por Cristina de la Torre | May 16, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz, Uribismo
A la inminente finalización del conflicto armado opone Álvaro Uribe una resistencia que, librada a su suerte, podría derivar en baño de sangre. En tan extrema reacción contra la paz menos imperfecta negociada en 20 años en el mundo, parecen presionar, sobre todo, tres factores no cantados. Primero, sin guerra se marchita el poder del notablato más beligerante en las regiones, autoproclamado uribista. Segundo, la reforma rural pactada daría tierra y apoyos al campesinado, restitución comprendida. Anatema para especuladores con tierras, despojadores de predios, latifundistas y ganaderos improductivos, impetuosa avanzada de la extrema derecha. Tercero, el Acuerdo Especial que brinda seguridad y estabilidad a la agenda pactada en La Habana descarta la convocatoria de una constituyente y, con ello, la posibilidad de revivir la reelección del expresidente. Golpe cruel al delirio de poder.
El llamado del uribismo a resistencia civil ―primera en la historia concebida contra un anhelo mayoritario de paz después de 300 mil muertos y 30 mil desaparecidos en la guerra más prolongada de Occidente― interpela a una gama variada de colombianos. A una porción sustantiva de la sociedad que sigue con fervor las tesis ultraconservadoras del senador y su versión infantilizada -manes de la propaganda- del proceso de paz: éste sería la entrega de la patria a la guerrilla. Convoca a las víctimas de las Farc que cabalgan todavía en el odio legítimo del caudillo hacia ese grupo armado. Mas, si no circunscribe con celo sus acciones a la legalidad, podría esa resistencia interpelar también al neoparamilitarismo, brazo armado de las mafias de narcotraficantes, ganaderos, empresarios, funcionarios y políticos que medran en la guerra, no en la paz. Aguerridos conmilitones de la ultraderecha, extienden ahora su apoyo a los ejércitos antirrestitución de tierras.
El alegato contra el margen de impunidad que la justicia transicional concede pinta más como pretexto movilizador del que siendo presidente se excedió en larguezas con los miles de paramilitares “desmovilizados”. Si extraditó a sus jefes fue porque empezaban éstos a comprometer en sus confesiones a prestantes autores intelectuales y responsables políticos de sus crímenes. Tampoco convence su coartada de fungir como enemigo de la negociación de paz, mas no de la paz: querer imponerle rendición a una guerrilla con la que se negocia justamente porque no fue derrotada es dinamitar la mesa de diálogo; y lograr, por esta vía, que vuelvan todos a las andadas de la guerra.
Empotrado en el infundio de la entrega del país a las Farc, escribe el ganadero y dirigente uribista Lafaurie: “La reforma Rural Integral de La Habana deja ver las expectativas de control territorial político de las Farc en el posconflicto, que dé continuidad al control territorial armado que hoy ostentan. La restitución ha sido permeada por esas expectativas” (El Tiempo, 4, 25). Pero sabe, como lo recuerda el exministro Juan Camilo Restrepo, que el acuerdo rural busca profundizar el desarrollo agrario y los mecanismos de acceso a la tierra; que “no entraña peligro para la propiedad privada, el Estado de derecho o las tierras bien habidas”. ¿Habrá también resistencia contra un cambio mínimo en el campo? ¿Será cívica, desarmada?
Uribe está en su derecho de oponerse a la paz. Pero también en el deber de preservar su resistencia civil de cualquier incursión en ella de la derecha armada, chispa que podrá encender la pradera. Y ojalá entienda que la mayoría de colombianos reivindica el derecho a la paz que la Constitución consagra y ya reclama a voz en cuello: ¡no más secuestrados, no más desplazados, no más desaparecidos, no más muertos, no más guerra!
por Cristina de la Torre | Abr 18, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Proceso de paz, Uribismo
Aparece cada día un nuevo indicio de que la derecha violenta, paramilitar, se arrima a la ofensiva del uribismo por la reconquista del poder, cuando la paz y una reforma rural asoman la cabeza. En simultánea, ideólogos de esta corriente –Ordóñez y Lafaurie– defienden sin máscaras, sin eufemismos a los despojadores de tierras. Peroran acaloradamente en santuarios del paramilitarismo que ahora incorpora “asociaciones de víctimas de la restitución”; vale decir, ejércitos antirrestitución, autores de 72 asesinatos de líderes reclamantes de tierra en Urabá. Cazando votos sobre el sufrimiento de las víctimas, despliegan estos patriotas sin mácula energúmeno lenguaje que invitaría a disparar contra los despojados y sus apoderados. Táctica siniestra esta de poner lápida a la contraparte en el debate. De la cual abusó el régimen de la seguridad autocrática y hoy ensaya de nuevo el expresidente Uribe en la persona de dos de sus críticos: Moritz y Yohir Akerman, a quienes acusa, sin fundamento, de militar en el ELN.
