‘ROMAÑA’ Y ‘KARINA’

“La orden era matarlo sin hacer ruido. Le corté la yugular. No más”. Después el comandante le entregó una pala para que ella misma hiciera el hueco y lo enterrara. “Lo hice para demostrar que era capaz de matar”. Eran amigos. Ella, guerrillera iniciática de las Farc, tenía 17 años; él, 24. Era Karina. (Tomado de Maria Paula Ortiz, revista Don Juan). Terror de Caldas y Antioquia como comandante del Frente 47, la sola evocación de su paso por la guerra sobrecoge. Y muchos se indignan todavía de que el entonces presidente Uribe la nombrara gestora de paz en 2009. Como tantos otros repelen hoy la presencia del desalmado ‘Romaña’ en La Habana. Fue él artífice de los secuestros en masa que nutrieron la cifra escandalosa de los 24.482 perpetrados por las guerrillas en 40 años. Para el uribismo el hecho es bofetada a la sociedad y a su Ejército. Pero acaso lo que resiente es que la presencia de los comandantes militares de las Farc en la mesa prueba su unidad por la paz y acusa el abordaje decisivo del proceso. Si bien Uribe y Santos comparten disposición a conversar con actores de esta guerra degradada, no son simétricas las circunstancias. El proceso de hoy se da todas las formalidades y avanza con escrutinio de la comunidad internacional. La cooptación de Karina, en cambio, parece acto antojadizo, al azar, sólo para inducir deserciones en las Farc, pues no cuajaba el proceso formal de paz que Uribe perseguía. Y, mientras tanto, se estrechaba la vieja alianza del Estado con el paramilitarismo.

Los prontuarios de ‘Romaña’ y ‘Karina’ ofenden. Contra el sucesor de ‘Jojoy’ obran 70 expedientes por asesinato, secuestro, terrorismo, narcotráfico y presunta conexión con el cartel de Sinaloa. En 2002 ordenó ejecutar a los ancianos secuestrados Carmenza y Gerardo Angulo, porque la pareja no podía ya caminar por el monte. Por su parte, entre asesinatos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, ‘Karina’ reconoció 218 delitos. Se le acusa de asesinar por mano propia a camioneros en la vía Bogotá-Medellín; de ejecutar masacres en La Chinita, Churidó, Los Cunas y Carepa. Ordenó fusilar por la espalda al agrónomo Fidel Jaramillo cuando el joven supervisaba créditos del Banco Agrario entre campesinos. Era el hijo de Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Nacional de Reparación. En incursión de su guerrilla a Caldas, hizo quemar viva a una mujer, sólo por ser la esposa de un policía. Un juez la condenó a 33 años de prisión, pero gracias a la ley de Justicia y Paz, la pena se redujo a 8.

Tampoco exhibe Uribe suficiente rigor hacia otros actores del conflicto. El General Rito Alejo del Rio, brazo auxiliar del jefe paramilitar Carlos Castaño en Urabá, recibió todo su amparo y sus afectos. Aunque en informe de 1988 el Departamento de Estado de EEUU informó que generales como Del Río “tienen vínculos con paramilitares”.  Pero Uribe le rindió homenaje que hizo historia, con asistencia de 1.500 prohombres de la política y los negocios. Exaltó al “pacificador de Urabá (…) ejemplo para los policías y soldados de Colombia”.

Ya los esfuerzos de Uribe por dialogar con Farc y Eln contradicen su publicitada repugnancia a tratar con “terroristas”. Ahora, el tenebroso rasero que hermana a ‘Karina’ –favorecida de Uribe– con ‘Romaña’ –negociador en el proceso que Santos apadrina, cuestiona los escrúpulos del senador hacia esta iniciativa de paz. Entonces, ¿a qué precipitar negros vaticinios sobre asuntos no tratados aún, o mentir sobre lo acordado? ¿Teme Uribe una reforma liberal del campo? ¿Teme que un horizonte de conflicto sin armas cambie la ecuación de la política en detrimento de la extrema derecha y del sector militar que ha deshonrado el uniforme tanto como ‘Romaña’ y ‘Karina’?

