por Cristina de la Torre | Nov 2, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Noviembre 2015, Proceso de paz
Hace treinta años, el 14 de noviembre de 1985, un comando del ELN asesinó en una calle de Barrancabermeja a Ricardo Lara Parada, cofundador, segundo al mando y disidente político de esa guerrilla. Dijeron haberlo ejecutado por traición. Pero su expediente judicial y testimonios como el del general Valencia Tovar, su archienemigo, probaron que a nadie delató cuando en 1973 cayó preso en manos del enemigo. A Lara lo mataron, como a otros dirigentes del ELN, por discrepar del militarismo que aislaba a esa guerrilla de las masas y la blindaba contra los desafíos de la realpolitik. Belicismo que, además, encubría la debilidad de un jefe por el poder absoluto, sólo dable allí sobre un grupo escurridizo en la selva. Lo liquidaron por abandonar las armas para convocar inconformes desde su Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM) y como concejal de discursos memorables en Barranca. Guerrilla mesiánica autocalificada vanguardia del pueblo, en el ELN menudearon purgas y calladas rebeldías, acicateadas por el desencanto ante una revolución reducida a supervivencia en el monte. Se pronunció primero Ricardo Lara; a poco, Replanteamiento y, en 1994, la Corriente de Renovación Socialista.
Hoy se encuentra esa guerrilla a las puertas de una negociación de paz. Enhorabuena. La esperanza es llegar a buen puerto. Pero se agolpan signos que siembran dudas sobre su voluntad para lograrlo. Primero, el aval de su dirigencia a la masacre de doce soldados la semana pasada humilló a los colombianos. Segundo, su insistencia en imponer reformas estructurales en la mesa de diálogo, en forzar su “revolución por decreto”, puede malograr la negociación. Y el ELN lo sabe. ¿Quiere esa guerrilla el fin del conflicto, o sólo jugar a conversar como estrategia de guerra? ¿Su novel crítica de las armas responde a un genuino viraje y al propósito de conceder razón a los ajusticiados por discrepancia ideológica? ¿Renunciará al cínico aprovechamiento de la figura de Camilo como emblema y mártir de una guerrilla que no ha reconocido su parte de responsabilidad en el sacrificio inducido del gran líder de masas?
En entrevista concedida a esta periodista (Revista Trópicos, 1980), retirado ya del RLN, dice Lara que los referentes de su entrenamiento en Cuba en 1962 quedaron desvirtuados por los hechos: si el foco guerrillero incendió la pradera de Cuba, en el resto de América Latina fracasó. Colombia era distinta, no podía pelechar aquí el foco insurreccional. También el Che fracasó en Bolivia, Béjar en Perú, Cendic en Uruguay, Mariguella en Brasil, Lima en Guatemala… Balance contundente, se diría, que informó el desmoronamiento de todas las guerrillas del continente; menos de las nuestras. Revaluada la teoría del Che en el continente, remarca Lara, se impone la política de masas. ¿Querrá el ELN respirar por fin aquellos aires?
Aires que también Replanteamiento trajo, aquella disidencia que reivindicó la primacía de la política sobre la confrontación militar. Según Alonso Ojeda, su mentor más saliente, la nueva corriente abrevó en dos retos: el de sobreponerse a la desaparición de todo un frente guerrillero en Anorí, y el de sintonizarse con el movimiento social en alza de comienzos de los años setenta. Se extendió a toda la organización el imperativo de revisar métodos de organización y de lucha, para sentar la preeminencia de la política y apuntar a un Frente Político Amplio.
El país espera que el ELN se allane a la paz, a la reconciliación con la sociedad y con sus víctimas. Que preste oídos al llamado de Mónica Lara, la hija del sacrificado, a “luchar desde la no-violencia, a emprender el camino pionero que inició mi padre treinta años atrás con la creación del FAM”.