Hay en esta incontinencia verbal del uribismo asombrosa afinidad con la terminología que Carlos Castaño empleaba para recubrir sus crímenes con barniz político. Al punto de no saberse quién copió a quién: si Uribe en su persecución a opositores, jueces y periodistas dizque por ser “guerrilleros vestidos de civil”; o el jefe paramilitar al asesinar civiles inermes rugiendo idéntica expresión: en 1997 le dijo Castaño a Cambio 16 que él mataba “guerrilleros fuera de combate, que no son campesinos sino guerrilleros vestidos de civil”. Y Aurelio Morantes, jefe de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar, autor de la masacre de Barranca en 1988, declaró: “unos fueron incinerados y otros arrojados a las aguas del río Magdalena […]; hemos declarado objetivo militar a los guerrilleros vestidos de civil” (Espectador, 21, 9, 98).
Pero hay más. La coincidencia de términos parece enraizar en identidad política. En columna memorable (El Colombiano, 2006), abunda Fernando Londoño en elogios al “intelectual” Carlos Castaño, se duele de su muerte y hace votos por la resurrección de su ideario. Pero al temible jefe de las AUC y a sus hermanos se les atribuían ya, entre 1987 y 2002, 18 masacres con centenares de muertos y el asesinato de otros tantos dirigentes políticos. Lo que tampoco a Ordóñez le impidió escribir por esas calendas que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”. Ni inhibió al espadachín del Señor de los Ejércitos para hacerse el distraído esta semana ante la presencia en sus concentraciones políticas de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC. Ni para patrocinar virtualmente a los victimarios que habían readjudicado a nuevos campesinos los predios arrebatados, “de listas elaboradas por Jorge 40 que ahora alegan su buena fe”, según revela Alejandro Reyes. Como todo el mundo sabe, a Jorge 40 se le atribuyen 80 masacres en el Magdalena. Mas Lafaurie coopta el argumento del masacrador y espeta: la restitución de tierras es la cuota inicial para que ciertos grupos armados recuperen el control del territorio; “y no se lo vamos a permitir”.
¿Toque a guerra civil, a la acción intrépida y el atentado personal, a hacer invivible la República, como en efecto lo logró Laureano, dios y mentor de los nuevos cruzados de la guerra? Tiempos aciagos de la Violencia que arrojó 300 mil muertos, seguidos de esta otra con otros 300 mil muertos, que el uribismo podría prolongar con el pavoroso efecto de su verbo intrépido sobre el gatillo de la derecha armada; y con su defensa a ultranza del modelo agrario en boga: el de tierra sin hombres y hombres sin tierra.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Pese a los pronunciamientos de la derecha armada y la derecha desarmada contra la paz, la apertura de negociaciones con el ELN podrá acercar dramáticamente un final sin fisuras del conflicto armado. Por vez primera en 25 años de aproximaciones sin fruto, se allana esa guerrilla a la pepa de la negociación: dejar las armas. Pero en desafortunada confluencia con nutridas manifestaciones del uribismo en Medellín y Bogotá, sembraron pánico los paramilitares en 36 municipios y asesinaron a 6 personas. Un atentado fallido se registró contra la senadora Piedad Córdoba en Quibdó, mientras el orador que animaba la movilización paisa exigía libertad para Jorge Noguera. Director del DAS en tiempos de la Seguridad Democrática, hoy paga él cárcel por asesinato y por poner ese organismo al servicio de narcotraficantes y sus ejércitos. Heredera de aquel paramilitarismo, la sola organización de los Urabeños controla 60% del narcotráfico y 70% de la minería ilegal; provoca todavía el desplazamiento anual de 300 mil campesinos; asesina dirigentes sociales y de izquierda; coloniza el Estado en provincia y se roba sus rentas; cultiva viejos vínculos con empresarios, con uniformados y con la parapolítica, hoy actuante desde las cárceles o por interpuesta parentela. Poder terrorífico capaz de malograr todo acuerdo con las guerrillas y la construcción de un país sin guerra, si no lo disuelve el Estado a tiempo. Que es al calor de la guerra como medran su embestida sobre el Estado y sus negocios.
Pero, torpe, arriesga el ELN borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Y debuta agregando sal a una de las heridas más lacerantes que ha infligido esta guerra a los colombianos: el secuestro. Delito abominable, del cual este grupo armado es campeón. A la condición del Presidente de liberar a todos los secuestrados para iniciar conversaciones, responden sus negociadores que no aceptan condiciones, que el secuestro es “una política normal” con la cual se financian, y que no piensan tratar el tema en la mesa. Vea usted.