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PAZ O MOTOSIERRA: ¿LA ENCRUCIJADA DE URIBE?

Ya se habrán dado por notificados: la pesada de los ganaderos, latifundistas de todo pedigrí, parte sustantiva del poder local, narcotraficantes y bacrim andarán apuntalando sus ejércitos antirrestitución de tierras. En la exaltada campaña por perpetuar una guerra que sólo premia a esos señores, el uribismo les espolea la beligerancia  allí donde más duele. Dizque descubre en los acuerdos de La Habana un atentado contra la inmaculada propiedad  privada en el campo, habida tan a menudo a bala. Sabe, cómo no, que desde hace 80 años la ley permite extinción de dominio sobre tierras inexplotadas; y, desde hace 20, su expropiación por razón de interés social o utilidad pública. Pero tergiversa. Apuesta a dinamitar la paz con el fantasma confiscatorio del comunismo. Más aún, cuando se indigna porque lo convenido “pone en riesgo la democracia” y excusa a las Farc por sus vínculos con el narcotráfico.

Vaya, vaya. Cuánto patriotismo, cuánta integridad moral, cuánto sentido del honor. Como si no hubiera sido el propio gobierno de Uribe el que puso esta democracia al borde del abismo, bajo la bota de un Estado policivo. Como si entonces no hubieran alcanzado el Estado y sus socios paramilitares cotas inéditas de terror contra la población civil, expulsión en masa del pequeño campesinado y su expropiación violenta comprendidas. Como si el 88% de las 6.000 denuncias por falsos positivos en los últimos 16 años no correspondiera a ese período de gobierno.

Acaso en los intentos de Uribe por dialogar con las guerrillas pesara tanto la voluntad de acercarse al enemigo como el imperativo de encubrir su prodigalidad con el paramilitarismo. La negociación de Ralito se brincó a las víctimas, elevó los crímenes de paras y narcos a categoría de delito político y fue irónico colofón de la sangrienta contrarreforma agraria que ellos ejecutaban. Asociada al Estado, esta fuerza exterminadora colonizó áreas cardinales del poder público y ocupó el 35% de las sillas del Congreso. Se reclamó bancada parlamentaria del uribismo y su mentor, lejos de desdeñarla, la abrazó. En alarde autoritario que entronizaba en Colombia la democracia plebiscitaria de Chávez y Fujimori, Uribe persiguió a la Corte Suprema de Justicia y la llamó instrumento del terrorismo. Doble era su propósito: primero, debilitar la independencia de poderes, que es prenda de democracia; segundo, desconceptuar al tribunal supremo que juzgaba a sus congresistas, 60 de los cuales cayeron en manos de la justicia.

Por lo visto, no le asiste al uribismo autoridad para erigirse en heraldo de la democracia  y las buenas costumbres. Pero la temeraria oposición del expresidente a la paz mientras se conocen sus esfuerzos por negociarla con la insurgencia, suscita interrogantes. Férreo defensor de un modelo anacrónico para el campo, en la inminencia de una reforma rural, ¿apunta Uribe a dar alas al rearme pleno de la ultraderecha violenta si decidiera ella jugársela por sus tierras inexplotadas o malhabidas? ¿Se insubordina contra la ley vigente y quiere revivir la Violencia con que respondió el latifundismo a la Ley de Tierras de López Pumarejo? O bien, sabedor de que paz con fisuras no será paz, ¿estará reclamando espacio decisorio en el proceso de negociación? Conjetura plausible si se recuerda la generosidad de sus ofertas a las Farc: despeje militar, cese bilateral del fuego, negociación de paz y reforma que le permita a la guerrilla llegar al Congreso.

