por Cristina de la Torre | Oct 4, 2020 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Octubre 2020, Posconflicto
Pocos testimonios habrán conmocionado el alma de los colombianos como el de Íngrid Betancur sobre su secuestro de casi siete años por las Farc. Y pocas revelaciones habrán sacudido tanto al país como esta de que la cúpula de aquella exguerrilla se asume responsable de los asesinatos de Álvaro Gómez, el excomisionado de paz Jesús Antonio Bejarano y el General Landazábal. Si la mentira –había dicho Ingrid– es el escudo de los poderosos y de los violentos para escribir la historia oficial, la verdad es el camino de la paz. No bien concluyó su exposición ante la Comisión de la Verdad, cuando el secretariado del nuevo partido reconoció su crimen y le pidió perdón. Tres días después, se comprometió aquel con la JEP a ofrecer verdad, esclarecer los hechos y asumir de antemano su responsabilidad en el homicidio del dirigente conservador. Si así fuere, estarían las Farc provocando un huracán en el país que parecía precipitarse al abismo del autoritarismo y la violencia: un paso de gigante hacia la conquista de la verdad y de la paz.
Las víctimas merecen la verdad. Y también cantan la suya, hasta generar resultados inesperados. Para Íngrid, el secuestro es un asesinato, una muerte lenta sin fecha de vencimiento. No termina con la liberación, pues expropia la identidad, descuartiza la dignidad, anula al ser humano y cambia la genética del que fue para trocarlo en otro. El peso del secuestro en el secuestrado es invencible: lo arroja al vacío donde él se pierde, olvida quién es y después luchará toda la vida por recomponer su ser. El daño es irreparable. El secuestro es el peor de los crímenes porque los incluye a todos y para siempre.
Y un sufrimiento se erige por encima de todos los demás: la mentira. La mentira para maquillar los hechos y la mentira por omisión. La que oculta el nombre de los homicidas y condena a miles de familias a la desesperación en su estéril búsqueda de responsables.
En su emplazamiento a las Farc, señalaba Ingrid que la aproximación a la conciencia de lo hecho, de lo injustificable, pasaba por la negación. Mas todos los abusos legitimados en la ficción de la lucha por el pueblo se derrumbaban ante la incapacidad para reconocer siquiera la propia verdad. Y el miedo, ay, el miedo de las Farc a bajarse de un pedestal confeccionado de falsos heroísmos, pues esa guerrilla llevaba décadas controlando su mundo, imponiendo su ley, contando la historia como ella la quería contar. Ahora podía también mostrarse como el héroe generoso que concede la paz.
Enhorabuena, agregaría, si también ellos hacen el recorrido que a todos se nos impone: escoger quiénes quieren ser en el espacio de país que se ha creado con la paz. Si tienen el coraje para mirarse de frente, sin darse justificaciones, para mirar con asco lo hecho y no querer repetirlo. Arrepentirse. Acercarse con humildad, con dulzura de corazón a los colombianos. Sólo cuando ellos puedan llorar con nosotros se derrumbarán todos los muros que se les interponen. Y se abrirá un verdadero horizonte de paz.
Su admonición pareció precipitar una decisión largamente madurada que sorprendió al país: reconocerse autores de los homicidios señalados. Escribieron en su misiva a la JEP: “Honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”. Colombia espera que honren su palabra.
Que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigada del Ejército, la verdad sobre los “falsos positivos”. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?
por Cristina de la Torre | May 2, 2017 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2017, Proceso de paz
No, no hay que devolverse hasta la Colonia. Si le reconocemos a la verdad histórica poder esclarecedor sobre la guerra, debemos seguir el hilo de la madeja hasta su raíz más próxima y reveladora: la violencia desatada por las dictaduras conservadoras de mediados del siglo XX contra el partido rival. Víctima suya –y del abandono del notablato liberal– fue Pedro Antonio Marín, jefe a la sazón de autodefensas liberales a las que debió convertir después en Farc, al mando del ahora apodado Tirofijo. La Violencia fue cuna del conflicto que se reeditó más adelante en clave de Guerra Fría. Despojo de tierras, desigualdad o exclusión política, violencia oficial, expulsión del campesinado y terror contra la población inerme sobrevivieron casi inalterados hasta hoy, tras breve hibernación a comienzos del Frente Nacional. Verdad es que el narcotráfico y la modalidad de guerra contrainsurgente le imprimieron nuevo sello a la vieja contienda. Pero ello no impidió que el exaltado de derechas y promotor insigne de la Violencia, Laureano Gómez, reencarnara en Uribe Vélez. Compromiso primero de la verdad histórica será descorrer el velo que se cierne sobre la Violencia. Y no callar esta vez, pues el silencio humilla la las víctimas, alimenta el odio y el deseo de venganza.
