por Cristina de la Torre | Abr 20, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Si hubiesen buscado un efecto más útil para la extrema derecha, no lo habrían logrado. La masacre de once uniformados por las Farc le ofreció a Álvaro Uribe ocasión privilegiada para convertir parte de la indignación nacional hacia esa guerrilla en impugnación del proceso mismo de paz. Pescando en el odio que el país le profesa al grupo armado, a medias fruto de sus crímenes y de su arrogancia, a medias inducido por el exmandatario que las acorraló en su hora, a éste le vino el hecho como anillo al dedo. Justo en el momento más amargo de su movimiento. Cuando la Corte Suprema mandaba a la cárcel a dos de sus exministros por delitos que –según ese tribunal– involucran a la persona del entonces presidente. Y los recluidos completan la cifra de 20 figuras, entre las 30 del círculo más estrecho del uribato, condenadas o investigadas por delitos penales.
Maestro de la oportunidad, Uribe evoca ahora el imaginario de su seguridad democrática –mano dura, corazón duro– para tratar de ocultar con esa bandera de humo las secuelas malolientes de su mandato. Mientras ve desplomarse su popularidad del 80% que otrora lo acompañó al 50% de hoy. Pero aparecen nuevos colombianos que vacilan entre la paz y la guerra. Acaso no Uribe, sabedor de que sin subversivos no hay guerra, y sin guerra pierde él su razón de ser histórica. Su coco es la paz, su coartada, las Farc. Sus supuestas propuestas de paz no aportan a la terminación del conflicto. Antes bien, parecen enderezadas a abortar el proceso de negociación. No otra cosa sugiere su obsesión en negarles a los jefes de las Farc toda forma de privación de libertad distinta de la cárcel, y su posibilidad de hacer política una vez reinsertados. Pretender acantonar a las Farc prematuramente, sin haber suscrito acuerdo final, equivale a imponerle rendición a una guerrilla no derrotada por las armas, y dinamitar el proceso.
Sus dardos más afilados, contra Santos, a quien culpa por el asesinato de los soldados. En reciprocidad con las Farc, les regala Uribe esta prenda contra el Estado de derecho que el Presidente encarna. Y aquellas, acostumbradas a reclamarse víctimas, no victimarios, endilgan al primer mandatario la misma responsabilidad. Moñona.
Pero la justicia no es siempre para los de ruana. Última prueba, el desenlace del juicio a Yidis Medina y a sus pares Pretelt y Palacio en el cohecho que aseguró la reelección de Uribe. Para no mencionar los 60 parapolíticos y altos exfuncionarios que pagan cárcel. Todos los días ve el expresidente un nuevo miembro de su aparato de poder ir a prisión o huir. Entonces vuelve por los fueros del movimiento de opinión diluida en fe de carbonero, y en tácita invocación de tierra arrasada para todo el que atente contra Dios y la Patria. Como las Farc –dirá– y su compinche Santos, que propagan el castro-chavismo y les caen a mansalva a los héroes de la patria. Todo, servido en bandeja por las Farc.
Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, calificó la matanza de los soldados como “militarmente cobarde” y “políticamente torpe”. Un autogolpe de las Farc. Insistir en las armas convierte a las guerrillas colombianas en “fuerzas reaccionarias que sirven para encarnar el miedo a la izquierda, y en el principal lastre para que ésta avance en Colombia”. Ahora lo que se impone es la política, no los tiros. El proceso de paz le parece irreversible. Pero, diríamos nosotros, requiere un timonazo que concite autocrítica de las Farc, sometimiento a la justicia transicional, reconocimiento de sus víctimas y genuino compromiso de ingresar lealmente en la legalidad. Única manera de extinguir la última chispa que enciende el fuego de la caverna.
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Registrados a la fecha, son 7’243.000 ancianos, mujeres, hombres, niños que reviven todos los días, como una puñalada, el asesinato o la desaparición de sus seres amados; víctimas que, en la desbandada, abandonaron casa y parcela y paisaje y vida en comunidad. Pero, como lo mostró la vibrante movilización del 9 de abril, lejos de masa amorfa –trato que se le dio al campesinado sacrificado en la violencia liberal-conservadora– las víctimas de hoy han conquistado estatus de sujeto político y son razón suprema de la paz. En reconocimiento de su heroísmo y su dolor, se lanzó el Museo Nacional de Memoria Histórica: para retratar la historia de esta guerra, devolver la dignidad a sus víctimas y difundir la verdad de lo ocurrido.