La disyuntiva sigue siendo dramática: guerra o paz.; y su pepa, la tierra. Un paso de gigante se habrá dado si el uribismo comprende que ya ni la guerra evitará una mínima redistribución de la propiedad en el campo. Que ya no es dable la república de la motosierra.

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ALARMA, POSCONFLICTO A LA VISTA

Siente la ultraderecha pasos de animal grande: a cada nueva señal de paz, toca a rebato. Como las visitas de Timochenko a La Habana acercan el acuerdo final con las Farc, el ministro de Defensa ensancha la tronera del boicot a las negociaciones con esa guerrilla. Si fuera infiltrado del uribismo en el Gobierno, no lo haría mejor. Esta vez hasta superó al vociferante Ordóñez. Y Álvaro Uribe, en insólito alarde de moralidad, protesta y acusa y amenaza, mientras pretende todavía echarle tierra a la largueza inaudita que informó su negociación con el paramilitarismo. Que en su gobierno buscara conversar de paz con las Farc mientras las apaleaba, es revelación que lo enaltece. De no haberlas acorralado militarmente, no estarían ellas hoy en diálogo para trocar armas por votos. Lo que ofende es la hipocresía de sabotear el proceso que su sucesor asumió, con eficacia y respeto por la Constitución, incendiando a la galería por mucho menos de lo que él intentó. Santos ni siquiera contempló la zona de despeje que Uribe había ofrecido. No está claro, sin embargo, si tal obsesión responde a celos o envidias inconfesables, o a un diseño más enjundioso que le impide saludar el advenimiento de una Colombia en paz. Es que la paz despoja a la reacción de su razón de ser. Sin padre a la vez protector y terrorífico, sin recurso al miedo, se evapora el elan que transforma a los seguidores de su líder en rebaño; sin parapolíticos ni señores de la guerra, periclita su aparato de poder.

Debe de exasperarle también a esta derecha montaraz que el posconflicto llegue a traducirse en plan concreto de rescate y desarrollo de la Colombia profunda, la más atormentada por la guerra. Propuesta a diez años modulada con rigor, conocimiento de causa y previsión de costos por la senadora Claudia López. Convocatoria a construir paz que debería concitar en las elites el mismo entusiasmo con que contribuyeron ellas a financiar la guerra. Más, siendo beneficiarias del despertar económico de un país sin conflicto. Será coyuntura ideal para limar desigualdades, en particular entre regiones. El posconflicto exige estrategias territoriales de paz capaces de redimir a los 15 millones de colombianos que habitan los 368 municipios abandonados a las peores crueldades de la guerra. Víctimas inermes de la dictadura que allí les montaron guerrilleros y paramilitares. Se trata ahora de reemplazar aquellos poderes de facto por los titulares de la legalidad: el alcalde, el juez, el concejal, el personero, el comandante de policía. Y la comunidad organizada.

En su jerarquía de prioridades inmediatas, propone López tres ejes de inversión que sumarían $93 billones en la década. El primero, para construir ciudadanía y Estado, creando instituciones al lado de las autoridades locales, de modo que participe la comunidad en el trazado del desarrollo y vigile su ejecución. Segundo, para “reemplazar a los bandidos”, construyendo Estado con la propia gente, in situ. Fortalecer sus fuentes de recursos actualizando el catastro y formalizando la propiedad rural. Y, por fin, el destino principal de la inversión, en función de la equidad y la inclusión: salud, educación, vivienda, vías, asistencia técnica.

¿Tímida esta propuesta? ¿Confiscatoria? El debate está servido. Venga la controversia entre la gama entera de fuerzas políticas, ahora remitida a desafíos que desbordan la política menuda. El presidente Santos será responsable de honor del posconflicto, porque una mayoría de colombianos lo eligió para que hiciera la paz. Del uribismo se esperan iniciativa creadora, imaginación y compromiso con el pueblo que sigue a su líder y no se conforma ya con dianas de alarma cuando se avanza hacia la paz.

