por Cristina de la Torre | Abr 27, 2021 | Paramilitarismo, Conflicto armado, Abril 2021
¡Como si nos faltaran muertos! Indignada porque Santos redujo el porte de armas de fuego por civiles de 400.000 a 6.000, lanza María Fernanda Cabal un proyecto de ley para rearmar a la ciudadanía, dizque en ejercicio de legítima defensa. En un país que ocupa rangos de honor en muertes por arma de fuego y resuelve a bala sus disputas políticas, la iniciativa ofrece todas las garantías de evolucionar a Convivir urbanas. Concebidas para fortalecer la seguridad en el campo, pronto se asociaron éstas al paramilitarismo. Así como autodefensas que surgieron contra el secuestro y la extorsión de las guerrillas se transformaron en ejércitos sanguinarios del narcotráfico, de terratenientes y políticos que bajo el ala de la guerra contrainsurgente usurparon la tierra ajena y el poder local. Expediente luctuoso del uribismo: civiles armados, Convivir y Autodefensas suplantan al Estado para configurar el modelo paramilitar de seguridad ciudadana.
Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, propuso responder a la criminalidad en la ciudad con brigadas de seguridad ciudadana. Dada la “limitada capacidad resolutiva del Gobierno”, su iniciativa podrá inducir el ejercicio de la justicia por mano propia. Armada. A la María Fernanda. Para escurrirle el bulto a la más elemental evidencia estadística: la directa correlación entre hambre e inseguridad. Para escamotear toda referencia a Estado de derecho, a justicia, a inversión social.
En idéntica dinámica se matriculó Duque al anunciar la creación de una red de un millón de informantes civiles (¿cuántos armados?) contra los vándalos, por la familia y la propiedad; con auspicio de las agencias de seguridad privada que aportarían un pie de fuerza de 280.000 efectivos, oferta que el mandatario contempló entusiasta. Renunciaba el Estado de nuevo al monopolio de la seguridad y de la fuerza, en favor de organizaciones que evocan las tenebrosas Convivir.
En sentencia de 2013 contra el jefe paramilitar HH, el Tribunal Superior de Bogotá recuerda que en 1994 amparó el Estado la formación de estructuras de informantes civiles autorizados para portar armas de la Fuerza Pública y dar seguridad en zonas de conflicto. 529 cooperativas se crearon, muchas en cabeza de jefes paramilitares: Mancuso comandó la Convivir Horizonte, Monoleche la de Abibe. La mayoría refrendadas por el gobernador de Antioquia. Las Convivir, dice el Tribunal, se convirtieron en pieza clave para la expansión del paramilitarismo. Según la magistrada Teresa Jiménez, en esos espacios “se concertaron las primeras alianzas entre estos ejércitos privados, la clase política local, miembros de la fuerza pública” y empresas privadas.
Entre las autodefensas que surgieron como reacción a la agresión de las guerrillas, el Bloque Metro. Éste habría nacido en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, tras el robo de 600 cabezas de ganado y el incendio de la casa por guerrilleros del ELN. Como otras autodefensas, ésta del Bloque Metro saltó de estructura de seguridad a ejército paramilitar autor de crímenes inauditos que empezaban por el descuartizamiento de hombres vivos, cuyas técnicas se enseñaban en sus escuelas de entrenamiento. Luego recibían las armas de su comandante Doblecero y, éste, de efectivos de las Fuerzas Militares, según el Tribunal Superior de Medellín.
Legítima defensa y seguridad convertidas en bala venteada, en abierto desafío al Estado social de derecho. Cuando al entonces gobernador del Valle, Germán Villegas, lo tentaron con las Convivir, dijo: “No las crearé porque existe un peligro en el desbordamiento de sus acciones y porque creo firmemente que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”. Civiles armados, Convivir y Autodefensas han tributado en abundancia al modelo violento que desangra a Colombia.
por Cristina de la Torre | Abr 21, 2021 | Salud, Abril 2021
Una vergüenza. Miles de médicos, enfermeras y auxiliares que exponen todos los días la vida por salvar vidas llevan meses sin recibir salario. Su recurso desesperado, la protesta callejera. Y es porque no tienen los hospitales cómo pagarles, pues hasta septiembre pasado les adeudaban las EPS $21,4 billones, como el propio ministro lo reconoció. Genio y figura de las aseguradoras privadas, agraciadas por la Ley 100 como depositarias de los recursos públicos de Salud para enriquecerse como intermediarias financieras del sistema y ahorrarse, casi siempre, la atención básica en salud que los colombianos requieren. Bien encorsetada mantienen los sucesivos gobiernos la Ley Estatutaria que elevó la Salud a derecho fundamental y cuya reglamentación operaría el cambio de modelo que el país pide a gritos. El de Duque propone, en cambio, la Ley 010, que recaba en las deformidades de la que rige y abre nuevas troneras a la privatización de los fondos públicos del sector.