El Museo favorecerá el duelo de los dolientes y dará testimonio de la brutalidad que recayó sobre la población inerme, desplegada, sin excepción, por todos los actores de esta guerra. Bajo modalidades diversas de violencia que el sociólogo Álvaro Camacho (q.e.p.d.) distinguió, en propuesta pionera para mejor entender la complejidad del fenómeno, matizar, identificar sus variadas causas y actores, y la intrincada telaraña de violencias cruzadas. El Museo mostrará cómo se vivió lo que pasó. Pocos estudios como los de Camacho dirán –demostración al canto– por qué pasó y cómo pasó. Así, su obra más reciente en la materia, el texto sobre la masacre de Trujillo, con su saldo macabro de 300 muertos.
Un hito ha marcado esta obra en la historiografía reciente de Colombia. No sólo por el cuadro de horror que patentiza la insania del conflicto armado, sino por la originalidad del análisis. En ella desenreda el autor una madeja de conflictos cruzados, raíz de la violencia en esa localidad, y dice a su vez del fenómeno a escala del país. Convergen en Trujillo reminiscencias de la vieja violencia –allí, en el seno del Partido Conservador–, limpieza social, enfrentamientos entre paramilitares, narcotraficantes y guerrillas, entre los grupos armados y la población civil. Y en el centro de toda consideración coloca Camacho a las víctimas. Asesinatos, desapariciones, torturas, militarización, emboscadas y desplazamientos menudearon. El río Cauca se pobló de cadáveres. Entre ellos el del cura párroco, Tiberio Fernández, que pagó con la vida su valerosa defensa de la comunidad contra el fuego cruzado de conflictos distintos y sus particulares modalidades de violencia.
De su exhaustivo trabajo de campo extrae Camacho el sentido de la memoria. Esta es recuerdo, testimonio, pero también campo de batalla donde víctimas y victimarios, vencedores y vencidos se disputan su singular pretensión de verdad y la interpretación política de los hechos. Buscando la memoria de aquellas víctimas, comprobó “esa extraña y compleja relación entre el duelo, la dignificación y la culpa”. Al comunicar su trágica experiencia, podía la víctima exorcizar sus pesares, dignificarse y reclamarse como sujeto inocente. Rememorar producía efectos terapéuticos, compartir recuerdos vertía un bálsamo sobre las heridas.
Permitir el olvido es echarle tierra a una historia de horror que el país debe encarar, si ha de reconciliarse consigo mismo y evitar que esta vergüenza se repita. Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas, les dice a los enemigos de la paz: “después de 7 millones de víctimas no nos queda más que mirar hacia adelante, por una nueva generación que no conozca la guerra”.
Coda. Además de la violencia, Álvaro Camacho aborda problemas de la sociedad y la política colombianas, el narcotráfico y teoría y método en las ciencias sociales. Compilada su obra en cuatro tomos por las universidades del Valle y Los Andes, ésta podrá adquirirse en la feria del libro de Bogotá.
por Cristina de la Torre | Mar 3, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Marzo 2015, Proceso de paz
Tiene razón el senador Álvaro Uribe: con impunidad, no habrá paz. Pero no podrán ser las Farc el único blanco de castigo, pues quedarían exonerados los otros tres implicados en la guerra: el paramilitarismo, la Fuerza Pública y los civiles que la promovieron, la financiaron y se lucraron de ella. Tampoco procede una amnistía general y gratuita. Virtud de la propuesta de César Gaviria es que extiende la autoría del conflicto a los civiles que lo cohonestaron, y los cobija como beneficiarios de justicia transicional. Mas, su alternativa de ley de punto final –pacto autoexculpatorio entre los máximos responsables– será germen de nuevas guerras si no acarrea sindicación penal, juicio, condena y sanción. Sea ésta blanda, dura o intercambiable por sustitutos de cárcel. Pero aplicable a todos, y desde un mismo parámetro de justicia. Sin olvidar que una justicia plena comporta verdad, reparación a las víctimas, medidas y reformas que conjuren definitivamente el conflicto.
La verdad es que esta guerra de medio siglo deja 220.000 muertos y 7 millones de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Felonías comunes a todos los bandos, aunque los paras se especializaron en masacres; las guerrillas, en secuestro; la Fuerza Pública, en desaparición forzada y falsos positivos; mientras poderosos núcleos de empresarios, terratenientes, ganaderos, jueces y notarios, patrocinaban masacres, desplazamientos, robo de tierras y se lucraban de todo ello. A 13.000 de éstos investiga la Fiscalía. Verificaría, entre otros, presuntos vínculos con paramilitares de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (La FM,11,2,14). En la “reconquista” de Urabá, años 90, se aliaron militares, políticos, paramilitares y empresarios. Por esos días, ejecutaban las Farc la estrategia de “territorios liberados”, con la eliminación o expulsión de autoridades locales y rivales políticos. Acaso en réplica al exterminio de la UP, entre 1985 y 2005 cobraron las Farc tres veces más vidas de liberales en el Caquetá que las sufriera aquel partido de izquierda. En 1988, la mitad de los políticos desaparecidos eran de la UP; la otra mitad, de los partidos tradicionales.