No apenas porque el Gobierno lo imponga como condición, sino por ser exigencia clamorosa de la sociedad, el ELN debe liberar a los secuestrados, comprometerse públicamente a cesar esta práctica inhumana y pedir perdón por ella. Llamado insistente de Carlos Arturo Velandia, excomandante desmovilizado del ELN y vocero suyo en procesos de paz adelantados con los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Es que las cifras escandalizan. Según el Centro de Memoria Histórica, a las guerrillas se adjudica el 90% de los 27.023 secuestros documentados entre 1970 y 2010 y asociados al conflicto. La mitad de ellos, al ELN. Mancha infame que éste ha de borrar en el acto. No sólo para arribar a la mesa de negociación sino, sobre todo, por respeto a los colombianos.
Parece de suyo sospechar que violentos como los Urabeños puedan sentirse justificados en la procacidad de los ataques del uribismo a la paz. Y tal vez ese temor inspire a Luis Carlos Restrepo para pedirle al CD que apoye las negociaciones de paz. Que acepte públicamente “que es mejor culminar con un acuerdo el proceso en marcha, que exponernos a una ruptura que podría desatar nuevas dinámicas de violencia […] El CD debe complementar sus críticas válidas con una propuesta para manejar la continuidad del diálogo, tendiendo puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz”.
Apresúrese el Gobierno, por su parte, a parar en seco al monstruo renacido del paramilitarismo. Y el ELN, a entender que renunciar al secuestro no le es ya una opción voluntaria; es imperativo político sin cuya satisfacción podrá quemársele el pan en la puerta del horno. Responda al boicot con una esperanza cierta de paz integral.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Enero 2016, La paz, Modelo Económico en Colombia, Régimen político, Uribismo
En su búsqueda incesante de pretextos para malograr la paz, va el uribismo saltando matones. El reto de la hora, preservar el barniz moralizante que encubre su predilección por la guerra, en un plebiscito que decidirá si pararla o prolongarla. Si promueve el No o la abstención y gana la partida, quedará en evidencia como adalid de la conflagración armada; si la pierde, será derrota letal para un partido en ciernes. Frente a tal fatalidad, querrá convertir la insensata venta de Isagén en comodín contra el mentor de la paz, como se insinúa ya en redes del Centro Democrático: que Santos, el “traidor”, no sólo entrega el país al terrorismo sino los bienes de la nación al extranjero. Mensaje subliminal: quien así vende la patria y sus bienes, no podrá engendrar sino una paz deforme. Mas este intento de apropiarse el descontento con la operación de marras se estrella contra las ejecutorias del propio Uribe, privatizador estrella entre todos los presidentes desde los años noventa y vendedor frustrado de la propia Isagén.
De tanto vociferar contra el proceso de La Habana, esta derecha montaraz desgastó hasta la inopia su recurso a la mentira, a la tergiversación. Dijo verbigracia que, en tributo al castrochavismo, el acuerdo agrario apuntaba a la colectivización de la propiedad en el campo, con expropiación de tierras y extinción de dominio. Que “ninguna propiedad legal (tendría) seguridad ni garantía jurídica de permanencia”, escribió Alfredo Rangel, con ímpetu propio del recién llegado desde la orilla opuesta. Se demostró al punto la falsedad de tales acusaciones. Nada de lo acordado violaba la Constitución o la ley. En suma, no apuntaban las objeciones a lo firmado sino a la legislación liberal vigente de tiempo atrás.
Pero en punto a justicia y participación política, no miente el uribismo. Auténtico anatema le parece salvar de cárcel a la cúpula de las Farc, abrirle las puertas de la política y juzgar a soldados sindicados de atrocidades con el mismo rasero que a la subversión. Su “paz sin impunidad” equivale a rendición de una guerrilla a la que el mismísimo Uribe no pudo derrotar. Pide a sabiendas lo imposible, pues querer mandarla a prisión y negarle el canje de armas por votos es reventar la negociación. Reactivar la guerra y sus montañas de muertos. Ni siquiera reconoce los sapos de la contraparte. Que las Farc renuncian al alzamiento armado; se acogen a la democracia liberal y a la justicia burguesa, con proceso integral de investigación, juicio, sentencia y sanción.
