el conflicto. Primer efecto, se dispararon los falsos positivos. Integrada por civiles remunerados y con instrucción militar, pronto la primera dio lugar a las Convivir, matriz del paramilitarismo. Mimetizados en la entraña misma de la comunidad, los soldados campesinos cumplirían de preferencia labor de inteligencia: reportarían movimientos de extraños. La estrategia apuntaba, como en la Rusia de Stalin y en la Italia de Mussolini, al apoyo de la población al régimen. Ya escribía Antonio Caballero que el fascismo está menos en la represión que en el entusiasmo generalizado por la represión.
A los falsos positivos, a la red de informantes y de soldados campesinos se sumó la transformación del DAS en órgano presidencial de espionaje a la oposición y de persecución a la Corte Suprema que juzgaba a la parapolítica. En todas las aristas de la Seguridad Democrática mandaba El Supremo, desde arriba. La queja que Uribe emite hoy evoca la parodia de los pájaros que disparan a las escopetas.
