por Cristina de la Torre | Feb 19, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Clan del Golfo, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, ELN, Febrero 2024, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Justicia, La paz, Proceso de paz, Violencia
Tras un año largo de altibajos y desatinos de Danilo Rueda, Otty Patiño, el nuevo comisionado, reencuentra por fin el propósito estratégico que da sentido a una negociación de paz: erradicar toda gobernanza de ilegales armados en el territorio y lograr su reincorporación a la vida civil, sin fusiles y ateniéndose a la ley. Se trata de devolverle al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia en todos los rincones del país y volcarlo al cambio social, que es prenda de paz.
Empieza Patiño por encarar a la contraparte que viola, una y otra vez, el cese el fuego. Paro armado del ELN en el Chocó, ataque del EMC a una ruta escolar con saldo de dos muertos y a una patrulla del Ejército en Cauca son actos de deslealtad con los acuerdos pues el cese no es permiso para delinquir, les dice, y advierte que la Fuerza Pública podrá actuar en forma “pronta y eficaz” para prevenir y neutralizar hechos de esa laya. Violaciones que confirman el doble rasero de estos grupos: mientras ensanchan su guerra y sus dominios, hablan de paz en la mesa y pontifican y exigen y se indignan y ultrajan la dignidad del presidente. ¿Cuántos de los 27.000 confinados por el último paro armado del ELN acudirán al llamado? ¿Cuántos entre los dolientes de sus decenas de miles de secuestrados? Pero sueñan los elenos con copar el paisaje entero de la política liderando ellos, emisarios del pueblo, la participación de la sociedad toda en la construcción del país añorado. Y querrán colonizar proyectos de laboriosa factura como los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), primeros en resultados de la implementación del Acuerdo de Paz.
El cese el fuego ha traído raudales de oxígeno a los armados que lo suscriben, y poco o ningún alivio a las comunidades en los territorios. Para ellas la cosecha no es siquiera franciscana (como lo aventura mi pasada columna); y para aquellos es ventaja de libre acción, ahora sin acometida de la Fuerza Pública, hasta prevalecer por bala y acorralamiento de la población. Sostiene Maria Victoria Llorente, directora de la FIP, que la reducción de índices de violencia en algunas zonas no responde al cese el fuego sino al asentamiento del grupo armado que venció a sus contendores en disputa por el control de economías ilegales, del territorio y de sus gentes. Pero no cesa allí la crueldad del amo contra los pobladores: éste atempera el espectáculo de sus excesos refinando métodos.
Los PDTE son parte del punto uno del Acuerdo de Paz, que busca cambiar la estructura del campo, asegurar los derechos de la población y revertir la miseria y el conflicto. Los PDTE priorizan las zonas más pobres y martirizadas por la guerra, 170 municipios, para acelerar su desarrollo mediante trabajo de comunidades y autoridades a la par. A octubre de 2023, se habían registrado 33.007 iniciativas en educación, salud, reactivación económica, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y construcción de paz; producto de 16 encuentros comunitarios en las 16 subregiones que ejecutan ya sus planes de desarrollo.
Acaso el avance hacia aquellos objetivos en los diálogos derive, por su propia dinámica, en supeditación del cese el fuego a dos ceses previos que las comunidades piden a gritos: cese de hostilidades contra ellas, íntimamente atado al cese multilateral del fuego entre armados. Y extensión de los PDTE a un número creciente de municipios. Garantía de su carácter genuinamente democrático será que el Estado preserve con celo la iniciativa sobre ellos. Con su cambio de foco en la negociación, reaviva Patiño la esperanza de paz. Y el presidente Petro cierra con broche de fierro al notificarle al Clan del Golfo: “si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”.
por Cristina de la Torre | Nov 16, 2021 | Covid 19, Noviembre 2021, Salud
Todo en este Gobierno se vuelve propaganda. Prisionero de tal inercia, pregona Duque metas de vacunación que, pese a la bonhomía del ministro, acaso no podrá cumplir: aventura 70% de la población atendida (35,7 millones de personas con esquema completo) antes de fin de año. Para alcanzar la meta, precipita la vacunación de niños, menos vulnerables que otras franjas de población dramáticamente aisladas del beneficio, o la priorizada para segunda dosis. A la caza de resultados vistosos, decide vacunar donde es más fácil, no donde es más urgente. Eso sí, oculta que la vacunación en medio país es deleznable y que los grandes damnificados de la pandemia son los estratos inferiores. En atención por pandemia, la brecha entre regiones y entre clases sociales crece con los días, asevera el médico Mauricio Torres. Mientras en Bogotá, Quindío y Boyacá la mitad de la población ha recibido el esquema completo, en Guajira, Chocó, Vaupés y Cundinamarca ronda el 23%; y en Vichada ha llegado apenas al 13,3%.
No cesa el presidente de mandarse flores; pero la cosecha es escasa, cuando no trágica. Dice el DANE que la cobertura de vacunación en Colombia alcanza hoy al 44% de la población; en Chile cubre al 82%, en Uruguay al 76%, y en el modesto Ecuador al 60%. Aquí sobrepasamos los cinco millones de infectados y nos acercamos a los 130.000 muertos, lo que nos coloca en deshonrosa competencia por el podio mundial en mortalidad por covid. En junio registró el país diez veces más fallecidos que la India, un país en graves dificultades para paliar la pandemia.