La mayor ferocidad de la Violencia tuvo lugar en el Gobierno de Gómez; en él, la política toda se resolvió a tiros, a corte de franela y a llamados de Monseñor Builes a matar liberales, pues pertenecer a esa bandería era pecado mortal. Ya Ospina había trocado a Ejército y Policía en fuerzas al servicio de su mandato, con la sibilina misión de reducir, por física sustracción de materia, el contingente electoral del liberalismo. Se acogieron los jefes de las primeras a la amnistía de Rojas, para caer asesinados, uno a uno, tras entregar las armas. No así Marín, quien fortaleció su autodefensa contra la dictadura. Lo movía también el resentimiento hacia la propia dirigencia liberal que, en pacto con la élite conservadora abandonaba a su resistencia armada. Lo movía, sobre todo, la lucha por la tierra para el campesino. Pepa del que fuera después programa agrario de las Farc, emparentado con las propuestas de reforma agraria de López Pumarejo y Carlos Lleras. No vivió Tirofijo para ver plasmada esa bandera en el Acuerdo de paz suscrito por las Farc con el Gobierno de Santos. Ni el sometimiento de sus huestes a una justicia que también a esta guerrilla le exigirá verdad sobre las atrocidades cometidas.
Allende la verdad judicial que podrá imponer penas individuales acá y allá, cuenta la verdad histórica. Memoria de acontecimientos protuberantes que ridiculizan nuestra rosada historia de Colombia, amasada con héroes de barro, con fanfarrias a purpurados y valentones, con silencios interesados en la autocomplacencia de los verdugos-vencedores. Y no es de caer en el anverso moralista de los Henao y Arrubla para volver buenos a los malos y malos a los buenos, que de bueno y de malo tiene a un tiempo la condición humana. Muchos victimarios lo fueron arrastrados por imperativos de necesidad o de legítima defensa. No fue lo mismo pagar a paramilitares para defenderse del secuestro que asociarse con ellos para masacrar campesinos y quedarse con sus tierras. Pero la verdad histórica apunta a identificar a los responsables políticos de la carnicería, y sus medios de acción. Llámense directorio de partido, trama de prelados, orden de Gobierno, conjura de generales o de jefes guerrilleros. Verdad sobre la guerra de hoy y sobre su hermana carnal, la Violencia. Condición inescapable de paz que podrá traducirse en acuerdo civilizatorio de todos los colombianos: nunca más un pacto de silencio.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Abril 2010, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Modelo Político, Narcotráfico
Hace bien el Presidente en denunciar el armamentismo de Chávez, proyectado sin duda como una máquina de muerte contra Colombia. Pero también Uribe practica el suyo, de puertas para adentro. Por acción y por omisión. Porque anverso sombrío de su exitosa seguridad ha sido la militarización de la sociedad y un aliento a la militarización de los espíritus. Gusto por la guerra que ya bebía en la fuente del narcotráfico, del paramilitarismo y la guerrilla, claro, pero halló nuevos bríos en la gestualidad pendenciera del mandatario más popular en mucho tiempo. Si tras una inversión militar sin precedentes siguen operando los ejércitos paralelos, difícil será valorar cómo ha incidido aquel discurso subliminal en el desmadre de la violencia entre civiles.
17.000 homicidios se cometen con arma de fuego en Colombia cada año, casi todos a manos de civiles. En Inglaterra son 600. Cifra colosal la nuestra, que coloca en primer plano la discusión sobre el desarme de civiles, como condición ineludible de la seguridad. Opción contraria a la de armar gente –a universitarios informantes, verbigracia- dizque para fortalecerla. En Colombia hay 1.043.000 armas de fuego legales en poder de particulares. Circulan muchas más, hechizas, fabricadas en la sombra o ingresadas de contrabando. Este arsenal aterroriza a la ciudadanía, multiplica la violencia, mina el desarrollo y obstaculiza el camino de la paz. 81% de los crímenes cometidos en 2009 se ejecutaron con arma de fuego. En Cali, la proporción fue del 94%. La mayoría de estos homicidios fue perpetrada por particulares, no por grupos armados. Aunque éstos terminaron por convertirse en referente ético y pragmático de miles de colombianos para quienes la violencia se ofrece como única oportunidad de supervivencia y de valía.