Es en la economía del campo donde descuella el amancebamiento de civiles y paramilitares. Tras prolija investigación, concluye Ariel Ávila que en gran parte del país no quedó la tierra en manos de la mafia ni de los ejércitos ilegales; ella revirtió a políticos y empresarios que actuaron tangencialmente en el conflicto. En Montes de María, los grandes usufructuarios de la contrarreforma agraria fueron paramilitares, empresarios palmeros y ganaderos. En la Costa Atlántica, la guerra consolidó a las viejas élites. Allí debieron los campesinos vender a huevo sus predios; o abandonarlos, para verlos anexarse a latifundios aledaños que luego se llenarían de ganado o de palma. La parapolítica es cosa baladí, concluye Ávila, si se la compara con lo que ocurrió en el campo: una verdadera reconfiguración del territorio.
Tres urgencias del proceso de paz: que todos los determinadores del horror rindan cuentas, que no se aventure una impunidad selectiva y que sea la verdad el camino para balancear justicia y paz. Las garantías de no repetición remiten a las causas del conflicto: el problema de la tierra y la costumbre generalizada de hacer política a tiros. En gesto de concordia y tras su reunión con Kofi Annan, se mostró Uribe dispuesto a aceptar la mediación del Nobel de paz ante el Gobierno de Santos. Elocuente gesto de concordia que, de paso, redimiría al expresidente de pasar a la historia como el hombre que frustró la paz. Claro, si no insiste en forzar castigo sólo para la guerrilla e impunidad para sus amigos.
por Cristina de la Torre | Nov 3, 2014 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Noviembre 2014, Proceso de paz
Por primera vez en su historia reconocen las Farc haber afectado a la población civil y se declaran dispuestas a asumir responsabilidad frente a sus víctimas. Brusco timonazo desde su discurso de hace dos años en Oslo, donde se reivindicaron como víctimas, hoy se reconocen victimarios. Paso trascendental hacia la paz, este pronunciamiento se suma a la presencia casi plena del estado mayor de las Farc en la mesa y a la conjunción de jefes militares de ambos bandos para acordar el cese definitivo de la confrontación. El proceso parece irreversible. Mas, temiendo una dura calificación de sus delitos contra civiles inermes, y penas inescapables, las Farc invocan “particularidades” del conflicto colombiano y la “juridicidad guerrillera”. Pero, ni el Marco Jurídico para la Paz ni el derecho internacional humanitario amnistían crímenes de lesa humanidad. Tampoco reconocer la existencia de conflicto armado en Colombia erige en Estado a esa guerrilla. Podrá su “juridicidad” darle un código interno de conducta, pero no la exime de la norma del Estado de derecho bajo cuya égida se ha negociado en La Habana. Ni podrán aceptarse como accidentes o excesos esporádicos de la guerra prácticas deliberadas y sistemáticas como el secuestro (26.800 le atribuyó Clara Rojas a ese grupo armado), minado de campos, reclutamiento de menores, ataques indiscriminados contra la población y desplazamiento.
En esto de querer blindarse contra los rigores de la justicia no andan solas las Farc. También se acorazan los militares con un estatuto que amplía su fuero hasta garantizar impunidad por delitos atroces cometidos o por cometer. Como el de falsos positivos. Más de 2.000 casos de uniformados sindicados de este delito se transferirían de la justicia ordinaria a la militar. A tribunales que juzgan con vara de “yo con yo”. Se favorecerían además crímenes de violencia sexual, trato inhumano y mutilación, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir. Aun si el concierto es con paras y se resuelve en tortura, desaparición forzada y narcotráfico. Blindados o no, acaso la comisión Histórica del conflicto permita identificar a los máximos responsables en todos los bandos de esta guerra.
A ese blanco apunta fallo que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de proferir contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Se argumenta allí que el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, entre otros, le permitió a aquel criminal asentar sus huestes en Norte de Santander. Que elementos de la Fiscalía, del DAS, de la Policía y el Ejército convirtieron ese apoyo en “política de Estado”. Mancuso declaró que “las AUC fueron apoyadas militarmente por la Fuerza Pública”, de la que recibieron ayuda, protección y armas. Que recibieron fondos de ganaderos, hacendados y aspirantes al Congreso y a las gobernaciones en la Costa Norte. El fallo aboga por juzgar en adelante a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado, comerciantes y empresarios por los crímenes de paras contra civiles: si ellos formaban parte orgánica de esa estructura, resultarán igualmente responsables de los delitos cometidos por su ala militar.