Cifras alarmantes le revela a Juan Gossaín el jefe de la Asociación Colombiana de Hospitales, Juan Carlos Giraldo (El Tiempo, 15, IV): a 31 de diciembre del año pasado, las EPS debían a clínicas y hospitales $10,6 billones; aunque aquellas han registrado en la pandemia utilidades billonarias. Este Gobierno, bedel de los poderosos, discípulo aconductado de la coartada neoliberal que socializa pérdidas y privatiza ganancias, les compró parte de la cartera por $407,000 millones. En la tapa del abuso, Coomeva, Medimás y Nueva EPS; las cumplidas, Sanitas, Sura, Compensar y Mutual.
De otro lado, se especula con los precios de medicamentos imprescindibles en el tratamiento del Covid: farmacéuticas hay que desabastecen por cálculo y reaparecen con precios a veces duplicados, como en el caso del Fentanil. Y el Estado quieto, mudo, sordo o cómplice en la indolencia del dejar hacer-dejar pasar, paraíso de los aventajados del mercado que terminan, por inercia, convertidos en uñones sin cárcel. Dígalo, si no, la alcahuetería de liquidar epeeses sin exigirles antes liquidar obligaciones con los hospitales: ¡se volaron con la deuda!
La Ley 100 es simplemente un sistema de captación financiera ilegítima que privatizó la salud, afirma Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (Pacifista 2020). No es un sistema preventivo sino diseñado para vender servicios ante el hecho cumplido de la enfermedad. Sobre todo si es catastrófica, como el cáncer, tan costosa en cuidados y medicamentos, que revierte como jugoso negocio para las EPS; más aún, cuando le pasan al Gobierno infladísima la factura.
Propone la Federación un sistema encarrilado por las rutas que la Estatutaria trazó: desde la salud como derecho fundamental autónomo, garantizado sin distingos para toda la población. El Estado asegurará el acceso de cualquier colombiano a prevención de enfermedades, a diagnóstico, tratamiento y recuperación garantizados. La salud no es un servicio, es un derecho. Debe ejercerse por prescripción del médico y cuidando con rigor las finanzas del sistema. Para ello se requiere desarrollar la Ley Estatutaria con una ordinaria que los sucesivos ministros se han empeñado en boicotear: “desde Alejandro Gaviria –señala Isaza– hasta el ministro actual, lo que han hecho es pisotear la Ley Estatutaria y profundizar la Ley 100”.
Puntas del iceberg en este modelo concebido como empresa de mercaderes: su criminal desprecio por la entidad humana, por la seguridad social y laboral del personal de salud. Y su alarmante lentitud en vacunación contra el Covid, convertida en gesta heroica por la hiperbólica palabrería de un presidente sin noción del ridículo. Lo mínimo necesario para contrarrestar la pandemia sería masificar las pruebas y triplicar el ritmo de vacunación. ¿Demasiado pedirle al negocio?
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2021 | Modelo Político, Abril 2021
El partido revelación, que en los comicios del 2010 le plantó cara a la política tradicional y es hoy eje de una coalición de centro capaz de ganar la presidencia, parece chapotear en el pantano del personalismo, en maniobras de política menuda. Como doblegado por una rebatiña de aspirantes a candidato de ese partido, entre figuras que necesitarían más de un hervor para competir con éxito por el solio de Bolívar, pierden los Verdes la iniciativa política que otros copan. No presentan una avanzada contestataria a la medida de su identidad política y de su historia como alternativa de poder. Ni contrapropuestas proporcionales al azote de un Gobierno tan agresivamente abusivo y proclive a la violencia que evoca el experimento fascista de Laureano Gómez. El oro y la escoria de aquel Torquemada se resuelven aquí en una camarilla de aparecidos que gobiernan con los pies, y mayorías maniatadas que sufren sus embates.
Escrito en piedra, el programa verde (audaz reformismo en economía abierta y Estado social) corre el riesgo de volverse piedra: letra inerte por falta de uso en respuesta al momento más aciago de Colombia. ¿Perderá esta organización la oportunidad de abanderar el cambio que se impone, o la verá escurrírsele por entre los dedos, como se le escurrieron los casi 12 millones de votos que cosechó contra la corrupción?