De otro lado, más le valdrá a Uribe no menear el estropicio de Isagén (que ya él había intentado en 2008), pues vienen a la memoria los bienes públicos que en su gobierno vendió por más de $13 billones. Las2orillas incluye a Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, centrales eléctricas de los Santanderes y Cundinamarca. Liquidó las electrificadoras de toda la Costa Atlántica y la del Chocó. Aparte, vendió el 10% de Ecopetrol. Cerró hospitales públicos y la Caja Nacional de Previsión. Y, montado sobre su Ley 100, convirtió la privatización de la salud en movimiento envolvente que ha cobrado más vidas que la guerra. Impresentable esto de usurpar la indignación general por la venta de Isagén, viniendo él de feriar decenas de bienes públicos.
No tendría Uribe autoridad para trocar el rechazo a este descalabro en bandera personal de sus rencores, contra la paz, que es anhelo y derecho de los colombianos. Como la potestad indelegable de protestar por ello, más allá de la megalomanía de ningún héroe vengador. Menos autoridad aún tendrá Uribe para exigir paz sin impunidad, tras la laxitud de su negociación con los paramilitares. Anda embrollado el uribismo.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Diciembre 2015, Política agraria
“Cuando en 2010 asumí como ministro de Agricultura, el Incoder estaba cooptado por el paramilitarismo; hubo un tiempo en que la entidad no daba pasos si no era autorizada por paramilitares”. Palabras para la historia, de Juan Camilo Restrepo. Ellas denuncian el más reciente factor de violencia instalado en el Estado mismo para completar desde allí, de consuno con empresarios y políticos, el centenario proceso de concentración de la tierra que es causa mayor de la guerra en Colombia. Como estrategia de paz, cargada de promesas, en cabeza de José Antonio Ocampo, Cecilia López y el propio Restrepo –entre otros– la Misión Rural acaba de proponer una reforma del campo más completa y ambiciosa que la suscrita en La Habana. Porque no se contrae al dominio agropecuario sino que abarca todos los ámbitos de la ruralidad. Lo mismo promueve el acceso a la tierra y su productividad que ataca la desigualdad y la pobreza del campesinado. Formaliza la propiedad, invierte en comercialización y bienes públicos, propone alianzas productivas entre economía campesina y agroindustria, traza líneas de ordenamiento y desarrollo territorial. Y encara una reforma institucional que comienza con la supresión del corrupto, aparatoso Incoder y la creación, en su lugar, de dos Agencias: una de Desarrollo y otra de Tierras.
Piedra en el zapato para el notablato contumaz del campo, la Misión propone un fondo de tierras para redistribuir entre campesinos. Se abastecería con baldíos, con tierras sin explotar o adquiridas dolosamente que el Estado recupere, y con otras que éste compre. Se apoya la iniciativa en el principio constitucional de función social de la propiedad y en leyes vigentes que tanto terrateniente quisiera burlar alegando inviolabilidad de su sacrosanta propiedad; no de la ajena.
Apunta la Misión también a grandes apuestas productivas en zonas no explotadas, de propiedad pública, como la Altillanura. Mas no entregaría el Estado esas tierras en propiedad, sino en concesión o en arriendo. Ojalá no dé la Misión pábulo al proyecto de ley Zidres del Gobierno que, enderezado al mismo propósito, podrá, no obstante, vulnerar el derecho del campesino a la propiedad de la tierra, mientras favorece la apropiación ilegal de baldíos por grandes empresas agroindustriales. Además, la ley de marras pervierte el modelo de asociación entre pequeños y medianos productores con grandes intermediarios: son aquellos los que exponen su patrimonio y corren todos los riesgos, y es el gran empresario quien recibe las rentas del trabajo y de la tierra.
Crítico se ha mostrado Ocampo con el modelo de apertura en el campo impulsado por todos los gobiernos en estos 25 años. Para cerrar la brecha en el sector, dice, será preciso revisarlo. Y, por otra parte, imponer el pago de impuesto predial “como incentivo al buen uso de la tierra”. No podía faltar aquí la objeción de la SAC, fiel al ventajismo que es marca indeleble del abusivo estamento terrateniente. Haciendo eco al Consejo Gremial, tan locuaz en el exigir, tan manicorto en el dar, aquellos no pagan predial, éstos no pagan impuestos sobre dividendos, y ninguno aporta recursos a la paz. Ni resiente la compañía de un Jorge Pretelt, vergüenza de la Corte, demandado por adquirir fincas despojadas por paramilitares en predios que fueron “La 35”, viejo campo de entrenamiento militar de Carlos Castaño en Urabá. Ni dijo mu cuando los asesinos de marras cogobernaban en Incoder.
De aplicarse la estrategia de Misión Rural, el campo duplicaría su producto en 15 años, se darían pasos ciertos en la redención del campesinado y en la depuración de las instituciones agrarias. Es el sacudón que no da espera.