Aquí el secuestro fue invento de las guerrillas, atrocidad que obró como palanca de polarización y escalamiento de la barbarie. De monstruosidades como descuartizamiento con motosierra dan cuenta los paramilitares, tantas veces a sabiendas de militares, empresarios y políticos. En la difícil búsqueda de un consenso mínimo de verdad, de equilibrio entre justicia y paz, mucho enseña la justicia transicional aplicada dondequiera se superó el conflicto. Como tratar con el mismo rasero a sindicados de ambas partes. Y siempre en vista del bien supremo: la paz.
por Cristina de la Torre | Oct 28, 2014 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Octubre 2014
“La orden era matarlo sin hacer ruido. Le corté la yugular. No más”. Después el comandante le entregó una pala para que ella misma hiciera el hueco y lo enterrara. “Lo hice para demostrar que era capaz de matar”. Eran amigos. Ella, guerrillera iniciática de las Farc, tenía 17 años; él, 24. Era Karina. (Tomado de Maria Paula Ortiz, revista Don Juan). Terror de Caldas y Antioquia como comandante del Frente 47, la sola evocación de su paso por la guerra sobrecoge. Y muchos se indignan todavía de que el entonces presidente Uribe la nombrara gestora de paz en 2009. Como tantos otros repelen hoy la presencia del desalmado ‘Romaña’ en La Habana. Fue él artífice de los secuestros en masa que nutrieron la cifra escandalosa de los 24.482 perpetrados por las guerrillas en 40 años. Para el uribismo el hecho es bofetada a la sociedad y a su Ejército. Pero acaso lo que resiente es que la presencia de los comandantes militares de las Farc en la mesa prueba su unidad por la paz y acusa el abordaje decisivo del proceso. Si bien Uribe y Santos comparten disposición a conversar con actores de esta guerra degradada, no son simétricas las circunstancias. El proceso de hoy se da todas las formalidades y avanza con escrutinio de la comunidad internacional. La cooptación de Karina, en cambio, parece acto antojadizo, al azar, sólo para inducir deserciones en las Farc, pues no cuajaba el proceso formal de paz que Uribe perseguía. Y, mientras tanto, se estrechaba la vieja alianza del Estado con el paramilitarismo.
Los prontuarios de ‘Romaña’ y ‘Karina’ ofenden. Contra el sucesor de ‘Jojoy’ obran 70 expedientes por asesinato, secuestro, terrorismo, narcotráfico y presunta conexión con el cartel de Sinaloa. En 2002 ordenó ejecutar a los ancianos secuestrados Carmenza y Gerardo Angulo, porque la pareja no podía ya caminar por el monte. Por su parte, entre asesinatos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, ‘Karina’ reconoció 218 delitos. Se le acusa de asesinar por mano propia a camioneros en la vía Bogotá-Medellín; de ejecutar masacres en La Chinita, Churidó, Los Cunas y Carepa. Ordenó fusilar por la espalda al agrónomo Fidel Jaramillo cuando el joven supervisaba créditos del Banco Agrario entre campesinos. Era el hijo de Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Nacional de Reparación. En incursión de su guerrilla a Caldas, hizo quemar viva a una mujer, sólo por ser la esposa de un policía. Un juez la condenó a 33 años de prisión, pero gracias a la ley de Justicia y Paz, la pena se redujo a 8.
Tampoco exhibe Uribe suficiente rigor hacia otros actores del conflicto. El General Rito Alejo del Rio, brazo auxiliar del jefe paramilitar Carlos Castaño en Urabá, recibió todo su amparo y sus afectos. Aunque en informe de 1988 el Departamento de Estado de EEUU informó que generales como Del Río “tienen vínculos con paramilitares”. Pero Uribe le rindió homenaje que hizo historia, con asistencia de 1.500 prohombres de la política y los negocios. Exaltó al “pacificador de Urabá (…) ejemplo para los policías y soldados de Colombia”.
Ya los esfuerzos de Uribe por dialogar con Farc y Eln contradicen su publicitada repugnancia a tratar con “terroristas”. Ahora, el tenebroso rasero que hermana a ‘Karina’ –favorecida de Uribe– con ‘Romaña’ –negociador en el proceso que Santos apadrina, cuestiona los escrúpulos del senador hacia esta iniciativa de paz. Entonces, ¿a qué precipitar negros vaticinios sobre asuntos no tratados aún, o mentir sobre lo acordado? ¿Teme Uribe una reforma liberal del campo? ¿Teme que un horizonte de conflicto sin armas cambie la ecuación de la política en detrimento de la extrema derecha y del sector militar que ha deshonrado el uniforme tanto como ‘Romaña’ y ‘Karina’?