por Cristina de la Torre | Oct 18, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Octubre 2015, Uribismo
Se multiplican en la derecha las señales de alarma y desvarío. Y es porque el acuerdo de justicia especial aplicable a principales responsables de atrocidades en todos los bandos aprieta el paso hacia el fin del conflicto. El procurador perora agitadísimo su última mentira tamaño catedral medieval: que hay arreglo secreto entre Gobierno y Farc para meter a Uribe tras las rejas. Este cabalga sobre el infundio y declara que Santos es el único miembro de su Gobierno que debería estar en la cárcel. Y estudia la posibilidad de convocar referendo contra la paz, disfrazado de rechazo popular al que Uribe considera pacto de impunidad y entrega de la patria al castro-chavismo. Pronunciamiento en defensa también de su persona, cuando el Tribunal Superior de Antioquia pide investigar su posible responsabilidad en la masacre de El Aro y en la Operación Orión. Por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares… y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”. Pero, en lugar de responder a los señalamientos, rebatir pruebas y despejar dudas, le pone lápida al magistrado Pinilla, ponente del fallo que lo incrimina, llamándolo subversivo (¿guerrillero vestido de toga?). Y reactiva la coartada de victimizarse, declarándose perseguido de la justicia. Recurso del que ha abusado durante cinco largos años, desde cuando empezó a emerger el denso entramado de tropelías y corrupción que signaron su Gobierno.
Si bien se ha recalcado que aquella jurisdicción de paz no busca judicializarlo, las sindicaciones del Tribunal le restan al senador legitimidad para exigir cárcel y veto a la finalidad misma del proceso, la participación de los jefes guerrilleros en política. Con todo, si resultan ellos responsables de delitos atroces, sólo accederían a corporaciones públicas si han llenado todas las exigencias de la justicia transicional: verdad, reparación, garantía de no repetición, restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años, o por 20 de cárcel si su confesión es incompleta. La Jurisdicción Especial de Paz cobija a todo el que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes atroces. Su propósito es ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra, no montar un reino de impunidad. Podría incluso reconsiderar y hasta anular sentencias contra generales, parapolíticos y otros civiles que patrocinaron ejércitos ilegales.
Ofende la retórica solapada del Centro Democrático según la cual también ese partido quiere la paz, pero no la manera como ésta se negocia en La Habana. Otra cosa indica la tenacidad de su boicot a cada avance en las negociaciones, por encima de toda evidencia, de toda verdad, de todo derecho de los colombianos a la paz. El uribismo apunta al fracaso de un proceso que por vez primera en medio siglo se ofrece como paso decisivo hacia un país mejor. Pero no, no quiere la paz, no le duelen los muertos.
El de Álvaro Uribe es proyecto que sólo fructifica en la guerra. Atribulado andará con resultados de la última encuesta de Lemoine según la cual un 73% de colombianos cree en los beneficios del acuerdo de paz para el país y un 79% lo aprobaría. Mas, para el exmandatario la finalización del conflicto sería mentís a la “guerra justa” que para el uribismo ha de prevalecer sobre la vida y la paz. Con referendo o sin él, no dejará Uribe de fundir en un mismo mensaje las dos caras de su megalomanía: defender al caudillo es defender la única alternativa posible de derrotar al Maligno: la conflagración perpetua. Bien aconductados, sus fieles exclaman ya, iracundos, “lo que es con Uribe es conmigo”. Temible grito de guerra cuando hay paz a la vista.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2015
Mientras Colombia respira por fin en la antesala de la paz, Álvaro Uribe hace maromas para no morder el polvo de la derrota. Que perder las armas es abocarse a perder la partida. El sometimiento de las Farc a la justicia burguesa le hurta al uribismo su recurso al apocalipsis del castro-chavismo. Y el ingreso de esa guerrilla en la legalidad desvanecerá el pretexto que a la derecha le ha permitido aplastar a los inconformes y prevalecer sin competencia posible en el poder. Se acabaría aquello de que todo contradictor es enemigo mortal, candidato a desaparecer a bala o motosierra. Caducaría la pretensión de defender la democracia aguzando la vista, marica, para desentrañar el terrorismo que anida en toda idea de cambio; en toda reivindicación de derechos.