En Colombia el riesgo de mortalidad por covid es muy elevado. Pero es un riesgo desigual. Ocho millones de personas sin acueducto se ríen con amargura de la medida de lavarse las manos; con amargura se ríen los que en zonas apartadas no pueden pagar transporte para llegar al centro de vacunación. Y millones de personas que viven del rebusque rompen cualquier cuarentena, pues el hambre obliga, y las ayudas del Gobierno no llegan o son migajas. 61,5% de los fallecidos son de estratos 1 y 2, en tanto que de los estratos 5 y 6 procede sólo el 3,4%.
Argumenta el doctor Torres que las medidas de salud pública no pueden desconectarse de las sociales y económicas con destino a las mayorías empobrecidas. Lo contrario perpetúa las desigualdades. Más aun en la peor crisis social y de salud que haya padecido el país, fatal colofón al acumulado histórico de desprotección en estos ámbitos.
El modelo de manejo de la pandemia denominado PRAS (pruebas, rastreo y aislamiento selectivo) no se ejecutó por parejo en todo el territorio. Ni contempló las particularidades de cada entorno y sus condiciones de vida, determinantes en el proceso de salud-enfermedad. Con pruebas insuficientes y tardías y con el imposible confinamiento de los reducidos al hambre, el programa fracasó.
La pandemia demostró que el sistema de salud en Colombia ofrece cobertura casi universal, pero funciona muy mal para la mayoría. Cuando el cuarto pico muestra ya las orejas, debería el Gobierno apretar su programa en las regiones y entre los pobres. Empezando por ajustar la estrategia de vacunación hacia los más vulnerables. En la mira queda, según Torres, encarar los problemas de fondo cuya solución es eje de la salud pública: protección social, calidad de vida de la población, en particular saneamiento básico y alimentación. Desarrollar un sistema de salud de base territorial con potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y sólida vigilancia en salud, como lo establece la Ley Estatutaria de Salud. Demasiado pedirle a este presidente tan retrógrado y ajeno a las aflicciones de su pueblo. Si a lo menos democratizara la aplicación de la vacuna, hasta se transigiría con su enfermiza propensión a convertir el humo en bienaventuranza.
por Cristina de la Torre | May 10, 2021 | Mayo 2021, Movimiento social, Salud
A la violencia que campea desde todos los flancos se ha sumado la potencial amenaza a la supervivencia que la reforma de salud representa para miles de colombianos. Pese a la muerte de decenas de muchachos en las calles y a la desaparición de muchos sin noticia de su paradero; no contento el Gobierno con atribuir a mafiosos la protesta desesperada de una sociedad que estalla como no se viera antes; no contento con hacer la vista gorda a la coartada en boga que convierte al civil inconforme en objetivo militar, y cocinar la conmoción interior como antesala de un autoritarismo sin barniz; impertérrito ante el repudio de gobiernos, medios y organismos de Derechos Humanos en el mundo, extiende este Gobierno su tentáculo reaccionario sobre el ya malhadado sistema de Salud. Policías embisten a médicos que atienden a manifestantes heridos, como apunta el Proyecto de Ley 010 contra el sistema público de salud y su red de hospitales en favor del servicio privado. Retirarlo es bandera del paro.
El tocado de flores que lo adorna no logra disipar sus miasmas: ni recupera él los hospitales, ni ofrece atención primaria en salud, ni responde a los derechos de sus trabajadores y, como modelo financiero, perfecciona la privatización en oligopolio. Sostiene Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (a quien me permito glosar en adelante), que el proyecto asfixiará las finanzas de los hospitales públicos, única alternativa de salud para los diez millones de colombianos confinados en los extramuros de la patria. En la lógica que persigue la rentabilidad económica y no la social, liquidará los que resulten financieramente inviables (manes de la masacre perpetrada contra ellos en el gobierno de Álvaro Uribe). Tampoco vela el Gobierno porque paguen las EPS y los entes territoriales la deuda de $24 billones que ahorca a clínicas y hospitales. Resultado al canto, la masacre laboral de sus trabajadores, ya expuestos por la ilegalidad que rodea la contratación del 80% del personal de salud.
El proyecto extrema la negación de los servicios de salud, para provocar el desplazamiento de usuarios del sistema público al privado. El Ministerio decidiría cuáles servicios, procedimientos y medicamentos financiar con dineros públicos y cuáles delegar a las EPS para que el paciente las costee. Se reduciría drásticamente el tratamiento posible del médico general, de modo que el paciente tuviera que acudir al oneroso servicio privado. Enorme tronera se abriría en la financiación de un derecho fundamental indelegable.