En la recomposición de los mercados del crimen, miles de jóvenes siguen el rastro de cuanta organización enseñó que matar paga, limpiar el vecindario de “indeseables” da prestigio, accionar un arma certifica la hombría y confiere poder. Con más veras aprietan el gatillo si el mensaje oficial reza todos los días que la fuerza es el medio único y supremo de superar el conflicto, que dialogar es apaciguar. Efecto de simplificación, la verticalidad del Gobierno frente a la guerrilla se distorsiona en divisa cotidiana de violencia por temor a “quedar como una nena”. Sambenito frecuente entre jóvenes de una comuna de Medellín.
Para ampliar los controles sobre el porte y tenencia de armas, la Coalición de Ciudadanos por el Desarme de civiles presentó en 2007 un proyecto de ley avalado por 1.800.000 firmas. Este congreso admirable ni siquiera discutió la iniciativa. Ni se enteró de que las campañas de reducción del porte de armas en Bogotá se tradujeron automáticamente en una reducción proporcional de homicidios. Productores, contrabandistas de armas y las compañías de seguridad privada –que no andan propiamente desarmadas- son los primeros en rechistar. Si extranjeras, muchas de esas firmas incorporan mercenarios que escapan a la ley colombiana y gozan de inmunidad diplomática. Si nacionales, otras tantas están integradas por miembros de AUC desmovilizados que prestan vigilancia privada y, a menudo, servicios de inteligencia.
Está visto que la guerra por sí sola no conduce a la paz. Hay que desarmar a los civiles, no sólo a los ejércitos ilegales, y devolverle al Estado el monopolio de la fuerza. Además, reorientar la seguridad revalorizando la justicia e ideando un modelo económico de crecimiento con empleo y verdadera seguridad social. Decisivo será el desarme de los ciudadanos y de los espíritus. Y reconocer más valentía en el llamado a la paz de doña Emperatriz de Guevara que en tanto pantalonudo segando vidas inocentes.
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2016 | Conflicto interno, Junio 2016, La paz
A medio camino va la hazaña de La Habana. Hito de nuestra historia en un siglo, sí; saludado con lágrimas de felicidad, el fin de la guerra será flor de un día si no se empieza ya a forjar un país distinto del que dio lugar a la contienda. Y se manchará si no entienden las Farc que con su renuncia a las armas ganaron el derecho político de disputarse el poder, mas no todavía el derecho moral de pedir su voto a los millones de colombianos que repudian los crímenes de esa guerrilla y le exigen pedir perdón. Legítimo reclamo que no inhibió, sin embargo, un estallido de júbilo en el país, a la firma del cese el fuego definitivo. Era el cierre de un conflicto que cobraba casi 300.000 muertos y 100.000 desaparecidos.
Sueño convertido en realidad, la guerrilla más recalcitrante del hemisferio se comprometía ante el mundo a deponer las armas. Tras perseguir durante medio siglo el derrocamiento del Estado burgués, se allanaba ahora a las instituciones de la democracia liberal: a la decisión de la Corte Constitucional sobre refrendación de los acuerdos; a la exclusividad de la Hacienda Pública sobre los impuestos, es decir, renuncia a la extorsión; al monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, al deponer ellas las armas. El pacto suscrito es proporcional a la fuerza de las partes: ni pudo la insurgencia imponer su revolución por decreto; ni el Estado, humillar con rendición a una guerrilla apaleada pero no derrotada. Exánime quedó la paz de la derecha extrema, perversamente magnificada como cárcel sin apelación y negación de la política para quienes ofrecían con lealtad las armas. Su calculado desenlace, la guerra perpetua. Modelo único entre todas las experiencias de negociación de paz en el orbe.
Ahora bien, construir la paz será desafío formidable para todos. Porque implica no sólo disponer los espíritus a la reconciliación y entronizar una genuina democracia, sino producir cambios sustanciales en la economía y en la sociedad. Ya los acuerdos de La Habana prometen, verbigracia, una reforma rural que nuestras élites, las más reaccionarias del continente, han represado a plomo durante un siglo. Anticipando el posconflicto, el renacido movimiento campesino reclama de nuevo reforma agraria integral, cambio de modelo económico en el campo y protección del Estado sobre la producción nacional. Hay también quienes puntualizan propuestas de reindustrialización y un viraje en el paradigma de apertura que la frustró en el huevo. En salud, proliferan alternativas a la ley 100 que convirtió en negocio la salud, y este Gobierno acolita.