Pero el acuerdo de justicia transicional, con investigación, juicio, condena, pena, verdad y reparación forzosas; con procedimiento simétrico para todos los responsables de atrocidades en esta guerra –políticos y empresarios incluidos– provoca efectos inesperados: desconcierta a quienes llevan tres años saboteando las conversaciones de paz con exigencias de rendición imposible de una guerrilla no derrotada siquiera por el adalid de la guerra en sus largos años de gobierno. Y, sin embargo, por encima del júbilo resonante ante la inminencia del acuerdo final; del 62% de ciudadanos que respaldaron al punto el modelo judicial adoptado; pese al aval de la comunidad internacional y del Papa, el Centro Democrático aspira, impúdico, a cosechar votos sobre los cadáveres de otros 220.000 colombianos. Víctimas inermes de una guerra sin fin, en la que no se batirá ningún Jerónimo, ningún Tomas.
Si ponderadas para hacer justicia sin comprometer la paz, las penas comportan a la vez privación de la libertad vigilada; restauración de lazos entre dolientes, agresores y sociedad; reparación a las víctimas y garantía de no reincidencia. Pero quien se acoja a este modelo judicial tendrá que haber dejado antes las armas. A más tardar en mayo del año entrante. Y si no dice toda la verdad, irá 20 años a la cárcel. No habrá indulto para crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque amnistía podrá concederse para delitos políticos y conexos. Muy a pesar de las Farc, el Gobierno impuso justicia con condena penal. Y aquellas debieron arrojarse desde el pedestal de sus autocomplacencias heroicas hasta reconocerse como victimarios, autores de delitos atroces.
Las víctimas, espina dorsal del acuerdo, han mostrado satisfacción. El general (r) Mendieta, 12 años secuestrado por las Farc, aceptó que a estas se les aplique pena distinta de prisión. Pero si reconocen a sus víctimas, ayudan a buscar desaparecidos, entregan a todos los secuestrados y dan garantía de no repetición. Así los gremios de la producción, con la significativa declaración de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, para quien “el acuerdo satisface los derechos de las víctimas”. Y el general Ruiz Barrera, líder de los oficiales retirados, sentenció que la paz ganó la partida.
A contrapelo de su vanidad, tendrá Uribe que allanarse al peso de los hechos: este acuerdo judicial y el apretón de manos entre el Presidente Santos y el jefe de las Farc abren desde ya las puertas del posconflicto. Reconocer que el sometimiento de esa guerrilla al Estado de derecho y el modesto alcance de los cambios pactados –reforma rural, apertura política, revisión de la política antinarcóticos– son triunfo del reformismo liberal no del chavismo. Pero el proceso comporta un ingrediente trascendental: terminar el conflicto armado es empezar a romper el vínculo entre política y armas. En la izquierda y en la derecha. ¿Será esto lo que saca de quicio a Uribe?
por Cristina de la Torre | Jun 29, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2015, La paz, Proceso de paz
En los altibajos del proceso de paz, cuando parecía ésta ahogarse bajo la nata de petróleo derramado por las Farc, un acontecimiento inusitado podría ayudar a devolverle el resuello: ha quedado en entredicho su primer obstáculo, la facción de uniformados que se erigió en bastión de la extrema derecha guerrerista. Por vez primera investiga la Fiscalía presunta responsabilidad de 22 generales en la comisión de 4.475 falsos positivos y convoca a cuatro de ellos a declarar ante los jueces. El último informe de Human Rights Watch incorpora expedientes y pruebas judiciales que terminarán atemperando estridencias castrenses ajenas a la democracia.
Compelido por el ministro entrante, Luis Carlos Villegas, a marginarse de la política; perdida su autoridad moral si resultara incriminado por responsabilidad del mando, este sector optaría por concurrir a la Comisión de la Verdad y someterse a la justicia transicional. Más blanda, para el caso, que la justicia ordinaria o la internacional. Es decir, se allanaría a la política de paz. Si bien no es seguro que los tribunales cataloguen como delito de guerra el asesinato de civiles, por prebendas. Aunque el entonces presidente Uribe humilló a las víctimas al aseverar que no estarían ellas “cogiendo café”, mientras se deslizaba por los cuarteles la más escalofriante víbora de muerte. Tan pavorosa, que el gobierno de Estados Unidos amagó con cortar la ayuda financiera al Plan Colombia.
