¿ELN quiere la paz, o su dictadura armada?

Ya era hora. Tras año y medio de confraternizar el comisionado Danilo Rueda con el ELN, de concedérselo todo sin demandarle reciprocidad, asume el cargo Otty Patiño y, con él, nace la esperanza de replantear la negociación con esa guerrilla. El secuestro de don Manuel Díaz rebosó la copa de tolerancia de los colombianos con el grupo terrorista que lleva cuarenta años pujando por imponer su revolución en mesas de negociación, sin más mérito que el de violentar al pueblo que dice representar. Pero ahora tendrá que habérselas también con la rabia de la opinión toda en su contra. Grave crisis de la mesa declaró el nuevo comisionado. Si no se acaban prácticas como el minado, el confinamiento, el reclutamiento, la extorsión y el secuestro, dijo, el proceso de paz no va más. Y avanzó sobre la matriz misma de la negociación, que esa organización armada elude por sistema: venía de declarar que “todo proceso debe culminar en dejación de armas”, y ahora espera cerrar la discusión sobre finalización del conflicto.

Lejos de prestarse a una negociación en regla donde ambas partes sacrifican prerrogativas, el ELN deja traslucir girones de su sueño dorado: envalentonada por la ausencia de Estado y por un cese el fuego prematuro que aquieta a la fuerza pública, apunta esa guerrilla -como todos los armados enriquecidos en el crimen y en economías ilícitas- a saltar del control de un territorio a instaurar en él una dictadura militar.

No bien empezó el cese el fuego con esa guerrilla, declaró Gabino que, con independencia de lo que se negocie, seguirá ella en la lucha armada: “ni asomos de discusión de que vamos a abandonar las armas (…) si esa es la condición, no hay acuerdo”. Y hace una semana aludió el Frente Oriental a una hipotética dejación de armas, para condicionarla a los “cambios estructurales que se vayan materializando” (en el curso de la negociación): en doctrina militar, en el sistema económico, en “lo fundamental de un Estado”. Tienen agallas. Pero no hay ya comisionado que se las alcahuetee.

Pese a los aspavientos de valentón del comandante del ELN, Antonio García, tono y circunstancias son ahora otros. El nuevo comisionado y el ministro de Defensa exigen la libertad inmediata de los 38 secuestrados, no “retenidos”, en poder de esa guerrilla. Declara Iván Velásquez que, siendo el control del territorio potestativo de la fuerza pública, se prepara acción militar envolvente para proteger sin atenuantes a la población. Para defenderla tanto del ELN como del grupo criminal de Mordisco, habrá ajuste de fondo en la política de seguridad.

En alusión a este último, critica el jefe de la cartera de Defensa la cabriola de atentar sin pausa contra las comunidades, levantarse de la mesa de diálogo y librar guerra a muerte contra rivales por prevalecer en el negocio del narcotráfico, mientras reivindica el cese el fuego. Sin negociación no puede haberlo; además, éste debería ser multilateral, si de proteger a la población se trata.

Negarse a hablar de renuncia a las armas y cese del conflicto, porfiar en su guerra degradada contra la sociedad y en negocios sucios; si todo parece tributar al delirio eleno de un Estado paralelo, entonces ¿qué se propone con el diálogo? ¿Sólo el cese el fuego, que reduce el riesgo militar a su disputa con rivales de la misma calaña por economías que comportan crimen y violencia? ¿Quieren la paz, o quieren el despotismo que define su ADN? Respondan ahora también ante la opinión, que se instaló como potente interlocutor en la mesa de negociación. Ya lo dijo Otty Patiño: el proceso se acaba cuando la población lo diga.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad a los amables lectores.

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Paz: volver a barajar

ELN y EMC de Alias Mordisco, dos fuentes de crisis en las conversaciones de paz, pero también dos efectos divergentes sobre el proceso: en el primero, el secuestro de don Manuel Díaz desnuda anchas grietas en la negociación. En el segundo, el abandono de la mesa por el grupo en armas responde a la ofensiva militar que obstaculiza sus negocios ilegales y a la contrapropuesta de sustituirlos por una economía legal concertada con el Estado.

Esta crisis que disloca las negociaciones con el ELN no se resuelve con pronunciamientos de esa guerrilla sobre el secuestro. Si es que los emite, después de los 9.500 secuestrados que la Comisión de la Verdad le adjudica. El derecho a la paz del país acosado por minorías frenéticas, acá y allá, impone una reconfiguración de la matriz misma del proceso. Respuesta apenas ajustada a la afrenta del jefe eleno Antonio García, que al clamor de parar este crimen espetó: “no se hagan ilusiones”. Ya en junio, a la firma del cese el fuego, se pavoneó Beltrán, su jefe negociador, con la advertencia de que no abandonarían el secuestro. Y la delegación del Gobierno calló, por no llamar secuestro al secuestro. Como ha callado o cedido a sus exigencias, impensables en negociaciones de paz. 

Cándida liberalidad del Gobierno que suelta la rienda en secuestro y al parecer también en otras materias de monta. Abrió de entrada el comisionado Danilo Rueda la puerta a concesiones mayores, al declarar que el Gobierno no interpondría líneas rojas en la negociación. Así, la meta de poner fin al conflicto es una pincelada de niebla en la agenda y la de renunciar a las armas no figura; antes bien, ha dicho el ELN que jamás las dejará. Si la idea del cese el fuego era amortiguar la violencia, éste debió acompañarse del cese de hostilidades, de las violencias que los armados ejercen contra la población inerme: secuestro, confinamiento por paro armado, desplazamiento, asesinato, violación.