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NO, NO SON CAPACES

No vengan los empresarios con lamentos.  La pataleta que protagonizaron por un ajuste franciscano en impuestos desnuda el alcance de su “soy capaz”: autobombo con una campaña publicitaria que convoca reconciliación, pero nada que comprometa su más grosero interés inmediato. Su aporte a la construcción de la paz se contrae a la promesa de enganchar en su firma a algún desmovilizado. Por presumir de dar el empleo que nunca crearon en respuesta a los favores tributarios recibidos una y otra vez. No bien se anunciaron medidas para llenar el hueco de 12.5 billones abierto por los regalos concedidos a los ricos en la reforma tributaria de 2012, protestó Luis Carlos Sarmiento, potentado de 16 mil millones de dólares que ocupa el puesto 56 entre los más acaudalados del orbe. Se le oyó reclamar airado el día mismo en que se hacía, de un pastorejo, con 2.5 billones de pesos en la bolsa de Nueva York. Como si no le bastara con el poder de su hombre tras el trono, el superministro Néstor Humberto Martínez. También le pareció inconveniente la reforma a Maria Mercedes Cuéllar, cabeza de una banca glotona que colma sus arcas exprimiendo a los colombianos y expropiando a usuarios de las voraces Upac. Poco dijo José Félix Lafaurie, portavoz de los señores de la tierra, porque ellos no pagan impuestos. En su lugar, menea la idea de donar, por caridad, una vaquita al campesino sumido en la miseria por sus compadres de la guerra.

En su proverbial tacañería, acaso esperen los empresarios ahorrarse su contribución a la paz. Pero, eso sí, beneficiarse de las oportunidades que el cese del conflicto traerá. Demuestra Ana María Ibáñez que, en paz, se ganaría el crecimiento una década. Crecerá la economía en 8.5 años, lo que hoy, en 18.5. Tal vez entonces decidieran nuestros empresarios proponer estrategias de industrialización y desarrollo rural, volver a montar fábricas, abandonar el poco patriótico oficio de importadores y especuladores financieros.

Mientras en países desarrollados el recaudo de impuestos representa 34% del PIB, no llega éste en Colombia al 13%. Salomón Kalmanovitz calcula en 510 billones  los activos de las principales empresas colombianas. Activos cuyas rentas están exentas de impuestos. Tampoco tributan los ingresos por inversiones financieras, ni la minería ilegal, ni la tierra y el ganado. Más de la mitad de las empresas evaden impuestos. La reforma tributaria de 2012, y ésta, porfían en favorecer al capital y golpear al trabajo. Se le redujo a aquel el pago de parafiscales y no se compensó el faltante con otros impuestos.  En cambió se elevó el IVA y Anif aboga hoy por subirlo aún más. Las gabelas a los más pudientes llegaron el año pasado a 30.8 billones. 2.8 de ellos por impuesto de renta perdonado a multinacionales de minas y petróleos. A los capitales golondrina, especulativos, de dudosa procedencia, arropados todavía con el manto de la “confianza inversionista”, se les bajó el impuesto de renta del 33% al 14%. En año y medio se quintuplicó su flujo al país.

Si de llenar huecos se trata, al flamante ministro de Hacienda le basta con obedecer órdenes de los adinerados. Son su gente. Pero financiar las reformas que la paz demanda será otra cosa. Una verdadera reforma fiscal se impone. Cobrar impuestos a terratenientes y ganaderos; sobre dividendos y rentas del capital; sobre patrimonio de personas naturales; suprimir exenciones a los ricos. Ponerle coto a la corrupción. Y, finalizado el conflicto, moderar el presupuesto de guerra. Decídase alguna vez el Gobierno a imponer el impuesto progresivo. No más aquello de que las clases trabajadoras han de meterse la mano al dril, mientras los ricos no acercan siquiera la suya al everfit.

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