Habla el informe de posibles ejecuciones generalizadas y sistemáticas por efectivos de casi todas las brigadas del Ejército entre 2002 y 2007, con presumible conocimiento u orden de sus superiores. Analiza pesquisas de la justicia y declaraciones de testigos que comprometen, entre otros, al general Montoya. Señala el documento al general Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Militares, y al general Asprilla, jefe del Ejército. No sindica la Fiscalía a los primeros de participación directa en los crímenes, pero teme que con sus instrucciones los promovieran y estudia si por línea de mando deben responder. Se habría pecado entonces, a lo menos, por omisión.
Al estallido del escándalo contribuyó la presión internacional. Un protocolo de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), entre otras, con fecha 19 de abril de 2007, insta al congreso de Estados Unidos a suspender la ayuda militar a Colombia mientras no se aclaren supuestos vínculos de paramilitares con agentes del Estado y ejecuciones extrajudiciales. Amparadas en pruebas de violación sistemática de Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas en Colombia, le recomiendan a la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, descertificar al país. En particular, por información de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares, ya abrumadoras entre 2005 y 2007. No frenaron la ayuda: la redistribuyeron, ignorando a los batallones denunciados.
El entonces ministro de defensa, Santos, actuó de inmediato: destapó el escándalo. Contra la voluntad del general Montoya, destituyó a 27 altos oficiales. Creó controles en las brigadas. Diseñó nuevos protocolos de levantamiento de cadáveres. Introdujo instrucción de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares. Y cambió la doctrina: contra la de su predecesor, Camilo Ospina, ordenó privilegiar capturas y desmovilizaciones, no cadáveres. Si como ministro le quedaron baches que invoquen responsabilidad política, el hoy presidente Santos deberá explicarse con entereza ante el país. Y, en vista de la paz, bien supremo que ha comprometido sus afanes, tendrá que perderles el miedo a Uribes, Londoños, Mariafernandas, Ordóñez y ciertos militares retirados, maniáticos todos de la guerra ahora enredados entre los palos de su propio invento.
por Cristina de la Torre | May 26, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2015, Proceso de paz
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros. En documentado informe, La Silla Vacía sitúa los hechos en La Larga-Tumarandó, entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), un corredor expedito para sacar droga al mar. Razón potísima que despertara el apetito de narcotraficantes, fueran ellos guerrilleros o paramilitares y sus aliados.
Pero el Gobierno enfrenta también a grupos de campesinos a los que el supernotariado Jorge Enrique Vélez tiene por carteles de falsos reclamantes o que invaden propiedad ajena, si bien éstos exhiben sus escrituras de origen. Para Alejandro Reyes -mano derecha del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, autor del compacto proyecto de reforma rural integral- Vélez embolata la clarificación de la propiedad agraria, “en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos fraudulentos”. La Silla reproduce trino del expresidente Uribe en favor de los ganaderos de La Larga y contra líderes de restitución que propiciarían invasiones. Pero el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia declaró a uno de sus defendidos, Adriano Palacios, poseedor de mala fe. Ya éste había sido capturado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
En pos del plan de narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apoderarse de un corredor de 7.000 hectáreas en Urabá, la Fiscalía ha propinado duros golpes. Detuvo a 32 civiles presuntos implicados en ese empeño, entre ellos al alcalde de Turbo, asesor del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 3 de febrero, una fiscal acusó por supuesto despojo de tierras a cuatro empresarios de Córdoba, viejos directivos del Fondo Ganadero de ese departamento y cuyo gerente, Benito Osorio, acaba de ser condenado por aliarse con los Castaño para consolidar el despojo de tierras en Tulapas. ¿Tras la oferta de sometimiento a la justicia de los Urabeños yace la reciente detención de 72 miembros de esa banda?
El ciclo de expropiación va del paramilitar al notario y de éste al empresario. Su caldo de cultivo, la guerra. Retardatarios de nación, estos amigos de la violencia aborrecen cualquier reforma de fondo. Pero es hora de que a lo menos expliquen si quieren eternizar el conflicto para subvertir a su amparo el orden que rige la propiedad privada en el campo. ¿Quieren tumbar las disposiciones que desde hace 81 años consagran la función social de la propiedad rural? ¿Quieren defender por las armas el nuevo orden de expropiación violenta revestida de legalidad a cientos de miles de propietarios rurales? ¿Se suman los poseedores de buena fe a la insubordinación de la ilegalidad y el crimen contra el anhelo de un país que se ha ganado a pulso el derecho a la paz?