En brillante estudio sobre este partido, sostiene Juan Pablo Castro que, más que por la ideología, los Verdes se dieron identidad por ofrecerse como la nueva forma de hacer política, por el no-todo-vale. Valoran ellos las formas, las reglas del juego, el respeto por la democracia y la Constitución. Alrededor de tres ejes temáticos gira el programa del Partido Verde: educación; medio ambiente; descentralización política, administrativa y económica. En ellos se anclan la lucha por la paz, por la equidad y los derechos sociales; y contra la corrupción. Reivindicaba Antanas Mockus educación universal y de buena calidad para la vida laboral y la vida en sociedad; para eliminar desigualdades entre personas y entre regiones; educación que promueva la creatividad, la innovación y la productividad. Rica cantera para edificar otro país. Temible para la derecha, porque es viable. Y obligante para los Verdes: una advertencia para que no resbalen en la politiquería.
No en vano fue éste el primer gran partido de centro que surgió en respuesta a la crisis de los partidos tradicionales. Víctimas, primero, del Frente Nacional, que mató, por fusión en uno, su personalidad ideológica y programática. Y después, de cruzada moralizante contra el clientelismo, que no erradicó el vicio, pero sí atomizó a los partidos, golpeó gratuitamente a sindicatos y organizaciones populares y desactivó en gran medida a la sociedad civil. En la debacle, terminaron liberales y conservadores por exhibir su radical irrelevancia como voceros de la sociedad. Si el Polo se ofreció como alternativa de izquierda legal, los Verdes aglutinaron masas urbanas de centro izquierda mayormente entre las clases medias. Hace 10 años, pasó a segunda vuelta su candidato presidencial y sacó más votos que el Partido Conservador.
Para el analista Castro, los Verdes son partido consolidado como alternativa de centro a la política tradicional; representa una vigorosa contrapartida al statu quo. Diríase que, integrado en la Coalición de la Esperanza, porfiará en la búsqueda del capitalismo social, núcleo de su estrategia de desarrollo, debutando con la defensa del derecho de los colombianos a una vida digna, como precondición de la reactivación económica. Mas, para merecer tan señalada misión, tendría que empezar por el abecé: preservar su forma de hacer política frenando todo resbalón en el pantano de la politiquería. Infructuosa será la oposición que se ejerza desde allí contra esta autocracia corrupta.
por Cristina de la Torre | Abr 6, 2021 | Derecha, Modelo Político, Modelo Económico, Abril 2021
“Si al final de mi mandato cada brasileño puede desayunar, almorzar y cenar cada día, habré realizado la misión de mi vida”. Aseveración de Lula da Silva al posesionarse como presidente del Brasil en 2003. Por contraste, en el ocaso de su Gobierno no podrá Duque sino mostrar cifras desoladoras, inexcusables aún por la pandemia: 4,6 millones de familias colombianas hacen dos comidas al día; 179.174 hogares comen una vez, y 23.701 a veces no comen nada: 25 millones de colombianos tienen hambre, ¡la mitad de la población! En platos sobre la mesa se traduce la fisonomía del desarrollo o del subdesarrollo. Al final de su mandato había Lula respondido al reto que se impuso: redistribuir la renta y vencer las desigualdades más acusadas sin desbordar el gasto público. Ocho años después, Brasil era testigo de un crecimiento económico sin precedentes y un avance histórico en política social. Decenas de millones de ciudadanos habían salido de la pobreza y las clases medias multiplicaban su capacidad adquisitiva.
Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú inician el retorno a la socialdemocracia en el subcontinente y el pueblo del Brasil se alista para devolverle a Lula el liderazgo del proceso. Mientras tanto, Colombia emula los regímenes de Maduro, Ortega y Bolsonaro. En política, con escaramuzas de golpe para quedarse en el poder; para sitiar a la oposición unificando elecciones de presidente y congresistas; para decapitarla con juicios hechizos a sus candidatos presidenciales desde una Fiscalía que oficia, con todos los órganos de control, como fortín político del Gobierno. Para trocar la seguridad en guerra; para botar, criminal nuevorriquismo bélico, $14 billones en aviones de combate; para solapar entre bastidores dos iniciativas fatídicas: rearmar a la población y conceder el voto a los militares. En economía, para negarle a medio país hasta los últimos recursos de supervivencia humana, así despliegue este Gobierno su vocinglería ramplona enderezada a magnificar las pequeñas miserias que da a una franja de menesterosos.
Registra Roberto Ortíz (CIDOB) ejecutorias del Gobierno Lula que resultan aleccionadoras: política social y crecimiento económico cohabitaron, para convertir al Brasil en séptima economía del mundo. Fue el suyo crecimiento socialmente orientado por concertación con el sector privado, donde empleo e integración social llevaron la voz cantante. Favoreció la inversión productiva y desanimó la financiera especulativa. Puesta la mira en elevar el nivel de vida de los menos favorecidos, Lula creó millones de empleos, elevó el salario mínimo, financió renta básica para casi la mitad de la población y mejoró la progresividad en la escala de impuestos.