Pero si el ELN tira el chorro tan alto, no parece haberlo mantenido la disidencia de las Farc en el Cañón del Micay. Contra su hegemonía de 13 años en ese territorio ordenó el presidente Petro la operación Trueno, el Ejército recuperó posiciones vitales en la logística del narcotráfico, rey en la zona que representa el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Y allí se quedó. A la voz del general Federico Mejía seguirá la operación Trueno pues “para el Ejército no hay zonas vedadas”. Entonces el EMC se levantó de la mesa y advirtió, eso sí, que no cesaba el cese el fuego. Sin negociación, sin avances en acuerdo de sustitución de economías ilícitas, sin fin de hostilidades contra la población, no hay cese el fuego posible, replicó el primer mandatario; y agregó que tal vez hubiera sido prematura la negociación política con esa disidencia. Explicó que el EMC ha resentido la recuperación militar que avanza en ese territorio. Que la estrategia de sustitución de cultivos, en principio acogida por ellos, habría bloqueado sus negocios ilícitos. Que será preciso replantear la negociación con el EMC.

Por primera vez se dibuja en los hechos la política de paz total: acción militar contra economías ilícitas de grupos armados y en defensa de la población civil, de un lado; de otro, la solución socioeconómica. Para el caso del Micay, una ambiciosa estrategia de sustitución de cultivos a dos manos con el Estado.

También con el ELN, será de volver al abecé: en palabras de José Gregorio Hernández, la paz no puede implicar sujeción de la autoridad legítima al chantaje o a las condiciones de la subversión. Es hora de trazar metas claras, líneas rojas y desplegar la política de seguridad. Volver a barajar.

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Haciendo patria con sangre

Guerra que se respete se reputará justa, patriótica, santa; mientras más muertos, más campanillas: la de Hamas, con sus 1.200 israelitas asesinados este 7 de octubre; el genocidio que en respuesta protagoniza Netanyahu sobre Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, y sus 4.500 caídos a la fecha;  las agresiones del inmaculado Occidente contra Afganistán, Pakistán, Irak y Siria, que cobraron 350.000 vidas en ataque armado y por efecto colateral, según el Instituto Watson; la de Ucrania, presa en disputa de dos imperios; la eliminación de la décima parte de la humanidad en dos conflagraciones mundiales, antesala también de nuestra guerra contrainsurgente infestada de narco, con derivaciones escabrosas en Bojayá y Machuca a manos de FARC y ELN, o en los 6.402 falsos positivos de la Seguridad Democrática. Guerras todas beatificadas sobre la tumba de sus víctimas.

Contra Palestina, única nacionalidad sin territorio, se bate la marca de la crueldad: sitiada por hambre, frío y sed, presa de pánico por bombardeos que no perdonan hospitales, se opera allí con el último bisturí y sin anestesia. Los niños que sobreviven tiemblan. Y Biden, mentor de la democracia, retrasa el ingreso de auxilios y veta en la ONU propuesta de cese el fuego. 

En la añosa tradición de Napoleón que impone a bala y a puñal en el mundo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, savia de la Revolución Francesa, EE.UU. y la OTAN presentan sus carnicerías como “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva”. Entre tales mohines de hipocresía y patriotismo de cuatro pesos, medra la paradoja de Raskolnikov: ¿por qué a Napoleón que carga sobre sus hombros con medio millón de muertos se le tiene por héroe y a mí, por matar a una vieja usurera, me condenan por asesino?

Hoy se ve el conflicto convencional desplazado por la confrontación terrorista de adversarios que burlan las reglas de la guerra trazadas en Ginebra en 1949. La primera, el respeto a la población civil. Si ilusorio suprimir las razones del poder que dan vida al conflicto, cabe al menos restablecer parámetros que lo someten al derecho internacional humanitario. Según ellos, por loable que parezca el motivo de beligerancia, debe siempre protegerse a la población no combatiente y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Su lema: nadie puede, a título de legítima defensa, fungir de bárbaro para responder a la barbarie. 

Sería preciso adaptar controles a modelos de confrontación como el afgano, replicado en Siria e Irak tras el atentado de horror a las Torres Gemelas. Aquí la intervención militar reemplaza a la tropa propia por aliados locales armados y entrenados por Estados Unidos, con apoyo de su aviación y de sus Fuerzas de Operaciones Especiales; el aliado se convierte en ejército sustituto, de mejor recibo en la opinión doméstica, y más barato.

Verdad de a puño que Netanyahu y sus potencias aliadas desoyen: la única salida al conflicto entre Israel y Palestina es la creación (años ha pactada) de dos Estados independientes y con territorio propio. La negociación tendría que ser política. Mas, para acometerla, sus personeros habrán de reconocer antes el desafío formidable de la sociedad movilizada en el encono. Han debutado ya ríos de manifestantes en las capitales del mundo. En Nueva York, miles de judíos protestan contra su Gobierno, como protestan multitudes de israelitas en su propia tierra. Y la esperanza hecha maravilla: un torrente de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas desfila durante horas, las manos enlazadas, cantando a la alegría, a la paz, a la vida de los niños. ¡No más hacer patria contando muertos!

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ELN: soberbia y negro prontuario

No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía. 

El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.

Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.

Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja. 

Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.

Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.

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De la coca a la industria agrícola

Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos. 

Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita? 

Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.

En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.

Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.

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