En Colombia los recursos del sector son púbicos pero los manejan, alegremente, entidades privadas. Y el proyecto 010 refuerza el modelo de captación financiera ilegítima con que la Ley 100 privatizó la salud. La lógica del proyecto, afirma Corcho, no emana del derecho a la salud, sino de la intermediación financiera: es lógica comercial y mercantil. La Ley 100 desmontó la salud pública, el sistema preventivo que operaba en cada municipio. Los mejores sistemas de salud son públicos y descentralizados, aunque prestadores privados y públicos puedan convivir. Es el Estado el que traza las políticas del sector, controla los recursos y los deposita, sin intermediarios, en clínicas, hospitales y entidades encargadas de la salud pública. Reformar el modelo no da espera. Pero no será radicalizando la Ley 100, origen del adefesio que rige, sino mediante la Estatutaria de 2015, que reconoce la salud como derecho fundamental garantizado para todos por igual.
¿Qué mente torcida concibe moler a palos a médicos que auxilian heridos de bala por la Policía? La que ordena masacrar a la muchachada, ¿será la misma que condene a muerte por falta de atención médica a las legiones de colombianos que no podrán costear servicios particulares de salud?
por Cristina de la Torre | Abr 21, 2021 | Abril 2021, Salud
Una vergüenza. Miles de médicos, enfermeras y auxiliares que exponen todos los días la vida por salvar vidas llevan meses sin recibir salario. Su recurso desesperado, la protesta callejera. Y es porque no tienen los hospitales cómo pagarles, pues hasta septiembre pasado les adeudaban las EPS $21,4 billones, como el propio ministro lo reconoció. Genio y figura de las aseguradoras privadas, agraciadas por la Ley 100 como depositarias de los recursos públicos de Salud para enriquecerse como intermediarias financieras del sistema y ahorrarse, casi siempre, la atención básica en salud que los colombianos requieren. Bien encorsetada mantienen los sucesivos gobiernos la Ley Estatutaria que elevó la Salud a derecho fundamental y cuya reglamentación operaría el cambio de modelo que el país pide a gritos. El de Duque propone, en cambio, la Ley 010, que recaba en las deformidades de la que rige y abre nuevas troneras a la privatización de los fondos públicos del sector.
Cifras alarmantes le revela a Juan Gossaín el jefe de la Asociación Colombiana de Hospitales, Juan Carlos Giraldo (El Tiempo, 15, IV): a 31 de diciembre del año pasado, las EPS debían a clínicas y hospitales $10,6 billones; aunque aquellas han registrado en la pandemia utilidades billonarias. Este Gobierno, bedel de los poderosos, discípulo aconductado de la coartada neoliberal que socializa pérdidas y privatiza ganancias, les compró parte de la cartera por $407,000 millones. En la tapa del abuso, Coomeva, Medimás y Nueva EPS; las cumplidas, Sanitas, Sura, Compensar y Mutual.
De otro lado, se especula con los precios de medicamentos imprescindibles en el tratamiento del Covid: farmacéuticas hay que desabastecen por cálculo y reaparecen con precios a veces duplicados, como en el caso del Fentanil. Y el Estado quieto, mudo, sordo o cómplice en la indolencia del dejar hacer-dejar pasar, paraíso de los aventajados del mercado que terminan, por inercia, convertidos en uñones sin cárcel. Dígalo, si no, la alcahuetería de liquidar epeeses sin exigirles antes liquidar obligaciones con los hospitales: ¡se volaron con la deuda!
La Ley 100 es simplemente un sistema de captación financiera ilegítima que privatizó la salud, afirma Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (Pacifista 2020). No es un sistema preventivo sino diseñado para vender servicios ante el hecho cumplido de la enfermedad. Sobre todo si es catastrófica, como el cáncer, tan costosa en cuidados y medicamentos, que revierte como jugoso negocio para las EPS; más aún, cuando le pasan al Gobierno infladísima la factura.
Propone la Federación un sistema encarrilado por las rutas que la Estatutaria trazó: desde la salud como derecho fundamental autónomo, garantizado sin distingos para toda la población. El Estado asegurará el acceso de cualquier colombiano a prevención de enfermedades, a diagnóstico, tratamiento y recuperación garantizados. La salud no es un servicio, es un derecho. Debe ejercerse por prescripción del médico y cuidando con rigor las finanzas del sistema. Para ello se requiere desarrollar la Ley Estatutaria con una ordinaria que los sucesivos ministros se han empeñado en boicotear: “desde Alejandro Gaviria –señala Isaza– hasta el ministro actual, lo que han hecho es pisotear la Ley Estatutaria y profundizar la Ley 100”.
Puntas del iceberg en este modelo concebido como empresa de mercaderes: su criminal desprecio por la entidad humana, por la seguridad social y laboral del personal de salud. Y su alarmante lentitud en vacunación contra el Covid, convertida en gesta heroica por la hiperbólica palabrería de un presidente sin noción del ridículo. Lo mínimo necesario para contrarrestar la pandemia sería masificar las pruebas y triplicar el ritmo de vacunación. ¿Demasiado pedirle al negocio?
por Cristina de la Torre | Feb 9, 2021 | Clientelismo, Corrupción, Cuarentena, Educación, Febrero 2021, Impunidad, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Político, Política económica, Salud, Uribismo
¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.
Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.
En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.
En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.
Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.
¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.