Mientras se presiente el espectáculo de confrontación de ideas, sin fusiles, bien para reconstruir el país, bien para defender la sociedad del privilegio, Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto, anuncia cambios sin precedentes en el campo. Para empezar, proyectos de estabilización socioeconómica inmediata, justicia y seguridad en los 100 municipios más afectados por la guerra. A diez años vista, se maduran contratos-plan con enfoque territorial en todos los departamentos, con énfasis en reconstrucción del tejido social. Enhorabuena.
Aquel hervidero de ideas, acicateado por el advenimiento de la paz, augura un nuevo amanecer. Al abrigo del siempre nuevo principio democrático. “He sido un implacable adversario de las Farc –dijo en su discurso de La Habana el presidente Santos– Pero defenderé con igual determinación su derecho a expresarse […] por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo”. Elocuente invitación a la recíproca de las Farc, no bien sanen ellas las heridas de sus víctimas. Y a la extrema derecha, cuando esta emplace de viva voz a quienes disparan en nombre de su corriente política.
por Cristina de la Torre | May 30, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz
Con el secuestro de los periodistas Salud Hernández, D’Pablos y Melo, parece hundirse sin remedio el ELN en la trampa de su torpeza. La sociedad en pleno le ha gritado a la cara que no tolera un plagio más. Pero se ignora si esa guerrilla pueda registrar, tras la coraza de su inmodestia, el repudio general. Si persista en la insultante justificación del secuestro como “política normal” para financiar su guerra, con la que zahirió hace dos meses el trascendental anuncio de dejar las armas, una invitación a soñar con la paz integral. O si entienda que renunciar al secuestro no es ya apenas condición del Gobierno para dialogar sino exigencia de un país que se levanta contra la infamia. El Centro de Memoria Histórica le adjudica al ELN la presunta comisión de 7.362 secuestros; otros la tasan en 10.411. Y el único que sufre no es el plagiado, a quien se deshumaniza con frecuencia hasta matarle el alma. Por víctimas directas asociadas al secuestro se tiene también a otras 200.000 personas, los familiares. Caso al canto, hace un mes debió entregarse Odín Sánchez a esa guerrilla, en canje por su hermano, el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, que llevaba dos años y medio secuestrado.
En doctrina y en programa, poco ha cambiado el grupo armado desde su creación. Contra el vértigo de la historia, porfía el ELN en el estatuto que lo vio nacer. Salvo en el referente ético. Si proclamó en la cuna el respeto a la libertad de pensamiento y de culto, fue su primer jefe quien entronizó la violación de ese principio, con el ajusticiamiento por “traición” de todos sus contradictores ideológicos. Y la saga siguió. El 3 de octubre de 1989, secuestró el ELN en Arauca a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, de 72 años. Lo torturó y le incrustó cuatro balas en la cabeza. Fue “ajusticiado… por delitos contra la revolución; (por formar parte) del sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica”. Por pronunciarse contra la revolución y contra el comunismo.
Como si no bastara con el secuestro, otras señales levantan dudas sobre la viabilidad de paz con el ELN: el lenguaje de la agenda pactada con el Gobierno, abstracto, hiperbólico sugiere la pretensión de esa guerrilla de alcanzar en la mesa la revolución que no logró en su trasegar de medio siglo. A tono con su ideario, el punto de Transformaciones para la paz no augura concesiones al reformismo. Respira también aquella agenda la tácita ambición de oficiar como vocero legítimo de la sociedad civil. ¿De la sociedad que deplora sus métodos de guerra? ¿De alguna comunidad campesina –en Catatumbo o en Arauca– que resiente el puño de hierro con que el ELN le impone su dominación? Mas el grupo persevera en la ilusión de ser vanguardia político-militar del pueblo, el núcleo armado que “genera y canaliza la conciencia revolucionaria”. Así, el tercer punto invoca la Participación de la sociedad en la construcción de la paz (¿y la implícita autoproclamación del ELN como su líder y vocero?). Años de conversaciones, acaso décadas tendrían que pasar para que las condiciones del país se adaptaran al anhelo mesiánico de este grupo reducido de insurgentes.
Se impone lo contrario: que la agenda sea negociable, no sólo conversable; que aterrice sobre la realidad. Que se reconcilie el ELN con los colombianos devolviendo a los plagiados y renunciando públicamente al secuestro. Sólo así podrá revalorizar la esencia del viraje cardinal que tuvo la valentía de anunciar el 30 de marzo: pasar de la lucha armada a la política. He aquí el camino para que el ELN no tenga que inmolarse en su propia trampa. Para que derive, más bien, en artífice de la paz integral que Colombia reclama.