Lula convocó a todos los brasileños, a empresarios y sindicalistas a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Anunció un gobierno de coalición “abierto a los mejores” y un pacto nacional contra la pobreza y la corrupción. Ni transición hacia el socialismo, ni populismo: reformas graduales pero firmes enderezadas a modernizar las estructuras productiva y social. Se trataba, en suma, de una economía social de mercado, acompasada por alianza de Estado y sociedad civil. Terminado el mandato, se había situado el desempleo en Brasil por debajo del registrado en Estados Unidos y Alemania. Lula entregó el mando con 87% de popularidad. La corrupción que asaltó a su partido, el desplome de los precios de materias primas y la dictadura no declarada de Bolsonaro detuvieron en seco los avances que habían convertido al Brasil en estrella de los países emergentes.
Lula recogió el modelo de desarrollo de la Cepal, ajeno por completo al populismo que algunos quieren ahora endilgarle: aquellos para quienes todo lo que no es neoliberal es populista. Entre Lula y Duque media la distancia que va de la Cepal a los cultores del mercado: abismos insondables.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Abril 2021
Si frente a Jineth Bedoya (ejemplo de pundonor y de valor civil) voceros del Estado lo convirtieron en planta rastrera, a planta carnívora lo degradaron en el conflicto muchos de sus uniformados. Ya como padre ausente, ya como máquina de guerra, ya como aliado del paramilitarismo, el Estado derivó a menudo en enemigo mortal de la población. A instancias de 176 organizaciones sociales y de derechos humanos, el Tribunal Permanente de los Pueblos emplazó esta semana al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad de sus autores.
Este organismo de opinión de carácter internacional es reedición del Tribunal Russell que, apuntalado por el filósofo inglés y Jean Paul Sartre, puso en boca del mundo la deriva criminal de Estados Unidos en Viet Nam y las atrocidades de dictaduras como las del Cono Sur. Investiga, juzga y difunde sus sentencias sobre violencias que los Estados ignoran; y funda su autoridad en la aclamada prestancia de sus miembros. Fiscales de ésta su tercera sesión en Colombia, son Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que presidió el proceso contra la parapolítica y la exfiscal Ángela María Buitrago. Sus sentencias llegarán a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la CPI.
Último botón de muestra en su recorrido de un siglo sobre exterminio político y de comunidades que luchan por los derechos humanos, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por la tierra despojada y por sustitución de cultivos en Colombia: en menos de tres meses de este año hubo 21 masacres, asesinaron a 35 líderes sociales y a 12 firmantes de paz. Sólo en 2020 las masacres fueron 85. Desde la firma de la paz, en cuatro años, los líderes asesinados pasan de 1.300.
Remontarse al pasado reciente es redescubrir con horror que la cooperación y la connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares no fueron episódicas sino costumbre. Tal el papel de miembros del Ejército y la Policía, agentes por antonomasia del Estado, fermentados en la ideología contrainsurgente de la Guerra Fría; y desfigurados por la cúpula del poder hasta producir a sangre fría 6.402 falsos positivos (que podrían llegar a 10.000). Fuente inagotable de ilustración y análisis de esta guerra será el Centro Nacional de Memoria Histórica, en mala hora entregado a un proyecto de historia oficial.
Según el CNMH, en esta guerra la violencia de la Fuerza Pública se centró en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza. Si a ella se le adjudica el 17,3% de masacres, de muchas otras será corresponsable entre el 58.9% adjudicado a los paramilitares. Si soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado perpetraron el 42,1% de desapariciones forzadas, corresponsables serán en gran medida de otro tanto atribuido a sus socios. Se pregunta un sobreviviente de San Carlos, Antioquia, municipio cuya población redujeron los violentos de 25.000 a 5.000 habitantes: “cómo se explica uno que aquí, en pleno parque, a media cuadra del comando (del Ejército) tengan una base los paramilitares, donde tienen gente detenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.
19 congresistas reclamaron presencia del alto Gobierno en las sesiones del Tribunal. Que no serán sus conclusiones un canto a la bandera lo sugiere el resultado de una investigación presidida por el reputado historiador Vincent Duclert, según la cual Francia “cerró los ojos” frente al genocidio de Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas. El presidente Macron se comprometió a vencer la impunidad de los responsables. ¿Asumirá Iván Duque, jefe de Estado, responsabilidades, o seguirá contemplando impertérrito el baño de sangre y tratando con indulgencia a sus autores intelectuales?
